La firma del Decreto 445 del 6 de julio que “restituye” la Educación Intercultural Bilingüe y sobre todo el ofrecimiento por parte del presidente Moreno de entregar el edificio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a la Universidad Intercultural “Amawtay Wasi” ha hecho emerger de la sociedad ecuatoriana sus rezagos coloniales y racistas.
La reacción agresiva de la sociedad en general y de sectores políticos de la derecha y Alianza País (AP) muestran, no solamente un rezago racista, sino también la forma en cómo el proyecto político de la plurinacionalidad se ha asumido desde la sociedad y desde el poder. El proyecto político del movimiento indígena ha sido recortado como una cuestión de indígenas reduciendo su alcance nacional por medio de diferentes estrategias políticas y discursivas. Que la Universidad Intercultural “Amawtay Wasi” sea nombrada en los medios de comunicación y desde el gobierno como una “Universidad Indígena” es un ejemplo claro de la imposibilidad del poder y de la sociedad ecuatoriana de asumir lo que ya está inscrito en la constitución política del Estado. Nos muestra una vez más que aún estamos muy lejos de una transformación profunda de la estructura racista y clasista de la sociedad y el Estado.
La plurinacionalidad implica la transformación profunda de la sociedad en base al reconocimiento no solo cultural sino fundamentalmente político del país, esto es de la existencia de otras formas de gobierno desde las bases de la sociedad ecuatoriana. El proyecto educativo en este sentido tiene una finalidad: acompañar el proceso organizativo y la lucha del movimiento indígena en general, y específicamente dotar de un espacio autónomo que responda a las necesidades de los pueblos y nacionalidades para el desarrollo de la cultura, los conocimientos y los idiomas propios de las nacionalidades. Pero que de ninguna manera está cerrado a la participación del resto de la sociedad. Más bien han sido el poder y la estructura colonial y clasista de la sociedad las que no han podido reconocerse en el proyecto político indígena –de carácter nacional– más que viéndolo como una cuestión de derechos para los pueblos y nacionalidades.
Al mismo tiempo, el proyecto educativo del movimiento indígena no se ha restringido a la satisfacción de una demanda –por demás legítima– sino que se encuentra avanzando hacia la construcción de un sistema de conocimientos indígenas en el contexto histórico actual, esto es de pedagogías y epistemologías fundadas en los saberes que han logrado sobrevivir a la colonización. En este caminar ha creado la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, no como un centro de saber destinado sólo para los pueblos y nacionalidades sino como una alternativa educativa y política en tanto trata de promover y desarrollar otras formas de generar y aplicar conocimiento, que a su vez tiene como finalidad otros horizontes de vida en sociedad. La actual crisis mundial del capitalismo muestra ya –según han dicho las mismas vertientes críticas nacidas en la modernidad capitalista– los límites y peligros de un modo de vivir en sociedad, y la necesidad de imaginar y construir en el presente otras formas de existencia social que no se basen en la explotación y dominación del ser humano y de la madre tierra.
El momento político actual
Ahora, la firma del Decreto 445 se ha realizado en un momento preciso de concreción de las políticas económicas impulsadas por los sectores empresariales del país que habría que tomar en cuenta. El gobierno necesita nuevamente generar un mínimo de consenso social que posibilite la aplicación de la política económica sin mayores riesgos para su legitimidad. Lo tiene desde la mayoría de sectores de derecha –incluidos el ala morenista de AP–, le hace falta generarlo en los sectores sociales y en las izquierdas.
Cabe recordar que el gobierno de Lenín Moreno llegó al poder en medio de una fuerte polarización social y política que devino en debilidad para gobernar y por tanto en la necesidad de generar mínimos consensos políticos y sociales que dieran viabilidad al nuevo gobierno. De ahí los llamados “diálogos” con diferentes sectores políticos y sociales desde la izquierda hasta la derecha.
Espacio de disputa que ha sido aprovechado sobretodo por las facciones empresariales y la derecha política del país para imponer sus políticas económicas. En ese contexto la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también accedió a los diálogos con el gobierno y como resultado de ello se ha firmado el Decreto de restitución de la Educación Intercultural y la Universidad Amawaty Wasi.
El resultado político más importante ha sido que el gobierno de Lenín Moreno ha ido marcando un rumbo político económico que nos es nada alentador para las clases populares donde se incluyen obviamente los pueblos y nacionalidades indígenas. Así, algunos analistas económicos no alineados a la política gubernamental han indicado la deriva neoliberal que el gobierno va sosteniendo cada vez más con más fuerza y con el apoyo mayoritario de los sectores empresariales y de algunas derechas políticas. Esta definición de la política económica del actual gobierno se está concretando sobre todo en la aprobación de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo entre otras reformas, en la continuidad del extractivismo en territorios y comunidades campesinas e indígenas a lo largo del país y en la continuidad y en la inclinación a firmar tratados de libre comercio.
Los ajustes fiscales que algunos analistas económicos cuestionan implican directamente modificaciones en los presupuestos estatales directamente relacionados a la educación, la salud y la seguridad social. Es necesario tomar en cuenta esto para sopesar los alcances y límites reales de la firma del Decreto de restitución de la Educación Bilingüe Intercultural y del anuncio de entrega del edificio de la Unasur a la Universidad Amawtay Wasi.
En términos políticos, dado el contexto de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, la firma del Decreto 445 podía leerse como una estrategia del gobierno para generar un mínimo de consenso social para aplicar la política económica que indudablemente afectará a la población campesina e indígena y que en potencia podría generar una reacción del movimiento indígena. Al mismo tiempo el anuncio por parte del gobierno de la entrega del edificio de la Unasur ha abonado en la deslegitimación de la Conaie frente a la sociedad, lo cual a su vez puede afectar una posible articulación social más amplia con sectores populares y clases medias que puedan hacer frente a la política económica neoliberal en curso.
Esto no significa que la Conaie debía haber rechazado la firma del Decreto 445 y el anuncio de entrega ya que son derechos alcanzados por la movilización de las organizaciones. La tarea ahora es cómo articular y usar este logro en una plataforma de lucha más amplia para exigir la paralización de la política económica que viene. En este sentido sería importante demandar no solamente la aplicación del decreto y su aprobación como ley en la Asamblea Nacional sino a la par exigir la suspensión de la aprobación final de la Ley de Fomento Productivo, y a la vez generar espacios de articulación con otros sectores populares como los trabajadores que serán seriamente afectados con la aplicación de la Ley económica.
Indudablemente desde el poder siempre se querrá tender redes a las organizaciones populares e indígenas, pero debemos encontrar los caminos para poder romperlas y usarlas a nuestro favor, esto dependerá de la capacidad política de la dirigencia indígena para moverse en un momento político complejo de tal forma que no quedemos atrapados entre la derecha y el progresismo como sucedió en la década pasada.
