ECUADOR INDEFENSO ANTE LA CIDH. por Héctor Yépez Martínez

¿Por qué mi conclusión? Es que de otra manera no se explica la estrategia que el Gobierno, la Función Judicial y, recientemente, la Procuraduría General del Estado, han seguido en torno a los casos de El Universo y El Gran Hermano. Su plan de batalla no ha sido fabricar argumentos de fondo para defender los juicios del Presidente Correa contra medios y periodistas. Al contrario, el plan es deslegitimar la actuación de todo organismo internacional e independiente que meta sus narices en el asunto.

En efecto, desde el comienzo del caso El Universo, en la tristemente célebre sentencia del juez Paredes, se cometió la torpeza de esbozar la teoría suicida de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es obligatoria para Ecuador. Ese argumento es, de por sí, una terrible confesión de culpabilidad. ¿Por qué? Cualquier abogado se los dirá: uno solo cuestiona la aplicabilidad de una ley cuando esa ley no le conviene a su cliente. Si los juicios del Presidente contra periodistas fueran conformes a los parámetros internacionales en materia de libertad de expresión, ni su abogado Alembert Vera ni el juez Paredes hubieran tenido la ocurrencia de afirmar que dichos parámetros no son vinculantes para Ecuador. Eso implica reconocer, tácitamente, que Ecuador violó el Pacto de San José.

La misma torpeza repite el Estado desde la audiencia en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Digo “el Estado” porque en los procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos no se juzga al Gobierno de Rafael Correa, sino al Estado ecuatoriano en su conjunto (de ahí que haya sido deber del Procurador General presentarse en la audiencia, contra lo que infantilmente acusan ciertos opositores). En la CIDH, el Estado nuevamente adoptó la postura del torero. En vez de explicar por qué Ecuador habría respetado el Pacto de San José —acudiendo, se me ocurre, a alguna explicación novedosa sobre el derecho al honor—, las autoridades oficiales han tenido reacciones tan torpes como plantear la “redefinición” de derechos o amenazar que el Gobierno solo oirá a la CIDH si sus recomendaciones son razonables. Con ello, nuestros funcionarios de nuevo ratifican que Ecuador no respetó los derechos fundamentales —de ahí que sea necesario “redefinirlos”— y que la CIDH emitirá recomendaciones en su contra —léase: “irrazonables”—. Por último, el Presidente ya inició una campaña política contra la CIDH, intentando deslegitimarla por no haber intervenido en otros casos de injurias, por pretender violar la soberanía nacional y por el simple hecho de sesionar en Washington. Es claro que el Presidente sabe que todo está perdido.

¿Qué pasará después? A pesar de la resistencia del Estado ecuatoriano, los casos llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a desprestigiar en las sabatinas a la Corte, cuando es una de las instituciones más respetadas de la región? ¿O terminaremos como Venezuela, boicoteando la ejecución de sus fallos o inventando excusas ridículas para no cumplirlos? Lo que sí no tendremos es el argumento facilista y falso de que la Corte violará nuestra soberanía cuando nos condene, porque eso implicaría deslegitimar condenas anteriores y, sobre todo, porque el pueblo aprobó una norma de Montecristi que ubica al Derecho Internacional de Derechos Humanos y, por tanto, a la jurisdicción de la Corte Interamericana, por encima de la misma Constitución. Así que Ecuador tiene dos opciones: o cambia completamente su estrategia o se resigna a formar parte de la oscura lista de países que aplastan los derechos básicos de sus ciudadanos y lo hacen, a mucha honra, a vista y paciencia del mundo entero.