Stalin Herrera Revelo
Cuando pensamos en el modelo de desarrollo del capitalismo en el campo, solemos resaltar los procesos de despojo, la política pública centrada en asegurar las exportaciones, el carácter primario exportador y sus efectos sobre los trabajadores, campesinos y territorios[1]. En todos los casos, el resultado final es la resistencia testaruda de las comunidades indígenas campesinas frente a la creciente descomunalización y descampesinización de las sociedades rurales. Una resistencia que históricamente ha concentrado sus esfuerzos en la lucha por el reconocimiento, la tierra y la reforma agraria, así como, la lucha por la autonomía y el territorio. Más recientemente, en la lucha por los precios de sustentación, control de importaciones y mercados.
Sin embargo, quisiéramos plantear que la dimensión del problema y el momento es bastante más compleja. La profundidad de la expansión del capitalismo en el campo exige mirar la realidad con otros ojos y renovar nuestras “hipótesis de cambio”. Hablamos de un modelo de desarrollo que, a pesar de los avances constitucionales y la presión indígena campesina, ha instalado un régimen de dominación y explotación en el campo de enorme eficiencia, sobre todo, porque cala en el corazón y la subjetividad de las y los campesinos.
Para que tengamos una idea clara, vamos a usar un trabajo reciente de Daza, et. al. (2020), el cual nos muestra que entre el 2000 y el 2017, mientras el área cosechada de productos ligados a la agroindustria y agroexportación creció de manera acelerada, se perdieron cerca de 400 mil has destinadas a la producción de alimentos para el consumo.
La pérdida de 400 mil hectáreas debe matizarse; no hablamos de campesinos que han sido desalojados de sus tierras, aunque si los hay[2], sino de campesinos que migran sus fincas diversificadas hacia fincas especializadas en monocultivos “agroindustriales y exportación”[3].
Además, debemos pensar e imaginar el poder del modelo y de sus elites. El tema es que el modelo se sostiene gracias a un complejo agroindustrial-comercial-financiero que tiene una enorme capacidad de condicionar la reproducción campesina[4] y transformar las condiciones agroproductivas y agroecológicas de territorios completos.
Elaboración: Instituto de Estudios Ecuatorianos
El mapa multitemporal de la provincia de Los Ríos muestra la creciente especialización de la provincia en maíz, arroz, banano, palma y pastos. El cambio entre 1982 y el 2013, nos da un ejemplo de la enorme transformación, migramos de una provincia diversificada en la que integraba la producción de cacao, café y banano con otros cultivos, a una finca de monocultivos subordinados a la agroindustria. El punto es que la especialización subordinada es una realidad extensiva en gran parte de país. Es un proceso creciente y violento de especialización o expansión de monocultivos que no se produce por la coerción a los campesinos, sino por la construcción de condiciones infraestructurales, dispositivos y transformaciones en las subjetividades aspiraciones con lo cual los campesinos participan voluntariamente de su subordinación.
Esto está asociado a los 70 años de revolución verde, la cual operó como una propuesta de tecnificación y productividad que está presente en la política pública, en las universidades, en las asociaciones y en las ONG. Pero, sobre todo, pensemos en las facilidades de crédito, la disponibilidad de insumos, la oferta de semillas certificadas, los “contratos” o acuerdos de compra de la producción, las franjas de precios o los precios de sustentación, la asistencia técnica, etc. Una oferta de facilidades que se sostiene por las empresas o por el estado, o en las muy conocidas alianzas público-privadas.
Así, cuando vemos el gráfico o los mapas, es importante entender que la migración de campesinos hacia los monocultivos de exportación, así como la creciente especialización de los territorios, es el efecto de la política pública, de las inversiones estatales y la participación activa de asociaciones, ONG, cooperativas y organizaciones campesinas que demandan asistencia técnica, crédito, precios, etc.
Aunque los sectores exportadores y la agroindustria se quejan de la falta de oportunidades, lo cierto es las exportaciones crecieron a pesar de la crisis económica de 1999-2000, la crisis alimentaria de 2008, la crisis del precio internacional del petróleo en 2014, y según los datos de mismo gobierno -menos las flores y las frutas en conserva, crecieron en medio de la pandemia 2019-2020 (El Telégrafo, 21 marzo 2021)[5]. Podríamos decir que dada la contracción de la economía mundial se esperaba la caída de las exportaciones, pero el efecto fue el opuesto, la dinámica del consumo global favoreció “nuestras” exportaciones agrícolas; debido a que el banano, el café, el cacao, los derivados de pescado y camarones son parte de la dieta básica global (Europa, Estado Unidos, China, Rusia).
El centro del problema está relacionado con configuración de los grupos económicos en torno a agricultura[6]. Primero deberíamos decir que el origen de la riqueza de muchas de las elites en el país esta vinculado a la agricultura. Segundo, estamos habituados a pensar las elites en la agricultura desde la vieja imagen de los hacendados, el mejor ejemplo es Álvaro Noboa, el ex dueño de la hacienda de banano más grande del país; la Clementina con 10 mil hectáreas. Sin embargo, Álvaro Noboa es, sobre todo, el Grupo Noboa que en el 2012 se estructuraba de 20 empresas que controlan no solo la producción de banano, sino que ha diversificado sus actividades en otros rubros (café, chocolates, pesca), pero además controla el procesamiento de alimentos, la exportación, la producción de insumos asociados a sus cadenas (cartón en el banano), la importación de fertilizantes y dispone de su propia empresa de fumigación.
Entonces, el Grupo Noboa controla la producción, el procesamiento, la circulación, comercialización de alimentos, incluyendo la importación de insumos. Su estructura empresarial, le permite mantener una posición monopólica en las cadenas agroindustriales de las que participa, en especial el banano.
El Grupo Noboa no es el único grupo de empresas que trabajan, tienen intereses, realizan inversiones y comparten privilegios. Como el Grupo Noboa, los mismos datos de la Superintendencia de Compañías del 2012, nos muestran que existen algo más de 40 grupos que tiene algún peso en la agricultura. Son estructuras empresariales diversas, empresas especializadas en otros campos de la economía que controlan no solo la producción, procesamiento, circulación, comercio y exportación de alimentos. El problema de esto es que, dada la diversificación y expansión de actividades en distintas ramas de la actividad económica (producción, comercio, importación, producción de insumos, finanzas, medios de comunicación, construcción, maquinaria, universidad, autos, etc.), funcionan como un complejo-empresarial-agroindustrial-financiero-comercial con una enorme capacidad para condicionar la vida productiva de los agricultores[7].
Comúnmente pensamos en los grupos económicos como poderes anónimos que controlan los mercados e imponen los precios, pero también se traducen en casas comerciales, créditos de fomento productivo, facilidades para comprar maquinaria y equipos, promesas de compra, asistencia técnica, paquetes tecnológicos, la construcción de infraestructura, venta de alimentos básicos, etc.; incluso, la promoción de becas, la profesionalización de productores o productoras y la divulgación de ideas. Bastante lejos del sistema de explotación de hacienda que funcionaba con la combinación de la violencia física y el orden simbólico en el que primaba los dones y acuerdos entre el hacendado y las familias trabajadoras; cuando hablamos del poder comercial, hablamos de prácticas y dispositivos de mercado que seducen a las familias campesinas a participar “voluntariamente” de las cadenas productivas, y con esto, subordinar su finca, su trabajo y su inteliegencia al monocultivo.[8]
Si bien hay quienes gustan imaginar un creciente anonimato del capital, los grupos económicos tienen expresiones políticas que logran controlar los espacios de representación y ordenamiento de la política pública en sus distintas dimensiones territoriales, desde los municipios a la escala local, a la presidencia como escala nacional. Solo para dar algunos ejemplos, a nivel municipal o provincial, Jaime Nebot en Guayas, Marco Troya o el Cholo Mendoza en los Ríos, Zambrano en Manabí; el control de ministerios clave, probablemente el caso de Raúl Ledezma Ministro del Trabajo e hijo de presidente de AEBE la asociación de grandes exportadores bananeros sea el mejor ejemplo, pero también cuenta los vínculos de Xavier Lazo, Ministro de Agricultura, con la producción banano orgánico; podemos mencionar a Pablo Campana Ministro de Comercio Exterior y sus vínculos con el Grupo Nobis; Pedro Álava nuevo ministro de agricultura vinculado con empresas Bananeras; Jorge Marún Rodríguez Ministro de Obras Públicas que junto a su hermano son dueños de la hacienda San José en Los Ríos, con más de 1200 hectáreas dedicadas a la producción de banano, palma y arroz; hasta sus representantes en la Asamblea Nacional, Omar Juez o Marco Troya; y a esto sumemos que Álvaro Noboa que ha intentado ser presidente por tres ocasiones.
Podríamos decir que son las viejas oligarquías territoriales pero son empresarios, políticos de carrera, líderes regionales que ocupan las distintas esferas públicas y logran moldear la política pública (Herrera 2014; Macaroff, 2018). Desde las ordenanzas municipales, a las directrices ministeriales, pasando por los planes, programas y proyectos que promueven negocios inclusivos, encadenamientos productivos, las cadenas de valor, emprendimientos, políticas para los “ciudadanos campesinos” y, uno de los más recientes, impulsar el “Buen Líder Rural” que tiene como objetivo explicito del Ministerio de Agricultura y Ganadería; convertir a los dirigentes en buenos gerentes.[9] La propuesta de “dirigente a gerente” evidencia con claridad el sentido de la propuesta empresarial: la inclusión de los campesinos, sus dirigentes y organizaciones a costa de sintonizar sus intereses con los intereses de la agroindustria.
El poder que tienen es el resultado del control de mercado que se acompaña del control territorial y su influencia en el estado. Esto les brinda una enorme capacidad de resistencia frente a los cambios que la sociedad exige, sobre todo, logran hacer del estado y la política pública una estrategia indispensable para su reproducción y ampliación económica. En tal sentido se debe entender el marco normativo existente en el Ecuador.
Si bien la constitución del 2008 incorporó varias propuestas del mundo indígena campesino, no cambió sustancialmente el marco normativo preexistente, las nuevas leyes no removieron las herencias de la Ley de desarrollo agrario de 1994 que marcó el fin de la Reforma Agraria y las políticas publicas asentaron el modelo de exportación y monocultivos. La presión de las organizaciones logró que la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y aprovechamiento del Agua; Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; y Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable no significaran retrocesos, pero no lograron avances en la democratización sustantiva de los factores de la producción. Uno de los problemas tuvo que ver con las mismas organizaciones, el Gobierno de la Revolución Ciudadana se convirtió en el eje de las diputas internas y se fragmentaron en dos bloques; aquellas que apoyaban y las que se oponían al gobierno, pero hacia el 2017, ninguno se había fortalecido. Lo cierto es que a pesar de los avances constitucionales del 2008 y algunas conquistas de las organizaciones, el conjunto de la política agraria prioriza el desarrollo del modelo agroindustrial y se legitima en una estructura institucional y un marco normativo claramente anti-campesino que, como observa Daza et.al. (2020), se recrudece desde la firma del Acuerdo Comercial con La Unión Europea[10].
Pero, más allá del contenido específico de cada ley y cada programa de gobierno, desde el Mandato Agrario (2007), al Acuerdo Comercial con la Unión Europea (2016), las organizaciones se movilizaron por varías de las leyes que suponían cambios en los cimientos del modelo de soberanía alimentaria (LORSA, ley de tierras, ley de agua, ley de semillas), pero los avances fueron pocos. A pesar de que el gobierno tuvo una mayoría legislativa, la Revolución Ciudadana minó la posibilidad de profundizar la agenda campesina, los marcos normativos no permitieron avanzar en la democratización de activos. Paralelamente, el gobierno avanzó con planes y programas nacionales que en, nombre de la Soberanía Alimentaria, promovieron la integración de la agricultura familiar a las cadenas agroindustriales. Con el acuerdo comercial (2016), el gobierno y las leyes posteriores se alinearon abiertamente con los intereses de las elites: el control de mercados y producción campesina, la subordinación de los pequeños productores, la flexibilidad ambiental y, si bien no está en la lista, la flexibilidad laboral[11].
Como ya se dijo, el complejo empresarial-agroindustrial-comercial-financiero, gracias a la articulación de sus élites, capacidad de ocupar las esferas políticas, incidir o apropiarse de lo público, imponer una estructura normativa y expandir territorialmente su infraestructura empresarial, tienen una enorme capacidad de imponer sus intereses y sortear las presiones de las organizaciones; pero, sobre todo, ha construido un entramado de instituciones y prácticas que, bajo la gran promesa de mejorar sus vidas, condicionan los modos de ser campesino. Hay pocos trabajos al respecto, pero hablamos de miles de campesinos integrados a las cadenas de producción agroindustrial, “comparten los intereses” con el modelo agroindustrial, trabajan arduamente para cumplir el sueño de ser ganaderos, bananeros, palmicultores, hacendados, emprendedores y buenos gerentes.
Ese nuevo modo de ser campesino que se incorpora a la agroindustria y con esto a la ideología “emprendedora”, se aleja de las propuestas de las organizaciones indígenas campesinas, no les interesa Soberanía Alimentaria o el Estado Plurinacional. Podemos verlo en las demandas o “agendas campesinas”, especialmente en la Costa donde las movilizaciones más importantes se relacionan con los precios, la asistencia técnica y el crédito; pero también podemos verlo en la relación de los campesinos con su parcela y sus productos, no es extraño encontrar campesinos que no comen lo que venden, entienden y saben que el uso excesivo de agroquímicos daña la salud, pero priorizan sus “ganancias”.
Finalmente, es claro que el régimen de explotación y de dominación en el campo es más complejo que en los años 80, las elites o el poder de las elites no es el mismo y su proyecto no parece tener un espacio para la vida digna de las familias campesinas y las comunidades indígenas. Sin embargo, no todo está perdido; el avance y profundización de los tratados de libre comercio, la reforma laboral y el extractivismo abren un escenario de despojo y quiebran la promesa de bienestar con la cual opera el modelo.
En términos de gramscianos, hay una brecha en la cual las organizaciones debemos trabajar. El golpe sobre los campesinos es enorme y las organizaciones de productores han puesto en discusión el precio y el mercado, con esto también entra en debate el rol del Estado; pero no es suficiente, debemos dar pasos adelante. El precio y el mercado es una disputa que afirma la condición subordinada de los pequeños productores, necesitamos ampliar el horizonte político, revitalizar la lucha por la Soberanía Alimentaria y el Estado Plurinacional, por la tierra y la autonomía.
Necesitamos recordar que en el Ecuador la política de los de abajo está signada por el mundo rural. Desde 1990 el actor político popular más importante en el país, el movimiento indígena campesino; los elementos más novedosos de la constitución del 2008 tienen que ver con los aportes del proyecto indígena campesino (Estado plurinacional, derechos de la naturaleza, derechos colectivos, soberanía alimentaria, etc.); los ecos de la Insurrección de Octubre llegan desde los mundos rurales; en la contención de la pandemia, allá en la retaguardia de la sociedad, estuvieron las organizaciones y mujeres campesinas sosteniendo la alimentación; y las movilizaciones más recientes están asignadas por el campo. A esto hay que sumar a los trabajadores rurales que están renovando el sindicalismo y son los ecologismos populares los que están dando una durísima resistencia al extractivismo.
Las organizaciones están activas, caminan lentamente y su rearticulación no parece ser una opción, sino, una urgencia del momento.
*Stalin Herrera, Sociólogo, Máster en Estudios Latinoamericanos, Director del Instituto de Estudios Ecuatorianos, miembro de GT CLACSO: Estudios críticos del Desarrollo Rural.
Bibliografía
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Carrión, Diego, 2021, Ampliación del Informe técnico: Impacto de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Período: septiembre de 2019 a junio de 2021, Observatorio del Trabajo y el pensamiento crítico.
Daza, Esteban, Israel Chuquimarca, David Singaña, Tamara Artacker, y Maria José Llerena 2020 Estudio de Impactos del Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea, Colombia, Ecuador y Perú en la agricultura, Caso Ecuador. Berlín: FES-ILDIS.
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Rubio Blanca, 2007, La Explotación por Despojo Sobre los Productores Rurales de Ecuador. XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociologi?a, Guadalajara.
Singaña, David y Carolina Sánchez, 2021, Diversidad y precariedad en tiempos de pandemia: Una mirada hacia el mercado laboral rural, PUCE-IEE, Quito.
Notas al pie:
[1] En esta perspectiva abundan los trabajos y se pueden revisar los Informes del Movimiento regional por la tierra (2015, 2017, 2018, 2019); Hidalgo y Laforge (2018); Herrera et. alt. (2012); Carrión (2015); Brassel, Herrera y Laforge (2008); Rubio (2007).
[2] Existen casos de disputas entre campesinos y haciendas, pero sobre todo en las zonas enfrentadas a la minería, las mega obras de infraestructura, los proyectos inmobiliarios.
[3] Desde el censo agropecuario del 2001 sabemos que hay un porcentaje grande de pequeños productores en clásicos rubros de exportación como el banano, cacao, palma, café; pero además la producción de caña, arroz, maíz que tienen una orientación agroindustrial, también se compone de una proporción importante de pequeños productores.
[4] Recientemente las élites han estado en el debate y hay varios trabajos que muestran su capacidad monopólica y control de mercados (Quevedo, 2013; Pastor, 2019); su influencia histórica en la definición de la política pública (North, 1986; Macaroff 2018a y 2019); y su capacidad de control territorial (Herrera 2015; Macaroff 2018b).
[5] Para ver el comportamiento de la agroindustria en el periodo de pandemia puede verse el trabajo de Artacker (2020)
[6] Los datos que se presentan en las nubes fueron tomados del trabajo de Quevedo (2013), el cual usó el los datos de la Superintendencia de Compañías al 2012.
[7] El texto de Rubio, Campana y Larrea 2008, muestran cómo la vida de los trabajadores bananeros y campesinos están cercados y condicionados por distintos “capitales”.
[8] Se conoce que grandes proporciones de campesinos abastecen las cadenas de agro exportación como el cacao donde aporta con el 80% de las exportaciones y en café aporta el 93%, pero además están en la palma, en la caña, el banano; y sobre todo en sustenta, aproximadamente, en arroz el 49%; 46%, maíz duro; 76%, maíz suave; 64%, papa; 91%, cebolla blanca; 81%, cebolla colorada; 85%, col; 77%, zanahoria; 71%, fréjol seco; 42%, leche fresca; 71%, ganado porcino; 82%, ganado ovino; 73%, huevos de campo; entre otros. Rubros que, según el MAG llega a representar el 4% del PIB (El Telégrafo, 17 agosto 2014)
[9] El telégrafo , 20 abril 2021, Ministerio de Agricultura pone en marcha el programa Buen Líder Rural, en https://bit.ly/3elTpvR
[10] Entre leyes y proyectos de gobierno, se puede mencionar cronológicamente: 2007 Mandato Agrario; 2008 Constitución del Ecuador, 2009; Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA); 2010 Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA) “Escuelas de la Revolución Agraria” / CADERS-PRONERI; 2010 “Plan Tierras”; 2012 2015 Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales; 2012 Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); 2013 Cambio de la Matriz Productiva (CMP) en la agricultura; 2014 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua; 2014 “Plan semillas de alto rendimiento”; 2014 El Plan de Reactivación del Cacao; 2016 La firma de adhesión al Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea; 2017 “Gran Minga Nacional Agropecuaria”; 2017 Agrocalidad; 2017 Código Orgánico del Ambiente; 2017 Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable; 2017 Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, 2020 Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca; 2020 Buen lider rural.
[11] La reforma laboral a favor de las elites fue violenta y tuvo efectos graves para el campo, sobre los efectos pueden verse los trabajos de Macaroff et. alt. (2019), Singaña y Sánchez (2021), Carrión (2021).
