Redacción La Línea de Fuego / Extracto del comunicado de Asfadec*
El Ministerio de Gobierno registró de enero a mayo de 2020, 2287 denuncias de desapariciones, de ellas 100 casos están en investigación, es decir, que 20 personas desaparecen cada mes y hasta ahora se desconoce su paradero. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) conmemoró ayer, 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, fenómeno social que afecta a miles de familias del mundo entero y de Ecuador.
Las cifras del ministerio de Gobierno causan mucha intriga porque difieren con las entregadas por la Fiscalía General del Estado y Dinased. Por ejemplo, en 2018, cuyo reporte corresponde a la última información entregada por la Fiscalía hay una diferencia de 1324 personas de quienes no existe información alguna. ¿Qué les pasó? ¿En dónde están? Esta data fue obtenida del análisis que realizó la Asociación en alianza con el Comité Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (Covidefem) sobre las inconsistencias en las cifras oficiales presentadas por el Estado ecuatoriano acerca de las personas desaparecidas en el Ecuador en el período 2013-2017.
Esto demuestra, menciona Asfadec, que “la Fiscalía y Dinased han demostrado su incapacidad para investigar la desaparición de personas, ya que no han logrado presentar informes veraces y oportunos sobre éste fenómeno. Tampoco tiene una política clara de comunicación, coordinación y acción interinstitucional, lo que se evidencia en la presentación de las cifras antes mencionadas que son poco confiables y verificables sobre el número total de desaparecidos y de los procesos por resolver”.
A este grave problema, se suma que el Estado ecuatoriano tampoco ha logrado desarrollar una base de datos de ADN de los desaparecidos y NN. El Estado desconoce cuantitativa y cualitativamente el alcance de este fenómeno por lo que le resulta difícil asignar suficientes recursos para implementar estrategias idóneas y eficaces de prevención, investigación, sanción y hacer justicia.
Tras 8 años de reuniones con diferentes autoridades de Gobierno, no ha habido resultados concretos, entre los problemas, detallan: rotación de fiscales que retrasa los procesos de búsqueda; la falta de capacitación de agentes fiscales en búsqueda de personas desaparecidas, especialmente de los que vienen de otras dependencias como tránsito; la interrupción en los procesos de búsqueda por pases a los agentes investigadores y ahora agravada por la pandemia por covid-19. El resultado es la dilación en los procesos, impulsos administrativos repetitivos y archivo de casos sin explicación legal válida.
La desaparición forzada corresponde al arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación; sin embargo este concepto ha cambiado como categoría y dentro del nuevo contexto mundial, hablan de la desaparición forzada por particulares sin la aquiescencia del Estado. La desaparición sigue siendo forzada, ya que es perpetrada por la fuerza como en los casos de trata de personas, tráfico de órganos, feminicidios o casos relacionados con terceros que han decidido privarle de su libertad por distintas motivaciones.
La Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas fue publicada en el Registro Oficial el 28 de enero de 2020, tras ser aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional el 19 de diciembre de 2019, esperamos que no se quede en el papel y que este fenómeno social continúe
— Asfadec y Desaparecidos Ecuador
Fotografía: Asfadec.
