ESPECIAL | Alberto Acosta: “La transición energética corporativa no ofrece una solución efectiva”

Por Ela Zambrano*

El Ecuador, como muchos países de América Latina, ha empezado un tibio proceso de transición energética, al menos en el sector de la movilidad. Se ha planteado como alternativa la movilidad eléctrica especialmente en vehículos particulares y motos eléctricas y en ciertos experimentos piloto en la transportación pública.

El exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, explica la necesidad no sólo de salir de los combustibles fósiles, al ser uno de los principales factores de la carbonización de la atmósfera. Él señala que es una trampa pensar que la alternativa sea la movilidad eléctrica enfocada en los vehículos particulares pues esta opción incluso consolida la relación de subordinación entre el Norte y el Sur Globales y, a la postre, ni siquiera resuelve el tema del transporte.

“No se trata sólo de cambiar unas fuentes de energía por otras para seguir haciendo más de lo mismo”, afirma Acosta, al contrario de lo que propone la transición energética corporativa.

Pregunta: En el país es cada vez más frecuente el discurso entusiasta de la transición hacia la movilidad eléctrica afianzado en el argumento de la contribución a la mitigación del cambio climático, ¿es el único camino?

Respuesta: Se está instalando una suerte de fiebre para acelerar el desarrollo de todas las fuentes alternas de energía, enmarcado también en esta visión que se conoce como el “Consenso de la descarbonización”, concepto acuñado por Maristella Svampa y Breno Bringel. Es inocultable que hay una coincidencia de que tenemos que liberarnos de la dependencia de los combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas, que son causantes en gran medida de los problemas ambientales que está atravesando la Humanidad. El tema es cómo y para qué.

Para Alberto Acosta, el primer paso de una transición energética adecuada,
es asumirla como un proceso amplio e incluyente.

El consumo de combustibles fósiles está carbonizando la atmósfera y eso está impulsando una búsqueda de alternativas para salir de esa trampa. En este escenario aparece con mucha fuerza el peso que tienen las fuentes alternas de energía. Un sustituto de los combustibles fósiles podría ser el uso de la energía eléctrica generada por diversos energéticos presentados como sustentables. Así, la electricidad se estaría transformando en una especie de combustible del futuro.

Sin embargo, a la postre, lo que se está creando es una transición energética corporativa, que se impulsa desde el Norte Global, comandado por grandes corporaciones, que lo único que quiere es encontrar otras alternativas de energía, en reemplazo de las fósiles, para seguir sosteniendo la sociedad industrializada y de alto consumo de energía y materiales en general.

P: ¿Cómo se puede aprovechar esta urgencia de cambio para ser un poco más racionales?

R: No sólo se trata de ser un poco más racionales tecnológicamente hablando. Lo que requerimos son propuestas y acciones para reducir e incluso eliminar los graves problemas que esa sociedad misma ha generado y sigue generando por el consumo de combustibles fósiles, por ser tan industrializada, por la demanda creciente de materias primas. La opción corporativa, alentada sobre todo por los gobiernos de los países del Norte Global, a la que sumisamente se suman los gobiernos del Sur Global, es una apuesta muy puntual, que no da el resultado esperado en términos de transición energética sustantiva.

Es cierto que ha aumentado la presencia de fuentes de energía alternas, pero en el balance energético de algunos países, sobre todo en el Norte Global, no ha disminuido el consumo de combustibles fósiles. Esta sería una primera aproximación crítica al tema.

P: En este primer escenario, ¿la búsqueda de energías alternas es más un discurso que un hecho?  

R: Más allá del discurso entusiasmante, se están profundizando las relaciones de subordinación económica y política de los países del Sur Global en relación con los países del Norte Global. Introducir la movilidad eléctrica para construir autos movidos con electricidad implica una mayor demanda de litio, cobre, tierras raras. Es decir, más extractivismo en los países del Sur Global. De allí surge una suerte de colonialismo verde.

P: La respuesta recurrente es que habrá menor impacto en la emisión de gases de efecto invernadero…

R: Así es, pero para producir estos autos eléctricos se amplía, por ejemplo, la megaminería de litio sobre todo en el Sur Gobal; una minería que se ejecuta en zonas con un gran estrés hídrico. A más de demandar una gran cantidad de minerales, la fabricación de autos eléctricos en términos energéticos es también mucho más costosa que la de los vehículos a combustión; sin que con esta constatación defienda estos vehículos.

P: Supongamos que los autos eléctricos son la opción…

R: Por lo pronto, no hay litio suficiente para transitar a todo un parque automotor con este tipo de tecnología, parque automotor que seguiría creciendo. Luego tenemos otro problema muy grave, gravísimo: se cree que sustituyendo el uso de la energía de combustibles fósiles por energía eléctrica en los vehículos particulares se puede resolver el problema del transporte. No es así, porque mientras más vehículos entren en las ciudades, mayor impacto ambiental y menor rendimiento energético va a tener el funcionamiento de esas ciudades.

Hay varios temas que se tienen que considerar: no se trata simplemente de desistir de los combustibles fósiles –petróleo, carbón y gas– y sustituirlos por otras fuentes de energía –eólica, hídrica, solar, geotérmica–. No se trata simplemente de dejar de tener vehículos con motores de combustión y tener vehículos con motores eléctricos, que podrían ayudar a reducir la contaminación en las ciudades. El cambio pasa por generar otro sistema de transporte público masivo y de calidad: la solución no son más autos particulares sino más transporte público, con otra forma de organizar las ciudades.

P: A más de aumentar la demanda de minerales y otros productos, luego viene el problema de los desechos. En Ecuador no hay una hoja de ruta para su gestión, al menos trabajada desde el Estado.

R: Estamos viendo que más allá de la propaganda de los autos eléctricos, los resultados son demoledores. Basta ver el problema que representa el reciclaje de las baterías de litio.

Pero hay más. El uso de fuentes alternas de energía no garantiza su sustentabilidad. Veamos, por ejemplo, el impacto que ocasiona la demanda de madera de balsa para la fabricación de los rotores destinados a la generación de energía eólica; eso ocasiona una tremenda destrucción de los bosques tropicales. Ecuador es uno de los países más afectados por esa creciente demanda de madera de balsa.

Con esta avalancha de iniciativas se pierden de vista los efectos de estas transiciones energéticas asentadas en lo tecnológico. Se descuida que necesitamos otro tipo de procesos de transición energética profundos, estructurales, socialmente justos y de armónica relación con la naturaleza. Además, debemos evitar que se perpetúen las relaciones de subordinación y dependencia entre los países y dentro de los países.

P: ¿Por ejemplo?  

R: Para sostener los vehículos eléctricos, aceptamos que haya más megaminería, más destrucción. Así, no resolvemos los problemas del colapso ecológico y tampoco los del transporte en las ciudades. Lo que normalmente no se analiza, para citar una cuestión crucial, es el hecho de que para ampliar la infraestructura demandada por los autos particulares, los municipios destinan cada vez más y más recursos que, a mi juicio, deberían ser canalizados prioritariamente para el transporte público.

Estamos viendo que los mismos empresarios que venden esos vehículos eléctricos están preocupados porque el incentivo –exención de aranceles– es perverso, pues se está beneficiando a los autos que funcionan con energía eléctrica y también a híbridos, que siguen consumiendo hidrocarburos; tal como sucede con el masivo fomento de generadores de electricidad privados frente a racionamientos de electricidad que pudieron ser evitados.

P: ¿Cuál es su análisis de la batalla corporativa y geopolítica que se desarrolla tras el discurso de la mitigación del cambio climático?

R: Las tecnologías ayudan, pero no resuelven los problemas que son eminentemente políticos. Es más, en este cambio de la movilidad de combustión a la movilidad eléctrica, se registra una disputa de los grandes grupos económicos por un mercado pequeño, mientras los gobiernos son una suerte de actores pasivos.

Como toda decisión política, la transición energética hacia una movilidad sustentable exige
considerar muchos factores diversos. Alberto Acosta expone varios de ellos.

P: En el Foro de “Perspectivas de vida para un Ecuador post extractivista” me sentí interpelada por el planteamiento de que no es una transición, sino varias transiciones ¿Cuántas puede haber?

R: Yo no creo que podamos cerrar la puerta a un solo tipo de transición, a una transición de manual, porque cada realidad en cada país es diferente, pero sí creo que tenemos que tener alguna claridad del horizonte adonde queremos llegar. No se trata sólo de cambiar las fuentes de energía para seguir haciendo más de lo mismo, esa no es la opción. Esa solamente sería una propuesta basada en la ilusión tecnológica que tiene claras implicaciones políticas para sostener los intereses de los grandes grupos económicos, por eso hablamos de una transición energética corporativa que no afecta la lógica del sistema.

Lo que se está haciendo es intentar cambiar los combustibles fósiles por otras fuentes de energía, sin alterar el esquema industrializante, el consumismo y el productivismo; en  suma, sin modificar los estilos de vida depredadores, menos aún la lógica de acumulación del capital, que es la que sofoca la vida de los seres humanos y de la naturaleza.

Por el contrario, necesitamos otros horizontes en clave de Pluriverso: un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas. Siempre garantizando la vida digna de todos los seres humanos y no humanos. Como eso no va a suceder de la noche a la mañana, precisamos diversas transiciones a ser desplegadas en los diversos contextos de la vida de los seres humanos, sobre todo desde abajo, desde las comunidades.

P: ¿Cómo podrían convivir diversas transiciones?

R: Dependerá de cada territorio, cultura, comunidad y coyuntura. En el caso de Ecuador, tenemos que transitar hacia una economía postpetrolera. Ese es un primer paso concreto. No vamos a poder cerrar todos los pozos de petróleo inmediatamente, aunque podría ser razonable para la naturaleza y las comunidades amazónicas. El reto es complejo.

Ya vemos lo difícil que es cumplir con el mandato popular del ITT-Yasuní: las élites hacen todo lo posible para no dar paso al cierre. Incluso en una transición energética, con un horizonte postpetrolero, pensada con criterios democráticos de justicia social y ecológica, no queda más que sostener por un tiempo algo de la actividad petrolera, tratando de recuperar la mayor cantidad de crudo disponible en algunos campos grandes en plena explotación como Sacha y Auca, de donde se extraen en la actualidad alrededor de 100 mil barriles al día. Esa tarea le compete a la empresa estatal, que debe optimizar el rédito fiscal por barril extraído, minimizando al máximo los destrozos socioambientales.

Esa estrategia debe contar con unas metas claras. Hay que cerrar inmediatamente la extracción de crudo del ITT, que técnicamente sí es posible y que fiscalmente no representa un tema mayor. Simultáneamente, no sólo porque las reservas de petróleo declinan aceleradamente, se debe reducir paulatinamente el resto de la actividad petrolera, no ampliar la frontera petrolera en el centro-sur. En paralelo hay que remediar lo que está destruido: de los 5000 pozos que existen en el país, la mitad están abandonados en condiciones deplorables.

Simultáneamente, tenemos que plantearnos el tema de qué otras fuentes de energía vamos a utilizar. Aquí aparece otro tema de discusión muy interesante: la energía hidráulica, que tiene un enorme potencial en nuestro país. Nosotros tenemos instalados este rato un poco más de 5.000 megavatios de potencia; la disponibilidad técnica superaría los 45.000 megavatios; la disponibilidad económica podría llegar a 22.000 megavatios. Pero claro, ahí vienen las preguntas de fondo: ¿Vamos a desarrollar megaproyectos o vamos a favorecer pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas? ¿Vamos a seguir afectando las cuencas hidrográficas y las comunidades ribereñas?

No soy partidario del proyecto Santiago (en la unión de los ríos Zamora y Namangoza), que es un proyecto gigantesco que tendrá enormes impactos socioambientales.

La solución en este terreno exige construir medianas, pequeñas y microcentrales hidroeléctricas. Una central hidroeléctrica debería garantizar el ciclo vital del agua, cuidar su cuenca para que no se afecte la vida del río, es decir para frenar la deforestación y no dejar sin agua a las comunidades río abajo. A más de garantizar el ciclo vital del agua, las comunidades ribereñas deberían ser las primeras beneficiarias en el suministro de electricidad, algo que no sucede en el Ecuador. Esas comunidades tienen que ser, inclusive, actores de esos proyectos, dotándoles de acciones o mecanismos de participación preferenciales en los emprendimientos, sean estatales o privados.

Además, tenemos que plantearnos el desarrollo de las otras fuentes alternas de energía como la solar, la eólica, la geotérmica, la mareomotriz. Cada una de ellas tienen sus especificidades. Y en el uso de la energía solar, por ejemplo, los municipios pueden tener un papel protagónico alentando la instalación de células fotovoltaicas y/o paneles solares en las viviendas, otorgando alicientes con una reducción del pago del impuesto predial, que debería venir acompañado de la construcción en el país de los equipos necesarios.

P: La generación creciente de energía, ¿es suficiente para resolver el reto?

R: Definitivamente no. No sólo es una cuestión de oferta, sino también de demanda. Aquí, añadiría el uso eficiente de la energía como otra fuente de energía, que en la actualidad serviría para enfrentar desde la demanda el grave problema de los racionamientos producto de la improvisación e incapacidad de los gobernantes que, además, despliegan una estrategia para privatizar el sector a cualquier costo.

Aquí afloran las preguntas medulares: ¿Para qué la energía? ¿Para quién la energía? ¿De qué energía estamos hablando? ¿Cómo se va a generar la energía que necesitamos? ¿Quién va a controlar el uso de esa energía? ¿Y cuáles van a ser los principios que norman la generación el transporte, la distribución y el uso de la energía?

Lo común es ver a la energía como un insumo, como una mercancía, cuando en realidad la energía debe ser asumida como un derecho, en clave de soberanía energética como dispone la Constitución. No se trata de seguir generando siempre más energía para cualquier demanda.

Esto nos lleva a superar la pobreza energética, hay miles de hogares que no tienen la energía suficiente para una vida digna. Simultáneamente habrá que reducir el despilfarro energético de los grupos más acomodados de la población y de las empresas extractivistas, como las mineras, que, además, son una verdadera estafa económica para el país. Por otro lado, hay que asegurar que la sociedad esté involucrada en todo este proceso, potenciando la participación de consumidores y consumidoras, así como la conformación de las comunidades energéticas, como se hace en Colombia e incluso en Alemania, Italia y otros países.

P: ¿Qué es lo que no debería pasar en esta etapa de transición?

R: Requerimos una planificación energética integral con acciones de corto, mediano y largo plazos. En un trajinar de transición energética democrática, no corporativa, se debe optar por un mix de fuentes energéticas con los mencionados criterios de justicia social y ambiental. Para lograrlo hay que recurrir a medidas de política tributaria, fiscal, arancelaria, medidas administrativas. Existe una multiplicidad de mecanismos, pero sin perder de vista ese horizonte de transformaciones estructurales que debe mover este esfuerzo múltiple.

Simultáneamente, hay que definir las líneas rojas de la sustentabilidad. Como es, por ejemplo, la protección de las fuentes de agua dando paso a la prohibición de la minería metálica: en un país megadiverso, al menos, no debería haber minería en las fuentes de agua, en las zonas de recarga hídrica, en todos los páramos y en los ríos.

Según Alberto Acosta, la transición energética debe pensarse dentro del contexto de
un rediseño integral del aparato productivo nacional.

P: En definitiva, ¿cómo asumir la energía en clave de una transición democrática?

R: La democratización de la energía implica una transformación profunda en la forma en que se toman las decisiones sobre la producción y el consumo de energía. Las políticas energéticas no pueden seguir siendo dictadas exclusivamente por el gobierno central, menos aún por quienes hacen un negocio de la energía, como son las grandes corporaciones. Es necesario que las comunidades locales, los grupos marginados y las poblaciones indígenas, que históricamente han sido los más afectados por los proyectos de energía sobre todo a gran escala, tengan una voz real en las decisiones que afectan sus territorios y su futuro.

La transición energética justa no es sólo una cuestión técnica o económica; es una cuestión política y ética que tiene como objetivo desmantelar las estructuras de poder que han perpetuado las desigualdades sociales y la destrucción de la naturaleza. Democratizar la energía significa transformar el sistema energético en uno que esté al servicio de las personas y que garantice las relaciones de armonía con la naturaleza, en lugar de ser controlado por los intereses del mercado. Solo así podremos avanzar hacia el Buen Vivir, donde la energía se gestione como un bien común y no como una mercancía que perpetúa la injusticia y la explotación.

“No se trata sólo de cambiar las fuentes de energía para seguir haciendo más de lo mismo, esa no es la opción. Esa solamente sería una propuesta basada en la ilusión tecnológica que tiene claras implicaciones políticas para sostener los intereses de los grandes grupos económicos, por eso hablamos de una transición energética corporativa que no afecta la lógica del sistema”.

*Ela Zambrano, comunicadora y periodista. Ha trabajado en los diarios Hoy, El Universo, El Telégrafo y el Quincenario Tintají. Actualmente es investigadora académica de Comunidades Basura Cero e integrante de la Alianza Basura Cero Ecuador.  Colaboradora de La Línea de Fuego. 

Edición y producción web: Jorge Basilago

Revisión: Alicia Franco, Viviana Rocha

Fotografías: Cortesía Alberto Acosta.

Investigación desarrollada con el apoyo de
Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA-América Latina
https://www.no-burn.org/es/