DE PROHIBICIONES Y VICTIMIZACIONES: HACIA UNA TRANSPARENCIA INFORMATIVA TOTAL
Fernando Checa Montúfar. Revista Mediaciones <www.ciespal.net/mediaciones>
A propósito de la prohibición presidencial para que altos funcionarios del gobierno concedan entrevistas a algunos medios privados de comunicación, creo que es bueno traer a colación nuevamente[1] la interesante y sui géneris iniciativa que Petrobras aplicó hace unos pocos años a propósito de los medios que, según la empresa, distorsionaban la información sobre ella.
En junio de 2009, esta empresa semipública, cansada de lo que consideraba una tergiversación frecuente de su gestión por parte de los más importantes diarios del Estado (Folha de São Paulo, O Globo y O Estado de São Paulo), creó el blog “Hechos y datos”, en el cual publicaba todas las preguntas que le hacían los periodistas (las que desearan, sin ninguna limitación) y las respuestas a las mismas que daba la empresa, antes de que las publicaran los medios.
Según su presidente, José Sérgio Gabrielli, la decisión se tomaba considerando que la empresa “es la propietaria de sus informaciones y puede usarlas como desee”, además de que la iniciativa era un “verdadero ejercicio de transparencia informativa.” Puesto que el blog quedaba como testigo y prueba de cuál fue la respuesta textual de la empresa a las preguntas formuladas por cualquier periodista, la empresa dejaba en claro que lo que quería era que los medios relataran fielmente las respuestas que daba a sus preguntas.
Claro, estos diarios se rasgaron las vestiduras y protestaron por lo que consideraron, según O Globo, que era un “ataque a la prensa”, a la libertad de expresión, y que con ello Petrobras “ha herido a la Constitución”. Además, algún experto consultado señalaría con desparpajo que tal iniciativa “atropella el proceso informativo de forma inédita”. Desde luego, la preocupación es válida para el periodismo no ético pues con la medida perdía la impunidad de una edición sesgada, distorsionadora; para ese periodismo que concibe a la libertad de expresión como un derecho exclusivamente de unos, los medios, y no de otros, el resto, quienes inclusive no tienen derecho a la publicitación de su propia palabra.
Es oportuno recordar y proponer esta iniciativa ahora que la prohibición del ejecutivo ha caldeado aún más el ambiente periodístico que vivimos desde hace años. A propósito cabe preguntarse si, como en otras coyunturas similares, ¿no será que esta medida tiene que ver con el hecho de que la ley de comunicación está por ser discutida y aprobada en la Asamblea?, ¿será que se quiere deslegitimar la necesidad de esa ley?
Claro, esta prohibición ha dado pie a que se diga de todo: que se coarta una vez más la libertad de expresión, que se atenta al derecho a la información de la gente (como si los cotidianos silenciamientos y frecuentes distorsiones que se dan en los medios, en unos más y en otros menos, no atentaran contra ese derecho), que se impide el acceso y transparencia a la información pública, que es una nueva agresión a la “prensa libre e independiente”, que es otra forma de la mordaza (ojo: el mismo adjetivo que varios medios usan para calificar la ley de comunicación en proceso).
Esto y mucho más se dice a propósito de esta malhadada prohibición. Decires que ponen en evidencia el doble estándar de la prensa privada, su estentóreo rasgar de vestiduras y afán de victimización se contradice con lo que sucede con frecuencia en su práctica: silencios o minimizaciones de hechos y actores que no responden a su línea, cartas de los lectores no publicadas, eventos académicos con especialistas de renombre sobre los que no se informa porque la institución que organiza no cae bien a ciertos medios y periodistas (caso CIESPAL); carencia de una pluralidad de voces pues es sabido que solo unas pocas decenas de entrevistados suelen desfilar por las páginas de la prensa escrita o por los espacios audiovisuales y que la mayoría de sectores sociales tiene serias limitaciones para canalizar su voz a través de los grandes medios.
Doble estándar que también se da por el hecho de no cuestionar la misma medida aplicada por políticos opuestos al gobierno (caso Nebot), algunas organizaciones, medios privados y sus periodistas que se niegan a dar declaraciones o información a los medios públicos y a cargo del Estado.
En suma resulta paradójico que los medios privados se quejen por una prohibición que lamentablemente es frecuente en sus páginas; como también es paradójico que esa prohibición salga de un gobierno que ha promovido la idea de la democratización de la comunicación a través de la existencia de medios públicos, privados y comunitarios, según lo establece la propia Constitución.
Pero, no es tarde, una decisión salomónica como la de Petrobras impedirá una nueva victimización de los medios y periodistas y contribuirá con mayor efectividad y menor enfrentamiento no solo a transparentar la información pública, sino también el proceso de producción de la noticia, y a fortalecer una auditoría ciudadana a los medios tan necesaria en nuestro país.
