Por Ileana Almeida*
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, afirma que sobre los países con grandes recursos naturales pende la maldición de la pobreza, porque su patrimonios, gestionados y apropiados por las transnacionales, no propician ni garantizan el desarrollo tan esperado, tanto más que el desempeño de sus Estados suele ser más deficiente que el de muchas naciones con recursos más escasos.
Refiriéndose a América Latina ha expresado que los países con minerales y yacimientos de importancia tienen un limitado desarrollo económico porque se desplaza a los campesinos de sus tierras, hay una mala gestión de los recursos, no se toman en cuenta los vaivenes del mercado, las instituciones son débiles e incompetentes, la corrupción es extendida.
Chile, eminentemente minero, ¿es un país próspero? Los empresarios extranjeros y sus aliados chilenos, claro que prosperan, pero a las clases populares no les llega la riqueza. Si no, basta escuchar lo que corean desde hace meses los manifestantes volcados por miles a las calles: “Si tú no tienes plata en este país, te mueres”.
Una relación clara se da entre los aspectos económicos y ecológicos ante todo por la catástrofe ambiental. No solo que el sistema capitalista no impulsa el desarrollo integral de la sociedad sino que arrastra un reguero de males irreparables. Perú produce plata, oro, zinc, estaño. Compañías de distinto origen han caído como aves de presa sobre sus riquezas. Los perjuicios son irreversibles. Se han afectado lagos, ríos, zonas costeras, se ha acabado con la flora y la fauna, se ha arruinado el paisaje, los residuos minerales contaminan las aguas superficiales y subterráneas.
Si la explotación minera y petrolera causa tanta destrucción y no es un factor de progreso social, si las condiciones propias de una extracción irresponsable no son tan óptimas como todos quisiéramos, significa que la tecnología no está aún lista para beneficiar las riquezas del subsuelo sin atentar contra el ambiente, que la producción industrial no garantiza sustentabilidad, que el avance científico-técnico no se ajusta a las expectativas de la justicia social.
En estas condiciones, defender el agua es una cuestión de ética. Para todos los seres humanos es un deber cuidarla, si en verdad queremos proteger nuestras vidas y las de nuestros descendientes.
Despierta indignación el argumento del pleno de la Corte Constitucional que no da paso a la consulta popular propuesta por el Prefecto del Azuay, Yaku Pérez. El justificativo de los magistrados -“…el planteamiento de una sola pregunta, tanto de zonas ecológicas diversas como de todas las escalas de la minería, hace que sea compuesta y atentatoria de la claridad y lealtad exigidas”: un galimatías interesado, aunque apegado a la lógica Estado-Mercado. La Corte ha escogido el poco airoso papel de intermediario inadecuado.
“Si la explotación minera y petrolera causa tanta destrucción y no es un factor de progreso social, si las condiciones propias de una extracción irresponsable no son tan óptimas como todos quisiéramos, significa que la tecnología no está aún lista para beneficiar las riquezas del subsuelo sin atentar contra el ambiente, que la producción industrial no garantiza sustentabilidad, que el avance científico-técnico no se ajusta a las expectativas de la justicia social”.
*Filóloga. Profesora universitaria, investigadora, periodista. Nacida en Ambato, Ecuador. Es autora de varios libros, ensayos y artículos de su especialización. Algunos de sus trabajos han sido publicados en México, Perú, Estonia, España, Alemania.
Fotografía: CC.
