En los últimos meses la política económica y financiera del gobierno de la revolución ciudadana ha enviado señales confusas en cuanto a su orientación técnica e ideológica. Vale la pena recordar que la propuesta de mensualización obligatoria de los décimos para el sector público y optativa para el sector privado, propuesta que se puede entender como un intento por aumentar el dinamismo de la economía nacional mediante el componente gasto, es enmarcado en una política de restricción y sustitución de importaciones. Al mismo tiempo se negoció y se dio por sentada la adhesión del Ecuador a un TLC con la Unión Europa muy similar al acuerdo firmado por Colombia y Perú, el cual garantiza un extremo aperturismo comercial.
Después, en una jugada poco debatida y explicada, el gobierno nacional acudió a las instituciones financieras internacionales, a las cuales en más de una ocasión ha calificado de mafias internacionales. Entregó el oro físico de la reserva nacional a Goldman Sachs bajo la figura de colateral, a cambio de un crédito de $500 millones (1,5% del presupuesto 2014), para luego, con el beneplácito del Fondo Monetario internacional, FMI, emitir bonos por un valor de $2.000 millones (5,8% del presupuesto 2014) cuyo rendimiento es de casi el 8%, al mismo tiempo que países como Perú o Colombia lo hacen a tasas no superiores al 4%. Mientras tanto, las autoridades económicas afirman que la economía del país es sumamente líquida y sostenible.
A continuación el país fue testigo de cómo, en contra de un dictamen constitucional, el presidente Correa afirmaba que el espectro radioeléctrico es un recurso natural no renovable. Como consecuencia, opinó, las utilidades de los trabajadores de las telefónicas privadas debían en su mayor parte ser captadas por las arcas del Estado, yéndose así en contra de los derechos conseguidos por los trabajadores, y una vez más sin afectar un solo centavo de las ganancias del gran capital trasnacional. Mediante esta declaración para nada revolucionaria se garantizó por lo menos $100 millones anuales para el Estado (0,3% del presupuesto 2014). A esta abusiva intención se suma la de apropiarse de los fondos previsionales de los trabajadores bajo el argumento de que estos fondos se componen en parte de aportes públicos, sin tomar en cuenta ni respetar la condición de privados de estos activos.
A intenciones como estas, en los últimos días se han sumado ideas como el impuesto a la plusvalía, que pretende gravar las ganancias de los especuladores de tierras. Esto a pesar de que en el artículo 556 del COOTAD ya existe una figura para este tipo de casos, y una vez más sin cuestionar el monopolio de la propiedad de la tierra en el Ecuador, y haciéndose de la vista gorda con respecto a la tan anhelada reforma agraria que han buscado por muchos años los sectores campesinos y sociales.
La última propuesta tributaria del Presidente consiste en aplicar un impuesto a la comida chatarra. Sin embargo, la propuesta no se basa en un concepto técnico de este tipo de alimentos, sino en un discurso sobre precautelar la salud y la atención médica futura de los consumidores. Parece que el Presidente prefiere ignorar que en primer lugar la aplicación de este tipo de impuestos promueve la creación de negocios clandestinos que no reúnen las condiciones físicas ni sanitarias ideales, y en segundo lugar que si bien en el corto plazo el consumidor restringe su gasto en los productos gravados, en el mediano y largo plazo regresará a sus viejas tendencias de consumo a pesar de los altos tributos.
Durante las últimas semanas los titulares de finanzas y de política económica han confirmado a los medios de comunicación la negociación y recepción de nuevos créditos. Petroecuador recibió US$1.000 millones de Noble Américas (proveedor de la estatal) debido a un afán de liberar recursos de la proforma presupuestaria 2.015, y a cambio de adquirir el 55% de los derivados que el país requiere solo a esta firma. Al mismo tiempo vienen nuevos desembolsos del FLAR (Fondo Latinoamericano de Reservas) y de los bancos manejados por el gobierno chino, aumentando así el nivel de endeudamiento externo.
Ante esta coyuntura es importante entender que estas acciones económicas y financieras se desarrollan dentro de un marco deficitario de la economía nacional en el que la reducción de la demanda de bienes primarios desde China, el estancamiento y progresivo retroceso del precio del petróleo, junto a la desaceleración de la economía de la región y la falta de inversión privada están pasando factura al Ecuador. Las autoridades se nieguen a aceptarlo. No obstante esta condición puede explicar la conjunción entre el aumento de la presión fiscal, la toma de decisiones impopulares, la emisión de un nuevo código monetario, la entrada en circulación de un dólar electrónico ambiguamente respaldado, y la creación de una Junta de Regulación Monetaria y Financiera sin responsabilidad penal.
A decir de los ministros del ramo, la economía del Ecuador está sumamente sana y financiada. Pero en ese caso cómo deben entender los ecuatorianos la emisión de bonos, el colateral por una cifra irrisoria en comparación al tamaño de la economía nacional, las apropiaciones abusivas del dinero de los trabajadores, los impuestos ilógicos, el retorno a los mercados internacionales de valores y a los organismos multilaterales de crédito. Ante un panorama inestable y sombrío del precio internacional del petróleo, el gobierno trata de blindar su plan político y económico sin tomar en cuenta que en el futuro, cuando la revolución ciudadana termine, otros serán quienes deban hacer frente a tan agresivo nivel de endeudamiento. Una deuda que está próximo a llegar al techo técnico en relación al PIB, es decir del 40%.
*El extracto de este artículo fue publicado bajo el mismo título en el N°55 del revista mensual Opción Socialista
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