Por Patricio Sanguano
Los presos en el Ecuador, con la aparente complicidad de los guías penitenciarios tienen en su poder armas de grueso calibre, motosierras y machetes, se habla de un dominio de unas 26 organizaciones criminales, entre ellas los Choneros, Lagartos, Lobos, Tiguerones, Chone killers y Pipas.
De esta forma las Personas Privadas de la Libertad (PPL) al momento mantienen el control de las cárceles en el país y en estos sitios son la última palabra en cuanto a consumo y distribución de sustancias sujetas a fiscalización.
La Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, entorno al control que ejercen los presos reveló que lo hacen porque ‘están ligados a organizaciones criminales’ y en lo referente al consumo de estupefacientes citó que son entre 84 y 200 toneladas anuales. A su criterio, el país actualmente enfrenta ya un grave problema de narcotráfico, esto como resultado de políticas tibias de las anteriores administraciones a nivel del gobierno y de la Asamblea.
Los efectos de este grave problema social se reflejan en las calles, pero principalmente en el sistema carcelario que se mantiene en terapia intensiva y que con el presente gobierno continúa en similar situación.
Diagnóstico
Actualmente en el Ecuador operan 35 cárceles en 17 provincias, 10 son de varones, 4 mujeres, 20 mixtas y apenas una de detención provisional.
Según un estudio de la Flacso-Ecuador el 53 % de Personas Privadas de la Libertad (PPL) están en la Sierra; el 45% de (PPL) en la Costa; y, el 2 (PPL) en el Oriente.
En los últimos diez años se ha producido una sobrepoblación lo que genera un hacinamiento del 42% y por ende una mayor violencia por la supervivencia en medio de una permanente violación a los derechos humanos.
La explicación de esta sobrepoblación sería el resultado de las políticas antidrogas que adoptó el Estado a inicios de los 80 y a los mecanismos de ‘excarcelación’.
Desde el 2019 el país ya empezó a ser testigo de una serie de motines que obligaron a declarar el estado de emergencia, han pasado dos años y los enfrentamientos al interior de las cárceles continúan.
En los últimos cuatro amotinamientos simultáneos hubo unos 79 muertos, personas que fueron asesinadas con crueldad inimaginable y mostradas como trofeos.
El exmilitar y actual director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personal Adultas Privadas de La Libertad (SINAI), Fausto Cobo, habla de un futuro control articulado con la Policía y las Fuerzas Armadas, además de una depuración de los internos que estarían de manera ilegal, analizando cada una de las causas.
El economista y experto en temas de seguridad, Jorge González, dice que esta no es una solución a la crisis que se la viene arrastrando desde hace más de 40 años porque lo que se tiene en el país son guetos no cárceles.
A su criterio para realizar una depuración de los internos se necesitaría primero y de manera urgente 20 centros de detención provisional, porque quienes tienen que estar en las cárceles son los presos con sentencia, no todos los detenidos amontonados en un mismo saco, esto permitiría reducir un 20% el hacinamiento.
También aclara que no pueden estar ni militares ni policías en servicio activo y pasivo dentro del control del sistema de rehabilitación, primero porque son represivos y además es prohibido por las normas legales y los tratados internacionales.
Aclara que el sistema penitenciario en cualquier parte del mundo es de educación por etapas no de represión. “Toda prisión desde lo físico es de alta seguridad, desde la rehabilitación hay escuelas pedagógicas por etapas”, explica.
Otra de las acciones es una clasificación de las cárceles, determinar cuáles son las de máxima seguridad, mínima seguridad y de mediana seguridad, esto para evitar que, por ejemplo, personas que están por pensiones alimenticias convivan con presos de alta peligrosidad.
El experto, en una entrevista de televisión local, señaló que en el país se debe realizar un estudio de un equipo técnico que señale quien debe estar aislada de manera individual y para ello se tiene que entregar recursos.
Reconoce que actualmente tenemos una sociedad que ha llegado al límite de la barbarie social, que ve en la venganza o populismo penal como una forma de justicia, por lo que dice es urgente rehabilitar al Instituto de Criminología de la Universidad Central, y reorganizar el Instituto de Criminología de la Universidad de Guayaquil, organismos técnicos cuyos informes permitirían al juez determinar el tipo de cárcel para el detenido.
| INTERNOS | DELITO |
| 28 % | Sustancias Ilícitas |
| 23 % | Robo |
| 15 % | Delitos contra la vida |
Financiamiento
El Estado de emergencia durante el gobierno de Lenín Moreno permitió inversiones millonarias en infraestructura, 1.2 millones, adquisición de armas de aire comprimido 200.000 y una cifra similar en gas pimienta, pero la política de represión fracasa y los enfrentamientos y las muertes continúan.
El pasado 21 y 22 de julio del 2021 se produjeron nuevos motines que dejaron 20 reos fallecidos y unos 60 heridos, esto obligó al gobierno de Guillermo Lasso (CREO) a decretar nuevamente el Estado de Emergencia.
Mantener a las cárceles le significa un costo al Estado y a la ciudadanía. Hasta el 2019 su manejo estaba a cargo del Ministerio de Justicia y su presupuesto fue de 108 millones de dólares y tuvo una ejecución de 90 millones de dólares, el gasto corriente fue del 98 % mientras que la inversión fue de apenas el 2 %. Desde el 2020, los gastos son considerados dentro del Presupuesto General del Estado y es de 98.4 millones, 18.6 millones menos. Ante las cifras, corren las apuestas de que se planteará la privatización de los centros penitenciaros.
Para el antropólogo, Jorge Núñez, el problema es pensar que construyendo más cárceles o ampliando su capacidad se solucionaría el hacinamiento, se lo hizo pero ha ocurrido lo contrario se dificulta el control, se requieren de más guías penitenciarios y hay un déficit.
Recordó que en el 2015 se hablaba de formar a 500 guías por año pero no se cumplió, actualmente se requieren de 4.600 guías y apenas hay 1.500, uno para 240 Personas Privadas de Libertad (PPL) en el Guayas y en El Turi uno por cada 92 PPL.
A su criterio se requieren de cambios en la visión de fiscales y jueces frente al tratamiento de los casos porque considera que hay un abuso del pedido de la prisión preventiva y con esto una constante vulneración de derechos.
Analizó el tema de las pandillas y dice que es falso que el Ecuador se esté importando una cultura de violencia y también es falso pensar que los presos están alejados de la sociedad, pues dice que hay un nexo entre la cárcel y los barrios. “La cárcel no está separada de la calle y la ciudad”, recalcó.
Durante una presentación sobre Laboratorios de Políticas Públicas que lo realizó la Universidad Central del Ecuador, en el que se analizó la problemática de las cárceles en el país dice que lamentablemente en el país se crearon más espacios de confinamiento, “se abrieron puertas para entrar y ninguna para salir”.
“Actualmente se tiene una infraestructura instalada para 29.600 personas privadas de la libertad pero hay más de 40.000”.
