ESPECIAL LIBIA

De cómo la guerra en Libia desnudó la crisis de los Estados europeos. Por Héctor Vega

Se relatan muchos episodios acerca del caos tribal en Libia algunos de los cuales, según los estándares occidentales de democracia ya habrían sido suficientes como para dividir el ejército y alinear la población en torno a la oposición. Es el caso de la amenaza del Consejo de Sabios de la tribu de Al-Zuaya instalado en el eje petrolero del Este libio que en un momento amenazó con suspender el aprovisionamiento de petróleo hacia Europa. En ese preciso momento interviene la tribu de Al-Warfalla, hasta ese momento aliada de Kadafi, y demanda su salida del poder y del país, requisitorio al cual se unen las tribus Tuareg (Veáse Alí Chibani. El rol de las tribus en Libia. Le Monde Diplomatique |marzo 2011|).
Estas apuestas políticas constituyen parte del juego de poder de las tribus. Su explicación se encuentra en la doctrina con que Kadafi entiende la organización del Estado. La tribu es un actor político con objetivos y medios mucho más potentes y comprehensivos que un partido político occidental.
La tribu, según el Libro Verde es una “escuela social en la que todos crecen absorbiendo los altos ideales que terminan estableciendo el modelo de comportamiento vital. La tribu es un ‘paraguas’ social natural para la propia seguridad”. Es así como frente a las autoridades, la tribu representa el papel de órgano intermediario con la población mediante el cual se presentan demandas y quejas. En tal sistema, donde los órganos de representación pública no existen, al menos en la forma de las democracias occidentales, el pueblo debe expresarse a través de la tribu. Es así como se entiende la constitución, distribución e inversión de los dineros públicos. En ese reparto muchos quedan fuera pues Kadafi entiende resolver algunos problemas sociales en desmedro de otros sin contar el pago con que se benefician algunas tribus para cumplir con la tarea de influir sobre agrupaciones políticas. Uno de los excluidos del sistema, el líder del Frente de Tubus para la Salvación de Libia, Issa Attubawi, señala el abandono al cual son sometidos miembros de su tribu, quienes carecen de servicios fundamentales del Estado como la educación y la salud (Alí Chibani. Ibid).
Para las potencias europeas, miembros de la Coalición en su tradición occidental del juego político estas prácticas de gobierno son inaceptables y de allí nace la imagen de lo que conviene y es aceptable para el pueblo libio. Perspectiva a través de la cual la Coalición analiza la compleja trama de influencias entre tribus de la provincia de Cyrenaica (Barqah) al Este de Libia, principalmente en los pueblos de Ajdabiyah, Bengasi, Tobruk, Musaid, su lucha por el poder y alianzas con sectores de militares y tribus de la Tripolitania (Tarabulus) en lucha con el frente de tribus que apoyan a Kadafi.
Nunca interesaron a las potencias occidentales los DDHH salvo si estos otorgaban un pretexto de intervención en sus proyectos de poder. Es el caso del colonialismo francés en el África, o del inglés en la India, etcétera. La prueba es que sólo después de 42 años de convivencia con las prácticas tribales en Libia, las potencias occidentales decidieron patrocinar el proyecto de las tribus de la región de Barqah tradicionalmente rebeldes a cualquier poder central. En la posguerra y las transnacionales mediante, las potencias europeas instalaron y apoyaron durante dieciséis años al rey Idris I, contra quien Kadafi a la cabeza de jóvenes oficiales organizó un golpe de estado en 1969. En aquella época el rey así instalado convenía a los poderes occidentales que organizaban el mundo colonial del norte de África. Conviene entonces preguntarse qué lleva a las potencias europeas a buscar un reacomodo político en el mundo del Magreb que surge de las revueltas en Túnez y Egipto.
El mundo multipolar pos Guerra Fría necesita nuevas fuentes de energía, estables y seguras, es decir petróleo y gas. Las pretensiones rusas en Eurasia obligan al occidente europeo, esta vez agrupado en el Espacio Shengen, a asegurar nuevas fuentes de energía donde la apuesta capital se sitúa en el Oriente Medio. A ello se agrega la disputa por el recurso natural del siglo XXI, el agua. El subsuelo libio esconde un potencial inestimable de este elemento que según evaluaciones podría abastecer a ese país durante cuatro mil ochocientos años.
El crecimiento demográfico del continente africano y particularmente el dramático desempleo en el Magreb (recordar la inmolación de Mohamed Buazizi el 17 de diciembre de 2010 en el pueblo de Gabes que inició la revuelta en Túnez y la caída del régimen de Ben Alí el 14 de febrero de 2011) han obligado a los países europeos a organizar en los últimos años una barrera internacional a la emigración incontrolada hacia el Espacio Shengen. De esta manera junto a la necesidad de recursos vitales para su subsistencia, la estabilidad social, económica, demográfica y política de la “Europa integrada” aparece estrechamente vinculada a los acontecimientos en el Magreb y en el Medio Oriente.
Conviene preguntarse qué Europa integrada es aquella que mira a un África ordenada según estándares de la democracia europea. El proyecto de la Europa integrada de la posguerra es la Europa del mercado: con la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital. Aquella que lleva a desterrar el centralismo y la planificación de los socialistas británicos a la Clement Attle, en aras del mercado. Predominio que lleva paulatinamente a la izquierda europea a dar muestras de ‘apertura’ por derecha (véase el estudio de Francois Denord y Antoine Schwartz en Le Monde Diplomatique junio 2009) donde dirigentes europeos pro Europa integrada (Paul Henri Spaak, Jean Monnet entre otros) argumentan por una Europa sin dirigismos ni centralismos, o planificación, lo cual según los autores del artículo “debilita la intervención estatal y obliga a los sistemas de protección social plegarse a las reglas de una economía de mercado y de libre competencia”. Es el neo-liberalismo de esta nueva izquierda que caracteriza en sus relaciones con el trabajo Jean Duret, director del Centro de Estudios Económicos de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Francia: “Van a invocar las duras leyes de la competencia internacional para demostrar que un nivel de empleo elevado sólo puede ser garantizado si los trabajadores se muestran ‘razonables’” (Ibid).
La izquierda oficial europea nunca entendió que los sindicatos vivían un segundo aliento, sobre todo después de mayo 68, cuando a sus manifestaciones se unía un bloque ciudadano, donde a las demandas por mejores salarios y condiciones laborales se escuchaban voces estudiantiles, ecologistas, pequeños agricultores, artesanos, pequeños industriales, servidores públicos, dueñas de casa, minorías sexuales, en fin masa heterogénea interesada en la posibilidad de influir en las decisiones. Nueva visión de lo que ahora se entendía y reclamaba de un gobierno democrático. Tampoco la izquierda oficial entendió que a esa protesta multitudinaria se incorporaban trabajadores inmigrados de todos los continentes. España en 2007 se convirtió en el estado comunitario con la mayor tasa de inmigración, el 10 por ciento, seguido por Francia (9,6%), Alemania (8,9%) y Reino Unido (8,1%). En Suecia aproximadamente 12% de sus 9.000.000 de habitantes son de origen extranjero y uno de cada cinco suecos es hijo de personas nacidas en otro país.
Es así como en la segunda mitad del siglo XX el ejercicio de la democracia y su credibilidad está indisolublemente unida a la práctica de los DDHH. Es lo que lo que hace creíble a la democracia frente al mercado.
¿Cómo predicar la democracia en otros continentes si los Estados que la predican son impotentes frente a las leyes del mercado y las grandes corporaciones y firmas transnacionales que imponen sus reglas del juego?
De aquí dos conclusiones centrales. Estados sin una gestión democrática son incapaces de imponer lo que hoy se llama la “Europa social”. Segundo, los problemas laborales de esta Europa integrada repercuten en el espacio mediterráneo. El punto vital es el control de las inmigraciones en el Espacio Shengen y sobre todo aquellas de origen africano. La Organización Internacional para la Migraciones estima que entre 60 y 80 mil personas se movilizaron en 2006 a través de África para intentar alcanzar, vía Libia o Marruecos, las costas de la UE. Las cifras oficiales de los que perecieron en el Mar Mediterráneo en 2006 oscilan entre los cuatro y los seis mil.
Alain Morice y Claire Rodier dan a conocer lo que una red de investigadores –Migreurop– denomina y populariza como el concepto de “externalización” para designar la colaboración de terceros países, entre ellos países del Magreb, Libia incluido, para controlar y frenar la emigración hacia Europa. Se implementan así las trabas a la libertad de circulación previstas en los acuerdos internacionales. Es más –relaciones públicas obligan¬ los países del Espacio Shengen designan a esta política, en el programa de La Haya de 2004, como la “dimensión exterior de la política de inmigración y de asilo”.
El texto de Morice y Rodier señala que desde 2005 existe una agencia de la Unión Europea (UE), Frontex, que coordina las operaciones de intercepción marítima entre la costa africana y las Islas Canarias, y también en el canal de Sicilia. Entre los colaboradores externos de la UE se encuentran Marruecos y Argelia.
Para seguir esta política europea de inmigración, en Libia se encuentran 19 campos de extranjeros –en realidad centros de detención– cuyo objetivo es doble, ya sea para examinar la solicitud de admisión en Europa o la expulsión.
La publicación señala que desde mayo de 2009, Italia rechaza embarcaciones de inmigrantes para entregarlos a las autoridades libias. Concluye: “De esa forma (Italia) viola a la vez el derecho marítimo internacional y el principio de no devolución, que prohíbe devolver a personas pasibles de necesitar protección”. Nótese que Italia es miembro de la Coalición por la defensa de los derechos humanos en Libia.
El conflicto con Libia desemboca finalmente en julio de 2009 cuando la Comisión Europea le propone entablar una “cooperación para lograr una gestión conjunta y equilibrada de los flujos migratorios” lo cual iría de la mano con la acción de la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) para asegurar una “gestión humanitaria” de los centros de detención (Ibid).
Desaparecidas las barreras institucionales en el Magreb (externalización asegurada entre otros y de manera importante por Libia) Europa pierde la barrera de contención que controla la temida emigración desde el continente africano.
Mano de obra, desempleo, recursos energéticos, en fin, agua, constituyen el complejo de elementos que nos permiten entender la “lucha por la democracia en Libia” que preconizan las potencias europeas del Espacio Shengen. Lucha cuyos aspectos militares obligan a mirar bajo otra perspectiva la Blitzkrieg con que las potencias inauguraron el conflicto en territorio libio. Pero ya esa es materia de un próximo artículo.
23/03/2011