Nuestros ancestros consideraron geografías similares a las del Cajas y los ríos de Azuay y Cuenca como sagradas. Los extranjeros se quedan extasiados al contemplar la cantidad de agua dulce de la que somos guardianes.
El derecho al agua, como un derecho humano fundamental, regulado por la Constitución de la República en su Artículo 12, debe cumplirse sin menoscabo alguno y menos por ambiciones económicas monopólicas.
La mercantilización de los recursos naturales pone en peligro el derecho al líquido cristalino, al ciclo comunitario, al metabolismo social y universal de la vida. La lacra extractivista que proviene globalmente desde la Colonia en el siglo XV, continúa como un aullido salvaje en una procesión de desolación y muerte.
El jueves 18 de julio de este año, se marcó una ignominia más para las y los ecuatorianos: la explotación del Mirador, que dé inició ya tenía 1300 hectáreas de bosque deforestado. La transnacional de origen chino, Ecuacorriente, quiere extraer 3,39 millones de onzas de oro; 27,11 millones de toneladas de plata y 3,18 millones de toneladas de cobre hasta el 2040. En Mirador se violentó la Constitución (Art. 57, numeral.7); no se realizó consulta previa alguna a las comunidades.
El pasado lunes, la iniciativa de las organizaciones sociales y como propuesta de campaña del prefecto del Azuay, Yaku Pérez, se convocó a la Cámara Provincial para decidir sobre una Consulta Popular que pregunte a los ciudadanos si están dispuestos a aceptar minería en los páramos y fuentes de agua. De acuerdo al artículo constitucional 104, era necesaria la votación a favor de las tres cuartas partes de sus integrantes, 18 votos. A favor se lograron 15 votos. La tónica del discurso de los 8 representantes que votaron en contra de la Consulta Popular (Cuenca, Pan, Paute, Sevilla de Oro, Ponce Enríquez, Nabón, Llacao y Dug Dug) reunían en concreto una opinión: la necesidad de la minería para tener liquidez monetaria. Varios circunloquios ambiguos e irracionales destacaron en la sesión, como el del vicealcalde de Cuenca, Pablo Burbano (en representación de Pedro Palacios), que fueron pretexto para beneficiar a los mineros.
¿Cuál es el miedo a que el pueblo decida en votación sobre la explotación minera en las fuentes de agua? Muchos alcaldes y mandatarios se llenan la boca en campaña de la palabra democracia, pero en los hechos reales la colocan en una bodega de hormigón armado.
Hace pocos días los empresarios mineros “exhortaron” a la Corte Constitucional no dar paso a las consultas populares que impidan las explotaciones mineras. Sin embargo, las y los ciudadanos serios se han puesto a organizar la recolección de firmas (65.000) para resolver en las urnas y por mayoría, la protección de la naturaleza y el agua contra la minería. Una batalla democrática más por el agua apenas empieza.
*Abogado, licenciado en Filosofía y magíster en Sociología. Actualmente, docente de la Universidad de Cuenca.
