Cuatro años estancados… ¡Cuatro! Entre 2014 y 2018 (según previsiones oficiales), el ingreso promedio por ecuatoriano se ha reducido de 6.347 a 6.110 dólares anuales. Resultado del estancamiento, el empleo se ha deteriorado gravemente: mientras que en diciembre de 2014, el 49,3% de la población trabajadora tenía un empleo adecuado, a septiembre de 2018 ese porcentaje apenas llegó a 39,6%.
“La dificultad radica no tanto en desarrollar nuevas ideas, más bien en escapar de las viejas”
John Maynard Keynes
Para colmo, hay una tendenciadeflacionaria que en 2017 implicó una caída anual de precios en -0,20%, situación registrada también en varios meses de 2018 (por ejemplo, -0,05% en octubre). Estancamiento, empleo deteriorado, deflación… estos son apenas tres indicadores -de muchos otros- que denotan cuán complejo es el contexto económico del país en los últimos años (si bien tal contexto no es novedad, prohibido olvidar que responde a todo el desperdicio de la década pasada).
A esta complejidad económica se suma la débil política -sobre todo económica- del gobierno de Lenín Moreno: arrancó preocupado más de su supervivencia que del contexto económico; luego mantuvo por varios meses una política económica indefinida entre “planes y rata-planes”; después claudicó dicha política en beneficio de grandes grupos económicos al aprobar la “Ley de Fomento Productivo” (aunque antes ya dio señas de claudicación al entregar el dinero electrónico a la banca privada así como al ceder el manejo de la economía a representantes directos del gran capital). Pero a pesar de que el morenismo ha dado pasos de sobra para consolidar el retorno neoliberal que arrancó su antecesor (incluso golpeando a los sectores sociales), aún no se ha ganado la bendición de los referentes neoliberales criollos para quienes las acciones del gobierno “se quedan cortas”.
Tal es la fragilidad política del gobierno de Moreno (contextualizada por un severo estancamiento económico), que ni siquiera ha podido consolidar con “normalidad” el típico ritual de aprobación del Presupuesto General del Estado para 2019. Por un lado, las primeras filas del debate sobre el presupuesto pertenecen a los “expertos economistas” que buscan insertar cómo sea su cosecha ideológica en la voluble política económica oficial. Por otro lado, la sociedad ocupa la platea como observadora, a ratos combativa ante problemas puntuales (como las protestas por los recortes a la educación superior), a ratos exigiendo que la austeridad no se sobreponga a la vida (como la solicitud de financiamiento para el cuadro básico de medicamentos), y a ratos simplemente aburrida escuchando tanto tecnicismo. Y en medio, el gobierno se tambalea incluso con desacuerdos internos que han llevado a que Moreno pida la renuncia a todo su gabinete a pretexto de “evaluarlo” (a la vez que otros aprovechan para “sacudirse” del morenismo).
A más de evidenciar la debilidad política del gobierno, la actual discusión -y pugna- sobre el Presupuesto muestra un hecho que casi nunca se toma en cuenta: es un grave error asumir que el Presupuesto es obra de “especialistas”, para “especialistas”. En realidad, éste no es un texto “técnico” alejado de la cotidianeidad de la sociedad. Al contrario, sus asignaciones y sobre todo su ejecución influyen en gran medida sobre la vida de la gente (ejemplos evidentes son la educación, la salud o el mismo empleo).
En otras palabras, el Presupuesto es, ante todo, un documento político; de hecho, es una suerte de espejo de doble ala en donde se reflejan los múltiples intereses -tanto propios como ajenos- ante los cuales el gobierno busca dar respuesta. Por una parte, están los ingresos, es decir de dónde vendrán los recursos (aquí se evidencian pugnas como el cobro de más impuestos directos a los grandes ingresos o más impuestos indirectos al consumo, así como la ampliación o no del extractivismo). Por otra parte, están los egresos, hacia dónde serán destinados los recursos (aquí emergen pugnas como asignar mayores recursos a la inversión social o al pago de la deuda, sostener la inversión pública o el gasto corriente en sueldos, sostener los subsidios o eliminarlos). Como bisagra de ajuste entre ingresos y gastos está el financiamiento -endeudamiento, con el cual se despiertan los intereses de los mercados financieros internacionales y de quienes lucran de las necesidades de recursos del país.
Y por si no bastara toda esta interrelación de intereses, apenas aprobado un presupuesto nacen un sinfín de mecanismos -incluso legales- que permiten la manipulación de asignaciones y montos por ejecutarse (p.ej. entrega de fondos a destiempo, retrasos en la ejecución presupuestaria de instituciones que terminan gastando “cómo sea” al final del período fiscal, reversión de fondos no ejecutados, endeudamiento encubierto con proveedores del Estado, contratos complementarios y ajustes de precios en obras, contrataciones vía decreto de emergencia, entre muchos otros mecanismos).
Por tanto, el presupuesto -sea el que se discute, el que se aprueba e incluso el que se modifica cada cierto tiempo- es un documento vivo que refleja todas esas pugnas por los ingresos, gastos y financiamiento del gobierno. Pugnas que deben ser entendidas por la población entera, incluso para que ésta participe tanto de la elaboración como del control y de la ejecución presupuestarias. Tan es así que la discusión de los presupuestos es vital en democracias vigorosas. No puede ser solo un tema de “entendidos”. Justo con esta idea en mente, cabe hacer una breve lectura económico-política del Presupuesto sugerido por el gobierno de Moreno, no como cifras que suben o bajan sino, sobre todo, como reflejo de intereses que pugnan a dentelladas tajadas de un pastel que a ratos parece que ya no da más.
Así, al revisar la propuesta de Presupuesto General del Estado para 2019 vemos, en primer término, que ésta nace de un gobierno descompuesto que busca afrontar por medio de un ajuste neoliberal los desequilibrios heredados de su antecesor. Sin embargo, y quizá en concordancia con la compleja situación política del momento, aún ese intento no es suficiente como para satisfacer a los economistas OCP (ortodoxos, conservadores y prudentes), para quienes aún persiste un supuesto “ADN socialista del gobierno”. Y si bien el Presupuesto no se ajusta plenamente a las condiciones que se impondrían en caso de llegar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), está claro que la aspiración del neoliberalismo criollo es que todos los caminos lleven al Fondo…
Entrando un poco al detalle de las cifras, podemos leer cada una de las alas del espejo presupuestario, es decir, de ingresos y gastos, para cerrar con la bisagra del financiamiento.
Ingresos: redistribución nula, extractivismo exacerbado y privatizaciones
Dentro de los ingresos (que la proforma presupuestaria estima en 27.137 millones de dólares, monto mayor al presupuesto codificado -es decir, ajustado- de 2018 en 2.911 millones, todo sin contar el financiamiento -es decir, endeudamiento- público), hay al menos tres puntos que merecen mención: ingresos tributarios, petroleros y por concesiones.
Sobre los ingresos tributarios, la proforma para 2019 estima obtener 15.223 millones de dólares (monto mayor al presupuesto codificado para 2018 en 160 millones de dólares). Dentro de esos ingresos por tributos llama la atención la reducción del impuesto a la renta global que se presupuesta en 4.077 millones (monto menor al presupuesto de 2018 en 273 millones), así como del impuesto al valor agregado (IVA) recaudado por el Servicio de Rentas Internas que alcanzaría los 4.651 millones (monto menor al de 2018 en 7 millones). Realmente el rubro que justifica buena parte del incremento agregado de los impuestos corresponde a IVA recaudado por la Secretaria Nacional de Aduana (SENAE), el cual alcanzaría 2.147 millones (monto mayor al presupuesto de 2018 en 309 millones).
Si se analizan estas cifras a la luz de las exoneraciones tributarias concedidas a los grandes capitales por el gobierno de Moreno a mediados de 2018 (sobre todo con la ya mencionada “Ley de Fomento Productivo” que exonera hasta por más de 10 años el impuesto a la renta a supuestas “nuevas inversiones”) queda claro que el morenismo no tiene intención alguna de ampliar sus recursos con impuestos progresivos que mejoren la distribución del ingreso. Al contrario, posiblemente se prevé que las exoneraciones presionen a la baja al impuesto a la renta, lo cual al parecer se compensaría con mayores recaudaciones tributarias aplicadas posiblemente a las importaciones más que al consumo interno.
Por el lado de los ingresos petroleros el escenario es aún más sombrío, con dos temas a destacar: el precio del barril de petróleo presupuestado y la estimación de las tasas futuras de extracción petrolera (extracción pues el crudo no se produce). Sobre el precio del crudo, para 2019 se lo ha presupuestado en 58,29 dólares por barril: 16,31 dólares más que el año precedente. Si bien tal expectativa de un precio mayor amplía los ingresos petroleros, también amplía el monto de los subsidios a los combustibles (tema que, por cierto, fue mal manejado por el morenismo aun cuando había alternativas). Por tanto, el efecto neto de un mayor precio del crudo es menor al que en un inicio podría pensarse.
Además, casi evocando los fantasmas de 2015, precisamente luego de que el gobierno de Moreno presentó su proforma presupuestaria, en los mercados internacionales el precio del crudo WTI (referente para el Ecuador) cayó hasta los 50 dólares por barril, llevando a que el crudo ecuatoriano alcance alrededor de 45 dólares por barril aplicando el castigo promedio recibido en 2018. Solo esa caída ha despertado voces sugiriendo que se reestime a la baja el precio del crudo presupuestado… Sin duda la volatilidad del precio del petróleo es un tema delicado ante el cual se debe pensar en mecanismos presupuestarios que enfrenten la situación[1], pero sin caer en la aberración neoliberal de constituir “fonditos” con el único propósito de garantizar el pago del endeudamiento externo. En el caso de constituir “fondos”, estos deberían tener como fin la estabilización económica vía políticas contracíclicas (p.ej. expandiendo líneas de crédito de emergencia a sectores vulnerables).
Pero más grave que la cuestión del precio del petróleo (que no siempre es la variable clave que define la dinámica del Presupuesto) es la cuestión de la extracción. Con la proforma presentada se ratifica la vocación extractivista del morenismo (heredada desde hace mucho tiempo atrás y consolidada en la administración anterior). Así, se aspira a que entre 2018 y 2019 la extracción de petróleo aumente de 526 a 565 mil barriles diarios (es decir, un aumento aproximado de 192 a 206 millones de barriles al año, con un volumen de exportación que llegaría a los 151 millones de barriles), mientras que para 2020 se alcanzaría el pico de extracción con 589 mil barriles diarios (unos 215 millones al año) (ver página 19 de la Programación Presupuestaria Cuatrianual).
Semejante salto esperado en la extracción petrolera desnuda una decisión gubernamental que atropella disposiciones legales y procesos en marcha: el gobierno se dispone a extraer el crudo del campo Ishpingo sin contar aún con la licencia ambiental, sin considerar el reclamo pendiente sobre la consulta popular planteada por el colectivo Yasunidos (que está siendo procesado en el Consejo Nacional Electoral), rechazando de facto los reclamos formulados por mujeres amazónicas y hasta aumentando las probabilidades de un potencial genocidio de los Pueblos Indígenas en Aislamiento que habitan la zona. De hecho, para 2019 se espera incrementar la extracción petrolera en el ITT un 49% pasando de 58.119 a 114.217 barriles diarios, en donde Ishpingo contribuiría con 18.206 barriles diarios. En definitiva, el extractivismo exacerbado sería un salvavidas del morenismo, el cual aspira “comerse” todo el ITT con tal de obtener ingresos de corto plazo para sostenerse en el poder (y eso que el país aún no vive el apogeo de la quimera minera…).
Un ítem adicional que debe discutirse proviene de las concesiones, las cuales el gobierno aspira que en 2019 generen un ingreso de mil millones de dólares. De lo poco que se sabe al respecto, está la participación de organismos multilaterales como el BID, la CAF y el Banco Mundial en el “diagnóstico” de las empresas públicas así como en la potencial “monetización” de activos públicos (es decir, privatizaciones). El alcance de este proceso puede ser enorme, incluyendo a empresas públicas como CNT, Seguros Sucre, CELEC, CENEL y la Planta de almacenamiento de gas de Monteverde (cabe mencionar que solo CNT generó al Estado 220 millones en utilidades entre 2017-2018 y aun así se la busca privatizar), además de la “monetización” en los sectores vial, inmobiliario, energético, entre otros.
En definitiva, los ingresos a los que aspira el morenismo provendrán del extractivismo exacerbado, privatizaciones y un manejo tributario donde la redistribución es nula…
Gastos: salarios rígidos, inversión cayendo y otra vez el capital sobre el ser humano
Pasando a los gastos (que la proforma presupuestaria estima en 36.160 millones de dólares, monto mayor al presupuesto codificado de 2018 en 2.247 millones, incluyendo la amortización de la deuda pública y el saldo de las deudas por ventas anticipadas de petróleo), cabe destacar cuatro elementos: remuneraciones, inversión, servicio de la deuda y subsidios.
En el tema de remuneraciones, el gasto en personal se mantiene prácticamente inalterado al presupuestarse en 9.498 millones de dólares (monto inferior al presupuesto codificado de 2018 en apenas 70 millones). Esta persistencia del gasto en personal parece contradecir el discurso de austeridad del gobierno de Moreno, más cuando no se hace ninguna mención de una posible reducción -o mejor aún, eliminación- de los macrosueldos de la burocracia dorada: existirían 38.000 funcionarios que ganarían más de 5 mil dólares mensuales y que cada año consumen 2.240 millones de dólares[1]; solo al reducir esos sueldos un 40% (dejando un promedio de 3 mil mensuales) se ahorraría cada año casi 900 millones de dólares, monto cercano a lo que el morenismo aspirara obtener por concesiones.
Por cierto, el tema del empleo y las remuneraciones en el sector público merece un análisis más cuidadoso. Decimos eso tanto por la importante heterogeneidad del empleo público como porque las remuneraciones en este sector muestran una particularidad: en ningún año del período 2008-2017 (incluyendo los años de crisis) el total de esas remuneraciones ha sufrido reducciones (ver gráfico 1). Esto podría implicar que las remuneraciones en el sector público podrían estar adquiriendo una rigidez cuasi-estructural, volviendo muy difícil su reducción (hasta en términos políticos por la reacción y la influencia que pueden tener especialmente los funcionarios de mayores sueldos).
Mientras que los gastos en remuneraciones parecen adquirir una rigidez cuasi-estructural, en cambio la inversión pública se ha convertido en la variable de ajuste del gobierno, con un presupuesto de solo 3.315 millones de dólares (monto inferior al presupuesto de 2018 en 841 millones). De hecho, al revisar los montos históricos destinados al Plan Anual de Inversiones (ver gráfico 1) se nota una contracción severa en comparación, por ejemplo, a los 8.104 millones de dólares alcanzados en 2013. Semejante caída en las inversiones públicas es preocupante y denota cuán errónea es esa lectura de que existe un “ADN socialista” dentro del gobierno (que, para colmo, en lo que va de 2018 apenas ha alcanzado una ejecución presupuestaria de 23% en lo que a inversión se refiere).
Por cierto, 2013 fue el único año en que el Plan Anual de Inversiones superó al gasto en remuneraciones, después del cual se observa una caída severa de las inversiones públicas mientras que el pago a personal continuó creciendo. Esto muestra que ya desde antes del gobierno de Moreno se prefirió enfrentar la crisis reduciendo la inversión pública en vez de reducir los elevados salarios de un buen grupo de funcionarios públicos. Quizá para efectos de una política contra-cíclica (es decir, una política que fomente la expansión en tiempos de crisis) hubiera sido deseable que más bien sean los megasueldos del sector público los que se reduzcan mientras se intentaba sostener lo mejor posible la inversión; más aún si se toma nota de que posiblemente la inversión pública tenga un mayor efecto multiplicador que el gasto en salarios (sobre todo aquellos burócratas dorados). Pero, es claro que la inversión pública tiene menores rigideces políticas y grupos de interés que la sostengan…
Otro elemento de la inversión pública que merece atención -y que, penosamente, suele considerarse como gasto en la contabilidad oficial- es la inversión social, sobre todo en educación y salud. Al revisar el Presupuesto de 2019 se nota que en el caso de salud el monto asignado se encuentra estancado en 3.097 millones de dólares (valor apenas superior en 15 millones al presupuesto de 2018); por su parte, en el caso de educación, el presupuesto se estanca en 5.351 millones (monto menor en 11 millones al presupuesto de 2018). Pero, sin duda, el aspecto que más resalta sobre el estancamiento del Presupuesto en salud y educación se observa al comparar estas magnitudes con el servicio de la deuda pública (amortizaciones e intereses): desde 2014 la suma del presupuesto en salud y educación (excepto tercer nivel) siempre ha sido menor al monto asignado al servicio de la deuda; es decir, desde 2014 el capital ha vuelto a ponerse por encima del ser humano (ver gráfico 2). De hecho, tomando datos del Banco Central del Ecuador se puede verificar que, entre 2015-2017, por cada dólar destinado a la inversión en educación y salud se ha destinado de 1,44 a 1,55 dólares al servicio de la deuda, volviendo a una tendencia típica de la vieja noche neoliberal (ver gráfico 3).
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración propia.
Aparte de esa tendencia a que el capital se sobreponga al ser humano, el estancamiento de los presupuestos de educación y salud tiene como consecuencia que se siga incumpliendo del mandato constitucional según el cual cada año el monto mínimo anual de inversiones en educación -sin considerar la educación superior- y salud debe llegar al 6%[1] y 4%[2] del PIB respectivamente: una meta que debía alcanzarse en tiempos del gobierno anterior al morenismo, pero que en los hechos no se cumplió y sigue sin cumplirse.
Finalmente, en el caso del gasto en subsidios, el Presupuesto para 2019 llega a los 6.955 millones de dólares (monto mayor en 3.485 millones al presupuesto de 2018). Aquí el subsidio de mayor incremento en el presupuesto corresponde a los combustibles, alcanzando los 4.176 millones (superando en 2.469 millones al monto de 2018). Luego sigue el restablecimiento de los aportes del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), generando un presupuesto de 1.995 millones de dólares para 2019 (aumento de 1.157 millones respecto a 2018). Después existen subsidios varios como a la vivienda, al desarrollo social, al agua potable o al agro, los cuales experimentarán un retroceso.
Toda esta estructura de subsidios muestra los múltiples conflictos que todavía debe afrontar el gobierno de Moreno aparte de los ya mencionados como, por ejemplo: eliminar o no el subsidio a los combustibles, particularmente la gasolina extra, luego del fracaso de la eliminación del subsidio de la gasolina súper (que generó un ahorro mínimo al fisco); garantizar la contribución del 40% de las pensiones al IESS cuando con el mismo instituto se mantiene una deuda del Estado -en papeles- que se ubicaría en alrededor de los 7 mil millones de dólares (y considerando que la seguridad social está en una situación muy frágil, todo en medio del fantasma de la privatización rondando); el retroceso en subsidios a la vivienda que, junto con la contracción del plan de inversiones, vuelven cada vez más improbable la posibilidad de que el gobierno morenista cumpla con su oferta de construcción de 325 mil viviendas; etc.
En resumen, el morenismo por el lado de los gastos enfrenta tanto una rigidez cuasi-estructural en términos del gasto en remuneraciones al mismo tiempo que se contrae drásticamente el plan anual de inversiones. Asimismo, en el gasto se observa que la inversión social en educación y salud se estanca/decae mientras que se acelera el pago del servicio de la deuda pública, con una compleja estructura de subsidios que -hasta el momento- no está siendo afrontada de forma coherente.
Saldo: endeudamiento perpetuo y, ¿buscando servir la mesa?
Cuando las alas del espejo presupuestario están desbalanceadas de modo que los gastos superan a los ingresos, la salida es obvia: se debe incrementar el financiamiento, es decir, el endeudamiento público. Así, para 2019 se ha presupuestado un financiamiento de 8.166 millones de dólares (monto ligeramente menor al de 2018 en 300 millones). Semejante situación implica que, por un año más el Ecuador deberá seguir incrementando su deuda, sobre todo externa. Pero lo más grave es que gran parte de ese financiamiento se licúa en el pago del servicio de la deuda que, para 2019, se prevé en alrededor de 8.107 millones de dólares (incluyendo saldos de preventas petroleras).
Y, para colmo, lo peor aún está por venir: para 2020, 2021 y 2022 el Ecuador deberá pagar, solo en amortización de su deuda pública, un monto acumulado de casi 20 mil millones de dólares. Para dimensionar el golpe, tómese en cuenta que a octubre de 2018 la deuda pública total llegó a 49.069 millones de dólares (35.192 millones de deuda externa y 13.876 millones de deuda interna); es decir, en tres años el Ecuador deberá pagar un monto equivalente al 40,7% del stock de toda la deuda pública. A ese lúgubre escenario cabe agregar las incertidumbres que rondan en la economía mundial, en especial los efectos de potenciales incrementos futuros de las tasas de interés a nivel internacional fomentados desde Estados Unidos (lo cual va a encarecer el crédito -incrementándose aún más el servicio de la deuda- además de generar movimientos adversos de capitales para los países empobrecidos).
En medio de ese horizonte tan complejo, hasta el acceso a nuevo endeudamiento para el morenismo se encuentra asfixiado, lo cual ha llevado a que el gobierno reluzca su “creatividad” consiguiendo préstamos con el Credit Suisse en noviembre de 2018, en condiciones similares a las de un crédito contratado previamente con Goldman Sachs en septiembre; créditos apalancados con garantías de más del 100% con bonos del Estado. A eso se suma el viaje que Moreno y su séquito harían en diciembre para suplicar nuevo financiamiento a China con el fin de cerrar el año con algo de vida. Por su parte, para 2019 el financiamiento se sostendría desde diversas fuentes: 2,9 mil millones de dólares por medio del sector financiero privado (aún no se conoce la proporción local e internacional de dicho financiamiento); 1,8 mil millones desde gobierno como China; 916 millones en multilaterales; 755 millones vía bonos en el mercado nacional.
El saldo, entonces, es claro: el Ecuador seguirá empantanándose cada vez más en una deuda eterna… Es obvio que el sucesor de Moreno -de quién muchos ya empiezan a lucubrar- evidentemente no va a querer ensuciarse políticamente con el pantano que le espera al país. Es ahí donde toma sentido aquella premonición neoliberal: “todos los caminos conducen al FMI”, caminos que -prohibido olvidar- fue el antecesor de Moreno quién los retomó ya en el 2014 para conseguir el beneplácito del Fondo destinado a la colocación de 2 mil millones de dólares en bonos del estado en el mercado financiero internacional e incluso con un “crédito de estabilización de balanza de pagos” pedido al Fondo luego del terremoto de abril de 2016.
De ese modo, parecería que el gobierno de Moreno -y su proforma- no son más que instrumentos de transición que buscan cerrar el largo ciclo para retornar al FMI y a una nueva larga y triste noche neoliberal. Bajo tales condiciones, quizá al morenismo le importa muy poco su debilidad política… Lo que realmente parece importarle dejar la mesa servida para que el próximo inquilino de Carondelet pueda sobrevivir -al menos- sus cuatro años de gestión. ¿Cómo lograrlo? Dejando listo -y hasta firmado- un acuerdo con el Fondo, tal como ya se está haciendo en otras dimensiones como la arremetida de Tratados de Libre Comercio (TLC) que el morenismo está dispuesto a firmar aprovechando el TLC con la Unión Europea formado en 2016 (pensando siempre en el beneficio de unos cuantos capos del comercio)…
Ese parece ser el futuro inmediato: un país hundido cada vez más en el retorno neoliberal, con un gobierno descompuesto que no le importa agonizar en los años que le quedan mientras sigue avanzando hacia el pasado, comiéndose aún más la Naturaleza, profundizando la flexibilización del trabajo, minimizando aún más la economía social y solidaria, endeudándose hasta el cuello… Todo vale con tal de llevarnos… a una nueva década perdida con aroma a eterno retorno.
*Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex- candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.
*Jhon Cajas: Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Doctorante en economía del desarrollo en FLACSO-Ecuador.
3 Por ejemplo, durante la discusión previa a la aprobación del Presupuesto se podría pensar en la construcción de múltiples versiones de éste, cada una reflejando un escenario distinto en cuanto a precios del petróleo (u otras variables macro). De esas múltiples versiones, la Asamblea podría escoger la que parezca más razonable considerando usando como apoyo las previsiones más actuales de los mercados petroleros de futuros.
4 Dato mencionado por Eduardo Valencia en entrevista recogida por Plan V: “La proforma presupuestaria 2019: novedades y sorpresas”, noviembre 13 de 2018. Disponible en: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/la- proforma-presupuestaria-2019-novedades-y-sorpresas
5 Ver transitoria decimoctava de la Constitución de Montecristi.
6 Ver transitoria vigesimosegunda de la Constitución de Montecristi.
