21 de Diciembre 2015
Ha vuelto a suceder, la madrugada del 16 de diciembre de 2015 más familias del barrio de San Marcos en Tundayme (El Pangui) han sido desalojadas, sus casas tumbadas, su vida construida durante décadas en esta parte del sur de la Amazonía, reducida a escombros y enterrada para no dejar huella. Con el tiempo justo para recoger escasas pertenencias ante la atenta mirada del poder, pensando dónde podrán dormir esa noche, qué ocurrirá con sus animales una vez se desperdiguen por las colinas de la zona. La situación no se debe al estallido de un volcán ni a la llegada de tsunami. Se debe a la actuación de la policía nacional de Ecuador y miembros de una compañía privada de seguridad, dirigidos por los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero del Estado ecuatoriano (ArCom), que se ha convertido en el brazo ejecutor del proyecto minero Mirador, concesionado a la empresa china Ecuacorriente, para explotar el cobre contenido en el cerro anexo a San Marcos, para desgracia de su población.
La decena de familias despojadas el 16 de diciembre se suman a las 16 desalojadas el 30 de septiembre, con lo que el barrio de San Marcos ya no tiene ningún habitante. La destrucción del barrio comenzó el 12 de mayo de 2014, cuando operarios de la minera china con protección de la policía derrumbaron la escuela y la iglesia que habían sido levantadas a través del trabajo comunal. El Estado relata a través de un video de la Gobernación que las familias desalojadas han sido reubicadas en casas “acordadas”, sus pertenencias llevadas hasta ellas, que se trataba de gente invasora que ya había sido indemnizada con más de 400.000 dólares. Los 70 millones de dólares que ha entregado Ecuacorriente en concepto de regalías anticipadas son mostrados como la cara “responsable” de la minería, que incluye la construcción de Unidades Educativas del Milenio (UEM), un hospital, o la promesa futura de la construcción de Comunidades del Milenio.
Durante la semana pasada, pudimos realizar una visita de campo para ver la forma en la que la minería estaba cambiando la región, la implementación de nuevas escuelas, la promesa de campus universitario, la visión de las autoridades, la situación de Tundayme y de las familias desalojadas en septiembre, y las ahora desalojadas cuando aún estaban en sus casas. La imagen ofrecida dista mucho de la versión de la Gobernación, pudimos visitar a distintas personas desalojadas el 30 de septiembre y constatar la realidad.
No había ningún acuerdo de reubicación previo porque el desalojo se realizó sin previo aviso, durante la noche, por lo que las familias no fueron reubicadas. En el mismo momento posterior a ver sus casas destruidas y enterradas, tuvieron que ver dónde pasaban la noche: quienes tenían familiares en sus mismas casas, quienes no arrendando algún cuarto durante el mismo día. Las personas se quedaron únicamente con la ropa que en medio del desalojo adivinaron a ponerse. En algunos casos sus pertenencias las llevaron en camiones y hasta hoy no han sido entregadas, no ha habido notificación alguna de cómo o cuándo se les entregarán y aseguran que no es de ninguna persona desalojada la casa que aparece en el spot de la Gobernación. Sus relatos se encuentran en el siguiente video.
A algunas familias se les entregó dinero en concepto de compra de parte o el total de sus terrenos en el pasado, siempre mediante negociaciones engañosas, pero otras no han recibido ni un dólar hasta la actualidad. Las familias consideradas invasoras no lo son, pues uno de los propietarios que no ha vendido su predio cedió los terrenos para que estas familias del sector pudieran continuar viviendo en San Marcos y se constituyó en estos terrenos el área de propiedad colectiva de CASCOMI (Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador), reconocida en 2014 por el CODENPE. Los montos ofrecidos por la ArCom en concepto de “servidumbre minera”, una fórmula legal que permite confiscar los terrenos que sean necesarios para la explotación minera “dentro o fuera de la concesión, son irrisorios respecto a la calidad de las posesiones de los finqueros. Lo que solicitaban era no tanto mejorar la oferta económica de la servidumbre, sino una permuta de terrenos con condiciones similares que permitiera a las familias seguir con su ocupación ganadera. Sin embargo, la respuesta del Estado consistía en la intimidación a través de visitas de funcionarios y policías en la noche solicitando la aceptación del cheque para evitar un desalojo intempestivo, que finalmente se produjo esta semana.
Tundayme no disfruta de las promesas que se hicieron con el pago de regalías mineras por parte de Ecuacorriente. Pese a que fueron una promesa del Estado, no hay UEM ni Comunidad del Milenio, que en el mejor de los casos tardarán varios años en llegar, pues la empresa china no pagará la siguiente remesa de regalías hasta que termine la fase de construcción. Además, el hecho de que haya proyectada esta dotación educativa sirve como justificación para que Ecuador Estratégico, la empresa estatal que gasta las regalías mineras, no realice mejoras en la escuela existente, inundada de ruido y polvo por el paso de maquinaria pesada. El camino de esta maquinaria pasa por la comunidad shuar de Yanúa, próxima a Tundayme. Allí es donde vivía José Tendetza, asesinado a finales de noviembre de 2014. Entrevistada su familia se expresan con claridad: lo mataron por su liderazgo antiminero en defensa de los derechos humanos ante la compañía china Ecuacorriente.
El Pangui se ha convertido en el centro de la inversión de regalías, incluyendo una nueva UEM. Con una inversión de más de 5 millones de dólares, la UEM Arutam está dotada con laboratorios de inglés, química y computación. Sin embargo, su diseño está más preparado para la sierra, por lo que presenta fallas en su construcción y se calienta como un horno. La necesidad principal continúa siendo profesorado con titulación posterior al bachillerato, ya que la planta de la UEM procede mayoritariamente de la escuela cerrada en El Pangui, la Unidad Educativa Tumbes Marañón, que ha sido abandonada pese a ofrecer una infraestructura renovada hace pocos años con dotación para más de 700 estudiantes. La configuración educativa de la zona ha cambiado profundamente, y se encuentran a lo largo de la vía Troncal Amazónica distintas escuelas de este tamaño cerradas. Además, inicialmente había transporte gratuito para todos los estudiantes de la UEM pero ahora quienes proceden de escuelas que siguen abiertas deben costearse el viaje, por lo que quienes tienen menos recursos vuelven a las escuelas unidocentes bilingües. Los docentes entrevistados de la propia UEM indican que con una inversión menor se podría haber realizado una mejora de las escuelas más racional y completa a partir de las verdaderas necesidades de los centros educativos de la zona. Pero esas mejoras, siendo más sutiles y modestas, no hubieran dado un espectáculo suficiente para los enlaces ciudadanos, la “sabatina”, que mostró la flamante UEM Arutam.
A la inauguración de la UEM se había unido la promesa de la construcción de un campus de IKIAM, la nueva universidad regional amazónica, concebido como especialista en ciencias de la tierra enfocado para el nuevo desarrollo industrial minero. Lo cual había generado grandes expectativas pues habría sido la primera sede universitaria en la provincia de Zamora-Chinchipe. Pero se anunció la semana pasada que no llegará una extensión de esta universidad. Se buscan alternativas: se anunció que en los mismos terrenos destinados para IKIAM se ubicaría una extensión de la Universidad Estatal Amazónica del Puyo, pero fuentes de esta universidad indican que por ley no es posible colocar extensiones fuera de su provincia, y que además es poco atractivo para una universidad una extensión que no reúna las mismas condiciones que la matriz puesto que podrían ser rebajadas en su categoría ante Senescyt. La opción más factible sería colocar un instituto politécnico en la zona, que volvería a retrasar la posibilidad de contar con estudios universitarios, la verdadera barrera al acceso a la educación superior dados los costes de estudiar en ciudades próximas como Cuenca o Loja. Además un instituto politécnico cumple mejor con las necesidades a corto plazo del sector minero, que necesita mano de obra calificada en metalmecánica o conductores de maquinaria pesada más que ingenieros especializados que proceden en su totalidad de otras áreas de Ecuador y del mundo.
Por todo ello, la inversión de regalías mineras anticipadas en el área, mayoritariamente en infraestructura educativa, parece más una pantalla propagandística que un intento por mejorar realmente las condiciones de acceso a un derecho básico como es la educación. Una pantalla que funciona para las verdaderas dimensiones de despojo que supone un proyecto minero de gran escala, que se puede palpar a través de lo sucedido en poco más de un año en Tundayme. San Marcos es hoy una explanada vacía, un espacio arrasado sin una sola vivienda , donde se quiere construir la piscina de deshechos mineros, donde hace pocos meses había un área llena de vida, de familias ganaderas con sus fincas, sembríos, animales domésticos, árboles frutales y bosque, con infraestructuras comunales educativas, viveros, iglesia, etc. Tras las vallas de la Revolución Ciudadana que enuncian que “La minería mejora tu comunidad”, las familias de San Marcos, la familia Tendetza, claman justicia.
