24 Febrero 2015
La manipulación de la justicia con fines políticos es la herencia más nefasta que Febres Cordero le dejó al Ecuador. En cierta medida, esta concepción del poder refleja el sedimento monárquico que todo caudillo latinoamericano anida en su alma: la posibilidad de impartir justicia por sí y ante sí.
Lo que seguramente el dirigente socialcristiano no imaginó ni en sueños fue por dónde le aparecerían sus mejores discípulos. Hoy los correístas han perfeccionado la maquinaria de judicialización de la política a extremos impensados. Y para que a los ecuatorianos no nos quepa la menor duda respecto de esta situación, las evidencias nos llegan en combo. Es lo que sucedió hace quince días con dos casos representativos, ambos con un innegable tinte político.
Javier Ramírez, activista social y líder comunitario de Íntag, fue sentenciado por un delito que, según las evidencias y testimonios presentados por la defensa, jamás pudo haber cometido. Esta argumentación estuvo ratificada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos (precisamente de aquellas a las que Febres Cordero era tan aficionado a descalificar). La decisión del tribunal tiene unas ridículas pretensiones salomónicas: se sentenció al acusado a cumplir una condena exactamente igual al tiempo que permaneció detenido, a fin de que saliera libre justo el día de la audiencia.
Cuando la administración de justicia pretende quedar bien con ambas partes no actúa con imparcialidad, sino todo lo contrario; particularmente cuando de por medio existe la posibilidad de cometer una terrible injusticia.
El mismo día del juicio a Ramírez se convocó a Mary Zamora, por enésima vez, a responder por una acusación de la que había sido absuelta en última instancia. Pero ahora, mediante un acto de contorsionismo judicial que provocaría las más apasionada envidia de la vieja partidocracia, se pretende invertir el caso para –y esto sí es de Ripley– colocar al todopoderoso Estado nacional como víctima de una sencilla maestra de escuela. La indefensión de los ciudadanos parece ser el costo que nos imponen las necesidades estratégicas del Régimen.
Por una sospechosa coincidencia, la arremetida estatal contra Mary Zamora estuvo reforzada, en las redes sociales, por una infamante campaña para atentar contra su honra. En este punto cabe un comentario. La condena del oficialismo a esta campaña sucia tiene una inevitable dosis de cinismo, sobre todo luego de que el propio Presidente, de manera indirecta, ha alentado la irrupción virulenta de trolls fanatizados en la escena política. ¿Qué más se puede esperar de un ejército de internautas sectarios e incondicionales con las políticas oficiales? Por ello es un imperativo para la democracia ecuatoriana “destrollar” urgentemente al Gobierno.
