Vanessa tenía 37 años cuando su cuerpo fue encontrado sin vida. Murió por una hemorragia interna a causa de un violento golpe que laceró su hígado. Cinco años después, su muerte aún se litiga en las cortes de la justicia ecuatoriana.
Ayer, desde las 15:30, una lona de color blanca con el rostro de una mujer y la leyenda “Vanesa vive en nuestra lucha…” se desplegaba en las gradas de los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, ubicada en el norte de Quito, donde estaba previsto que se desarrollé la audiencia del recurso de casación presentado por Esteban G., presunto responsable de la muerte de la joven ambateña.
La audiencia no se instaló porque la Corte Nacional de Justicia aceptó, un día antes de está diligencia, el auto de revocatoria presentado por la defensa de Vanessa Landínez quien argumentó que se estaba aplicando el Código de Procedimiento Penal anterior en vez del Código Orgánico Integral Penal (COIP), normativa que se ha utilizado durante todo el proceso de juicio en el caso de Vanessa, explicó Ana Vera, abogada de la familia.
Para la jurista este cambio de aplicación del Código causaba que la Corte no considerara un requisito previo que establece el COIP, que es el requisito de admisibilidad, es decir, que la Corte Nacional de Justicia debe revisar el escrito que presentó la parte y mirar si el mismo cumple con los exigencias legales para ser calificado antes de dar audiencia. Esto, según Vera, no se iba cumplir si la audiencia se desarrollaba ayer, por ello solicitaron la revocatoria.
Vanessa, ingeniera en Comercio Exterior y madre de una niña de un año y medio, salió de su casa el 18 de octubre de 2013 y no regresó. La madrugada del 19 de octubre la encontraron sin vida en un hostal de Ambato, lugar al que acudió junto a tres personas.
Una de ellos es Esteban G., condenado en las dos primeras instancias procesales por el delito de homicidio inintencional de Vanessa Landínez, con una pena de 6 años de prisión y una reparación integral a la familia de la víctima. Esta resolución de la Corte Provincial de Tungurahua fue apelada por la defensa de Esteban G. que presentó el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia en Quito.
Tras revisar este recurso, Vera junto a Rosita Ortega, prima hermana de Vanessa, solicitaron ayer mediante escrito a la Corte Nacional que no se admita el recurso de casación porque no cumple con los requisitos legales, aseguraron. Mientras un grupo de mujeres con carteles, pañoletas y un megáfono gritaban en los exteriores de la Corte ¡“A la Corte le queda dos caminos, estar con las mujeres o ser sus asesinas”!
Para Rosita este proceso judicial ha significado “cinco años de dolor, de incertidumbre e injusticia alrededor de la muerte de su hermana. Son cinco años de sobrevivencia a la violencia femicida individual y colectiva”.
*Redacción La Línea de Fuego
