Por Teo Calle
Han pasado más de 250 días desde que los ciudadanos de las parroquias noroccidentales de Quito empezaron a ser conscientes de la gruesa capa de invisibilidad que los cubre. Son 250 días desde que un grupo de moradores de la parroquia de Pacto (noroccidente de Pichincha) incautaron decenas de sacos de material aurífero ilegal de la empresa minera Melina Changó Santa Bárbara, armaron un campamento y se organizaron para hacer vigilia en espera de que las autoridades ambientales constataran la evidencia de la extracción ilegal y tomaran las medidas pertinentes.
Pensaron con cierta ingenuidad, –la que compartimos muchos ecuatorianos que confiamos en la Constitución y en las leyes–, que sería cosa de pocos días, teniendo en cuenta que la minera no posee los permisos ambientales, ni se ha cumplido el proceso de consulta previa. Agregaron los pacteños a la denuncia, el uso de explosivos en áreas protegidas municipales de alta biodiversidad. Más allá de una visita de inspección del Ministerio de Ambiente y algunas promesas incumplidas del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, nada ha pasado. La resistencia o Frente Antiminero, como se autodenomina el grupo de la comunidad, continua en vigilia hasta hoy, denunciando por todos los medios con pocos resultados.
El 29 de marzo de este año, por iniciativa ciudadana de seis parroquias del Chocó Andino (Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto), se solicitó a la Corte Constitucional del Ecuador autorizar una consulta popular para que los quiteños puedan decidir si quieren minería en sus territorios que, además, son parte del Subsistema Metropolitano de Áreas Protegidas y espacios núcleo de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino, declarada por la UNESCO en 2018. Tres meses después la solicitud de consulta fue negada por la Corte. Lejos de darse por vencidos, piensan apelar y seguir en la lucha.
El Frente Antiminero (FA), apoyado por una buena cantidad de pobladores que pregonan: “minería no, agricultura sí”, se presentaron a finales del mes de julio ante la Unidad Judicial de San Miguel de Los Bancos para pedir medidas de protección así como la caducidad de los títulos mineros. El técnico de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inty Arcos, denuncia que al momento existe persecución y amenazas a los dirigentes de la resistencia. Hace hincapié sobre los efectos de la contaminación con drenaje ácido de mina y la fragmentación social en una comunidad pacífica como la de Pacto. Por otro lado, Yuli Tenorio, abogada del FA, en declaraciones a Noticias Noroccidente, señaló que la compañía minera Melina Chango Santa Bárbara ha venido trabajando diez años sin licencias ambientales, tiempo en el que han contaminado vertientes de agua, talado árboles y destruido la biodiversidad.
La solicitud de medidas de protección la firmaron: la Asociación de Paneleros, el Gobierno Parroquial de Pacto y la Defensoría del Pueblo. Tenorio recalca que solo están buscando justicia para la comunidad y que se respeten los derechos de la naturaleza, la participación ciudadana, la consulta ambiental, consulta previa, libre e informada.
El Ministerio de Ambiente menciona que la zona del Chocó Andino tiene una extensión de 286 mil hectáreas, que representan el 30.31% del territorio de Pichincha. Posee una concentración de flora y fauna que incluye especies emblemáticas como el oso de anteojos, el zamarrito pechinegro, el gallo de la peña, olingos, tigrillos e infinidad de insectos, anfibios y reptiles. Cada hectárea de bosque es capaz de absorber hasta 250 toneladas de carbono, renovando el aire que respiramos.
“Las medidas de protección buscan justicia para la comunidad y que se respeten los derechos de la naturaleza, la participación ciudadana, la consulta ambiental, consulta previa, libre e informada”.
