ECUADOR: EL LARGO CAMINO DE LA COMUNICACIÓN
Carlos E. Flores (*)
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Más de dos años han pasado desde el inicio del debate del proyecto de Ley de Comunicación. Los avances y retrocesos vinieron desde ambos lados: la oposición resistiéndose, muchas veces, a debatirla; y el oficialismo, dando largas para no convocar a debate ante la falta de votos. Curiosamente, donde ambos sí estuvieron implícita y coincidentemente de acuerdo fue en el tema de las frecuencias de radio y televisión. Se iba a distribuir “lo disponible” (que era casi nada) y se omitía el Informe de la Comisión Auditora de Frecuencias, que hizo un estudio desde 1995 hasta el 2008 (13 años).
Decimos que se “iba a distribuir” porque hoy, el proyecto que entrará a votación el 11 de abril (si es que no hay otra demora, otra vez) establece la distribución del 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para medios comunitarios. Además, se atenderá el informe de la Comisión Auditora de Frecuencias. La decisión, que es la médula para combatir verdaderamente al llamado “poder fáctico”, no vino por iluminación del asambleísta ponente, Mauro Andino (Alianza País) ni de algún alto funcionario “generoso” que maneje las políticas de comunicación del gobierno. Contrariamente, fue decisión, insistencia y demanda permanente de las organizaciones sociales. José Ignacio López Vigil, de Radialistas Apasionados y Apasionadas, incluso recordó, en un foro, que A. País trajo, cuando comenzaba el debate de este proyecto de ley, a un experto para decir que la distribución de las frecuencias era absurdo, imposible. E incluso se me viene nuevamente a la cabeza, cuando al Primer Mandatario Rafael Correa, en agosto del 2009, le pregunté sobre las frecuencias y dijo que una Comisión Técnica Jurídica vería el tema, a fin de no cometer errores ya que se iba a judicializar a quienes hayan quebrantado la ley. Tal cosa no pasó.
Absurdamente, grupos políticos como el Movimiento Popular Democrático y Pachacutik, cuyas bases demandan la distribución de frecuencias, han anunciado que no apoyarán este proyecto de ley (a la que ahora califican de “Ley Mordaza”) y que presentarán uno alternativo. Los argumentos han sido diversos: (con esta ley) “se busca concentrar más poder”, “que se quiere profundizar un proyecto político represivo y reaccionario”, “es una ley para callar, perseguir” y que por tal razón y otras más no votarán por el proyecto de ley de comunicación. De esta manera se suman a César Montúfar, asambleísta de oposición quien afirmó que esta ley busca “concentración de audiencias”, que se lograría sumando el 33% de frecuencias de los medios públicos y el 34% de los medios comunitarios. Cabe mencionar que Montúfar busca el archivo de la ley.
El proyecto de ley no es perfecto, y sin duda se puede mejorar con el tiempo. No está escrito en piedra. Que exista la distribución de frecuencias como se ha explicado romperá el monopolio existente y se hará frente al poder fáctico, y no a través de excesivas demandas millonarias a periodistas y medios de comunicación. La mejor muestra de la democratización de la comunicación es la distribución de las frecuencias.
Ciertamente hay temor, de que lo aprobado sobre las frecuencias termine siendo vetado (observaciones directas del Presidente aunque se sabe que Rafael Correa apoya este tema) o que alguna jugada adversa a las organizaciones se plantee en el reglamento de dicha ley. Lo que es hoy, como nunca antes en estos dos años, está establecido que las frecuencias de radio y televisión deben distribuirse y teniendo como base el Informe de la Comisión Auditora de Frecuencias.
Pero queda claro que este tema, es una conquista de organizaciones y colectivos. El poder político quiso hacerse el bizco.
(*) Es periodista peruano, residente en Ecuador hace más de cuatro años y cuenta con más de 10 años de experiencia periodística y producción de radio. Últimamente trabajó en Radio Pública de Ecuador como Jefe Nacional de Noticias. También fue Jefe de los Servicios Informativos Latinoamericanos de ALER, red de radios comunitarias de América Latina.
