La FIDH denuncia el desalojo de 13 familias de la parroquia Tundayme, ubicadas en los sectores Vía Cóndor y San Marcos y la consiguiente pérdida y destrucción de sus viviendas. Este desalojo fue protagonizado por parte de la Policía Nacional y el personal de seguridad privada Serseivi del consorcio chino formado por las empresas Tongling Nonferrous Metals y CRCC China Railway Construction Corporated a través de sus subsidiarias Corriente Resources and CRCC-Tongguan Investment (registradas en Canadá) y su subsidiaria ecuatoriana EcuaCorriente S.A.
En lo que parece ser una acción de intimidación, a las cuatro de la mañana del 30 de septiembre llegaron las fuerzas públicas acompañadas de la seguridad de la empresa para, previamente, desalojar de sus casas a la fuerza a 13 familias, incluyendo hijos menores de edad, ancianos, y a continuación, derribarlas conjuntamente con otras viviendas que se encontraban en construcción.
“El desalojo y la destrucción de las casas son contrarios al necesario respeto hacia las comunidades de esta zona que deberían tener tanto el Estado ecuatoriano como la gran empresa minera EcuaCorriente. Las familias deben poder recuperar sus bienes y sus casas” Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.
La FIDH en el informe Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de Derechos Humanos: caso Corriente Resources Inc., publicado en enero de 2011, ya había denunciado un proceso de adquisición de tierras caracterizado por las irregularidades que perjudican el derecho a la vivienda y al no desplazamiento; la ausencia de garantías para proteger a las poblaciones frente a los impactos medioambientales, especialmente en relación al derecho al agua y la ausencia de mecanismos de consulta apropiados. El informe de Contraloría General del Estado da también cuenta de las irregularidades en que se encuentran las concesiones mineras de Mirador.
Entre las recomendaciones de la FIDH, CEDHU e INREDH dirigidas a las autoridades ecuatorianas como a las empresas mineras, consta la suspensión de las actividades del proyecto Mirador, a fin de que: las personas y comunidades afectadas sean debidamente consultadas; los riesgos medioambientales de la región sean analizados a profundidad y de manera independiente; se instauren mecanismos para otorgar seguridad jurídica a las tierras indígenas y campesinas; se suspendan las investigaciones y acciones judiciales o administrativas que pesan sobre las personas que defienden sus derechos frente a los proyectos mineros del consorcio chino mencionado; y, se respete el debido proceso en la investigación por la muerte del dirigente indígena de Tundayme, José Tendetza.
Las organizaciones esperan el cese inmediato de todo tipo de hostigamiento, represión y/o criminalización a personas que critican los proyectos mineros a gran escala en general y en particular en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago por parte de las empresas chinas o del Gobierno ecuatoriano.
Se insta a que se haga cumplir la Constitución ecuatoriana y las leyes vigentes en esta materia a través de la implementación de los mecanismos oportunos.
La FIDH también llama al Estado canadiense a asegurarse incluso a través de debida diligencia mandatoria, que las empresas registradas en Canadá, como la empresa china arriba mencionada, respete el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.
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