Público.es
11 Noviembre de 2013
La muerte de un adolescente en la periferia de Sao Paulo es una noticia tan cotidiana que pocas veces llama la atención de los medios. Sin embargo, los graves disturbios que siguieron al fallecimiento de Douglas Rodrigues por el disparo, supuestamente accidental, de un policía que acudió a atender una simple queja por ruido, han vuelto a traer al primer plano uno de los problemas sociales más graves del Brasil del milagro económico: la violencia contra los pobres y, especialmente, los jóvenes negros.
La propia presidenta Dilma Rousseff salió al paso de estos hechos admitiendo que la misma violencia que acabó con la vida de Douglas la sufren “millares de otros jóvenes negros”. Esta semana, durante la III Conferencia Nacional para la Promoción de la Igualdad Racial que se celebró en Brasilia del 5 al 7 de noviembre, la representante del Consejo Nacional para la Igualdad Maria Júlia Nogueira fue más lejos al reclamar medidas urgentes frente a lo que calificó de “genocidio de la juventud negra en Brasil”.
Genocidio, extermínio. Son algunos de los términos utilizados para designar la violencia que sufre la juventud afrodescendiente en Brasil. Y los datos parecen confirmar la exactitud de las calificaciones. Según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea, según sus siglas en portugués), en dos de cada tres muertes violentas, de las más de 60.000 que anualmente se registran en el país, las víctimas son negras o mulatas.
Con estas cifras, la tasa de homicidios para la población afrodescendiente se sitúa en 36,5 por cada 100.000 habitantes, frente al 15,5 de la población blanca. El estudio del Ipea destaca que estas cifras suponen una potencial reducción de 20 meses y medio en la esperanza de vida de los ciudadanos negros. Pero, sobre todo, el informe llama la atención sobre la edad cada vez menor de las víctimas: si en la pasada década de los 80 su edad media era de 26 años, en la actualidad se sitúa en los 20.
Pero lo peor es que el fenómeno va en aumento. Julio Jacobo Waiselfisz, sociólogo y coordinador en Brasil del área de estudios sobre la violencia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) destaca en este sentido que si entre los años 2001 y 2010 el número de víctimas blancas de homicidio cayó un 27,1%, el de negros se incrementó en ese mismo periodo un 35,9%.
Según el investigador de Flacso, solo en 2010 murieron por actos de violencia unos 35.000 afrodescendientes. “Estos números deberían ser preocupantes para un país que aparenta no tener enfrentamientos étnicos, religiosos, fronterizos, sociales o políticos. Representan un volumen de muertes violentas muy superior al de muchas regiones del mundo que atraviesan conflictos armados”, destaca.
A la vista de estos datos, Raquel Villadino, coordinadora del Programa para la Reducción de la Violencia Letal entre Adolescentes y Jóvenes de Rio de Janeiro, se mostraba muy crítica con el hecho de que solo el 8% de los programas de prevención de la violencia incluyan criterios raciales en su diseño. “El racismo -asegura- es un elemento estructural en la letalidad de la juventud negra. No solo estamos ante un proceso de criminalización de la pobreza sino, más en particular, de la juventud negra que vive en espacios populares”.
Ante la dimensión del problema, los poderes públicos comienzan a reaccionar. El pasado septiembre se puso en marcha el programa Juventud Viva. Impulsado por el gobierno federal a través de la Secretaría para la Promoción de la Igualdad Racial (Seppir), el programa busca coordinar a las distintas administraciones en acciones que van desde actividades extraacadémicas para ocupar el tiempo de los adolescentes en los cambios de turno, a inversiones en la construcción de centros culturales en áreas de riesgo, concesión de microcréditos para jóvenes emprendedores, o programas de formación racial para la policía, una de las instituciones menor valoradas y en la que menos confían los brasileños.
Juventud Viva ha comenzado como experiencia piloto en el estado de Alagoas cuya capital, Maceió, es la segunda ciudad en número de homicidios del país. Desde allí el proyecto irá extendiéndose paulatinamente a los 132 municipios más violentos del país. Luiza Bairros, ministra de la Seppir, destaca la importancia de este tipo de actuaciones.
“Aunque hemos experimentado en los últimos años una mejora en los indicadores sociales de la población negra -comenta-, todavía hay millones de jóvenes negros que están fuera de las escuelas y del mercado laboral”. A su juicio, este colectivo “constituye una población vulnerable a la posibilidad de verse envuelto en situaciones de violencia, puesto que tienen la vida poco valorizada ya que no están insertos en ningún tipo de red social más fuerte”.
Pero el racismo hacia la comunidad afrobrasileña no se limita a la violencia física. La pobreza estructural es, sin duda, una de las grandes losas que pesan sobre ella. De hecho, según el Catástro Único de Programas Sociales del gobierno federal, el 68% de los 81 millones de brasileños en situación de pobreza son negros o mulatos.
La discriminación racial adquiere en Brasil incluso contornos sanitarios. La psicóloga Crisfanny Souza, integrante de la Red Nacional de Control Social de la Población Negra, pone como ejemplo la situación de la mujer: “prácticamente todos los índices de salud de la mujer negra son peores que los de la blanca. En una consulta sobre cáncer de mama, las negras son menos palpadas que las blancas, igual que reciben menos anestesia en el parto”.
Souza considera que, en gran medida, ello es debido al prejuicio que achaca al negro mayor resistencia física, “del mismo modo que si en un hospital entran un blanco y un negro con heridas de bala, se tiende a pensar que el primero es una víctima y el segundo un delincuente implicado en un tiroteo”. También aquí los datos son implacables: el riesgo de un niño afrodescendiente de morir antes de los cinco años por dolencias infecciosas o parasitarias es un 60% mayor que un blanco, mientras que la posibilidad de morir por desnutrición son un 90% superiores. Además, el sistema de salud público no está preparado para atender el problema que representan algunas enfermedades que afectan especialmente a la población negra, como la hipertensión, la anemia falciforme o la diabetis mellitos tipo II.
Todos estos circunstancias llevaron al PT a incluir el problema de la discriminación racial en la agenda política brasileña. Así lo pone de manifiesto la creación hace ahora una década del Seppir. Pero sobre todo, los dos grandes pilares de la política antiracista primero de Lula y ahora de Dilma Rousseff son el Estatuto de Igualdad Racial, que penaliza los actos de discriminación racial, y la política de cuotas.
Precisamente, la presidenta brasileña aprovechó la inauguración esta semana de la III Conferencia para la Promoción de la Igualdad Racial para anunciar su decisión de tramitar el Congreso que el 20% de las plazas de concurso público federal se reserven para negros. Rousseff destacó que “con esta medida queremos iniciar un cambio en la composición racial de los servidores de la administración pública federal, haciéndola representativa de la composición de la población brasileña”.
Y es que, si en la actualidad el 51% de la población brasileña se declara negra o mulata, esa proporcionalidad dista mucho de verse reflejada en los diferentes entornos sociales más allá de casos concretos, pero no por ello menos importantes, como Joaquin Barbosa, primer presidente negro del Tribunal Supremo, o Nilma Gomes, primera rectora afrobrasileña de una universidad federal. Una muestra de los contrario lo encontramos en la representación política. Así, de los 513 diputados que integran el Congreso brasileño solo 43 son negros o mulatos, mientras que entre los 81 miembros del Senado solo hallamos dos afrodescendientes.
Ante todo esto, la presidenta Dilma Rousseff es la primer en reconocer que el color de la piel sigue siendo motivo de exclusión para millones de brasileños. “La sociedad brasileña tiene que superar un periodo demasiado largo de esclavocracia que no acabó con la abolición”, comenta. En su opinión, “resucitó un racismo en forma de jerarquización de la sociedad, manteniendo los valores de la esclavocracia”.
Al mismo tiempo, la presidenta de Brasil destaca que “la exclusión racial y la exclusión social se mezclan”. Por ello, se muestra especialmente satisfecha de sus programas sociales como Bolsa Familia o Brasil Sin Miseria, que ha sacado de la miseria en estos años a 22 millones de brasileños, en un 78% negros, que hoy disponen de unos ingresos mensuales de 70 reales, esto es, unos 23 euros.
Y junto ello el sistema de cuotas para las universidades federales para estudiantes de escuelas públicas, teniendo en cuenta criterios raciales y de renta. Una medida clave si se tiene en cuenta el deterioro de la enseñanza pública en primaria y secundaria, frente al prestigio de una universidad pública venían siendo monopolizadas por estudiantes de la clase media y alta que habían cursado los niveles inferiores en centros privados. Con la ley de cuotas las universidades públicas reservaron este curso un 12,5% de sus plazas. La perspectiva es que en 2022 esa cuota alcance al 50% de las plazas universitarias federales.
Igualdad de oportunidades socioracial
Estas iniciativas de discriminación positiva son básicas para Rousseff para quién “construir acciones afirmativas es esencial para que sea efectiva la igualdad de oportunidades socioracial”. De hecho, incluso organismos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo han destacado los avances de brasil en materia racial.
Sin embargo, tampoco faltan voces que cuestionan el entusiasmo con que el gobierno promueve estas iniciativas de igualdad racial. Así, por ejemplo, el Instituto de Estudios Socioeconómicos adevertía a finales de octubre de 2012 de que de los 1.900 millones de reales (unos 620 millones de euros) presupuestados para combatir el racismo, solo se había ejecutado un 10% hasta ese momento.
Mientras tanto la sociedad brasileña igue empapada de racismo. Y no solo hacia los afrodescendientes. Según el Consejo Indigenista Misionero, entidad vinculada a la iglesia católica, durante el pasado año 2012 la violencia contra las comunidades indígenas se incrementó un 237% En su relatorio se incluyen homicidios, amenazas de muerte, tentativas de asesinato, agresiones, violencia sexual. En muchos de estos casos la pugna entre hacendados e indígenas por el control de la tierra se esconde detrás de estos hechos. En total, 563 indios han sido asesinados en la última década.
Y todo ello, paradójicamente, en una sociedad que se vanagloria del mestizaje como seña de identidad. No es extraño que en los sondeos el 87% de los encuestados reconozca que en Brasil existe el racismo, pero solo un 4% se reconozca como racista. Brasil aparece así como un país racista, pero sin racistas, con prejuicio de sus propios prejuicios. O como mucho protagonista de un “racismo cordial” que transforma la discriminación en un chiste, una broma aparentemente sin importancia.
El pasado mes de mayo la cadena de televisión O Globo conmemoraba el 125 aniversario de la abolición de la esclavitud en una parodia donde los ex esclavos tomaban su liberación como una simple excusa para celebrar el una tópica fiesta de carnaval. Douglas Belchior, profesor de Historia y militante del movimiento negro, recordaba que los 388 años de esclavitud supusieron el secuestro o asesinato de unos 7 millones de africanos y sus descendientes.
“Se trata del mayor crimen de lesa humanidad que ha existido. ¿Debe o puede esto ese motivo de chiste? ¿Cuántas escenas de ‘humor inteligente’ de este tipo encontramos sobre el holocausto judío, las víctimas de Hiroshima y Nagasaki o el World Trade Center?”.
