Por Julio Oleas Montalvo*
Las elecciones de 2021 serán determinantes para el futuro del país. Ecuador tendría reservas recuperables de petróleo de 7.860 a 10.700 millones de barriles. Entre 2024 y 2035 se convertiría en importador neto de combustibles; si se mantienen las políticas energéticas actuales, para 2035 enfrentaría un déficit comercial petrolero de 16.700 millones de dólares. “En los próximos años, para Ecuador es crítico considerar políticas más ambiciosas enfocadas a la eficiencia energética, la energía renovable y la diversificación productiva,” advierten Espinoza et al.
En un Estado rentista un cambio radical de la política energética, como el propuesto por Espinoza et al., necesita el complemento de un cambio de igual magnitud en la política fiscal y tributaria. Y esto no puede tratarse como un mero proceso de reingeniería macroeconómica. Requiere ubicarse en su temporalidad -la fase declinante de la era petrolera- y también considerar cómo y por qué el poder asume que los habitantes de la Amazonia no pueden resolver por sí mismos su forma de vida y su futuro, mientras que un gobierno distante puede decidir si el suelo en el que habitan es parque nacional o campo petrolero.
“En los próximos años, para Ecuador es crítico considerar políticas más ambiciosas enfocadas a la eficiencia energética, la energía renovable y la diversificación productiva”.
La nueva era geológica
En los últimos 50 años el Ecuador se ha vinculado al mercado mundial sobre la base de la exportación de petróleo y otros bienes primarios. En este lapso, la población del planeta se ha duplicado, la economía se ha cuadruplicado y el comercio internacional se ha multiplicado por diez. Un estudio del Credit Suisse concluye que 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico, mientras que 90% de la población del planeta posee menos del 20% de la riqueza disponible (Global Wealth Report 2019). Medida por el ingreso, entre 1990 y 2015 la pobreza habría disminuido a 10,2% de la población mundial (en especial gracias al crecimiento de China), pero al finalizar este año debido a covid-19 la pobreza multidimensional (carencias de salud, educación, acceso a electricidad, agua potable y vivienda) habrá atrapado a uno de cada cuatro seres humanos (unas 1.800 millones de personas).
El fracaso del modo de producción capitalista (desde las economías de mercado liberales hasta las economías de planificación central) para procurar el bienestar humano rebasa la esfera social, como lo revelan la crisis ambiental y el cambio climático. Las actividades económicas han provocado el incremento de la concentración de CO2 -el principal gas con efecto invernadero- a más de 415 partes por millón, la cifra más alta desde hace tres millones de años. Los ecosistemas naturales han declinado 47%, en promedio. Una cuarta parte de las especies animales y plantas está en peligro de extinción. La biomasa global de mamíferos salvajes ha descendido 82%. La abundancia de especies naturales en las distintas biotas terrestres se ha reducido 23%, en promedio. Todos los ambientes naturales de las comunidades humanas que (sobre)viven en los márgenes del mercado están deteriorados .
En el último cuarto de siglo la superficie terrestre ha perdido 28 trillones de toneladas de hielo por causa del calentamiento global. Desde 1990 se han talado 178 millones de hectáreas de bosques y la deforestación mundial avanza 4,7 millones de hectáreas por año. Las poblaciones de peces dentro de niveles biológicamente sostenibles han descendido del 90% en 1974 a 65,8% en 2017. El 22 de agosto pasado agotamos la capacidad de la tierra para regenerar los impactos provocados por las actividades humanas en este año. Los 131 días restantes del año estamos viviendo a costa de las generaciones futuras.
Esto es el capitaloceno, la etapa más reciente de la historia geológica del planeta. Jason Moore propone que en este la coacción del trabajo subordinado a la acumulación del capital rompe el equilibrio del ecosistema planetario. La zoonosis que ha provocado la covid-19 prueba el desequilibrio inducido en la naturaleza por el capitalismo. La responsabilidad de los cambios del capitaloceno es compartida (por todos), pero diferenciada (de unos más que de otros). Ernesto Cano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisa que en 2015 el 50 % de las emisiones totales de CO2 fueron provocadas por 700 millones de personas (las más ricas), mientras que la mitad de la población mundial (3.500 millones) solo generó otro 10%. 55 corporaciones petroleras emitieron 41,1 % del total de gases con efecto invernadero acumulados en la atmósfera hasta 2010.
En 2011, el consumo de energía del personal militar y civil del Departamento de Defensa de EE. UU. fue 35% más alto que el consumo per cápita de un norteamericano promedio -el más alto del mundo. En el extremo opuesto, la responsabilidad del calentamiento global por consumo exosomático de energía de los pueblos no contactados de la Amazonia es nula. ¿Tienen los militares norteamericanos más derecho que los habitantes de la Amazonia a consumir energía? Claro que no, pero tienen el poder para hacerlo.
“Esto es el capitaloceno, la etapa más reciente de la historia geológica del planeta”.
–Jason Moore
El Yasuní en el mercado mundial
La historia del Ecuador es la historia de varias transformaciones político-económicas diseñadas para extraer recursos naturales y venderlos en el mercado mundial. Este proceso registra tres etapas: entre los siglos XVI y XIX, de predominio europeo; la preponderancia de EE. UU. en el XX; y en el XXI la decadencia norteamericana y el ascenso de China. Esta historia se inscribe en la colonialidad del poder, que opera en torno a dos ejes: (i) la codificación en la idea de raza, de las diferencias entre conquistadores y conquistados, que ubica a unos en situación natural de inferioridad frente a los otros; y (ii) “la articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial” (A. Quijano).
La región amazónica fue la última de la geografía nacional en incorporarse al mercado mundial. Pero al hacerlo, la extracción de petróleo ha provocado perjuicios irreparables a sus habitantes y efectos desastrosos en el ambiente. En la fase avanzada de esta etapa, varios grupos ecologistas propusieron dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43. La idea tenía más de un objetivo: el más ambicioso, contribuir a frenar la crisis civilizatoria a la que conduce el capitaloceno, al evitar la emisión de 436 millones de toneladas de CO2, a cambio de una retribución económica internacional. Habría sido un hito mundial digno de emulación. En su momento, David Batker, fundador de Earth Economics, ONG con sede en Tacoma (EE. UU.), declaró que esa iniciativa representaba el “liderazgo mundial” de la lucha contra el calentamiento global.
En 1979 se instituyó el Parque Nacional Yasuní; en 1989, la Unesco lo declaró reserva de la biosfera. En 1992 el gobierno autorizó a la Maxus la exploración de petróleo y seis años más tarde una parte del Parque fue declarada “zona intangible”. El bloque 43 se ubica en ese bosque lluvioso, donde habitaban los pueblos Tagaeri y Taromenani, en medio de la mayor concentración de vida silvestre del planeta: unas 4.000 especies de plantas, 173 especies de mamíferos, 616 especies de pájaros, más de 100.000 especies de insectos por hectárea -la mayor diversidad en el mundo- y casi tantas especies de árboles por hectárea como las registradas en toda América del Norte.
La Iniciativa Yasuní-ITT nació en forma oficial en diciembre de 2007 y hasta agosto de 2013 fue la brillante carta de presentación internacional de un país que había declarado en su constitución política que la naturaleza tiene derechos y de un gobierno que siempre se negó a eliminar los subsidios a los combustibles. La neodependencia y el rentismo, las disputas políticas y el racismo la condujeron al fracaso.
En las primeras décadas del siglo XXI, con el respaldo de una reserva internacional superior a 3,5 trillones de dólares, China impulsó a sus empresas a invertir en el exterior y a su banca pública a prestar dinero a cambio de petróleo y gas natural. China requiere importar entre 12 y 14,5 millones de barriles diarios. En abril de 2010 las empresas chinas recibían un tercio de las exportaciones ecuatorianas de petróleo y para 2013 ya acaparaban 83%.
En diciembre de 2008, Ecuador dejó de pagar los bonos Global 2012. La moratoria de una parte de su deuda externa (unos USD3.200 millones) le cerró las puertas de los prestamistas avalados por el FMI y cinco años más tarde (2013), necesitado de recursos para sostener un inusual ritmo de inversión pública, el gobierno ecuatoriano contrató con empresas chinas financiamiento por USD2.000 millones para las inversiones de ese año… a cambio de hasta 90 % de las exportaciones de petróleo de los próximos siete años.
En 2015, las importaciones chinas desde América Latina bordeaban los 850.000 bbl/día, gracias a la adquisición de empresas ya establecidas o de derechos sobre campos petroleros. Según Rocha y Bielschowsky, ese año las empresas chinas ya controlaban una producción equivalente a un millón de barriles diarios. En 2018, en Ecuador los chinos tenían derechos sobre 140 millones de barriles de reservas, extraían 43.000 bbl/día gracias a sus inversiones y recibían pagos en crudo de 68.000 bbl/día.
La extracción comercial del petróleo del bloque 43 empezó en septiembre de 2016 con 20.000 bbl/día. En ese mismo año se oficializó un incremento de las reservas, hasta los 1.672 millones de barriles. En agosto de 2019 Petroamazonas EP informó que extraía más de 80.000 bbl/día, de más de 100 pozos en Tiputini y Tambococha.
Los gobiernos de los estados modernos financian sus actividades con los impuestos pagados por sus ciudadanos y sus empresas. Si estos no son suficientes, se obligan a gastar menos o recurren al financiamiento (interno e internacional). Este axioma de las finanzas públicas no se aplica a los estados rentistas, que perciben rentas de la extracción de petróleo y de otros minerales. En Ecuador, desde 1972 el rentismo petrolero es el eje de la economía y la base de la acumulación de capital.
Según el Ministerio de Finanzas, en la década pasada (2010 a 2019) la exportación de petróleo reportó al erario USD 89.034 millones, es decir 26,5 por ciento de los ingresos totales del Estado. Para esto se extrajeron 1.915 millones de barriles (Mbbl). En promedio, 524.000 bbl/día, con un máximo de 557.000 bbl/día en 2014. Este ritmo de extracción (menos de 5% de lo que Arabia Saudita extrae cada día) podría mantenerse hasta 2025, según Espinoza et al.
Ecuador no solo percibe renta del petróleo como un porcentaje del precio recibido por las ventas spot de cada barril. El petróleo, todavía bajo tierra, sirve como colateral para avalar la contratación de financiamiento externo, con las nunca transparentes “ventas anticipadas”. En un reportaje publicado en Expreso, Javier Montenegro asevera, con información del ministerio de Finanzas, que “las preventas generaron préstamos para mantener el gasto del correísmo por 15.223 millones de dólares”. Hasta junio de 2020 se habrían pagado USD 9.874 millones y el resto deberá servirse hasta 2024. Hasta ese año también se seguirá entregando 274 millones de barriles a Petrotailandia (98,6Mbbl), Sinopec (16,7Mbbl) y Petrochina (159,4Mbbl). Entre 2010 y 2019 esta y otras deudas, internas e internacionales, requirieron un servicio equivalente a USD 14.299,6 millones, según las estadísticas oficiales.
El petróleo genera conflictos por el lado de la extracción y también por el del consumo. Los subsidios a los combustibles aparecieron con el boom, en 1974, y desde entonces han sido piedra de toque en todas las crisis económicas. Los gobiernos han evitado transparentar su monto, focalizarlos o identificar con claridad a sus beneficiaros (además de lo obvio: los contrabandistas). Valiéndose del método del costo de oportunidad, Fabián Villarreal estimó el monto subsidiado (en gasolinas, diésel y gas) entre 2010 y 2019 en USD 34.653,9 millones. Si este cálculo es correcto, en la década pasada el país gastó en subsidios 9,3% del gasto total registrado en las operaciones del sector público no financiero.
Tras 26 años de litigio, los habitantes perjudicados por las actividades de Texaco no pudieron reivindicar sus derechos y los daños ambientales causados por la petrolera estadounidense siguen allí.
–Julio Oleas Montalvo
En 2014, ya abandonada la Iniciativa, los “Yasunidos” propusieron consultar al país “¿Está usted de acuerdo con que el gobierno mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el suelo?” Para formalizar este referéndum en los términos normados por la Constitución, presentaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) 757.000 firmas de apoyo, es decir más de 173.000 firmas de las legalmente requeridas. El CNE descalificó 497.000 firmas por inconsistentes o por defectos de forma.
Según Decio Machado, “cuantificando el número de grafotécnicos y verificadores contratados por el CNE, los cuales no eran peritos acreditados, y el tiempo que duró la revisión de firmas, se deduce que estos evaluaron cada firma en una media de 20 segundos” (Irregularidades en el rechazo de la consulta del Yasuní). El Ejecutivo no podía permitir que los ciudadanos nuliten un colateral financiero indispensable para seguir recibiendo apoyo chino. En cualquier caso, una moratoria de parte o de toda la extracción de petróleo debe complementarse -al menos- con una propuesta de consumo energético sostenible, no basado en combustibles fósiles, y con una opción para compensar la renta petrolera cesante.
El conflicto provocado por Texaco/Chevron es el más conocido. La Texaco extrajo millones de barriles de petróleo y al hacerlo vertió en los suelos y ríos del nororiente más de 678.000 bbl de crudo y unos 60 millones de metros cúbicos de otras sustancias contaminantes. En 1993 un grupo de afectados la demandaron en Nueva York. En 1995 el gobierno orquestó con la petrolera un Plan de Acción de Remediación para 265 de las 880 piscinas contaminantes abandonadas en la selva. En 2002 la Corte de Nueva York retornó el caso a Ecuador y en 2011 la Corte Provincial de Sucumbíos condenó a Chevron a pagar USD 9,5 millones para remediar los daños ambientales. Chevron interpuso recurso de casación y en 2013 se confirmó el fallo de Sucumbíos. Esta sentencia fue recurrida ante la Corte Constitucional y luego el caso salió nuevamente al exterior.
En abril de 2019 el Tribunal Supremo de Países Bajos desestimó las sentencias ecuatorianas. Tras 26 años de litigio, los habitantes perjudicados por las actividades de Texaco no pudieron reivindicar sus derechos y los daños ambientales causados por la petrolera estadounidense siguen allí. El 7 de septiembre de 2019 el presidente Moreno declaró que “el régimen de Rafael Correa utilizó el caso Chevron para ganar protagonismo político y mediático y empleó fondos públicos para propaganda, manipulando la opinión pública nacional e internacional, cuyas consecuencias se ven reflejadas en el tribunal arbitral de La Haya”.
En Ecuador no existen políticas de Estado; todo se resuelve en coyunturas específicas. El 2 de octubre de 2019 el gobierno expidió el Decreto 883 para eliminar los subsidios a los combustibles. Al día siguiente expidió el Decreto 884 declarando el estado de excepción en el territorio nacional. En respuesta el movimiento indígena paralizó el país, liderando el descontento general, hasta que el 14 de octubre el gobierno dio marcha atrás (Decreto 894). Parece que los subsidios a los combustibles no se pueden eliminar solo porque lo recomiende el FMI.
Estos subsidios aceleran el cambio climático, son incompatibles con los objetivos de desarrollo sostenible y durante casi medio siglo han engordado el déficit fiscal. En la lógica de la terapia de shock del paquetazo parece no importar que su presencia durante casi medio siglo ha deformado la estructura de costos de todos los sectores productivos y propiciado una falsa y regresiva sensación de opulencia en los segmentos de la población con más ingreso. Su eliminación es indispensable, pero su metástasis en todo el tejido social requiere una acción planificada y medidas de contingencia, consensuadas en forma democrática y no impuestas por el poder.
¿Cómo será el fin de la era petrolera?
Iniciar el proceso electoral con más de 10 candidatos confirma el estado de hilaridad al que ha llegado la política nacional. Entre esa plétora de aspirantes ¿habrá uno capaz de explicar al país con claridad que no podrá detener la extracción del petróleo del Yasuní -y menos todavía la de los campos “maduros”- porque el recurso está hipotecado a empresas chinas, porque el costo político de eliminar el rentismo es inmanejable y porque no quiere terminar con el racismo que asume que los habitantes ecuatorianos de páramos y selvas no tienen los mismos derechos que los citadinos?
En este caso, el próximo gobierno ejercerá el poder haciendo las cosas como siempre se han hecho, business as usual: anticipando las ventas del crudo a empresas extranjeras, repartiendo entre los grupos de poder la renta del petróleo (mientras haya reservas y/o demanda internacional, lo que ocurra primero) y administrando derechos según su conveniencia étnica. En resumen, preservando la colonialidad del poder y obligando al país entero a empujar hacia el precipicio el vagón del calentamiento global. Este escenario prepararía el fin catastrófico de la era petrolera.
O ¿habrá un candidato capaz de explicar que dejar el petróleo bajo tierra es hoy más necesario que nunca, para aliviar la presión antrópica sobre un planeta exhausto, para garantizar el derecho de sus habitantes -colonos, y nacionalidades- a preservar su cultura y a determinar su propia prosperidad, y para proteger la flora y fauna megadiversas de esa región?
Para comenzar a creerle, ese candidato también tendría que presentar varios planes de contingencia: de combate frontal al racismo; de diversificación productiva; de pago de la deuda externa con un aval distinto al petróleo del Yasuní; de optimización del gasto público (incluida una estrategia para terminar con los subsidios a los combustibles) y reforma tributaria integral (progresiva y suficiente para al menos compensar la renta petrolera en el presupuesto nacional).
En este caso el próximo gobierno tendría que implementar una inédita política de Estado para iniciar un giro decolonial que termine con el control ejercido por las élites criollas sobre los territorios amazónicos; reivindicar los derechos de las nacionalidades indígenas y recuperar la política de educación autónoma; garantizar su derecho a determinar su propia prosperidad; purgar al sumak kawsay del utilitarismo político antropocentrista al que ha sido reducido; y promover la autonomía plurinacional.
O, en forma resumida, garantizar el cumplimiento del artículo 57 de la Constitución vigente, como propone Wañucta Tonic. Así de sencillo.
¿Habrá un candidato capaz de explicar que dejar el petróleo bajo tierra es hoy más necesario que nunca, para aliviar la presión antrópica sobre un planeta exhausto, para garantizar el derecho de sus habitantes -colonos, y nacionalidades- a preservar su cultura y a determinar su propia prosperidad, y para proteger la flora y fauna megadiversas de esa región?
–Julio Oleas Montalvo
*Julio Oleas Montalvo es doctor en historia económica ecuatoriana por la UASB-Ecuador.
Fotografía principal: Campaña Mano sucia de Chevron.
