El cierre de la Fundación Pachamama el pasado 4 de diciembre del 2013 porque “ejecutaba acciones que no constaban en sus fines y objetivos estatutarios” es arbitrario, injusto, preocupante. El Estado, a través del Ministerio del Ambiente, resolvió que Pachamama tenía conexiones con las protestas del 28 de noviembre de 2013 contra la XI Ronda Petrolera y que eso atentaba “contra la seguridad interna del Estado y a la paz pública”. El documento del MAE puede verse aquí. Un análisis sobre el cierre puede verse aquí. Cartas de solidaridad aquí, aquí y aquí.
Sin embargo, el cierre de Pachamama nos enfrenta también a una discusión impostergable: el rol de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en la sociedad. Porque ¿no es verdad que las ONGs jugaron un papel importante en el desmantelamiento del Estado? Y no solo eso, sino en el desmantelamiento y deslegitimación de otras formas de organización social y política. Todavía recuerdo los comentarios que oía de niña acompañados de risas sardónicas que decían que ‘fulanito ya consiguió trabajo en una fundación’ luego de la desbandada dentro de los partidos de izquierda tras la caída del Muro de Berlín. Entrar a trabajar en una ONG era la forma en que se podía seguir trabajando en pos de ideales sociales mientras se ganaba un sueldo. Yo misma, cuando acabé la universidad, trabajé por años en ONGs ambientalistas (y soy fundadora de una ONG, hace rato inactiva). Allí, resentía el hecho de que las organizaciones se presentaran como despolitizadas –asépticas- y se negaran a trabajar o siquiera hacer pronunciamientos sobre actividades como la extracción petrolera, cuyos impactos negativos en el ambiente eran innegables.
Hoy, en esta etapa de ‘recuperación’ del Estado, desde el gobierno se pone en duda el rol social de las ONGs a las que califica de ‘puntales del imperialismo’ y partícipes del debilitamiento del Estado. En el tema que trato en este blog, las ONGs comandaron el desarrollo de las políticas ambientales en el Ecuador, al tiempo que naturalizaban la idea de que el Estado es torpe y ciego en temas ambientales, generando una dependencia abrumadora de información y ‘experticia’. Nadie quería trabajar en el Ministerio del Ambiente, así que las ONGs hacían casi todo el trabajo técnico y tendían lazos de cooperación con el MAE y municipios para incidir en las políticas públicas. Hoy muchísimos de esos profesionales trabajan en el gobierno, que ha cosechado el acumulado técnico de las ONGs y asimilado su línea ideológica.
Las ONGs introdujeron también el ambientalismo conservador y de mercado en las comunidades rurales y en las urbes. Ese ambientalismo supuestamente apolítico que, paradójicamente, hoy dirige el accionar ambiental del gobierno a través del Ministerio del Ambiente. A esas ONGs jamás ningún gobierno, ni éste ni ninguno anterior, las cerró por ‘hacer política’, cuando era eso precisamente lo que hacían. En los años 80s la extinguida Fundación Natura, por ejemplo, denunció y se opuso a las invasiones del cinturón verde de Quito en el sector de Atucucho, pidiendo que la policía saque a los invasores de tierras, inmigrantes rurales. También denunció al Municipio de Quito cuando éste quiso urbanizar el actual Parque Metropolitano de la Guangüiltagua. ¿Eso no es hacer política? Sin embargo, a nadie se le hubiera ocurrido cerrarla porque no atentaba contra lo que el Estado considera su ‘seguridad interna’: la industria extractiva. En realidad Fundación Natura asumió una posición por lo menos ambigua frente al extractivismo al establecer convenios con petroleras (y no fue la única).
Pero también hay esas ONGs que han cumplido la labor de acompañamiento a procesos de resistencia a actividades extractivas y a la destrucción de ecosistemas como los manglares y los páramos para la acumulación capitalista. También han hecho más que acompañar; han investigado, denunciado y difundido los impactos de esas actividades en la salud de las poblaciones humanas y de los ecosistemas. Sin ellas esos procesos hubieran sido, por lo menos, más espinosos. Este es el tipo de actividades no tolerados por este gobierno, porque lo cierto es que si Pachamama hubiera estado trabajando en ‘resolución de conflictos’ entre empresas petroleras y comunidades, que es un trabajo bien político, no la hubieran cerrado. (La ‘resolución de conflictos’ es, para mí, un tecnicismo utilizado para el trabajo de negociar, reducir la resistencia en una zona y facilitar el ingreso de una actividad no deseada).
Ello no quita, sin embargo, el reconocimiento del rol de esas otras ONGs. Y de ahí se toman gentes como el vice-presidente de Bolivia que analiza la geopolítica de la Amazonía y condena a las ONGs como ‘agentes del imperio’ (libro en PDF) y en el que se basa esta nota de El Telégrafo, criticada aquí. Porque no se puede colocar a todas las ONGs en un mismo saco, hay que reconocer el rol de algunas en la implantación del neoliberalismo (y dentro de éste al ambientalismo de mercado) y en la despolitización de la sociedad. No es lo mismo Pachamama que USAID.
Y esto me lleva finalmente a la reflexión personal sobre los lugares de trabajo y acción de los ambientalistas. Estoy pensando en el lugar como espacio físico pero también como posición política. Siendo las ONGs el lugar tradicional desde el cual se han articulado las luchas ambientales, ¿existen otros lugares para trabajar y actuar? ¿Es la ONG el lugar legítimo para actuar? ¿qué tipo de ONG? Sobre todo, ¿estamos dispuestos a renunciar a la comodidad (profesional, económica) que supone trabajar en una ONG? ¿Podemos adoptar otras formas de organización y trabajo que nos permitan también vivir? Sea cual fuere la respuesta, lo cierto es que el Decreto 16 utilizado para cerrar a Pachamama afecta a todas las formas organizativas que podamos imaginar y allí se funda la solidaridad con ella.
http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/alucinacion-del-poder/
http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/la-suspension-de-la-democracia-/
No se puede desvincular el cierre de la fundación Pachamama en Ecuador y la expulsión de IBIS en Bolivia de la declaración conjunta de Rafael Correa y Evo Morales en Cochabamba, cuando designaron como “enemigos internos”, como si fueran terroristas, a los ecologistas y a las organizaciones sociales o indígenas que critican sus políticas extrativistas.