“…la deuda agraria es una realidad, y se ha construido por el incumplimiento de mandatos de la Constitución o de la ley…”
CÓMO COBRAR LA DEUDA AGRARIA
Por Miguel Herrera
El lunes 28 de enero pasado, en su enlace sabatino, el Presidente de la República se refirió en dos ocasiones a la deuda que tiene su gobierno con el sector agrario, retomando así una preocupación que ha manifestado repetidamente a lo largo de los últimos años.
Para el lector preocupado por descubrir un nuevo e inesperado endeudamiento externo, cabe aclarar que el Presidente se refiere al pasivo creado por la diferencia entre sus anuncios públicos (o los de sus ministros de agricultura ) y la realidad de las acciones realmente efectuadas. Esta diferencia sorprende cuando se compara esta realidad con la de otros sectores donde realmente hay resultados: muchos son por ejemplo los beneficiarios de los préstamos hipotecarios, realmente se construyeron carreteras de calidad (no nos referimos a los bacheos cosméticos y escandalosos en la ciudad de Quito), el trabajo a favor de los discapacitados es incuestionable y hasta podemos recuperar el valor de las recargas de los celulares.
Sin embargo, la deuda agraria es una realidad, y se ha construido por el incumplimiento de mandatos de la Constitución o de la ley: es así que a la fecha, y pese a que ya pasó más de un año desde que se cumplió el plazo de dos años fijado por la Constitución en su disposición transitoria vigesimoséptima, no se ha efectuado el inventario de las concesiones hídricas para proceder a la redistribución de los caudales de riego. De la misma manera, tampoco se ha creado el Fondo Nacional de Tierras previsto en la Constitución , ni el Sistema Nacional de Comercialización para la Soberanía Alimentaria previsto en la Ley de Soberanía Alimentaria, con mecanismos de apoyo a la negociación directa entre productores y consumidores.
El Consejo Sectorial del MAGAP, espacio de participación ciudadana previsto en la Ley de Participación Ciudadana, no se ha vuelto a reunir desde su creación en junio 2010.
Otros elementos que constituyen el pasivo tienen que ver con la baja eficacia o la inacción en temas en los cuales los campesinos esperan señales del gobierno: por ejemplo, no ha comenzado la expropiación de los predios de Santa Elena que, siendo beneficiarios de un sistema de riego construido con fondos estatales, no lo utilizan, manteniendo la tierra improductiva, lo cual es un causal de expropiación según la ley vigente.
La entrega de las tierras estatales avanza a un ritmo muy lento (11 000 has en dos años de existencia del Plan Tierras ) y en condiciones que el mismo presidente cuestiona (tasas de crédito elevadas, pero sobre todo, precios elevados de la tierra a pagar por los campesinos); en cuanto a las tierras en posesión de las Fuerzas Armadas, a las cuales el Presidente se ha referido directamente como candidatas para una redistribución, se han entregado …200 has!
No se ha vuelto a saber del Catastro de Grandes Propiedades Rurales propuesto en el Plan Tierras ni de la propuesta de Ley de Tierras y Territorios presentada al MAGAP por la Conferencia de Soberanía Alimentaria a inicios de diciembre 2011.
Otros programas, construidos con el apoyo de la sociedad civil y las organizaciones, como el Plan Nacional de Agroecología, simplemente se han desechado, o se han relegado, como el Programa de Comercialización Alternativa.
Como se ve, el pasivo está perfectamente identificado, y la pregunta es, más bien, cómo esta serie de incumplimientos han venido sistemáticamente pulverizando los “focos rojos” y otros sistemas de alerta que usa el Ejecutivo para estos casos.
Una hipótesis explicativa es que el sector agrario no es una prioridad para el gobierno, ya que es considerado un sector atrasado, donde persiste una mayoría de campesinos de “productividad catastrófica”, que no logran incorporarse a la modernidad que sí manejan algunos pocos productores empresariales, modernos y visionarios.
Otra hipótesis es que los altos funcionarios del gobierno no saben justamente qué proponerle a este sector, ya que, si bien perciben que la opción de agroexportación corresponde más bien a un planteamiento neoliberal, no acaban de imaginar cómo incorporar a los campesinos a la modernidad, ya que corren el riesgo de aparecer como “campesinistas infantiles”; en este ambiente de indecisión vuelven a sugerirse modelos que en otras partes ya han demostrado su inaplicabilidad, como los “kolkhoze” soviéticos y otras cooperativas de producción, con un gerente nombrado por el Estado, indicándoles a los campesinos de la cooperativa qué sembrar y cuándo.
Ciertos analistas explican la situación por el hecho de que algunos altos funcionarios simplemente están defendiendo los intereses del sector agrario moderno… y que por lo tanto saben perfectamente qué hacer y sobre todo qué dejar de hacer. Adicionalmente, es posible que, frente a esta situación confusa, algunos funcionarios prefieran no hacer nada, deteniendo toda idea innovadora, por el temor de no hacer lo correcto o de ser encausados por la Contraloría!
Lo más probable es que todas estas hipótesis estén funcionando de manera combinada, con el resultado final de paralizar la acción gubernamental en el sector agrario. Como resultado de la situación tenemos un jefe de estado teniendo que justificar el retraso con explicaciones improbables (“…¡ya cogimos viada!” ).
Sin embargo, si estas hipótesis explican la deuda agraria, no la justifican, y es necesario encontrar los medios para salir de esta situación. Bastaría, en principio, con reactivar los espacios de diálogo con los principales interesados en cobrar la “deuda agraria”: ¡los campesinos!
El problema es que la administración actual ha visto a las organizaciones históricas y representativas de los campesinos como grupos funcionales a sus necesidades puntuales, creyendo poderlas manejar con dádivas y promesas lejanas, sin convertirlas en interlocutores permanentes con los cuales construir las políticas.
Los diferentes espacios creados por la administración para trabajar con por lo menos las organizaciones afines al gobierno han sido desactivados uno tras otro, porque inevitablemente se transformaban en espacios de reivindicación. Por esta razón, y como sus bases les reclaman una alianza que se traduzca por lo menos en resultados concretos, las organizaciones campesinas se sienten cada vez menos ligadas por una lealtad que no se convierte en señales claras de políticas favorables a los campesinos, y toman acciones que causan todavía más incomprensión de parte de las instituciones de gobierno.
Sin una acción decidida que instituya y haga vivir los espacios de diálogo creados por la Ley de Participación Ciudadana para un diálogo que permite la construcción de verdaderas políticas adaptadas a las realidades actuales del campesinado ecuatoriano, es posible que, finalmente, ¡la deuda agraria termine cobrándose en las urnas!
1. “Vamos a empezar la Reforma Agraria” Poveda, 13 Enero 2009. “Empieza el plan de redistribución de tierras”, Espinel, 23 Octubre 2009.
2. El Banco Nacional de Fomento no ha demostrado mucho entusiasmo en facilitar créditos para la compra de tierras a los grupos de campesinos que se han acercado a sus oficinas
3. 15% de avance en 50% del tiempo
4. Enlace sabatino nº 256 del 28 de enero 2012.
5. idem.
