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viernes, noviembre 22, 2024

El caso Restrepo: 34 años de impunidad

Por Rommel Aquieta Núñez*

“Transcurridos unos 45 minutos a una hora aproximadamente, volvió Llerena con el detenido. Todo él se encontraba golpeado y en estado de inconsciencia, a tal punto que lo traían cargado de cada lado el sargento Llerena y el agente Chocolate. Al verle, su hermano menor se acercó a la puerta hacia las rejas y gritó que avisaría a sus padres cuando saliese. Con gritos soeces, el Sargento Llerena le dijo: hijo de puta, lárgate para adentro mafioso”, relata Hugo España, exagente del Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), en su libro El Testigo, publicado en 1996. En el repasa varios delitos de Estado que se perpetraron entre 1984 y 1988 en Ecuador, incluyendo el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo, que este 8 de enero cumple 34 años sin cerrarse todavía y con la responsabilidad total de un gobierno que decidió que este hecho se convirtiera en un secreto de Estado.

El 8 de enero de 1988, Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendy, dos hermanos, el primero de diecisiete años y el segundo de catorce, salen de su casa ubicada en la urbanización Miravalle, en un vehículo Trooper, rumbo al norte de la ciudad de Quito, para recoger a un amigo y llevarlo hasta el aeropuerto. Santiago y Andrés nunca llegaron a su destino.

En medio de su ruta son detenidos por un operativo policial de control vehicular realizado bajo el objetivo de detectar y capturar a cualquier sospechoso jefe de los carteles de narcotráfico y también como parte de las pesquisas a elementos vinculados a grupos subversivos ecuatorianos.

León Febres Cordero, expresidente del Ecuador, presentó como insignia el aniquilamiento de los movimientos subversivos Alfaro Vive Carajo (AVC) y Montoneras Patria Libre (MPL), catalogados como terroristas desde 1983. Los grupos y fuerzas especiales creadas por el febrescorderismo (1984-1988) bajo la Ley de Seguridad Nacional, continúan trabajando hasta el último día para ejecutar intachablemente la tarea para la cual fueron creados: aniquilar cualquier tipo de oposición al régimen de turno, aniquilar al “enemigo interno”.

La Comisión de la Verdad de Ecuador, creada en 2007, registró entre 1984 y 2008, 118 casos de violaciones a los derechos humanos. Las víctimas de dichos casos, varios de ellos colectivos, sumaron un total de 456 personas. Los casos por desaparición forzada ascendieron a 17. El caso de la desaparición de los hermanos Restrepo es para muchos ecuatorianos el más emblemático de ellos.

Y es que aquel 8 de enero no solo fue el comienzo de una búsqueda incansable, de un drama familiar, de una historia que marco al país. Este caso fue el develamiento más potente de la política interna de terror que el gobierno socialcristiano venía imponiendo a lo largo y ancho de todo el país. “No habrá sacrificio capaz de detenernos”, declaró Febres Cordero al presentar a su equipo de gobierno. Nadie imaginó que ese sacrificio sería el de cientos de jóvenes, incluidos Santiago y Andrés Restrepo, que fueron víctimas del terrorismo de Estado de la época.

Durante los primeros meses de la desaparición de estos dos menores de edad, la familia Restrepo Arismendy, aconsejada por la subteniente Doris Morán, mantuvo el caso lejos de los medios y la opinión pública. Esta oficial de policía tenía 22 años cuando fue designada para hacerse cargo del caso y poca o casi nula era su experiencia investigativa. Según información obtenida por la Comisión de la Verdad en el caso Restrepo, la subteniente Morán intentó construir rápidamente una imagen de los menores como drogadictos y alcohólicos, llegando a forzar incluso declaraciones de sus propios compañeros de estudio y amigos cercanos. A Carlos Santiago -el hermano mayor- llegó a vincularlo con la izquierda radical del país asegurando que era parte de la subversión que tenía vínculos con Colombia. Esto mientras en varias ocasiones les aseguró a los padres de los menores que ambos se encontraban con vida, que estaban bien y que su regreso a casa estaba a punto de concretarse.

La policía no hacía más que inventar y crear múltiples historias falsas alrededor de lo sucedido. La más conocida de ellas fue la del accidente de auto donde supuestamente los dos hermanos perdieron la vida. El cinismo policial y su astucia llegó al punto de realizar un gran operativo de rescate entre el 17 y el 19 de febrero de 1988, donde se confirmó que los restos de un vehículo encontrado en la quebrada Paccha, eran precisamente parte del auto en el que viajaban aquel viernes los dos hermanos.

Según señala la Comisión de la Verdad, para junio de 1990, la policía nacional concluyó que los jóvenes murieron en aquel accidente de tránsito. El informe policial de esta investigación llegó incluso a afirmar que el Trooper en el que viajaban los dos menores se precipitó al fondo de la quebrada Paccha y que sus cuerpos no fueron encontrados debido a que pudieron ser devorados por animales de la especie fluviomarina en el curso bajo del río Esmeraldas.

La suma de este tipo de informes, conclusiones y contradicciones generó mayor controversia y atención al caso. Tras ocho meses de mentiras y contradicciones policiales, la familia decidió comenzar un reclamo público. A esto se sumaron las demandas de la sociedad y de la opinión pública que exigían verdad y justicia. Para marzo de 1989, Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendy, comenzaron a realizar plantones y protestas pacíficas frente al Palacio Presidencial en el centro histórico quiteño. Todos los miércoles hasta este lugar llegaban activistas, personas solidarias, miembros de organismos de derechos humanos y familiares para apoyar los reclamos.

El gobierno del presidente Rodrigo Borja, al evidenciar la gravedad de los hechos, decidió establecer una Comisión Internacional que investigue la desaparición de los hermanos Restrepo. La Comisión Especial investigadora para el caso fue creada en julio de 1990. En ella fue muy importante contar con la participación y el apoyo de peritos y expertos nacionales y extranjeros para el esclarecimiento de lo sucedido. A lo largo de las investigaciones dentro del caso se llegaron a practicar pericias especiales y se analizó evidencia en distintos países como Colombia, Perú, Argentina y Estados Unidos.

Esta Comisión Especial tras culminar sus investigaciones concluyó que en la desaparición de los menores no huboningún accidente de tránsito, que ambos hermanos desaparecieron en manos de la Policía Nacional y que además existió negligencia en las indagaciones policiales y esfuerzos evidentes de miembros de esta institución para encubrir los hechos delictivos relacionados al caso. Por último, la comisión concluyó que, aunque los cuerpos de los menores no han sido encontrados, los hermanos Restrepo están sin vida.

Han pasado 34 años desde que estos hechos ocurrieron, desde que el terror y luego las mentiras lo tiñeron todo, no solo para la familia Restrepo Arismendy, sino también para gran parte de la sociedad ecuatoriana. Dice la investigadora social argentina Elizabeth Jelin, que “la memoria es un espacio de lucha política, y no pocas veces esta lucha es concebida en términos de la lucha contra el olvido”, es decir recordar para no repetir. ¿Cuánta memoria necesitamos para estar claros que episodios como estos no pueden volver a ocurrir? Las prácticas de terror, los grupos especializados contra la subversión y los agentes policiales que protagonizaron esta ola de violaciones a los derechos humanos todavía existen. Hoy tienen otras especializaciones, de eso no hay duda. El “enemigo interno” parece no haber sido aniquilado. Todavía hoy se busca que sus huesos terminen en la cárcel y el Estado sigue dejando claro que es capaz de enfrentarlo con todo su poder y toda la fuerza pública.

Quizás para muchos este sea solo un año más de la detención, tortura, muerte y desaparición de los hermanos Restrepo, quizás muchos dirán que ya la familia Restrepo Arismendy fue indemnizada por lo ocurrido y que deberían dejarlo así porque ya ha pasado mucho tiempo. Pero lo que muchos no dicen es que el compromiso que asumió el Estado ecuatoriano y el que debería asumir con todos los desaparecidos en Ecuador hasta la actualidad es ejecutar una completa, total y definitiva búsqueda para recuperar a sus cuerpos.

Es indispensable recordar, traer al presente y exigir al gobierno la creación de políticas y espacios de memoria para nunca olvidar que estos hechos también forman parte de nuestra historia. La responsabilidad del Estado sobre el caso Restrepo sigue viva y mientras existan demandas de justicia y verdad poco se habrá hecho. Escarbar en el pasado y buscar un nuevo sentido sobre él dentro del presente y el futuro, resulta sin duda una demanda urgente y necesaria.

¿Dónde están los hermanos Restrepo? Todos aquellos que recuerdan y conocen el horror de este episodio deberían seguir haciéndole esta pregunta al Estado y tener claro que tal como lo dijo alguna vez el filósofo Tzvetan Todorov, “aquellos que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar su voz contra otro horror, muy presente, que se desarrolla a unos cientos de kilómetros, incluso a unas pocas decenas de metros de sus hogares”. Ya que de esta manera y lejos de seguir siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, como la memoria se ha de poner al servicio de la justicia.

Aquellos que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar su voz contra otro horror, muy presente, que se desarrolla a unos cientos de kilómetros, incluso a unas pocas decenas de metros de sus hogares.

–Tzvetan Todorov



*Rommel Aquieta Núñez, papá y lector de tiempo completo. Comunicador social, periodista e investigador independiente en temas de memoria política. Magíster en comunicación mención en visualidad y diversidades.

Foto: Archivo La Línea de Fuego


 

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