Por Julio Oleas Montalvo*
En diciembre de 1823, el presidente James Monroe declaró que cualquier intervención europea en América sería considerada como una agresión contra los Estados Unidos. Esta afirmación -la doctrina Monroe- no impidió que el Reino Unido y otros países del Viejo Continente colonizaran los mercados de los recién liberados territorios del Imperio español. Pero, a lo largo del siglo XIX, EE.UU. ganó competitividad y en el siglo XX el espacio comprendido entre México y Tierra del Fuego se convirtió en su patio trasero, el America’s Backyard donde T. Roosevelt ejerció sin contrapesos la política del gran garrote. La doctrina Monroe fue la base histórica del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1948) y de la Organización de Estados Americanos (OEA, 1949), “sistema” que se completó en 1958 con la creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante la Guerra Fría, la doctrina de contención global, concebida por George Kennan, sirvió para contrarrestar la expansión de la influencia soviética y de los territorios controlados por regímenes comunistas. La Alianza para el Progreso o las guerras de Corea y Vietnam fueron proyecciones de esta nueva doctrina, que justificó la expansión global del poder norteamericano y más de 700 bases militares alrededor del planeta. Pero, en la década final del siglo pasado, la implosión de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín abrieron un nuevo escenario. El ataque del 9/11 enfocó la política exterior norteamericana en la lucha contra el “terrorismo”. En 2005, Condoleezza Rice trató de reciclar las ideas de Kennan, buscando el apoyo de Japón, Corea del Sur e India, con el objetivo de que la República Popular China (RPC) juegue un papel “más positivo que negativo”. Así, en las últimas tres décadas la hegemonía norteamericana se ha dirimido en los Balcanes y en el Oriente (Medio y Extremo), en una atmósfera impregnada de libre comercio, especulación financiera, deslocalización industrial, cadenas de valor transnacionales, maquilas y reprimarización.
Hace 20 años, el despegue económico de la RPC no parecía un problema en el patio trasero. En 2000, las exportaciones de Sudamérica a EE.UU. sumaron $48.759,1 millones, mientras que a China alcanzaron los $3.449,9 millones; las importaciones a la región, provenientes de esos dos países, sumaron $34.032,7 millones y $4.664.4 millones, respectivamente ?según la base de datos Comtrade de Naciones Unidas. El descuido diplomático del espacio sudamericano y la pérdida de competitividad de la industria norteamericana fueron aprovechados por la RPC y, dos décadas más tarde, la región es un patio en disputa.
“El descuido diplomático del espacio sudamericano y la pérdida de competitividad de la industria norteamericana fueron aprovechados por la RPC y, dos décadas más tarde, la región es un patio en disputa”.
La guerra comercial en el patio trasero
Al comenzar el siglo XXI América Latina tenía cuatro organismos de integración importantes: la OEA, el Mercado Común Centro Americano, el Mercosur y la Comunidad Andina. Al firmar el TLCAN, México optó por mirar hacia el norte.
En la región andina, la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA por sus siglas en inglés) estableció un régimen de preferencias unilaterales otorgadas por EE.UU. a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para recompensar sus contribuciones a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. En 2002 se la renovó como Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de las Drogas (ATPDEA por sus siglas en inglés). Entre 1991 y 2006, el ATPA y el ATPDEA fueron eficientes herramientas para interferir en los asuntos de los países “beneficiados”, mientras el tráfico internacional de drogas prosperaba conforme crecía su demanda.
Al mismo tiempo, en secreto, progresaban las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), iniciativa lanzada por Bill Clinton en la I Cumbre de las Américas (Miami, 1994). El ALCA proponía reducir gradualmente las barreras arancelarias y liberar la inversión extranjera en 34 países de la región (menos en Cuba), pero chocó en la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, 2005) con la oposición liderada por Hugo Chávez y Néstor Kirchner.
A la RPC le resultó suficiente la normativa de la OMC (ingresó a ese organismo en diciembre de 2001) para disputar el liderazgo comercial en la región. La RPC solo tiene Tratados de Libre Comercio (TLC) con Chile (2005) y Perú (2010), lo que no ha impedido penetrar en todos los mercados sudamericanos. En 2013, se convirtió en el principal socio comercial de Sudamérica al recibir $ 85.557,1 millones de exportaciones y enviar a la región $ 102.188,8 millones (Gráfico 1). En 13 años (desde 2000), las relaciones comerciales de Sudamérica con la RPC se multiplicaron por 23, mientras que con EE.UU. crecieron 2,3 veces.
Como cualquier país con ventajas competitivas, la RPC también prefiere los TLC. Bolivia estaba dispuesta a negociar uno, hasta que Evo Morales asumió el poder en enero de 2006. Con el Mercosur no ha podido hacerlo (bloque a bloque), pero no tiene problema en tratar uno a uno con sus países miembros. En diciembre de 2018 Macri y Xi Jinping firmaron 30 acuerdos económicos y comerciales; un año más tarde, Paulo Guedes, ministro de economía del gobierno brasileño, anunció que Brasil estaba tratando con la RPC la creación de un área de libre comercio. Y, en abril de 2020, el embajador Wang Gang reiteró el “constante” interés chino en acordar un TLC con Uruguay.
Por otro lado, Colombia es el principal aliado de EE.UU. en Sudamérica. El Plan Colombia no le permite avanzar hacia escenarios internacionales más abiertos, a pesar de intentos doctrinales como la Respicie Omnia (mirar al universo como un todo) de principios de siglo, o el más reciente concepto de “polivalencia estratégica” propuesto por el ministro de defensa Carlos Holmes. La oposición de los industriales al TLC negociado con Corea del Sur hace poco probable desbloquear el avance del TLC con la RPC. En Ecuador, en enero de 2019, el embajador Wang Yulin declaró que a la RPC no le interesaba negociar un acuerdo con alcance parcial, sino un TLC.
Desde 1957, Paraguay reconoce a Taiwán, por lo que no tiene relaciones diplomáticas con la RPC. Esto no ha impedido que los $260 millones importados en 2000 desde la RPC hayan crecido hasta $ 3.764,2 millones en 2018, sin una contraparte por el lado de las exportaciones, de manera que en el quinquenio 2015-2019 los paraguayos acumularon con la RPC un déficit comercial de más de $15.000 millones.
Algo similar ha ocurrido con el financiamiento del desarrollo. El BID (ahora Grupo BID) se precia de ser el banco regional más grande y antiguo del mundo. Si bien sus recursos financieros provienen de 48 países miembros (incluso la RPC aporta 0,004% del capital), es una entidad controlada por el gobierno de EE. UU., como lo evidenció D. Trump al designar a Mauricio Claver- Carone a la presidencia de esa entidad. (Gráfico 2)
Desde su creación hasta 2018, el BID ha aprobado más de $ 286.000 millones de préstamos y garantías, y otros $ 7.300 millones de operaciones no reembolsables (BID: Informe Anual 2018). De los $14.752 millones de préstamos y garantías aprobados en 2018, el 21% lo recibió Brasil, 18% Argentina, 9% México, 8% Colombia y 5% Ecuador.
Desde 2005, la RPC también disputa este ámbito, con el Banco de Desarrollo de China y el China Export and Import Bank (Ex-Im Bank). Por medio de estas dos entidades, hasta 2019 la RPC canalizó a América Latina y el Caribe $ 137.000 millones destinados a gobiernos y empresas públicas para aplicarlos a los sectores priorizados en la Franja y la Ruta, el foro de cooperación internacional promocionado por Beijing como “la extensión natural” de la histórica Ruta de la Seda (Gráfico 3). Los principales gobiernos receptores fueron Venezuela (45,4% del total), Brasil (21,1%), Ecuador (13,4%) y Argentina (12,5%).
La cuantificación de la inversión extranjera directa (IED) de la RPC en Sudamérica es difícil, pues sus empresas suelen canalizarla por medio de terceros países. Una investigación publicada en 2017 por Samuel Ortiz V., profesor de la UNAM, concluye que “la creciente presencia de IED china […] no está contribuyendo a ampliar el acervo productivo de la región […] al tiempo que significa la entrada de nuevos actores chinos con capacidad de incidir en el funcionamiento de las economías”. Para Mónica Núñez, investigadora de la Universidad del Pacífico en Perú, donde la China Three Gorges adquirió Luz del Sur, la empresa distribuidora de energía eléctrica más grande del país, “…habría que cuestionarnos […] si nuestro plan de infraestructura responde a nuestros intereses como país o al plan chino de conectividad”.
Entre 2001 y 2016, la IED china en América Latina y el Caribe alcanzó $ 87.928 millones. En Sudamérica el principal receptor fue Brasil, con $ 39.688,2 millones, seguido de Perú ($ 15.822 millones), Argentina ($ 7.087 millones), Venezuela ($ 4.112,2 millones), Chile ($ 3.305,6 millones), Ecuador ($ 3.051,7millones) y Colombia ($ 1.951,7). Según Ortiz, por cada $ 435.000 de estas nuevas inversiones se pudo crear un nuevo puesto de trabajo.
El objetivo de la inversión extranjera directa (IED) china es asegurar la provisión de materias primas para la potencia asiática. El 80,9% de estas inversiones tienen como titulares a empresas públicas controladas, en última instancia, por el Partido Comunista Chino. Ortiz afirma que “sus motivaciones van más allá del criterio de la rentabilidad privada, bien podría sostenerse que son las estrategias de desarrollo […] del gobierno chino, las que están detrás del boom de las inversiones chinas.”
La IED proveniente de EE.UU. es más diversificada y tiene como motivación fundamental la rentabilidad. Los inversionistas norteamericanos exigen que los países receptores hagan buena letra en política económica (baja inflación, equilibrio fiscal, libre flujo de bienes, servicios y capitales, desregulación y flexibilización laboral) y no están coordinados por un único factótum político. Esto estaría cambiando. En diciembre de 2019, D. Trump lanzó una iniciativa para incrementar la inversión de las empresas privadas norteamericanas en América Latina. Claver- Carone, por entonces director de la Casa Blanca para la región, comprometió su esfuerzo para promover inversiones anuales hasta por $ 150.000 millones en energía e infraestructura, siempre y cuando los gobiernos latinoamericanos ofrezcan el entorno adecuado. El ahora presidente del BID declaró que esto era parte del ajuste de la política exterior de EE.UU. que se evidenciaría “no solo siendo duro con los adversarios, sino también con los más de 30 países que son amigos mostrándoles que somos su mejor amigo, y asegurándonos que escojan ser nuestros socios”.
El ganador de la guerra comercial
Antes del fracaso de Mar del Plata, EE. UU. ya tenía otra estrategia diplomática. Chile fue el primero en negociar en forma bilateral un TLC que está en vigor desde el 1 de enero de 2004. Al anunciar que Perú y Ecuador se unirían a Colombia, en mayo de 2004 Robert Zoellick, director del United States Trade Representative (USTR), declaró que “los Estados Unidos han estado ocupados en terminar los mejores TLC posibles con nuestros vecinos del hemisferio, por lo que estamos complacidos de que los países andinos quieran trabajar junto a nosotros para eliminar las barreras contra nuestros agricultores, trabajadores, exportadores y empresas”. Pero la negociación con Ecuador se interrumpió cuando cayó Lucio Gutiérrez (abril de 2005) y en marzo de 2006 Evo Morales bloqueó las aspiraciones de Zoellick. En noviembre de 2006, se concretó el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, mientras que el TLC con Perú entró en vigor en febrero de 2009.
En Sudamérica el avance de la globalización perfiló dos grupos de países: los dispuestos a abrir sus fronteras al comercio y al capital transnacional, con Chile a la cabeza, Colombia y Perú, y los menos dispuestos, como Bolivia, Ecuador y Venezuela. A pesar de su creciente disfuncionalidad, el Mercosur ha sido un obstáculo a las intenciones norteamericanas en el Cono Sur. Recién en octubre de 2016 el gobierno de Macri anunció la intención de Argentina de negociar “a través del Mercosur” un TLC con EE.UU., y en agosto de 2019 el gobierno de Bolsonaro inició formalmente las negociaciones para un TLC que, según el ministro Guedes, no sería incompatible con el suscrito entre el Mercosur y la Unión Europea.
Venezuela ha evitado los TLC. Desde 1999, Hugo Chávez primero y luego Nicolás Maduro han desafiado el poder norteamericano y optado por acercarse a países de fuera del hemisferio, enfrentados al hegemónico. Desde 2015 EE.UU. lidera un bloqueo internacional secundado por la Unión Europea y por la Alianza del Pacífico. En 2019, a pedido de Iván Duque, presidente de Colombia, el Grupo de Lima exhortó a China a que retire su apoyo a Venezuela. En enero de 2019, el gobierno norteamericano incluyó a Petróleos de Venezuela (PDVSEA) en la lista OFAC (Office of Foreign Asset Control, dependencia del Tesoro de EE.UU. que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes norteamericanas), confiscó sus activos en territorio norteamericano y prohibió a las refinerías del Golfo de México negociar petróleo con Venezuela.
Estas medidas reiteran el alcance extraterritorial de la legislación y del gobierno norteamericano. La confiscación provoca una pérdida inmediata al gobierno venezolano de $ 18.000 millones y la prohibición de exportar crudo hacia el mercado norteamericano reduce al menos 500.000 barriles/día de ingresos, lo que impacta en la población de un país muy dependiente de la exportación de petróleo.
Si bien la capacidad de injerencia política de EE.UU. es indiscutible, su predominio comercial en el hemisferio terminó en la primera década del siglo XXI. En ese decenio EE. UU. recibió exportaciones sudamericanas por un valor 3,4 veces superior al recibido por la RPC, pero en la siguiente década recibió un valor menor al adquirido por la RPC (Gráfico 4). Por el lado de las importaciones adquiridas por los países sudamericanos a esos dos gigantes en disputa, los resultados son similares. En la primera década del siglo XXI, las importaciones sudamericanas provenientes de EE.UU. fueron 2,1 veces superiores de la RPC, pero en la siguiente década las importaciones originadas en la RPC ya fueron mayores a las norteamericanas, a pesar del extraordinario valor importado desde EE.UU. durante el quinquenio 2010-2014 (Gráfico 5).
¿Quién es preferible, China o Estados Unidos?
El ocaso del predominio comercial de una potencia no es inmediato. Pero la historia muestra que una vez iniciado, es irreversible. Al comenzar el siglo XX, la preponderancia británica se batió en retirada desde la primera gran guerra europea hasta el fin de la segunda. Solo entonces surgió, incuestionable, la hegemonía norteamericana, expresada como política de Estado en el discurso de Harry Truman al asumir su segundo mandato presidencial (enero de 1949).
La condición hegemónica de unos es subordinación de otros. En la primera década del siglo XXI el intercambio desigual ?biofísico y de precios? quedó oculto durante una década por el “superciclo de los commodities”. El gráfico 6 evidencia cómo, mientras los precios internacionales de los bienes primarios se mantuvieron elevados, el comercio de Sudamérica con EE.UU. y la RPC arrojó resultados positivos -medido en términos monetarios y sin considerar externalidades sociales y ambientales. En la segunda década, al cambiar la tendencia de precios, la región ha acumulado voluminosos déficit comerciales.
Sin embargo a unos países les fue mejor que a otros y, en ciertos casos, mejor con la RPC que con EE.UU. o al revés. Solo Brasil obtuvo superávit con ambos. Chile y Perú lograron superávit con la RPC y déficit con EE.UU. Colombia, Bolivia y Ecuador consiguieron superávit con EE.UU. pero acumularon déficit con la RPC. Venezuela tiene el apoyo de la RPC, pero en 20 años acopió con ella un déficit de $ 39.217,4 millones. Argentina, Paraguay y Uruguay obtuvieron déficit comerciales con ambas potencias. Estas diferencias estarían relacionadas con las diferentes estructuras exportadoras.
En estas condiciones la integración regional se ve hoy más improbable que nunca. Al parecer para Sudamérica optar por otras formas de inserción en el mercado mundial no es una opción. No son las ventajas comparativas las que determinan qué se compra, qué se vende, quién invierte y con qué tecnología, en los mercados internacionales. Son los requerimientos geoestratégicos de las potencias globales. Hasta hace poco se suponía que la tecnología era neutral, y que daba lo mismo quién la proveía. Hasta que Huawei se adelantó a Nokia, Qualcomm, Ericsson y Samsung. En el patio trasero, Guatemala y la República Dominicana ya han vetado la opción 5G de Huawei. Como EE.UU., Guatemala ya decidió trasladar su embajada en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, a pesar de la condena de las Naciones Unidas. El gobierno dominicano también “estudia la posibilidad” de hacerlo.
Es un hecho: la tecnología ya dejó de ser neutral, como lo prueba la acre disputa mundial en torno a las vacunas para la covid-19. La diplomacia de la RPC esgrime un discurso que pone por delante los principios de no injerencia en los asuntos internos de otros estados y de igualdad soberana. Por otro lado, la forma en que ha manejado EE.UU. la crisis por la pandemia, en franco ataque a las instancias multilaterales, le facilita a la RPC aparecer como defensor de estas instancias, que son las más convenientes para los países Sudamericanos.
Al inicio del siglo XXI a EE.UU. le está ocurriendo lo que al Reino Unido a inicios del siglo XX. Pero esto no significa que a la fecha haya dejado de ser la potencia dominante en el hemisferio. Sin embargo, en el mediano plazo Sudamérica estaría condenada a cambiar su condición de región dependiente del capitalismo del norte por una condición neodependiente del capitalismo liderado por el Partido Comunista de China. Abandonaría su situación de patio trasero de la hegemonía por una nueva situación de ficha, lejana y forzada, de la Franja y la Ruta, el distópico rompecabezas mundial promocionado por la diplomacia china.
“Hasta hace poco se suponía que la tecnología era neutral, y que daba lo mismo quién la proveía. Hasta que Huawei se adelantó a Nokia, Qualcomm, Ericsson y Samsung. En el patio trasero, Guatemala y la República Dominicana ya han vetado la opción 5G de Huawei”.
–Julio Oleas Montalvo
*Julio Oleas Montalvo, docente universitario, es doctor en historia económica ecuatoriana por la UASB-Ecuador.
Ilustración principal: www.celag.org
Fotografía: celag.org
