Por Instituto de Investigaciones Económicas (UCE)*
El 28 de agosto de 2020, el Presidente Lenín Moreno anunció “un acuerdo técnico con el FMI para acceder a 6.500 millones de dólares para protección social y reactivación”. En efecto, se trataría de una nueva carta de intención con este organismo internacional, después de la firmada en marzo de 2019 por 200 millones de dólares con nuevas condiciones en las que se evidencia un nuevo ahogo de la economía nacional.
El “otro” acuerdo incluye exigencias como:
- Reducir el gasto relacionado con la crisis el próximo año e implementar un paquete de reforma fiscal que incluye una moderación del gasto corriente y de capital.
- Una reforma tributaria inteligente e integral, y una mejor gobernanza del gasto público […] las reformas incluyen el fortalecimiento de las bases institucionales del Banco Central y la mejora de la supervisión del sector financiero.
Ante esta nueva arremetida, el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador advierte que la carta de intención complicará aún más la situación económica y social del país a pesar del edulcorado lenguaje utilizado. Previo a la pandemia, y con el primer acuerdo con el FMI, el escenario no era alentador, imperaban el aumento de la pobreza y la desigualdad; los indica-dores laborales de diciembre de 2019 así lo demuestran. Por otro lado, de los catorce indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), que tienen la finalidad de orientar la política pública en procura del mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos, diez muestran un alarmante deterioro incluyendo entre los principales el aumento del trabajo infantil y la pobreza multidimensional rural. Con la emergencia sanitaria, estas cifras empeoran.
Según las proyecciones de la CEPAL, para 2020, el Ecuador será de los países en los que más se incremente la inequidad: el índice de desigualdad aumentaría, este año, en 6 puntos porcentuales con un coeficiente de Gini cercano a 0,53; además el índice de pobreza pasaría del 25,7% al 32,7% entre 2019 y 2020, dejando a la vista un incremento muy preocupante de 7 puntos porcentuales.
Igual escenario se prevé en términos de la pobreza extrema donde este indicador aumentaría del 7,6% al 12,7%. Todo esto —por cierto—en una perspectiva de cifras más bien conservadora frente a la grave crisis del país. Desde luego, las medidas de ajuste y recortes en el sector público tienen una estrecha relación con el quebranto de las condiciones de vida de la población, incluida, por supuesto, la aplicación de este acuerdo con el FMI. Así lo indica el estudio realizado por Forster, Kentikelenis, Reinsberg, Stubbsce y King (2019), en el que se observa cómo los países que aplican las medidas/recomendaciones de este organismo internacional ven aumentar la desigualdad en tan solo un año. Por tanto,—en nuestro entender—aplicar un nuevo acuerdo terminaría por ahogar al Ecuador en la mayor crisis de su historia.
Las medidas planteadas de manera ambigua en las nuevas exigencias por parte del FMI implicarían:
- Más recortes y, por tanto, menos inversión en salud y educación;
- Incremento de despidos en el sector público;
- Una reforma tributaria que pretendería aumentar el IVA o gravar a nuevos bienes —como alimentos—tal cual indica el primer acuerdo y la eliminación del ISD;
- Autonomía del Banco Central frente al Estado, pero, a la vez, una alta dependencia con ciertos grupos financieros de poder que también intentan mantener los dólares fuera del país con la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica; ambos intentos rechazados con el archivo de la Ley de Crecimiento Económico.
El retraso y no pago a los servidores públicos y proveedores del Estado evidencia una estrategia para legitimar como única posibilidad de salida de esta crisis un nuevo acuerdo con el FMI, posición desacertada como se observa en la evidencia empírica presentada regularmente por el IIE-UCE.
Según cifras del Banco Central del Ecuador, el sector público no financiero de enero a mayo ha tenido una reducción del 16% de sus ingresos al pasar de 15.491 millones de dólares en el 2019 a 12.938 millones dólares en el 2020, reducción que no contempla junio, julio ni agosto de 2020, donde el gobierno esperaba mejorar la recaudación de impuestos (otra mentira más del Ministerio de Finanzas) ya que se contaría con los recursos necesarios para cancelar puntualmente los sueldos y salarios del sector público que ascienden alrededor de los 780 millones de dólares mensuales.
Sin dejar de reconocer la compleja situación actual, es menester destacar, en primer lugar, que los ingresos del Estado han sido limitados por sus propias decisiones de política económica y apalancadas por ciertos asambleístas que apoyaron la Ley de Fomento Productivo. A esto, se suma la pandemia como un «shock externo», sin embargo, la recuperación del precio del petróleo, el aumento de las exportaciones y la progresiva recuperación de las recaudaciones por impuestos, se muestran como factores claves para paliar la crisis y reactivar la demanda efectiva; en otras palabras, promover una política procíclica que permita la colocación de recursos en manos de sus ciudadanos para alentar el consumo efectivo y no en manos de quienes continúan fugando sus flujos de dinero al exterior.
En definitiva, consideramos que las medidas deben centrarse en cumplir con las deudas internas, recuperar la cadena de pagos con la población —y no con los tenedores de bonos—, aumentar la inversión pública sobre todo en salud y educación y, además, incrementar los niveles de transparencia en la información.
Un nuevo acuerdo con el FMI solo ahogará más la compleja situación de Ecuador. Es indispensable pensar en las mayorías para combatir la desigualdad en procura del bienestar de todas y todos los ecuatorianos.
“Desde luego, las medidas de ajuste y recortes en el sector público tienen una estrecha relación con el quebranto de las condiciones de vida de la población, incluida, por supuesto, la aplicación de este acuerdo con el FMI”.
