Por Juan Cuvi*
Decía un viejo periodista francés que el poder se lleva bien con los medios de comunicación que hablan mal de los demás. Una vez que critican al gobierno, se vuelven incómodos. En el caso de los gobiernos autoritarios, este conflicto se exacerba hasta la intolerancia crónica y la persecución abierta.
Con los organismos de defensa de los Derechos Humanos ocurre algo similar. Lo acabamos de confirmar luego de la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a propósito de los eventos de octubre del año pasado. La reacción del gobierno ha sido absolutamente destemplada. Se acerca demasiado al andarivel del gobierno anterior y lo peor es que refrenda el anacrónico discurso reaccionario que endosa a los ciudadanos la posibilidad de violar derechos humanos.
En efecto, la insistencia del régimen en que el informe de la CIDH amplifique las acciones violentas cometidas por grupos sociales parece buscar un justificativo para la represión. Dicho de otro modo, desde la visión oficial los excesos de la fuerza pública se explicarían por el nivel de agresividad de las protestas. Al no incluir esta supuesta proporcionalidad el informe se vuelve “subjetivo”, tal como lo han denunciado los principales voceros del gobierno.
Con este peregrino argumento el gobierno quiere descargarse de algunas responsabilidades y transferir otras al movimiento indígena, principal antagonista durante las protestas, pero el objetivo se complica debido a la imprecisión y ambigüedad de las acusaciones. Por ejemplo, cuáles acciones fueron realmente promovidas por el movimiento indígena y cuáles por grupos urbanos con agendas distintas.
La infiltración de grupos radicales en las movilizaciones sociales ha sido una constante desde que tengo memoria. Cada Primero de Mayo se producen refriegas con la policía, lo cual no significa que las centrales sindicales promuevan esas formas de lucha. No obstante, con los pronunciamientos oficiales y con las declaraciones de los sectores de la derecha a propósito del paro de octubre, se pretende meter a todos en un mismo saco.
Mala estrategia. Si buscan congraciarse con los sectores medios asustados por el caos callejero, terminarán ganándose la animadversión de los sectores populares y campesinos indignados con las medidas económicas porque si de algo está consciente el pueblo es que el estallido tuvo su origen en la imposición irresponsable del Decreto 883. Y de eso el informe de la CIDH no dice nada, lo cual podría prestarse para que desde el otro lado los movimientos sociales también lo acusen de subjetivo.
En el fondo, el asunto se reduce a la posición que se ocupa cuando de derechos humanos se trata, es decir, de qué lado del conflicto se está. Más de un alto funcionario del actual gobierno era un intransigente defensor de los derechos humanos frente a los abusos de gobiernos del pasado. Mientras las acusaciones ponían en la picota a los otros, no tenían inconveniente en asumir un compromiso. Hoy no solo que torcieron la perspectiva, sino que perdieron la decencia.
“La infiltración de grupos radicales en las movilizaciones sociales ha sido una constante desde que tengo memoria. […] No obstante, con los pronunciamientos oficiales y con las declaraciones de los sectores de la derecha a propósito del paro de octubre, se pretende meter a todos en un mismo saco”.
*Máster en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.
Fotografía: ecuadorwillana.com
