En el marco de la teoría del contrato social, John Locke (siglo XVII) decía “que los gobiernos se mantenían en el poder siempre y cuando gozaran de la confianza de sus súbditos, quienes, llegado el caso, podían decidir el derrocamiento de un gobierno que traicionara su confianza (…) El gobierno no podía destruir ni esclavizar o empobrecer a sus súbditos, no podía gobernar mediante decretos arbitrarios, no podía apoderarse de la propiedad de un hombre sin el consentimiento de éste, etc…” (Goodwin). En democracia, a través de la libre elección los gobiernos han surgido de la voluntad del pueblo, de la confianza y de su consentimiento; mediante este acto, el individuo transfiere una parte de su poder a favor de quien elige y luego se somete a él (Rousseau); pero eso no quiere decir, que el súbdito se transforma en un esclavo o en un sumiso despersonalizado de todo valor y de todo principio.
En el caso del Ecuador, con excepción de los jefes supremos de gobierno, de gobiernos militares, interinos, provisionales, encargados del poder y otros, se ha elegido a los gobiernos constitucionales mediante el poder del voto, universal, secreto y directo. Así se eligió a Correa y a sus antecesores, pero con la novedad de que este último ya fue reelegido de manera inmediata en abril del 2009, pero aspira a una segunda reelección como consecuencia de la reforma constitucional que impulsó en Montecristi; antes de aquella reforma no era posible la reelección inmediata del Presidente de la República sino después de un período, por muchas razones, la cual, en caso de concretarse mantendría a Correa en el poder por más de una década. Esto no ha sucedido en ningún gobierno de la historia republicana de nuestro país, por eso adquiere especial significación el proceso electoral del próximo 17 de febrero: o la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas reeligen a Correa o elegimos a un nuevo gobierno que administre el Estado bajo los principios del respeto irrestricto a los demás, de la unidad nacional, de la integración, del desarrollo productivo y del empleo, de la seguridad ciudadana y de la ética pública.
El proceso electoral que estamos viviendo es la mejor oportunidad para evaluar la gestión de Correa y sacar las mejores conclusiones plateando las siguientes preguntas: el gobierno de Correa ha cumplido con los mandatos constitucionales de fortalecer la unidad nacional en la diversidad?, de garantizar la ética pública en el quehacer público?, de fomentar el desarrollo nacional?, de erradicar la pobreza?, de garantizar a los habitantes del Ecuador a vivir en una cultura democrática libre de corrupción?, de paz y de seguridad integral?. Estas preguntas están planteadas y hay que responderlas antes del acto del sufragio.
El voto es poder, es una decisión intelectual y espiritual del sufragante; en este proceso quien tiene el poder es el sufragante y no quien aspira a gobernar; en este proceso Correa no tiene el poder sino el elector, el que se acerca a la urna a expresar su interés, su expectativa, su preferencia, su simpatía, su deseo, su pasión y también su desquite o mejor dicho su revancha, así como también su rebeldía. Este es el poder del votante.
El próximo domingo 17 de febrero es crucial para el país: o seguimos como estamos o cambiamos el rumbo del país, o afianzamos la democracia, la libertad y los derechos de las personas u optamos por la continuidad del autoritarismo, el abuso de poder y la corrupción.
La alternativa la tiene el elector y no el gobernante, el mandante que es el pueblo y no el mandatario que está por concluir su período de gobierno.
El mandante tiene la obligación y el deber de recordar las acciones del gobierno de Correa, como las siguientes: la represión a los habitantes de Dayuma, la expulsión de decenas de miles de trabajadores del Estado y la violación de sus derechos laborales, la represión a los campesinos del Azuay que se opusieron a la explotación minera en dicha jurisdicción, la represión a los campesinos de Chone que se opusieron a la construcción de una represa de agua en dicha zona, la criminalización de la protesta social, el enjuiciamiento de los dirigentes sociales bajo la figura penal de sabotaje y terrorismo, la declaratoria de emergencia de la contratación pública, los contratos adjudicados a dedo por 700 millones de dólares a empresas con las cuales estaría vinculado el hermano del Presidente de la República, la compra de ambulancias con sobre precios, los radares chinos, los helicópteros Dhruv, la estafa a un grupo de agricultores por parte del Banco Nacional de Fomento, los chalecos de motociclistas, el caso COFIEC, el préstamo sin garantías por USD 800.000 al argentino DUZAC, la falsificación de títulos de Pedro Delgado primo del Presidente de la República, el narcotráfico, el sicariato, el robo, la narco valija, etc., son casos que el mandante no debe olvidar.
Correa recibió de los gobiernos anteriores una producción petrolera que superaba los 535 mil barriles por día, actualmente bordea los 500 mil barriles, con un precio promedio del barril del petróleo que supera los USD 80 durante su mandato, valor muy superior en ocho veces al que estuvo vigente en 1999. En seis años y medio, el gobierno de Correa ha sido incapaz de construir una nueva refinería de petróleo, cuya negligencia ha obligado al Estado a importar anualmente los combustibles en cientos de millones de dólares, pagando precios internacionales a las empresas extranjeras, cuyo beneficio lo seguirán obteniendo por varios años más hasta que se construya una nueva refinería.
El domingo 17 de febrero, el mandante o el soberano tiene la obligación y el deber de actuar con inteligencia y lucidez. En sus manos está la gran oportunidad de reorientar el sentido de la política y el manejo del poder en nuestro país.
* Presidente Nacional Izquierda Democrática
