FUMIGACIONES: EL ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA

Desde 2001, aviones colombianos llegaron a erradicar con glifosato la coca de la frontera. Colombia amparaba sus acciones en la lucha contra el narcotráfico, pero el glifosato comenzó a volverse enfermizo y la prensa ecuatoriana reportó la afectación a las plantas, la tierra y los campesinos del lado ecuatoriano.

Según la entonces canciller ecuatoriana, María Isabel Salvador, pasaron siete años “de esfuerzos diplomáticos infructuosos y frustrantes” en los que se solicitó a Colombia el cese de las aspersiones y, al final, Ecuador no tuvo otra opción que presentar la demanda ante la CIJ en 2008. El gobierno ecuatoriano denunció que los aviones llegaron a fumigar y a matar, y pidió que Colombia pagara una indemnización por los daños ambientales y a la salud. Además, pedía a la CIJ declarar que Colombia había violado “sus obligaciones bajo la ley internacional, permitiendo el depósito en el territorio de Ecuador de herbicidas tóxicos”.

En principio Colombia rechazó la demanda, argumentando que las aspersiones respetaban los protocolos internacionales, y que Ecuador no respondió al compromiso de Bogotá de indemnizar a los ecuatorianos que hubieran sufrido “algún perjuicio por causa de la aspersión aérea”.

Pasaron cinco años y el fallo estaba próximo a conocerse, pero está vez fue el gobierno colombiano el que hizo esfuerzos diplomáticos para negociar antes de que la CIJ tomara la decisión final.

Ambos países anunciaron estar cerca de concretar un acuerdo. El pacto implica que Colombia avisará antes de realizar fumigaciones en un área fronteriza de 10 km y las aeronaves que realicen esas operaciones no volarán a más de 40 metros de altura, para evitar la afectación de plantaciones legales. Además, Colombia entregará a Ecuador una contribución económica para el desarrollo social y económico de las áreas de frontera. Ninguna de las partes ha informado sobre el monto que Bogotá deberá pagar a Quito.

Para Ricardo Abello, profesor de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, no es fácil adivinar cuál habría sido la decisión final de la Corte. “Era un proceso sui generis. Se tenía en cuenta un daño ambiental transfronterizo y determinar cuales eran los prejuicios era bastante complejo. Determinar si Colombia tenía o no la obligación de fumigar a 10 km de la frontera tampoco era fácil. Había argumentos de lado y lado”.

En todo caso, para el experto resulta mejor “un mal arreglo que un buen pleito”. Dice que el pacto es una buena salida, “en la medida en que son aspersiones de difícil control con glifosato y que el acuerdo plantea seguir la lucha contra el narcotráfico con apoyo de los estados vecinos, causando mínimo o nulo impacto ambiental”.

¿Y las víctimas?

Adolfo Maldonado es miembro de la Clínica Ambiental, asociación creada para aplicar políticas de reparación a víctimas ecuatorianas de las aspersiones aéreas. Desde 2001, trabaja en recoger evidencia de los daños causados por el glifosato, que han servido para sostener la demanda de Ecuador en La Haya. Maldonado contabilizó la muerte de 12 ecuatorianos a causa de las fumigaciones. En conversación con El Espectador, dice que a él y a los campesinos de la frontera, el retiro de la demanda les cayó como un “jarrón de agua fría”.

Sobre el compromiso colombiano de que sus aviones no vuelen a más de 40 metros, Maldonado dice que esto no sirve para proteger a la población civil sino a los pilotos, porque los estragos de las fumigaciones siguen siendo los mismos. Además, afirma que Ecuador no tiene capacidad para controlar y medir que ese acuerdo se cumpla.

El médico e investigador asegura que el dinero que Colombia entregará a Ecuador para impulsar el desarrollo en la frontera no supone una reparación completa de las víctimas. “La primera medida de reparación era la restitución, es decir, permitir que los afectados vuelvan a su situación original, pero no conocemos una propuesta de reparación de los suelos en la frontera, por lo que la restitución no estaría contemplada totalmente en el acuerdo. Al final, el dinero que dé Colombia se invertirá en centros de salud para que los afectados se curen de nuevas fumigaciones”.

Otra medida de reparación que queda pendiente, según Maldonado, es la de satisfacción de las víctimas que empezaría porque el gobierno colombiano pida disculpas. “A Texaco se le puso una demanda por US$9mil millones por daños que generó, y la demanda se duplicaba si no ofrecía disculpas. No sé si Colombia vaya a pedir disculpas o el acuerdo va a quedar así”.

A los campesinos ecuatorianos y a la Clínica Ambiental les preocupa que, después de cinco años de investigación, no se conozca la verdad. Dice Maldonado que es probable que la información recogida sobre los daños provocados por el glifosato permanezca oculta. “Esto no sólo haría que la situación quedé como estaba durante las aspersiones, sino que perjudicaría a 2.400 campesinos que pusieron otra demanda en 2001 en Washington contra Time Corp., por fumigaciones realizadas con el Plan Colombia, y esperan esa información para alimentar sus argumentos”.

Por último, el experto insiste en que no hay garantías de no repetición. “Según conocemos, Colombia volverá a fumigar pero con aviso previo. Durante estos años se abrió un paréntesis positivo: Colombia dijo que iba a hacer erradicación manual. Eso hizo que los campesinos volvieran a sembrar. Mientras se erradicó manualmente no hubo bajas civiles en Ecuador ni Colombia, aunque Colombia argumentó que había soldados fallecidos por las minas. Ahora se cierra ese paréntesis, y sentimos que volvemos a como estábamos hace cinco años”.

Ecuador y Colombia anunciaron que están cerca de cerrar un acuerdo por el cual Quito retirará la demanda que interpuso contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por las aspersiones con glifosato en la frontera. En Colombia el pacto se ve como una buena salida antes de un impredecible fallo de la Corte, pero las supuestas víctimas ecuatorianas de las fumigaciones dicen que el pacto los deja sin garantías de reparación.

Por: Daniel Salgar Antolínez