CRIMINALIZACIÓN Y BUEN VIVIR (2): LA CRONOLOGÍA. por Mario Unda

 Anotación metodológica

La cronología que se presenta a continuación recoge los hechos de criminalización de la protesta social, entendida como ha quedado señalado más arriba, en el período que va de enero de

2010 a abril de 2012. Ha sido realizada tomando como base el seguimiento de la conflictividad social que mantiene el Observatorio Social de América Latina (OSAL). Es necesario tomar en cuenta que no se trata de un recuento exhaustivo, por el mismo carácter de la fuente utilizada: los periódicos de mayor circulación nacional. Por una parte, como se sabe, los periódicos no son meros intermediarios de información, sino actores ellos mismos, de modo que hay que contar siempre con ese sesgo; no se puede evitar recurrir a ellos, pues son los que traen mayor volumen de noticias sobre conflictos, pero se ha procurado minimizar el riesgo recurriendo a otras fuentes (en este caso, la prensa oficial) y procesando la presentación de los hechos (es decir, buscando eludir en lo posible la transcripción textual  de la noticia). Por otra parte,  hay muchos sucesos,  o momentos de un proceso,  que no ?saltan? a la prensa; de este modo, la conflictividad real resulta subvalorada. De manera que la cronología tiene necesariamente un carácter aproximativo, pero indicativo62.

Cronología mayo 2010-mayo 2012

2010 Mayo

Martes 4

Las principales organizaciones indígenas y campesinas realizan una manifestación en Quito y rodean el palacio legislativo, donde se inicia el segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos. Estudiantes del Colegio Mejía apoyan las acciones del movimiento indígena. Por su lado, el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, suspende el debate para neutralizar la presión de los grupos indígenas y decide  desalojar a los manifestantes. “A la fuerza  no  podemos debatir, ni tampoco sintiéndonos secuestrados”, dice  Cordero. El presidente de  la  Confederación de  Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Santi, ordena a las bases permanecer en vigilia en las afueras de la Asamblea. En el mismo contexto, miembros de las Juntas de Agua de Azuay, cierran las vías que unen a Cuenca con Loja y el Oro. La dirigente Inés Guartambel afirma que la protesta busca frenar la aprobación de la Ley de Aguas63. El gobernador de esa provincia ordena a la policía la habilitación del paso bloqueado; los campesinos se niegan a retirarse y la policía utiliza gases lacrimógenos para dispersar la manifestación. Esto desencadena enfrentamientos que dejan diez detenidos entre ellos el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), Carlos Pérez Guartambel, que es acusado de sabotaje y terrorismo.

Sábado 15

Durante su  ‘enlace ciudadano’, realizado en  Sígsig  (Provincia de Azuay),  Correa  arremete  contra la dirigencia indígena: “Lo que hacen no es resistencia. Es agresión. Debemos rechazar este tipo de manifestaciones anticonstitucionales. Como  terrorismo y sabotaje  se puede llamar  a lo que hacen  los indígenas”. Dice que  los  grupos  que  realizaron  protestas  durante  la  semana  ‘violaron  la  Constitución’,  pues agredieron a la Policía y al pueblo64, y asegura que la dirigencia manipula y presiona a las bases:

“Tienen que  amenazarlos con multas a ver si salen  unos  cuantos comuneros a cerrar  vías. El pueblo indígena está con el gobierno. Lo que no lograron en las urnas quieren lograrlo con cierres de vías con piedras y palos”.

Junio

Miércoles 30

La CONAIE fue acusada en la fiscalía de Otavalo de atentar contra la seguridad interna del Estado, luego de la marcha realizada mientras se llevaba a cabo la cumbre de la ALBA. La denuncia habría sido presentada por un policía que asegura haber perdido las esposas de dotación durante la manifestación. El presidente de  la CONAIE,  Marlon  Santi,  afirma  que  “pese a que  la CONAIE ha hecho un proceso pacífico, se nos acusa de ser desestabilizadores de la patria, y de terrorismo y sabotaje.  Muestra que es una persecución política  del Gobierno”.

Julio

Lunes 5

El presidente de la Ecuarunari, la principal organización indígena de la sierra ecuatoriana, Delfín Tenesaca, declara en la Fiscalía de Otavalo su versión en el proceso de indagación previa que se le sigue por los supuestos delitos de sabotaje y terrorismo. En la declaración Tenesaca solicita a la Fiscal de Asuntos Indígenas de Otavalo, Dora Mosquera, ser juzgado por la justicia indígena. En ese sentido el presidente de la Federación de Pueblos Quichuas de las Sierra Norte (FICI), Marco Guatemal, dice que este es un derecho que cubre a todos los indígenas del país, por lo que  “los dirigentes de  la CONAIE  deberían ser  procesados por  las  autoridades indígenas de  Otavalo”. Además Guatemal manifiesta que esta indagación y la que se sigue por presuntos delitos de sabotaje, terrorismo y sustracción de una propiedad del Estado, en contra de él y otros dirigentes de Imbabura, son una represalia tras las movilizaciones realizadas el mes anterior en contra de la Ley de Aguas.

Sábado 10

En  su  enlace  sabatino  el  presidente  Rafael  Correa  denuncia  que  ciertas  Organizaciones  No Gubernamentales (ONG) son brazos ejecutores de centrales internacionales. Correa critica que las movilizaciones indígenas privan de los servicios públicos a los demás ciudadanos; en este sentido, cita el artículo 158 del Código Penal, insertado en la sección  de los delitos de sabotaje y terrorismo, que  castiga  con  8 años  de  reclusión ‘a quien  destruya, deteriore, inutilice,  interrumpa o paralice servicios  públicos’. “Le pasan plata  a los indígenas y les hacen decir cosas que no tienen  fundamento. Yo actuaré con la ley en la mano  porque cada  vez que haya  estos actos tendrán un juicio”, enfatiza el primer mandatario. Por su lado el dirigente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, manifiesta que las ONG que colaboran con las comunidades indígenas no condicionan al movimiento para que adopte alguna posición política.

Martes 13

Los representantes del movimiento indígena se reúnen con el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Philiph Alston. En el encuentro el presidente de la CONAIE presenta un informe verbal sobre los 65 dirigentes indígenas procesados por terrorismo. “No podemos aplicar  el derecho a la resistencia, creo que estamos en un estado dictatorial y de violación de derechos y un Estado que criminaliza la lucha social”, manifiesta Santi.

Sábado 24

Fue liberada en Esmeraldas la concejala Rosaura Bastidas, que había sido detenida por los incidentes registrados  en  La  Concordia,  y  acusada  de  terrorismo  contra  funcionarios  públicos.  Bastidas interpuso el recurso de habeas corpus, que fue favorablemente atendido por un juez de Esmeraldas, considerando que se habían ‘violado preceptos constitucionales’. El gobierno reacciona de inmediato por boca del presidente Correa y del ministro del Interior, Gustavo Jalkh, quien afirma que el Consejo de la Judicatura “tiene que destituir y sancionar a esos jueces”.

Lunes 26

En  entrevista  con  diario  El  Universo,  Rosaura  Bastidas,  concejala  de  la  Concordia,  rechaza  la acusación de terrorismo que se le hace, y da su versión:  “Cuando entraron los miembros de la guardia presidencial yo ingresé al recinto ferial en medio de la confusión, faltaban 20 minutos para las 8 de la noche. El Presidente, cuando habló, nos insultó al pueblo de La Concordia. Dijo que afuera había 40 matones,  y  afuera  estaba  el  pueblo,  maestros,  amas  de  casa,  estudiantes  universitarios.  Yo  fui detenida antes  de que lancen  la bomba.  Fui maltratada, golpeada y vejada.  […] El jefe de la Policía de La Concordia, Marcelo Vaca, aprovechándose de su condición de uniformado y de varón, me pegó algunas bofetadas y me  dijo:  ‘Te voy  a detener por  terrorista‘,  y yo  le contesté que  no  me  podía detener porque no había ninguna boleta. Y al pedirle que me lea mis derechos, me pegó otra bofetada y ordenó que me metan a un patrullero. Yo forcejeé por mi libertad y en esa pelea los policías me quitaron la blusa, me quedé en prendas íntimas y así me metieron al patrullero delante de decenas de testigos. Pedí que me permitan hacer una llamada telefónica para avisar que estaba detenida, pero los policías me dijeron que yo no estaba detenida y que no tenía derecho a ninguna llamada”.

Septiembre

Jueves 2

En La Concordia, provincia de Esmeraldas, un grupo de personas realizan una marcha de apoyo al comunicador Juan Alcívar. La Fiscalía acusa al periodista de terrorismo, argumentando que Alcívar causó los incidentes del 19 de julio pasado en La Concordia y de detonó una bomba lacrimógena durante la concentración encabezada por el Primer Mandatario. En la movilización la concejala por el MPD, Rosaura Bastidas, dice que el periodista es acusado injustamente y que es una represalia del alcalde de La Concordia, Walter Ocampo. Por su lado el Alcalde, representante de Alianza País, rechaza la versión de Bastidas  y afirma  que se “está victimizando a una  persona que no tiene título  de periodista, que ha tergiversado la verdad”.

Miércoles 8

El presidente de la Federación de Indígenas Shuar del Ecuador (FISCH), José Acacho, es acusado de haber cometido actos de terrorismo y sabotaje, por las transmisiones de radio Arutam, en septiembre de 2009, en contra de la Ley de Aguas. El juez primero de Morona Santiago, Hitler Beltrán, argumenta que Acacho promovió actos violentos y las manifestaciones indígenas, las cuales terminaron con la muerte del profesor Bosco Wisuma. Otros diez dirigentes Shuar también son imputados por el mismo delito. Por su lado José Acacho sostiene que el proceso es una persecución política y que se ha emitido por  parte  del  fiscal  un  informe que  trata  solo  de  hacer  entender que  “los seres  humanos son  los policías y tienen derecho y no así los indígenas… A los heridos policías  los llevaban en ambulancias y a los Shuar,  en camionetas”.

 Jueves 9

La primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia niega los recursos de nulidad, apelación y  sustitución de la prisión preventiva al representante de la FEUE, Marcelo Rivera, quién está detenido desde el 8 de diciembre del 2009, y al que se le imputan cargos de terrorismo e intento de asesinato, por los incidentes registrados en la Universidad Central. La Corte dice que la Fiscalía ha determinado que no hay sentido en los pedidos del dirigente estudiantil.

Lunes 13

El Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé (Esmeraldas), Cléber Samaniego, resuelve sustituir la orden de prisión que afronta el periodista Juan Alcívar, acusado de un  supuesto acto de terrorismo ocurrido el 26 de julio. El Juez sustituye la orden de prisión, con la condición de que Alcívar se presente cada 15 días en su oficina. Por su lado el abogado defensor, Ramiro Román, dice que en este caso se violaron preceptos constitucionales.

Octubre

Domingo 17

Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) se declara en huelga de hambre para exigir su libertad. Rivera se encuentra detenido en la cárcel 2 de Quito desde el 8 de diciembre de 2009 acusado de terrorismo por liderar una violenta incursión en el rectorado de la Universidad Central durante una sesión de Consejo Universitario que debatía la gratuidad de  la  enseñanza  universitaria. “Mi  caso”,  dice,  “es  la  demostración del  autoritarismo gubernamental que soporta el Ecuador, y de manera particular las organizaciones populares y sus dirigentes”. Dice  que  en  el país  hay  152 personas que  están  siendo  investigadas por  terrorismo y sabotaje.

Jueves 21

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca se declara en huelga de hambre en rechazo al juicio por terrorismo que se le sigue al presidente de la FEUE, Marcelo Rivera. Rivera había encabezado el año pasado un grupo de estudiantes que trató de interrumpir violentamente una sesión de Consejo Universitario, causando destrozos y agrediendo al rector.

Lunes 25

La jueza tercera de garantías penales, Gladys Terán, declara culpable de terrorismo a Marcelo Rivera, presidente de la FEUE.

Noviembre

Lunes 8

El ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) es sentenciado a tres años de prisión. La presidenta del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, lo halla culpable por agresión terrorista. A Rivera se lo responsabiliza por los desmanes que se produjeron el 8 de diciembre de 2009 en la Universidad Central. Según el acta de sentencia Rivera también deberá pagar 298.665 dólares por los daños y perjuicios en la infraestructura de la Universidad Central. El abogado del dirigente universitario, Ramiro Román, presenta ante el Tribunal un recurso de ampliación y aclaración. Román sostiene que la sentencia es un intento del gobierno para establecer un precedente jurídico en caso de terrorismo y así poder juzgar otros procesos como el que se sigue en contra  de los implicados en la sublevación del 30 de septiembre pasado. “Se ha tomado un recurso de la dictadura para  sancionar a los subversivos y mi cliente no lo es”, enfatiza.

Jueves 18

La defensa de Marcela Rivera, presidente de la FEUE apela a la sentencia que por terrorismo le impuso el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Rivera había encabezado meses atrás un intento de toma violenta del local donde se reunía el Consejo Universitario de la Universidad Central. Tanto el abogado defensor, Ramiro Román, como los abogados Pedro Saavedra y Ramiro Aguilar  consideran  que  la  sentencia  permitirá  criminalizar  la  lucha  social.  La  figura  legal  de terrorismo se tipificó en 1974, durante el gobierno militar de Rodríguez Lara, cuando en América Latina predominaban las dictaduras y la ley de seguridad nacional. Pero, dice Aguilar, ni siquiera los miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC), fueron procesados por terrorismo, sino por delitos comunes. Saavedra dice que es extraño que el régimen y la jueza utilicen la tipología de terrorismo, cuando el gobierno se ha negado a dar ese calificativo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por su parte, las autoridades de la Universidad Central también apelan a la sentencia, e insisten en que la pena se amplíe a 25 años de prisión.

En Unión Base (Puyo, provincia de Pastaza) se reúne la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para discutir su posición frente al gobierno ante acercamientos realizados por la Secretaría de Pueblos. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, dice que la organización pone  tres  condiciones para  un  diálogo: que  se  revisen los  decretos que  anulan la autonomía  de  instituciones  indígenas  del  estado,  como  la  educación  bilingüe,  el  Consejo  de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), Salud Indígena, y otros; que se revisen las leyes de minería, hidrocarburos y soberanía alimentaria; y que se suspendan 72 demandas y juicios  por  terrorismo contra  dirigentes indígenas.”Lo que  pretende  el Gobierno, a través de sus dádivas que  ofrece  a  las  bases”, dice,  “es  dividir al  movimiento  indígena”.  Por  su  parte,   Luis Contento, vicepresidente de Ecuarunari (Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuador Kichwa Llaktakunapak Jatun Tantanakuy, antes Ecuador Runakunapak Rikcharimuy), dice que la organización indígena no debe aceptar el diálogo con el gobierno, sino impulsar la construcción de un estado plurinacional en tres ejes: pluriculturalidad, derechos colectivos y defensa de los recursos naturales. El gobierno, dice, “no entiende la propuesta indígena de defensa del sumak kawsay”. “Si el Gobierno quiere  dialogar”, añade Delfín Tenesaca,  presidente de Ecuarunari, “hay muchas cosas que tratar primero y subsanar las heridas que ha causado a las organizaciones indígenas, eso no es tan fácil de olvidar”.

2011

Enero

Viernes 28

Se realiza en Quito la audiencia preliminar del juicio que se le sigue al dirigente de la Federación Shuar, José Acacho, a quien el gobierno acusa por homicidio, sabotaje y terrorismo. El juez, Villamagua Ortega, no encuentra méritos para dictar la orden de prisión solicitada por la fiscalía. Sin embargo, el juicio continúa, y Acacho deberá hacer frente a las acusaciones de terrorismo y sabotaje.

Febrero

Martes 1

En Macas-Morona Santiago la Policía detiene al ex presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, quien esta enjuiciado por supuesto sabotaje y terrorismo organizado. La acusación se inicia por liderar la protesta de septiembre del 2009 contra la Ley de Aguas y la explotación minera, en la cual muere el maestro indígena, Bosco Wisuma. Además son detenidos el presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales de Morona Santiago, Pedro Mashian, y el principal acusado de homicidio del profesor Wisuma, Fidel Kaniras. El presidente de la Federación Shuar, Francisco Shiki, declara a las tres  personas como  ‘desaparecidas en  manos del  Estado’. El abogado de  Acacho,  Julio  Sarango, manifiesta que la policía que detiene al dirigente indígena no presenta ninguna boleta de captura, por lo  que   eso  constituye  un   ‘secuestro’.  De  su  lado   el  Ministerio  del  Interior  informa  que   ‘los uniformados proceden a la detención con respaldo de los oficios nro. 13-PCPJMS, de fecha 1 de febrero   del  2011, firmada por  el  juez  Ángel  Villamagua’.  El  presidente de  la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) dice que la detención de Acacho es una represalia del gobierno, porque “no ha podido callarnos” y hace  un  llamado a las comunidades y pueblos indígenas que  se movilicen  para  exigir  la  liberación.  La  Comisión  Ecuménica  de  Derechos  Humanos  (CEDHU) condena la captura. “Esta detención se enmarca dentro del  proceso  de criminalización que  se sigue contra dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo, ello pese a que durante el proceso judicial aún  no se ha podido probar nada  en contra  de Acacho”. El organismo hace  referencia a los cerca de 70 juicios por supuesto terrorismo y sabotaje abierto contra indígenas.

Jueves 3

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus regionales de la Costa, Sierra y Amazonía anuncian el inicio de movilizaciones pacíficas en el país. Esto como rechazo a la detención de los dirigentes shuar Pepe Acacho, Pedro Mashian y  Fidel Kaniras. El movimiento indígena considera que la captura corresponde a una persecución política del Gobierno. La CONAIE también anuncia acciones legales. A través de Pachakutik, presentará el lunes un pedido de amnistía para los detenidos y para otros 189 dirigentes procesados por el delito de sabotaje y terrorismo. Además la CONAIE resuelve presentar una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado y del presidente Correa con el argumento de que el Gobierno ha violado los derechos indígenas.

Domingo 6

En Ambato se posesiona el nuevo Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT). Al acto asisten la asambleísta por Pachakutik, Lourdes Tibán, el presidente de la CONAIE, Marlon  Santi  y  delegados  de  los  pueblos  y  nacionalidades de  la  Sierra  y  Amazonía. Mediante comunicado la CONAIE informa el inicio de movilizaciones y se manifiesta que las nacionalidades y pueblos indígenas viven  “la persecución y criminalización con falsas  acusaciones de fiscales,  jueces, policías  y  militares”. En  el  mismo   contexto,   mediante  comunicado, la Defensoría del Pueblo del Ecuador,  menciona  que  la  actuación  de  la  justicia  en  este  caso  tiene  fallas.  El  delegado  de  la Defensoría, Franco Lituma, dice que la medida cautelar dispuesta por el juez primero de Garantías Penales de Morona, vulnera lo establecido por el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo  169. Además, Lituma afirma que se ha llamado a juicio por terrorismo organizado, delito distinto al de homicidio a Bosco Wisuma, que era el que se perseguía en primera instancia. También aduce que el traslado de los detenidos es un abuso de la fuerza pública.

Viernes 11

Se realiza la audiencia sobre el pedido de amnistía de las siete autoridades y dirigentes del cantón Nabón, provincia del Azuay, sentenciados a ocho años de prisión, acusados de terrorismo y sabotaje por destruir un campamento minero en el sector de Zhingata, Parroquia Cochapata. El hecho ocurre el 23 de marzo de 2008, día en que un grupo de indígenas se toma un campamento de una empresa que supuestamente pretende explotar materiales dentro de una reserva natural de 57.000 hectáreas. En la denuncia se acusa a Vinicio Jaya (concejal), Plutarco Patino y Manuel Capelo (ex concejales), Ángeles Quezada (Junta Parroquial de Cochapata), Celso Patino (teniente polític o) y a los hermanos Luis y Segundo Olmedo. La sentencia es emitida el 3 de enero por la Corte Nacional de Justicia.

Marzo

Jueves 3

Los dirigentes del movimiento indígena Marlon Santi (CONAIE) y Delfín Tenesaca (ECUARUNARI), acusados de sabotaje y terrorismo por los incidentes del 21 de junio de 2010 en Otavalo, mientras se realizaba  la  X  Cumbre  de  la  Alianza  Bolivariana  para  las  Américas  (ALBA),  rechazan  las imputaciones ante  la  fiscal  de  esa  jurisdicción, Dora  Mosquera. Los  dirigentes argumentan que llegaron a Otavalo para participar en las celebraciones del Inti Raymi.

Mayo

Jueves 19

El vicepresidente de la CONAIE, Pepe Acacho, entabla una demanda por daño moral contra el presidente Rafael Correa:  “Queremos una reparación económica por habernos hecho tanto daño y por habernos exhibido ante la sociedad nacional e internacional como personas peligrosas que hemos destruido, causado daño que hemos matado, mostrándonos como delincuentes peligrosos cuando nosotros  no  fuimos   responsables”.  Acacho   y  otros   dirigentes  fueron  detenidos  y  acusados  de terrorismo, sabotaje y homicidio.

Junio

Viernes 24

En  Cuenca,   finaliza   el  ‘Encuentro Continental de  los  Pueblos de  la  AbyaYala   por  el  Agua  y  la Pachamama’. Durante el mismo  se conformó un  tribunal ético para  realizar recomendaciones a los poderes del Estado, entre otras, corregir las declaraciones del presidente Correa que menosprecia a los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, y derogar los artículos del código penal que se utilizan para acusar de terrorismo y sabotaje a dirigentes sociales y manifestantes. Participaron delegados  de  Argentina,  Chile,  Uruguay,  Paraguay,  Ecuador,  Colombia,  Guatemala,  México  y Canadá. El expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, presente al encuentro, afirma que  “es falso decir  que  existe  minería responsable, que  no afecta  a la naturaleza”, y agrega  que  “el presidente de la República debería preguntar en una consulta si queremos una minería metálica a gran escala, a cielo abierto; esos son los temas de fondo que se hubieran debido preguntar en la consulta, no cosas intrascendentes como gallos y toros”.

Julio

Jueves 1

A través de un comunicado, la CONAIE rechaza la actitud de la Fiscalía, que ha iniciado de oficio indagaciones previas y juicios a dirigentes indígenas de Azuay y Morona Santiago por participar en cuatro movilizaciones de protesta contra la minería, y de Imbabura por encabezar una movilización que pretendió entrar a la fuerza a un coliseo de Otavalo para entregar un documento a Evo Morales, que allí se hallaba reunido con Correa y Chávez.

Agosto

Martes 9

Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, explica que la organización indígena junto a otras organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, mujeres, barriales, preparan una movilización conjunta. Esta es una de las resoluciones adoptadas durante el I Encuentro de los Movimientos Sociales por la Democracia y la Vida, que se realiza en Quito. Alrededor de 350 personas acuerdan rearmar un frente de oposición al Gobierno. Uno de los temas que agrupa a estos sectores es la criminalización de la protesta, pues según estimaciones de las organizaciones, existen 199 personas con procesos penales acusados de sabotaje de servicios públicos, destrucción de edificios, terrorismo organizado, atentado contra la propiedad privada y asociación ilícita.

Martes 23

Magali Orellana, asambleísta de Pachakutik por la provincia de Orellana, denuncia que el gobierno presiona a la justicia  para  ‘retomar la persecución’ a Guadalupe Llori, prefecta de la provincia. Llori fue acusada de terrorismo y sabotaje en 2007 luego de las protestas de la población de Dayuma que reclamaba la desatención del Estado. Al ser absuelta, el gobierno la denuncia por presunto peculado en la adquisición de semillas. Un fiscal suplente anula el proceso y vincula nuevamente a Llori. La denuncia dice que en ningún momento se respetó el debido proceso y que no existe informe de Contraloría que señale indicios de responsabilidad de la prefecta.

La acusación de sabotaje y terrorismo ha sido una de las herramientas utilizadas por el Régimen  para  aplacar  la  protesta  social  en  el  país.  Según  un  informe  del  Centro  de  Derechos Económicos y Sociales, durante este Gobierno, 189 indígenas han sido acusados por este delito. No obstante, la aplicación de esta no se ha dado solamente contra líderes comunitarios quienes encabezaron las protestas en rechazo a la Ley de Minería y de la Ley de Aguas. Ahora, el grupo de 13 ciudadanos que irrumpió en el edificio de los medios públicos el 30 de septiembre del 2010, también fue  acusado  por  la  Fiscalía  de  sabotaje  y  terrorismo.  Elsie  Monje,  presidenta  de  la  Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), dice que el objetivo de esa criminalización de la protesta ciudadana es “infundir miedo  para  impedir que  la gente  común se manifieste”. El jurista Santiago Guarderas va más allá y dice que el Régimen está utilizando el sistema judicial como elemento de represión contra la protesta ciudadana.

Octubre

Martes 25

Marco Guatemal, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta-FICI, o FICI) fue detenido en Ibarra cuando visitaba la gobernación para gestionar un espacio donde puedan realizarse normalmente ferias agroecológicas. Guatemal fue acusado de actos de terrorismo y sabotaje cuando en 2009 participó en una manifestación de protesta en las afueras del coliseo de Otavalo, donde se realizaba un acto oficial en el que participaban los presidentes de Ecuador, Rafael  Correa,  y de  Bolivia,  Evo  Morales.”Los líderes  sociales  somos  perseguidos  por la justicia y ahora vemos como se manejan con tanta agilidad algunas cosas. Hacemos un llamado a la población indígena de Imbabura a movilizarnos por esto que no es un tema personal, sino de todo el pueblo”, dice Guatemal.

Lunes 31

Continúan las vigilias y marchas indígenas en Ibarra para exigir la liberación de Marco Guatemal, acusado de  terrorismo y  sabotaje. En  la  comunidad de  Caluquí (Otavalo, Imbabura) se  reúnen dirigentes de la CONAIE, del ECUARUNARI y de la FICI para resolver las medidas que implementarán.

Noviembre

Domingo 13

En entrevista al diario El Comercio, el dirigente de la FICI, Marco Guatemal, liberado de cargos por supuestos actos de sabotaje y terrorismo, anuncia que pensaba retirarse de la política, pero con su detención y posterior liberación, dice que seguirá luchando por los derechos colectivos de los indígenas. La Fiscalía no pudo sostener la denuncia puesta en su contra por el ex gobernador de Imbabura, acusándole de sabotaje  y terrorismo. “Jamás hemos  usado armas, no  atentamos contra el Estado. Hemos hecho movilizaciones de lucha pacífica y de demanda por el respeto de los derechos de los pueblos”, declara el dirigente.

Diciembre

Sábado 10

En la Plaza del Teatro, en Quito, como parte de un acto en conmemoración de los 63 años de la Declaración de los Derechos Humanos, grupos sociales denuncian la represión a la protesta social. En la  actividad se  exhibe  un  cartel  con  la  consigna ‘No a  la  criminalización  de  la  protesta social’. Además el cartel resalta los nombres de 180 campesinos e indígenas procesados bajo la acusación de supuestos actos de terrorismo. “Estos procesos se dan  desde el 2008, por defender a sus comunidades y  al  medio   ambiente de  la  explotación minera y  petrolera”, dice  el  representante del  Centro   de Derechos  Económicos  y  Sociales,  Francisco  Hurtado.  Campesinos  procesados  por  terrorismo ocuparon la tarima para relatar sus casos. Pero poco tiempo después de empezar los testimonios, el sistema de amplificación fue desconectado. La Fundación Nacional Sucre afirma que la plaza es para impulsar la cultura y no para realizar actos de corte político.

Jueves 15

El   exsubsecretario  del   Ministerio   del   Interior   y   exconsultor   de   la   Secretaría   Nacional   de Transparencia, Ramiro  Rivadeneira, es  posesionado  como  Defensor  del  Pueblo  en  la  Asamblea Nacional. En su  intervención Rivadeneira manifiesta su  deseo  de  modificar el código  penal.  ?En el Ecuador no se practica el terrorismo. Lamento mucho que en la normativa actual se incluya una norma sin sentido que tiene que ver con la protesta social en un capítulo de terrorismo. Sin embargo no podemos ser conductuales en la violencia  de la protesta social?, enfatiza.

Domingo 18

Un estudio de la Defensoría del Pueblo revela que el gobierno utiliza de modo sistemático la figura de terrorismo y sabotaje para criminalizar las movilizaciones de comunidades, pueblos y movimientos sociales.  Entre  2007  y  2008  se  detectaron  42  casos  de  personas  acusadas  de  estos  delitos,  que recibieron la amnistía por parte de la Asamblea Constituyente. Entre 2008 y 2010 se registraron otros 21 casos, cuyos casos continuaban abiertos. Se añade que Correa utiliza sus enlaces radiales, cadenas y actos públicos para deslegitimar las luchas sociales.

2012

Enero

Jueves 5

En entrevista al diario El Universo, el secretario del Movimiento Alianza País, Galo Mora, manifiesta que “se habla  con facilidad de la criminalización de la protesta social, pero  hay que ser claros, mucha dirigencia política perdió el destino y se acostumbró a luchar contra los representantes del Estado, sean quienes sean sin reconocer los avances de esta revolución. Aquí no se trata de criminalizar la protesta  sino  de  no  boicotear  al  Estado   ni  sabotear  la  revolución”.  Así  mismo  acusa   a  ciertos dirigentes indígenas de la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de estar  arropados  tras  los  intereses  de  organizaciones  no  gubernamentales  extranjeras  que  son “claramente antirrevolucionarias”, como la Hans Seidel.

Martes 10

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Humberto Cholango, rechaza el operativo policial  por  el cual “unos 15 o 20 policías  ingresan a las instalaciones donde se reunía el Consejo de la organización, para tratar las acciones que emprenderán por las leyes de Aguas, Tierra y Comunas”. El líder  indígena señala  que  “con el pretexto de que  en su sede  había una bomba  llegaron los policías en un sorpresivo e inexplicable operativo”.

Lunes 16

El presidente Correa, a través del Decreto Ejecutivo 619, declara área reservada de seguridad 3.000 hectáreas de terrenos donde se tiene previsto construir la nueva Refinería del Pacífico.

Martes 24

Unos 70 extrabajadores de Petroecuador, despedidos en 2010 por ser accionistas de Gaspetsa, una empresa que realizaba servicios para Petroecuador, realizan una manifestación frente a la Corte de Justicia de Esmeraldas para exigir justicia. Ellos son parte de un grupo que emprendió un reclamo legal contra la empresa, obteniendo fallo favorable en primera instancia. La mayoría de los 600 trabajadores que fueron despedidos entonces llegaron a un acuerdo para ser recontratados, pero renunciando a realizar reclamos legales y a percibir los sueldos no cobrados.

Febrero

Sábado 18

En su enlace semanal, el presidente Correa anuncia que el gobierno prepara contramarchas para enfrentar la marcha indígena que se iniciará en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe.  Según   Correa,   la  marcha  indígena  busca   desestabilizar  a  su  gobierno.  “No  se  preocupen,  nos encontrarán bien parados, más firmes que nunca. El 8 de marzo hemos convocado por el Día de la Mujer,  pero  en  defensa  de  la  democracia,  un  encuentro  multitudinario  en  la  Plaza  de  la Independencia [frente  al palacio  de gobierno]”, dice, y llama  a sus partidarios  “A estar  movilizados, preparados, de aquí hasta el 22, 23 de marzo, para que nos encuentren más firmes que nunca, defendiendo nuestra democracia, defendiendo la revolución ciudadana”.

Jueves 23

La CONAIE anuncia que, junto a por lo menos otras 19 organizaciones sociales de trabajadores, ecologistas y campesinas realizará en próximo 8 de marzo la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. El dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, dice que las contramarchas anunciadas por Correa pretenden intimidar a la población: “El pueblo tiene temor de salir a las calles a reclamar, porque el Gobierno inicia juicios o acusa de terrorismo a quienes protestan”.

Sábado 25

El tribunal primero de garantías penales de Pichincha condena al ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) a un año de prisión por agresión al exdiputado del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), Oswaldo Flores. Los hechos se produjeron el 8 de marzo de 2007, durante manifestaciones estudiantiles en contra de los diputados que se oponían a la consulta popular que impulsaba el presidente Correa para convocar a  una Asamblea  Constituyente. Pero  poco  después  se  produciría el  distanciamiento entre  Correa  y  el Movimiento Popular Democrático, que por entonces controlaba la presidencia de la FEUE. Rivera se encuentra cumpliendo una  pena  de tres años de cárcel por ‘agresión terrorista’ contra  el rector  de la Universidad Central. Hace poco tiempo, la Comisión Técnica para la Reducción de Penas, organismo del ministerio de Justicia le negó la posibilidad de acogerse a una reducción del 50% de la pena, a pesar del informe favorable del director de la cárcel de Sucumbíos, donde se encuentra recluido.

Marzo

Sábado 3

El Presidente de la República, en su enlace de los sábados, advierte que la marcha convocada por las organizaciones sociales para el ocho de marzo tiene como objetivo desestabilizar al Gobierno. Por eso hace un  llamado a los militantes de Alianza País a sumarse a la ‘contramarcha‘ ese mismo día en la Plaza  de la Independencia en Quito.  Agrega  que  “varios dirigentes indígenas están  convocando con mentiras a los pobladores”. Pide a los indígenas que no se dejen ‘utilizar‘ por la extrema izquierda de Pachakutik y el MPD, quienes unidos a la oposición de derecha quieren ‘desestabilizar‘  su gobierno.

Dirigentes indígenas cuestionan lo que llaman el modelo extractivista del Gobierno, mientras

que en el campo se esperan obras para mejorar la distribución del agua para riego y garantizar la seguridad alimentaria en manos de los campesinos. Por otro el presidente de la Conaie, Humberto Cholango, en entrevista al diario  El Universo, manifiesta que “es una  irresponsabilidad del Gobierno que se organicen contramarchas” y advierte que no caerán  en provocaciones, pues  “nuestra marcha es pacífica y legítima en un país democrático”. Los principales temas  que motivan a los indígenas a salir a las calles es: La Ley de Aguas, la Ley de Tierras, los enjuiciamientos a dirigentes sociales, defender la libertad de expresión como derecho de los ecuatorianos, defender a los trabajadores, a los estudiantes, a todos los que se han visto afectados por este Gobierno, señala el dirigente.

Domingo 4

Los organizadores de la marcha indígena popular del 8 de marzo se reúnen en Zamora para dar los últimos detalles de su organización. Desde la provincia amazónica de Zamora (zona minera), arrancará la movilización el 8 de marzo y culminará el 22 en Quito. El prefecto de Zamora, Salvador Quishpe (Pachakutik), quien estará al frente de la marcha, explica que el objetivo principal de la misma será exigir rectificaciones al Gobierno en materia ambiental, minera y de libertades. Otro de los organizadores manifiesta que “la marcha será pacífica  y no buscamos desestabilizar al Régi men”. En el resto de provincias por dónde pasará la movilización, los dirigentes locales de la Confederación de  Nacionalidades Indígenas del  Ecuador  (CONAIE), afinan  los  preparativos, el  presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua, Manuel Ainaguano, dice que se realizan visitas a las comunidades indígenas para socializar la propuesta. Por otro lado, el Gobierno busca deslegitimar esta movilización, y anuncia la realización de una concentración paralela para el 8 de marzo en Quito. Betty Tola (ex vicepresidenta de Pachakutik) Ministra Coordinadora de la Política, descalifica a los protagonistas de la marcha y advierte que  hay una  motivación de corte  proselitista en la misma.  “El Movimiento  Popular  Democrático  y  sectores  de  derecha  están  buscando  protagonismo  que  les permita tener una  mejor posición  en el proceso  electoral” dijo.

La Policía detiene a once miembros del MPD por atentar contra la seguridad. La detención se realizó en un operativo realizado el sábado en la noche en un departamento ubicado al sur de Quito. Según  boletín  de prensa de la Policía Nacional, los detenidos en el operativo llamado ‘Sol Rojo‘, son líderes provinciales de la célula insurgente Grupo de Combatientes Populares (GCP) y que al momento del  operativo mantenían una reunión clandestina. El director nacional del  MPD, Luis Villacís, manifiesta que los detenidos son militantes y simpatizantes del MPD y que se los pretende acusar  de  supuesto terrorismo y sabotaje.  Afirma  que  todo  “es  parte  de  la estrategia del  Gobierno para debilitar la movilización del 8  de marzo. Explica el dirigente que la reunión del sábado interrumpida por la policía era de coordinación de la marcha. Mientras tanto los detenidos niegan las acusaciones hechas  en  su  contra  y  siguen  en  la  Unidad  de  Vigilancia  de  Carapungo hasta  ser investigados.

Lunes 5

La era de la minería a gran escala en el Ecuador se inicia con 8 mujeres detenidas. El primer contrato minero a cielo abierto se firma en la Presidencia, entre el Régimen y la empresa china Ecuacorriente en el proyecto Mirador ubicado en la provincia de Zamora. El contrato permitirá a Ecuacorriente explorar, extraer y exportar minerales (cobre, oro) durante los próximos 25 años. El país tiene reservas por USD 185.400 millones. La firma del contrato se vio empañada por la detención de ocho mujeres ambientalistas  en  la  Embajada  de  China  de  Quito.  En  medio  de  enfrentamientos,  60  policías arrestaron   y   trasladaron   a   las   manifestantes   hacia   la   Policía   Judicial.   Alexandra   Almeida representante de Ecologistas en Acción manifiesta que las mujeres ingresaron con la autorización de la Embajada y era parte de una protesta pacífica contra la actividad minera de Ecuacorriente. Las activistas fueron liberadas en la noche por no haber ninguna denuncia en su contra.

La  Federación  de  Indígenas  y  Campesinos  de  Imbabura  (FICI)  que  agrupa  alrededor  de  200 comunidades participará en las movilizaciones convocadas por la Conaie. Sus dirigentes anuncian que participarán tanto en las concentraciones del 8 y del 22 de marzo. Por otro lado, el Gobierno anuncia que existen confirmadas 70 organizaciones para la movilización que anuncian para el 8 de marzo, a través de la Ministra Coordinadora de la Política, advierte que nada tiene que ver en la realización de esta marcha, y agradecen el respaldo de las organizaciones, ante las supuestas intenciones desestabilizadoras que vienen tanto de sectores de la izquierda como de la derecha. El Movimiento Popular Democrático (MPD), denuncia un supuesto plan del Gobierno donde se detallan las actividades de las ‘contramarchas‘, hicieron público  un  documento donde se detalla el supuesto plan. El Gobierno niega que tenga tal participación.

El MPD solicita el recurso de hábeas corpus para los jóvenes detenidos en días anteriores vinculados al GCP, y sobre los cuales se indaga posibles actos de subversión. Según el Ministerio del Interior, los detenidos pertenecerían a una célula del GCP y supuestamente planeaban actos de desestabilización contra el Régimen para este 8 de marzo. El informe de la policía dice que en e l lugar de  su  detención se  encontraron equipos de  comunicación y  material de  propaganda y  cheques presuntamente con la firma del MPD. El director nacional de esta organización, Luis Villacís, descarta la acusación de atentar contra la seguridad del Estado que  ha planteado la Fiscalía. “Las acusaciones contra los jóvenes son falsas, todo es para atemorizar a los grupos que están organizando las marchas pacíficas  del próximo jueves”. No es la primera vez que los jóvenes  que pertenecen al movimiento se reúnen para debatir políticamente, dijo el dirigente. El MPD ha solicitado el recurso de hábeas corpus para los detenidos. La Fiscalía tiene treinta días para investigar la supuesta vinculación de los jóvenes con el GCP.

Jueves 8

En  la  provincia  de  Zamora  Chinchipe,  cantón  El  Pangui,  cientos  de  indígenas,  estudiantes  y

dirigentes sociales, realizan un acto dando inicio a la marcha en Defensa de la Vida, organizada por la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las   Izquierdas, integrada por varias organizaciones sociales y políticas (Pachakutik, Conaie, MPD, Montecristi Vive, Participación). Antes del inicio de la marcha Lourdes Tibán (asambleísta de Pachakutik) y Salvador Quishpe (prefecto de Zamora), se pronuncian en contra de la minería y la contaminación de las fuentes de agua, dos de las principales demandas de la marcha, la misma que recorrerá varias provincias de la Sierra y el 22 de marzo culminará en Quito. Así mismo se realizan marchas de oposición en varias urbes de la sierra y el oriente (Cuenca, Ambato, Latacunga, Puyo, Guaranda, Riobamba). Estas no fueron violentas y no se registraron incidentes, todas en defensa del agua y contra la minería. Por otro lado, seguidores del Gobierno marcharon desde el Parque El Arbolito hasta llegar a la Plaza de la Independencia, para mostrar su  respaldo al Régimen  y participar de  la ?vigilia por  la democracia? que  se inició  como celebración por el Día de la Mujer y terminó en un apoyo multitudinario a Correa y pidiendo su reelección. Simpatizantes que llegaron de varias provincias del país, recibieron desayuno y almuerzo. En una de sus varias intervenciones el Primer Mandatario advierte sobre la marcha de las organizaciones sociales,  “Dicen que  se tomarán Quito  el 22 de marzo;  aquí  estaremos no pasarán, ya el país no es el de antes”.

En  la  tarde  en  Quito  trabajadores,  maestros,  estudiantes,  integrantes  del  Seguro  Social Campesino,  la  Plataforma  Nacional  por  los  Derechos  de  las  Mujeres,  activistas  políticos  de Montecristi Vive, Participación y MPD, agrupados en la Coordinadora por la Unidad de las Izquierdas, participan de una concentración en El Ejido y posteriormente realizan una marcha a la Asamblea Nacional, con el fin de entregar un pliego de peticiones de estos diferentes sectores, así mismo,  como  diría  uno  de  sus  dirigentes  “Buscamos  una   alianza  entre   movimientos  sociales, indígenas y fuerzas políticas”.

Viernes 9

La ‘marcha por  la vida  y el agua  y la dignidad de los pueblos’ llega  a Loja, y sigue  sumando más personas de diferentes comunidades rurales. En la salida de Zamora y en el ingreso a Loja, la Policía ha controlado la documentación de conductores y vehículos que son parte de la marcha antiminera. En Loja fueron recibidos por indígenas y representantes de varias organizaciones sociales, una de ellas dijo que “el respeto al agua  y a la naturaleza debe  motivar a los participantes, hizo la entrega de un  queso   redondo  de  cinco  libras”.  Como   símbolo   de  solidaridad,  los  marchantes  utilizan  un monigote en forma  de vaca,  “es una  alcancía  donde reciben  donaciones de  alimentos y dinero”. En una de las localidades de la provincia lojana, aparecieron alrededor de 70 personas lideradas por los concejales de  Alianza País, quienes lanzaban consignas a  favor del  Gobierno. La  policía estuvo presente y no hubo enfrentamientos. La caravana llega al Parque Bolívar de Loja, donde se realiza un mitin con discursos de sus Salvador Quishpe, prefecto de Morona, y Humberto Cholango, presidente de la CONAIE.

Sábado 10

Gobierno y oposición miden fuerzas en Cuenca. Por un lado, la marcha convocada por el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, convoca a miles de manifestantes quienes utilizan varias expresiones para protestar contra la explotación minera (zanqueros, afiches, máscaras, etc.). El prefecto se une a la movilización, indicando que respeta el mandato del presidente Correa, pero que es imperativo que escuche   al  pueblo. “Esta  movilización  no  pretende  desestabilizar al  Gobierno.  Es  la  voz  de  los habitantes que  quiere  ser escuchada”. A pocas  cuadras del  lugar  por  donde pasaba esta  marcha,  se presenta la feria ciudadana impulsada por el Gobierno. En medio de la oferta de comida típica, juegos para niños, etc., diferentes ministerios exhibían los avances de su gestión. Por ejemplo, Esteban Albornoz, titular de Electricidad y Energía Renovable, señala  que  el Gobierno “trabaja en soluciones reales  por  el medio  ambiente, como  el Plan  Renova”, el mismo  que  cambia  las neveras usadas, por nuevas. Así Cuenca la tercera ciudad más importante del país, se aprestaba a recibir a la marcha de las organizaciones sociales, que en días pasados salió de Zamora hacia Quito, la misma que llegaba al cantón indígena de Saraguro. Aquí se produjo un ligero incidente entre el prefecto Salvador Quishpe y  el  Comandante de  la  Policía. Esta  quiso impedir el  ingreso de  la  marcha a  la  Plaza Central, finalmente los marchantes rompieron el cerco e ingresaron pacíficamente.

En su enlace de todos los sábados, el Primer Mandatario, manifiesta que el 95% del impacto ambiental del proyecto Mirador firmado esta semana, será recuperado. Agrega  que  “la  renta  que tenga el Estado se reflejará en obras para las comunidades como vías, escuelas del milenio, hospitales y hasta  un  velódromo”. Así mismo  Correa,  tilda  de fracaso  a la marcha convocada por  los sectores sociales,  y  critica  a  Pachakutik  y  MPD  (principales  impulsores  de  la  movilización)  de  estar respaldados por medios de comunicación, encuestadoras que mienten, y de recibir apoyo extranjero para   desestabilizarlo. Advierte  que  2estaremos  preparados para   recibirlos el  22  de  marzo”,  día previsto para la llegada de la marcha de las organizaciones sociales a Quito.

Lunes 12

La marcha Plurinacional de la Conaie y otras organizaciones toma fuerza en Azuay. En efecto, las parroquias cuencanas de Tarqui y Victoria del Portete, donde el discurso antiminero se mantiene desde  hace  más  de  cinco  años,  se  sumaron  masivamente a  la  movilización  convocada  por  las organizaciones sociales. En la zona se encuentra el proyecto minero Quimsacocha, concesionado a la canadiense Iam Gold. Es uno de los cinco proyectos más grandes que busca impulsar el Gobierno. Por la cantidad de participantes, las fuerzas militares también se hicieron presentes, mientras tanto los dirigentes indígenas advertían a los cientos de movilizados a no caer en provocaciones. El prefecto del Azuay también se hace presente para respaldar a la marcha, junto a él el prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, hace declaraciones en relación a los posibles intentos del Gobierno de frenar a la movilización. En la tarde se unen a la marcha estudiantes universitarios agrupados en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y de alumnos independientes. Mientras tanto en la gobernación azuaya, se agrupan decenas de simpatizantes del Régimen, el gobernador Humberto Cordero, ordenaba la presencia de militares y policías por los rumores que existían sobre un supuesto ‘plan golpista‘.  “No he dicho  que es un intento de golpe  de Estado,  sino un atentado a la democracia porque se quiere caotizar con falsa información a las bases indígenas sobre la minería”.  Por otro lado el presidente de la CONAIE,  Humberto Cholango, declara que “el intento desestabilizador sale desde el Gobierno, sus funcionarios de confianza y las transnacionales mineras que buscan llevarse los recursos naturales”.

Miércoles 14

La  ‘Marcha  por  la  vida,  el agua  y  la  dignidad‘, que  partió el pasado 8 de  marzo desde Zamora Chinchipe llega a la provincia de Chimborazo, en medio  de acusaciones del Gobierno de que “el licor sigue  siendo  parte  de las movilizaciones indígenas”. El diario oficialista El Ciudadano publicó ayer que  520 años  después de la época  colonial  el alcohol  continuaba siendo  el ‘motor para  los indígenas que  se  dicen  de  la  oposición’. Esto,  a  propósito del  gesto  que  tuvo  el  prefecto del  Azuay, Paúl Carrasco, hacia su homónimo de Zamora Chinchipe y cabeza de la movilización, Salvador Quishpe, cuando llegó a Cuenca: le entregó una porción de mote y una botella con licor como símbolo de la fuerza que espera le dé a los marchantes. El artículo resume que esta práctica era común en la colonia, cuando el trabajo de los indígenas en los campos era pagado con alcohol.

Los dirigentes indígenas han minimizado el hecho, pues lo consideran parte de la campaña de desprestigio que ha montado el Régimen contra la protesta de las organizaciones sociales. Así mismo los dirigentes han dado a conocer un manifiesto de 19 puntos que será entregado al presidente Correa. En dicho documento, exigen al Gobierno el respeto a la Constitución, la aprobación de una Ley de Aguas para el buen vivir, la no firma de acuerdos de libre comercio y la suspensión de las negociaciones con la Unión Europea, entre otras solicitudes. Este mandato fue enviado a Quito, con cuatro chaskis65, miembros de comunidades indígenas, y se espera tener una respuesta positiva del oficialismo. Por otro lado, la dirigencia indígena ha denunciado la infiltración en la marcha de elementos de la policía armados, quienes se han hecho pasar por supuestos estudiantes. En los dos casos encontrados, los infiltrados han sido entregados a la Policía. Algunos dirigentes advierten y coinciden en las intenciones del Régimen ‘generar caos para  intentar disolver la movilización’.

Jueves 15

Gobierno entrega recursos en las zonas por donde pasará la caminata de las organizaciones sociales. El ingreso a Chimborazo de la Marcha por la Vida, ha coincidido con un desembolso económico que el Ministerio de Finanzas realiza a la prefectura y a 10 alcaldías por la cantidad de USD 1,7 millones. Las bases indígenas acusan al prefecto Mariano Curicama, cuadro histórico de Pachakutik, de entreguismo al Régimen de Correa. Para los líderes indígenas esta oportuna entrega de recursos, es una  estrategia del  Gobierno para  que  las autoridades de  la provincia se ‘mantengan callados’. Así mismo el Gobierno a través de funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entrega  a  los  campesinos  de  Guamote,  utencillos  agrícolas.  Chimborazo  ha  sido  un  motor  de anteriores movilizaciones, en  la  actualidad los  mandos están divididos. El  prefecto no niega su cercanía  con el Régimen,  incluso  advierte que planteará al presidente Correa  que “si los dirigentes de la Conaie  no  quieren dialogar, que  se lo haga  con  las  bases”. Alianza País  tiene  un  desafío  en  la provincia, pues en la Sierra centro y en Chimborazo principalmente, la población le dijo No en la última consulta popular.

El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE) da a conocer  un  manifiesto en  el que  cuestiona al gobierno:  ‘Inicialmente  surgió  como  un  proyecto  de izquierda, pero en el camino perdió ese horizonte y estableció una política directa en contra del movimiento indígena y  social del país, alejándose de quienes promovieron su candidatura y  lo apoyaron’, dice,  y  critica  ‘La utilización de  las  contramarchas con  los  denominados ‘grupos  de choque‘,  [que]  es un  recurso peligroso para  provocar enfrentamientos entre  ecuatorianos’. Reclama, entre   otros  puntos, ‘el  tratamiento urgente de  la  Ley de  Recurso Hídricos, la  Ley de  Acceso y Posesión de la Tierra y Territorio, Ley de comunas incorporando los aportes de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales; y ejecutar conforme mandato constitucional la Consulta Previa establecida en los artículos 398; 57 numerales 7, 17 que garantizan el derecho de información y consulta oportuna a las comunidades para toda actividad que involucre cambios en su territorio, cultura y educación de los pueblos ancestrales’, la ‘reactivación de la Agenda Agraria’, una  ‘justicia autónoma e imparcial’ y ‘respeto a las organizaciones indígenas y sociales a sus procesos, para que no   sean   denigrados,   intervenidos  y   fraccionados   con   ofrecimientos  coyunturales’.   Culmina expresando ‘nuestro apoyo a todas las acciones que realizaren las organizaciones y sectores sociales en defensa del agua, territorio en ejercicio de su derecho a la diferencia de pensamiento ideológico, político y social y demandamos respeto al derecho a la libre circulación por el territorio nacional, porque un gobierno sin oposición no tiene razón de ser en una democracia verdadera’.

Viernes 16

La marcha Plurinacional por la Vida llega fortalecida a Riobamba capital de Chimborazo. En las afueras de esta ciudad, alrededor de 2.500 indígenas se han sumado a la protesta este día, así como asambleístas opositores. Alrededor de 3.000 marchantes arriban a  la Casa Indígena en el centro mismo de Riobamba. Luego del discurso de sus principales dirigentes, estos han mantenido una reunión con los asambleístas de Pachakutik Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema quienes liderarán la  marcha en  Tungurahua y  Cotopaxi. Así  mismo la  dirigencia indígena coordina acciones con dirigentes del MPD, y con los movimientos Participación y Montecristi Vive. Por otro lado, a pocas horas de la entrada de la Marcha por la Vida a la provincia de Tungurahua, el Gobierno intenta otra vez opacar esta movilización mediante eventos masivos encabezados por sus ministros. Esta vez, el ministro de Deportes, Francisco Cevallos, entrega kits deportivos en las escuelas de la capital tungurahuense.

Sábado 17

El enlace semanal de Rafael Correa se emite desde el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, llena de ecuatorianos migrantes. Correa descalifica la marcha indígena diciendo que no es una caminata y que no tiene convocatoria; dice que si el 22 de marzo entran  500  manifestantes  a  Quito,   el   gobierno  pondrá  50.000  para   ‘defender  la   revolución ciudadana’.

Lunes 19

Luis Cubillos, dirigente del movimiento Patria Altiva I Soberana (PAIS) en Guayas, dice que la marcha indígena “es parte de una estrategia golpista. No son los indígenas los que están a la cabeza de esta estrategia, es la banca; son los sectores que han perdido los privilegios en este país, que están financiando la movilización indígena, que se han movilizado aquí en Guayaquil”. Insiste  que  “hay una posición de desestabilizar, porque son los intereses que han sido afectados por el gobierno de la Revolución Ciudadana, ya los bancos no mandan en este país, y la única posibilidad que tienen de recuperar el poder es a través de un golpe de Estado”.

Grupos  de   Alianza  Pais   inician   las  “vigilias  por   la  democracia”  en   las  plazas   de   la Independencia (frente al palacio de gobierno) y San Francisco (tradicional sitio de reunión de las marchas del primero de mayo) y en el parque de El Arbolito (sitio donde desde hace más de una década se reúnen las marchas indígenas y otras manifestaciones de protesta social).

Martes 20

El Movimiento Popular Democrático (MPD) de Santo Domingo de los Tsáchilas denuncia que la intendencia de Policía ha prohibido la realización de una marcha que se había organizado para recibir a los adherentes de la marcha por la vida, que habían llegado desde la provincia de Esmeraldas, y que debía seguir a Quito. En Otavalo (provincia de Imbabura) se reúnen al menos tres centenares de indígenas pertenecientes la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), para iniciar una caminata a Quito, donde se unirán con la marcha que avanza hacia Quito desde el sur del país y que hoy a pasado por Latacunga y Saquisilí (provincia de Cotopaxi) y se apresta a llegar a la provincia de Pichincha. Por su parte,  el presidente de la CONAIE,  Humberto Cholango, ratifica en Latacunga ?que llegaremos el 22 de marzo desde dos frentes. Por el sur y por el norte de la ciudad. Queremos invitar a los quiteños y quiteñas a recibir la marcha porque es por la dignidad y libertad de los pueblos, para detener la prepotencia de un Gobierno autoritario?.

Miércoles 21

La Secretaria de Pueblos, Mireya  Cárdenas, dice que  está dispuesta a abrir  un  “diálogo de paz” con las organizaciones indígenas cuya marcha llega mañana a Quito: “Esperamos que el pueblo no se deje manipular”, dice. Por su parte,  el subsecretario Édgar  Frías afirma  que “en una  sociedad democrática todos tenemos derecho a opinar y a discrepar: pero de ahí a impulsar acciones de violencia hay un tramo  muy  largo”. Por su parte,  la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Doris  Solíz, dice que para dialogar con el gobierno no se necesita realizar marchas, que los manifestantes serán recibidos por  la ministra Coordinadora de la Política,  Betty Tola, pero  que  no se dialogará “con estas personas que  no  tienen  un  comportamiento democrático, un  comportamiento de  respeto”, refiriéndose a los asambleístas Lourdes Tibán (Pachakutik) y Jorge Escala (MPD), quienes –dijo– “estuvieron alentado a los conspiradores del 30S”66.

Se realiza la audiencia de apelación a la orden de prisión contra diez personas detenidas el 4 de  marzo en  el  barrio Luluncoto, de  Quito, a  los  que el  régimen acusa de  planear actividades subversivas, de atentar contra la seguridad del Estado, de ser responsables de la colocación de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y  Cuenca, y de pertenecer al  Grupo de Combatientes Populares (GCP).

Jueves 22

El presidente Correa, en  entrevistas con la radio pública y con Ecuador TV  (el canal oficial de televisión), reitera que informes de inteligencia indican que la marcha indígena es utilizada dentro de un  plan  de  desestabilización contra  el gobierno, pero  que,  “como  se les derrumbó todo  y nadie les hizo caso, vinieron desinfladísimos, y ahora  dicen: «No a la minería, bajen los impuestos»?.

La marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que inició el 8 de marzo en El Pangui, arriba a Quito desde el sur y desde el norte. Participan organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, de trabajadores, mujeres, jóvenes y ecologistas. En su recorrido reciben el aplauso de miles de personas que se ubican a la vera de las calles por donde avanzan, muchos de los cuales se suman al recorrido hasta el parque El Arbolito, donde ingresan pasadas las tres de la tarde. Antes de esa hora, el parque estuvo ocupado por simpatizantes del gobierno, que escucharon un discurso del presidente Correa antes de dirigirse hacia las plazas de la Independencia y de San Francisco. Hacia las 6 de la tarde se producen algunos incidentes entre manifestantes y policías, cuando los dirigentes de la marcha trataban de ingresar a la Asamblea para entregar un manifiesto a su titular, Fernando Cordero. Finalmente, a eso de las 7 de la noche, un grupo de 35 dirigentes son recibidos por Cordero, y le exponen las demandas de la marcha. La concentración en El Arbolito siguió hasta la noche, con la presencia de varios artistas. [Estimamos que al menos unas 40.000 personas se unieron a la marcha en su momento de mayor concurrencia.]

En Cuenca, más de 600 personas, encabezadas por mujeres de comunidades de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, realizan una marcha para expresar su solidaridad con los marchantes por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que llegan hoy a Quito. La marcha pasó por una de las esquinas del parque Calderón, frente a la Gobernación, donde se reunían manifestantes progubernamentales.

Viernes 23

En  entrevista  con  Gamavisión,  actualmente  bajo  administración  estatal,  el  presidente  Correa minimiza la marcha por  el agua,  la vida  y la dignidad de  los pueblos: “A lo sumo  hubo  7 u 8 mil personas con  el  respaldo del  MPD, Sociedad Patriótica (PSP), medios de  comunicación y  de  la peluconería de Quito”, dice, y añade que  sólo dialogará con “personas honestas”; además exige que se aplique la ley a los responsables de los golpes sufridos por cuatro policías durante las refriegas de ayer en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.

Celestino Wisum, alcalde de Taisha (provincia de Morona Santiago), critica al presidente Correa por sus expresiones frente a la marcha indígena y de otros sectores sociales que culminó ayer en Quito. Correa dijo que la movilización  “no  movió  ni  4.000 personas, pero  nosotros,  ¡nosotros somos  60.000!”. Wisum  dice que  “Muchas veces […] vemos  cómo  nuestro presidente desconoce esta forma de manifestación de diferentes sectores sociales. Creo que todavía tenemos que tratar este tema de  la democracia”, y asegura que  para  los  sectores sociales no se trata de medir fuerzas, sino de demostrar “que  no  podemos  permitir  en  el  Ecuador  una   forma   de  gobierno  que  se  precia   de revolucionario pero persigue, criminaliza a los sectores sociales, a los líderes sociales que piensan distinto, que criminaliza a los medios que tienen otra opinión o punto de vista diferente que el oficialismo”.

Sábado 24

En  su  ‘enlace  ciudadano’,  el  presidente Correa   niega  haber   usado el  término ‘pelagatos’  para referirse a la marcha por el agua. Pero durante el enlace sabatino del 18 de febrero  había  dicho:  “Ya verán cómo esa prensa corrupta va a sacar en primera página: Gobierno pierde apoyo, movilizaciones multitudinarias,   indígenas,   campesinos,   montubios,   clase   media,   izquierda,   derecha,   todos marchando por la libertad contra el Gobierno, así sean cuatro pelagatos, como siempre hacen, verdad, tratando de crear atmósfera de tragedia, tremendismo, para  ver si nos logran  desestabilizar”.

La ministra coordinadora de  la Política,  Betty  Tola,  afirma  que  “Durante la marcha  [de los movimientos  sociales]  ha  habido  una  paulatina  deslegitimización.  Conocimos  que  uno  de  los intereses era presentar un candidato presidencial. Se develó también un interés desestabilizador cuando la presidenta de la UNE señaló que la convocatoria a la marcha era el inicio del fin del gobierno de  Correa. Y  un afán conspirativo cuando Blasco Peñaherrera señala su respaldo a  la movilización de la UNE. El otro sector fue la Conaie, que en su carta al país deslinda responsabilidad con estos afanes electorales y conspirativos, y señala puntos sobre los cuales colocan una agenda de discusión y demandas sociales legítimas”.

Humberto Cholango, presidente de la CONAIE,  afirma  que la marcha fue “un buen  comienzo para  profundizar los cambios” y que los objetivos  primordiales de la marcha se cumplieron, pues  “se logró movilizar a un importante número de indígenas, pero también a los movimientos sociales, que además se entregó el documento con  los 19 puntos que  exigen  las organizaciones”. “Pese a que  el presidente ni bien anunciamos la marcha empezó a hablar de desestabilización, nosotros queríamos demostrar que  podemos responder al país  de  otra  forma,  con diálogo y paz”, añade. Por  su  parte, Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari, dice que la recepción que los quiteños dieron a la marcha por el agua  demuestra que “el racismo  y las dudas que hemos  tenido por siglos entre  indígenas y no indígenas están desapareciendo, lo que facilitará la construcción del Estado plurinacional que queremos”, y  añade que  “los indígenas  estamos unidos. Pero no solo los indígenas, también los movimientos sociales han sabido  demostrar esa unidad”.

Sábado 31

El presidente Correa vuelve a referirse a las afirmaciones de que se criminaliza la protesta social: “En Ecuador no hay acusaciones (contra  dirigentes indígenas), no hay juicios, no hay nada”, dice. Asegura que  hay 42 casos que  se ventilan en la justicia,  de los cuales  “38 casos están  en investigación”, y sólo cuatro están judicializados: dos por instituciones privadas y dos por parte  del  Estado.  “Uno ya  lo perdió el Gobierno contra  un dirigente indígena que  cerró las carreteras cortando árboles”, dice, y el otro por la muerte del profesor indígena Bosco Wisuma, ocurrida en medio de protestas que se llevaron  a  cabo  en  septiembre  de  2009.  “¿Ustedes  creen  que  un  asesinato  es  protesta  social?”, pregunta, y  él  mismo   responde: “En  un  Estado   de  derecho,  un  asesinato no  puede dejarse   de judicializar” 67.

Abril

Martes 3

El gobernador de Morona Santiago, Juan Arcos, pide -a través de un comunicado- al Presidente de la República destituir a un grupo de funcionarios (directores de área) por no haber participado en la ‘contramarcha‘ organizada por  el oficialismo el 22 de  marzo en  Quito.  El funcionario detalla en  la comunicación que “el pasado martes  20 de marzo, en el gabinete provincial con la presencia de todos los directores institucionales se acordó ir a Quito y defender la revolución ciudadana de los intentos golpistas y desestabilizadores”.

Miércoles 18

La segunda sala de garantías penales de la provincia de Cotopaxi condena a un año de reclusión a

siete personas por haber participado en la toma de la gobernación durante la sublevación del 30 de septiembre de 2010. Los condenados son cercanos al Movimiento Popular Democrático (MPD), y entre ellos se cuenta un concejal, un asambleísta alterno y el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC).

Jueves 19

La sala de Conjueces de la Corte provincial de Justicia de Morona Santiago rechaza, por dos votos contra uno, el pedido de nulidad del juicio que se sigue contra dirigentes shuar por la muerte de Bosco Wisuma, ocurrida en septiembre de 2009 durante enfrentamientos entre indígenas y policías. La defensa justificaba su pedido en que se restaron 68 días de los 90 que correspondían al proceso de instrucción fiscal, en que se aprobó una acusación particular de la procuraduría del estado cuando ya había concluido el tiempo de la etapa de instrucción fiscal, y en que se les negó el derecho a ser informados en su idioma y de aplicar la justicia indígena, pues los hechos ocurrieron en una zona mayoritariamente indígena.

Sábado 21

Grupos sociales, como el Frente Popular y la CONAIE, anuncian que buscarán reunirse con los delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerles conocer los expedientes de los dirigentes que han sido acusados y enjuiciados por participar en acciones de protesta social.

Sábado 28

En su ‘enlace ciudadano’, realizado en el cantón  Cascales, el presidente Correa  se refiere a la consulta previa,  y  afirma  que  sus  resultados  “no  son  vinculantes”.  “La  consulta  previa  no  es  consulta popular”, dice: “Las oNG buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante, eso significa que para dar cualquier paso vamos a tener que pedir permiso a la comunidad, eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías sino de la unanimidad, sería imposible gobernar así”.

Mayo

Jueves 3

Las diez personas detenidas, acusadas de supuestamente planificar atentar contra la seguridad del Estado, cumplen dos meses de estar detenidos. Los familiares de los detenidos anuncian que han acudido a los organismos de DD.HH, para denunciar supuestas anomalías en las investigaciones del caso. Los acusados fueron detenidos, días antes de iniciarse las movilizaciones de los sectores sociales en marzo pasado.

Viernes 4

Críticas a la Asamblea y al régimen en último informe de derechos humanos. Una baja producción de leyes en la Asamblea, incremento en la conflictividad en el país y la falta de políticas integrales de seguridad que desembocaron en el incremento de algunos delitos, son las conclusiones del informe de Derechos Humanos 2011, elaborado por el Programa Andino de Derechos Humanos en coordinación con la Universidad Andina Simón Bolívar. Según los coordinadores de la elaboración, la información recopilada fue obtenida de la web de la Asamblea, el Sistema de Información para la Gobernabilidad (SIGOB) y varios medios impresos.

Domingo 6

Pobladores del recinto Juan Montalvo, en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, se enfrentaron el pasado domingo a militares que buscaban inmovilizar la maquinaria que se utiliza en la minería. Los enfrentamientos, que dejaron además una mujer herida, ocurrieron dentro de un operativo simultáneo realizado el fin de semana pasado en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Napo y que dejaron un total de 5 máquinas inutilizadas, 235 incautadas y 2 detenidos, según el ministro del Interior, José Serrano. Dirigentes mineros de Esmeraldas afirman estar listos para defender su trabajo en las minas. Mineros artesanales aseguran haber sido víctimas de represión militar. Para inutilizar maquinaria con la que trabajan, cientos de uniformados llegaron el pasado fin de semana a San Lorenzo y Eloy Alfaro, además de otros cantones del país. Existe desesperación en los dirigentes y trabajadores, “no queremos salir a robar,  no queremos ser nuevos integrantes de las bandas de delincuentes en el país, pero nos están llevando a eso. Somos más de 20.000 personas que no  tenemos  cómo  alimentarnos porque  el  Gobierno nos  ha  quitado nuestra fuente   de  trabajo”, expresa Kiler Ortiz minero de San Lorenzo. Además añade que hubo enfrentamientos entre los comuneros y  los  militares a  lo  largo  de  toda  la  zona,  “no estamos  dispuestos a dejarnos quitar nuestras herramientas de trabajo,  la gente  ha estado  en silencio  por  temor  a que  les metan presos”, dijo.

Viernes 11

Una cadena de la Secretaría de Comunicación (Secom) asegura que los planteamientos del informe sobre derechos humanos del Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar “no tienen  ninguna base investigativa?, que ?no son más que una  recopilación de un boletín de prensa de la CONAIE, de unas cuantas páginas de un sindicalista petrolero despedido por  sus  abusos” (‘abusos’, que,  por  cierto,  no  se  explican),   “de un  periodista informante de  la embajada norteamericana que defiende la empresa como medio  de comunicación”, “y de un informe del ex defensor del pueblo, que se refiere a  temas   particulares, a  juicios  privados”. “Una nueva vergüenza para  la universidad ecuatoriana”, concluye68.

Sábado 12

En su ‘enlace ciudadano’ de los sábados, el presidente Correa  se refiere  al informe sobre  derechos humanos publicado por el PADH: “Lo que dice ese informe y la fuente en la que se basa… ¡qué vergüenza!”, y, fiel a su estilo,  añade:  “Senescyt: [refiriéndose a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e  Innovación], ¡tome cartas en el asunto! No podemos tener estos fraudes  académicos”69. El  sábado  19  aún   va  a  insistir:   “compilación  de  pasquines  sin  ningunarigurosidad académica, mentiras abiertas para  tratar de hacer daño  al Gobierno”70. En seguida dirigió sus dardos sobre el rector de la universidad: “Señor rector Ayala Mora, usted puede decir que esto no es en contra del gobierno pero ni usted mismo se lo cree, esto es una conspiración de pasquines sin ninguna rigurosidad académica, mentiras abiertas para  tratar de hacer daño  al gobierno. […] Que esto lo auspicie una universidad es una verdadera vergüenza, esto es deshonestidad académica, esto es un fraude académico. Incluso voy a revisar si nos podemos quejar con la Comunidad Andina porque la Universidad Andina Simón Bolívar es una universidad de la Comunidad Andina y no podemos tener una  universidad que se dedique a hacer politiquería barata en vez de hacer academia”71. El gubernamental diario El Telégrafo también comenta el informe: En la edición del sábado 12 de mayo, decía  un  titular:  ‘DD.HH. vistos por actores políticos’. El subtítulo ponía:  ‘Un ex dirigente de un partido político de centro-derecha, un ex sindicalista de la estatal Petroecuador y un miembro de Acción Ecológica, ONG que fuera suspendida temporalmente en 2009, son coautores de informe sobre Derechos Humanos en el país’; luego especificaba: ‘Entre los académicos que participaron en la elaboración están un ex miembro de la Democracia Popular, (hoy de Pachakutik) y profesor universitario, Julio César Trujillo; un ex dirigente sindical de Petroecuador, que fue despedido, Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010. Otro coautor es Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica, que en 2009 fue suspendida, de la cual es parte Alberto Acosta,   opositor  al  régimen’72.  Y  el  domingo  13  de  mayo   insistía:   ‘Entre  los  académicos  que participaron están un ex miembro de la Democracia Popular, Julio César Trujillo; el ex dirigente sindical Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010; Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica y el opositor Alberto  Acosta’73.

Domingo 13

La Unidad de Gestión  de Seguridad Interna de la Presidencia realizó  ‘inteligencia’ en la denominada marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, de marzo pasado, y a las organizaciones sociales que se movilizaron  en  contra  del  Gobierno.  Un  reporte  de  la  Presidencia  de  la  República  sobre  la información administrativa de Carondelet relacionada a la movilización de funcionarios, revela las múltiples solicitudes que hizo el mayor de Policía Santiago Mena Vallejo, integrante de la Unidad, para desplegar a personas a distintos puntos. El informe publicado el 2 de mayo, detalla los pedidos para el traslado de uniformados de la Policía a ciudades como Zamora, Loja, Riobamba, Latacunga, sitios por donde recorrió la marcha indígena para llegar a Quito, entre el 15 y 23 de marzo del 2012. El presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca,  califica de “indígnante e inmoral” que  esta dependencia haya infiltrado a su personal, nosotros solo pedíamos rectificaciones al oficialismo, dice.

Jueves 17

En  rueda  de  prensa,  Humberto  Cholango,  presidente  de  la  Confederación  de  nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presenta 23 expedientes de dirigentes indígenas a los que se sigue juicio por participar en protestas contra el gobierno. “El  presidente de  la República ha  preguntado qué dónde están los enjuiciados por sabotaje y terrorismo, y nosotros le decimos: Señor presidente, aquí están los expedientes de todos los enjuiciados por terrorismo, sabotaje, obstrucción de vías, aquí están  los perseguidos por  una  justicia  corrupta, los perseguidos por  las empresas transnacionales”, dice, y añade que  del resto  de casos  no se les ha brindado información por  hallarse en ‘indagación previa’  en  la  fiscalía.  Los  casos,  planteados por   terrorismo, sabotaje y  asociación ilícita,  fueron iniciados por las empresas Adelca, Cecal, Lafarge, Petroriental y Purocungo.

Viernes 18

El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) rechaza las críticas que el presidente  Correa y la Secretaría de Comunicación (SECOM) han hecho al Informe de  Derechos Humanos Ecuador 2011, publicado por el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH), que desarrolla la UASB. Dice que  el texto  no es un  “panfleto de oposición al gobierno”  ni un  “fraude académico”, y remarca  que  “el  gobierno  actual   tiene   varios   puntos a  favor   en  la  promoción  de  los  derechos humanos;  […]  no  vivimos  en  el  Ecuador  una   dictadura  como   se  ha   afirmado”,  pero   existen preocupantes signos de autoritarismo, especialmente al considerar las acciones de protesta social como terrorismo.

Martes 22

En conversación con la prensa, el presidente Correa resalta la recepción en el Consejo de DerechosHumanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el informe del gobierno ecuatoriano sobre  la  situación  de  los  derechos  humanos  en  el  país:  “Los  logros   de  un   país   han   sido   tan contundentes y categóricos que generaron una ovación inusual de todos los presentes que solo puede ser negada por los necios… Que 17 países expresaron su preocupación sobre la libertad de expresión.

¿Y cómo se enteraron? En base a lo que publican los medios sobre que no hay libertad de expresión. Ya caen  en el ridículo, tratan de ocultar lo inocultable”. Añade que  “El país  no solo está avanzando hacia el desarrollo, a pagar la deuda social, combatir la pobreza, sino que en muchas cosas estamos a la vanguardia a nivel mundial, como en el caso de (la atención a las) discapacidades”.

Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), se refiere a la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Dice que hay avances en el área social, aun con limitaciones de calidad, pero  dice que  se utiliza  la justicia  para  fines políticos.  “Esto es inaceptable”, señala al referirse a las demandas por terrorismo y sabotaje contra  dirigentes indígenas, “terrorismo es como en Afganistán en donde mueren 60 o 70 personas, eso es terrorismo, aquí en el país no existen grupos terroristas y esa utilización es desproporcionada”.

Miércoles 30

El MPD y Pachakutik presentan en la Asamblea el pedido de amnistía para 31 dirigentes sociales procesados  o  detenidos.  El  pedido  se  anexa  al  realizado  días  atrás  por  Humberto  Cholango, presidente de la CONAIE, para amnistiar a 129 dirigentes sociales. El MPD y Pachakutik plantean, entre otros, los casos del exdirigente universitario Marcelo Rivera, de la expresidenta del magisterio, Mery Zamora, y de 10 detenidos días antes de la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, iniciada en la sureña provincia de Zamora el pasado 8 de marzo, que culminó en Quito el 22 del mismo mes. La CONAIE había planteado los casos de dirigentes acusados por empresas privadas como  Cecal,  Lafarge,  Adelca,  Petroriental  y  Purocungo,  que  utilizan  también  las  figuras  de terrorismo, sabotaje y asociación ilícita.

62  La cronología se realizó a partir de la información aparecida en la prensa. Se tomaron como referencia los periódicos El Comercio y El Universo, excepto en donde se indica lo contrario. Fue realizada por Mario Unda, Hugo González y Santiago González. Puede consultarse en  http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=. Sobre esa base se ha realizado la cronología que se presenta a continuación, tomando en cuenta los hechos que se refieren a la criminalización de la protesta social

63.  La ley de Recursos Hídricos (conocida también como ?ley de Aguas?) busca  regular el acceso y el control  del agua,  que en la propuesta queda bajo la égida del Estado (y, dentro de él, del Ejecutivo). Los puntos polémicos son varios: por un lado, los grupos empresariales han reclamado que cargan impuestos a actividades como las camaroneras, y que se impide la presencia del sector privado en la explotación turística y en el embotellamiento del agua. Por otro lado, las organizaciones campesinas e indígenas plantean que la autoridad única del agua debe residir en un consejo participativo, y reclaman una redistribución del acceso al agua, fuertemente concentrado en la actualidad.

64. http://confirmado.net/archivo/nacionales/20888-protestas-indigenas-son-%E2%80%98agresion-y-sabotaje%E2%80%99-dijo- correa.html

65. Chaski, en quichua, mensajero.

66  Se refiere a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, que el gobierno califica como intento de golpe de Estado y de magnicidio.

67http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=31711:en-ecuador-se-persiguen-delitos-no- personas-&catid=40:actualidad&Itemid=63

68 .  http://www.youtube.com/watch?v=ITJVNTIPIow (publicado el 14 de mayo).

69.  http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32495:presidente-critica-informe-sobre- dd-hh-de-universidad-andina-video&catid=40:actualidad&Itemid=63

70.  http://www.ecuadorenvivo.com/2012051991822/politica/correa-_informe_sobre_ddhh_de_universidad_andina_es_una_

compilacion_de pasquines_.html

71. http://www.elcomercio.com/sociedad/Resumen-Tabacundo-Enlace-Presidente-Rafael_0_703129724.html.

72. http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39126&Itemid=2.

73. http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39203&Itemid=2.