La República Popular de China recibió recomendaciones de Kenia, Ecuador, Perú y Palestina sobre su impacto generado por sus empresas y bancos ubicados fuera de su territorio. Así lo señaló el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (Cicdha) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) que presentaron 8 informes sobre la situación de derechos humanos en 18 proyectos extractivos en América Latina.
Los informes fueron presentados en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(ONU) a China que se desarrolló en Ginebra con la participación de 151 Estados interesados en trasladar recomendaciones específicas para mejorar la situación de derechos humanos de China.
En el examen periódico varios países fueron receptivos a las demandas de la sociedad civil latinoamericana y de organizaciones internacionales expresadas en cuatro recomendaciones al Estado chino para reducir el impacto de sus empresas en el extranjero.
La misión permanente de Ecuador reconoció los esfuerzos de China para luchar contra la corrupción y la promulgación de 28 nuevas leyes con contenido relativo a derechos humanos. Sin embargo, el delegado de Ecuador fue enfático al recomendar al gigante asiático la necesidad de promover medidas adecuadas que “garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura dentro y fuera de su territorio, que guarden plena consistencia con los derechos humanos, el respeto al medioambiente y la sostenibilidad con los recursos naturales en línea con la legislación internacional y nacional aplicable y los compromisos de la agenda 2030 de desarrollo sostenible”.
En Ecuador se encuentra 8 de los 18 proyectos extractivistas ubicados en la amazonía y sierra sur del país donde habitan comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas.
La otra misión en recomendar fue la de Kenia que dijo al Estado chino “continuar extendiendo las regulaciones y normas como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas a las compañías chinas que operan más allá de sus fronteras”. Y en esta misma línea, Perú, desde un espíritu constructivo, solicitó “considerar el establecimiento de un marco legal para garantizar que las actividades que realizan las industrias sujetas a su jurisdicción, no afecten negativamente los derechos humanos en sus actividades en el extranjero”.
Mientras, el Estado de Palestina recordó a China que en el ciclo anterior del EPU se comprometió a promover la protección de los derechos humanos, incluyendo las áreas de empresas y a generar avances sobre las violaciones cometidas por corporaciones que tienen impacto adverso tanto ambiental, social y a los derechos humanos . En este sentido, recomendó “tomar las medidas necesarias sobre empresas y derechos humanos en línea con sus obligaciones internacionales y garantizar que las compañías que operan en áreas de alto riesgo o conflicto lleven a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos alineada con los principios rectores de ONU”.
La delegación china dijo que existe un compromiso con las Naciones Unidas para desarrollar una agenda de derechos humanos con características chinas y que se harán todos los esfuerzos necesarios para acoger las intervenciones de los países miembros; sin embargo, advirtieron que habría recomendaciones que no serían aceptadas si no están alineadas con sus políticas nacionales.
Para el Colectivo de Financiamiento, las recomendaciones realizadas por Ecuador, Kenia, Perú y Palestina son un precedente en el fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos en la perspectiva de exigir a los Estados miembro la adopción de medidas efectivas que garanticen el cumplimento efectivo de sus obligaciones extraterritoriales frente al comportamiento de las empresas y bancos que están bajo su jurisdicción.
Actualmente, se espera que el Consejo de Derechos Humanos emita su informe sobre las recomendaciones de los Estados partes.
*Redacción La Línea de Fuego
