02 de agosto 2016
El combate a la corrupción es una de las principales demandas de la ciudadanía. El Estado y los sectores económico y financiero suelen estar constantemente en el ojo del huracán por los escándalos de corrupción que protagonizan y que la sociedad civil suele tolerar dócilmente como práctica cultural, pues también es partícipe rutinariamente de este mundo competitivo dónde “sacar ventaja” es una mentalidad que forma parte de una representación social, a partir de la cual se construyen acciones y relaciones.
A propósito de la corrupción y sus alcances globales, el Presidente Correa anunció hace algunos días en cadena nacional la propuesta de una consulta popular en la cual se nos preguntaría si estamos de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Y para hacerlo, preparó el terreno con un discurso que señalaba la inmoralidad que implica sacar el dinero o la riqueza del país en donde se generó. Incluso hizo un llamado a limpiarnos de ideologías, ya que según él, la lucha contra los paraísos fiscales debe trascenderlas.
El discurso de Correa apela a la responsabilidad individual, basando entonces el problema de la corrupción en la “mala fe” de unos cuantos, que aman más el dinero que a su patria, un tema de amorales para quienes es necesario dictaminar una especie de “mandamiento”, un principio obligatorio que condene sus abusos e imponga la ética.
Mientras que para Correa, el problema de la evasión y los paraísos fiscales en nuestro país son el resultado de una falta de ética, la teoría marxista demuestra que la corrupción es la base misma de la producción capitalista del mercado, basada en la acumulación y la explotación. Marx explica que “el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser; por el contrario, su ser social es lo que determina su conciencia”[1]. En efecto, no es la conciencia de los evasores (su cuestionable ética) la que determina la desigualdad y las diferencias de clases sociales; es la estructura económica (que por demás este gobierno se ha empeñado en modernizar) la que corrompe, excluye y destruye a la naturaleza. De manera que, si la base productiva del sistema es corrupta, (sin ética) no es extraño que los procesos de circulación del capital persistan contaminados por la corrupción.
Los paraísos fiscales son inherentes a la naturaleza del capitalismo financiero global, son imprescindibles para su funcionamiento, porque generan mayor rentabilidad, acumulación y multimillonarios beneficios para los más acaudalados que el capitalismo industrial. Esta estructura de acumulación basada en la especulación, irrefutablemente no tiene ninguna función social, por el contrario atenta contra el bien común y es por esto que la propuesta de Correa, a simple vista, parece tentadora. Sobre todo para una ciudadanía en crisis, acostumbrada a que el Estado le resuelva sus problemas. La solución en nuestro país a esta histórica y reprochable conducta humana estaría al alcance de un voto según los cantos de sirena presidencial. ¿Cómo no se nos ocurrió antes?
El llamado “pacto ético” es un resquicio de oportunismo que tiene un claro fin electoral. Un baño de ética que espante cualquier incertidumbre sobre el oscuro manejo fiscal del régimen. Una forma maniquea de convertir el sufragio en una resignada elección del bien sobre el mal. Un decreto tan maleable como los derechos constitucionales y los intereses nacionales, tal como el manejo de los recursos naturales que se soslayan y no son admitidos para consulta alguna.
El pacto entonces conmina al gobierno ser consecuente casa adentro con su proclamación ética a la hora de firmar convenios económicos con empresas transnacionales o gobiernos que tengan sociedades instrumentales ubicadas en paraísos fiscales. ¿O acaso la ética es discrecional?
Es evidente que la democracia representativa perdió la lucha contra el capitalismo, por eso necesitamos un poder que no se agote en la Constitución, una ciudadanía organizada, vigilante, participativa, que democratice todos los espacios sociales y políticos, que se movilice contra los paraísos fiscales, pero por sobre todo que se revele contra la estructura que los engendra.
[1] Marx, Carlos. Introducción a la crítica de la economía política.
Foto: Telesur
Su conclusión es correcta, sin embargo algunas de sus premisas son cuestionables, la corrupción no es solo “inherente al capitalismo” sino también al “socialismo real” por mencionarle dos sistemas históricos. Es más yo creo que es inherente a la concentración de poder como decía Lord Acton: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Quisiera complementar su artículo diciendo que si hacen falta cambios constitucionales que vayan diluyendo el poder dentro de la democracia participativa y que desmonte el poder del hiperpresidencialismo lo que amerita una Asamblea Constitucional (no de planos poderes, lo cual fue un error histórico).
Gracias josé por su valioso comentario. Podríamos decir que más allá de los sistemas (capitalista o socialista real) la corrupción es inherente al ser humano y nuestra estructura económica (en este caso capitalista basada en la acumulación y explotación) tiene una base productiva corrupta. Coincido en la afirmación de que el poder corrompe, es por eso que necesitamos cuestionar los mecanismos de democracia representativa que constituyen en la práctica un despojo del poder popular y la necesidad de ampliar la democracia desde la iniciativa social que reinvente la ciudadanía.