Verónica Serafini*
8 de marzo 2026
Latindadd
Las crisis de deuda y las políticas de ajuste no son neutras. En América Latina y el Caribe, los recortes del Estado, la precarización laboral y la falta de inversión en servicios públicos trasladan costos a los hogares, donde las mujeres terminan absorbiendo gran parte del impacto.
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es necesario mirar más allá de los discursos sobre igualdad y analizar cómo las estructuras económicas actuales siguen reproduciendo desigualdades. En América Latina y el Caribe, el creciente endeudamiento público es más que un problema financiero, también tiene consecuencias directas sobre la vida de las mujeres.
Las mujeres suelen absorber una parte desproporcionada de los costos de las crisis económicas, de los recortes del Estado y de la falta de inversión pública en derechos y sistemas de cuidado.
En los últimos años, la deuda ha vuelto a ocupar un lugar central en la región en medio de un contexto económico, social y climático complejo que plantea desafíos particulares para las mujeres y para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
Por un lado, persiste la necesidad de reducir la pobreza y las desigualdades, al mismo tiempo que crecen las demandas por la instalación de sistemas de cuidado. Por otro, la crisis climática exige políticas de mitigación y adaptación que, en muchos casos, corren el riesgo de financiarse mediante más endeudamiento. A esto se suma un debate creciente a nivel internacional sobre la necesidad de reformar la arquitectura financiera global para evitar que la sostenibilidad de la deuda se traduzca en retrocesos respecto de los avances sociales alcanzados durante el siglo XXI y para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
Las crisis de deuda han afectado históricamente a la ciudadanía no solo por sus efectos directos, sino también por las políticas que se implementan para enfrentarlas.
La experiencia de las recientes crisis muestra que, frente a situaciones de sobreendeudamiento, los gobiernos y los organismos financiadores suelen priorizar el cumplimiento de los contratos de deuda. En ese proceso, los costos de la crisis se trasladan a la población, mientras el contrato social vigente queda en un lugar subordinado.
El sobreendeudamiento público pone en evidencia una tensión profunda en el funcionamiento del Estado. El contrato social se construye sobre supuestos de igualdad y libertad para todas las personas, pero en la práctica se desarrolla en un contexto marcado por desigualdades persistentes, conflictos sociales y demandas de cambio. Las desigualdades de género son parte central de esta realidad, así como lo son también las luchas de las mujeres por transformarla.
Los impactos del sobreendeudamiento sobre la ciudadanía se expresan principalmente a través de dos vías: el empleo y la oferta pública de servicios. Y sus efectos no son solamente coyunturales. Se prolongan en el tiempo e incluso pueden trasladarse entre generaciones.
Existen además otros ámbitos donde el sobreendeudamiento público tiene consecuencias directas sobre la vida de las mujeres. Entre ellos se encuentran la seguridad alimentaria y el aumento del endeudamiento privado de los hogares, aunque en estos casos todavía existe menor evidencia empírica.
Hay también dimensiones menos estudiadas donde se asumen impactos significativos: las relaciones familiares —incluyendo la capacidad de negociación dentro del hogar, la dependencia económica que puede dificultar la disolución de relaciones y la conflictividad o violencia de género—, así como la participación social y política y los procesos migratorios.
En cualquiera de las dos vías principales —mercado laboral o políticas públicas— las mujeres experimentan impactos diferenciados respecto de los hombres y, en muchos casos, más profundos. Esto se explica en gran medida por el papel que desempeñan en la reproducción social.
Las crisis económicas han tenido, una y otra vez, como variable de ajuste al trabajo no remunerado de las mujeres.
Cuando el Estado reduce su capacidad de gasto para equilibrar las cuentas públicas, muchos de los costos se trasladan a los hogares. Y dentro de los hogares, son las mujeres quienes suelen asumir la responsabilidad de sostener los niveles de bienestar de las familias.
Al mismo tiempo, los desequilibrios en los mercados laborales y las estrategias para mitigar los efectos de las crisis sobre la actividad económica también tienen impactos diferenciados. En algunos casos, el acceso de las mujeres al trabajo remunerado ha contribuido a sostener la actividad económica, pero en condiciones de mayor precariedad, con salarios más bajos y menores niveles de protección social.
Frente a esta realidad, es necesario replantear quiénes deben asumir los costos del endeudamiento público.
Los costos de la deuda deberían recaer en quienes se beneficiaron de ella. Esto implica avanzar hacia cambios profundos en la política fiscal para que los Estados puedan recaudar de manera suficiente y justa, financiar los derechos de las mujeres y reducir las desigualdades.
También implica gestionar los compromisos derivados del endeudamiento público de manera que no amplifiquen las brechas de género.
La conmemoración del 8 de marzo no puede limitarse a reconocer la importancia de las mujeres para la economía o para el desarrollo. El desafío es más profundo.
Se trata de transformar la política fiscal en un instrumento capaz de garantizar la sostenibilidad de la vida, antes que la prioridad de los intereses del capital involucrado en la deuda pública.
Porque cuando las crisis de deuda se gestionan sin considerar sus impactos sociales, el resultado suele ser el mismo: los costos se trasladan a la ciudadanía y, dentro de ella, recaen con mayor fuerza sobre las mujeres.
* Verónica Serafini es economista paraguaya y especialista en género y macroeconomía en Latindadd.
