21 julio 2014
Oliver Utne es una excelente persona. Un joven técnico que ha dedicado varios años de su vida a hacer el bien a las comunidades indígenas de la Amazonía de una manera en la que no cualquiera puede hacerlo: diseñando, creando un sistema de transporte solar para que las canoas que usa la gente buena de la Amazonía, no derramen hidrocarburos en las aguas de las que depende su vida. El 17 de julio de 2014, cuando salía del acto de cierre de la organización que cobijaba su trabajo en Ecuador, la Fundación Pachamama, unos sujetos vestidos de civil le llamaron por su nombre y en la oscuridad del Parque La Carolina pretendieron embarcarlo en un auto sin placas y sin insignias. Cuando los amigos de Oliver que salían del evento unos pasos atrás se percataron, corrieron, gritaron e impidieron que se lo lleven. Entonces llegaron policías uniformados en sus vehículos policiales para hacer un operativo de control de extranjeros.
Al final, el incidente dejó una cosa clara: que Oliver sí tenía visa vigente como voluntario de Fundación Pachamama. Al respecto, se podría sostener una discusión técnico-legal respecto a si una persona jurídica desaparece ipso facto cuando la autoridad ordena su disolución o solo cuando, una vez liquidada, se la declara extinta de hecho y de derecho. Mientras se liquida, Pachamama podía seguir siendo anfitriona de un voluntario. Pero esa discusión no pudo darse porque, al día siguiente el Estado ecuatoriano le canceló la visa y le invitó a salir del país.
Uno se pregunta ¿porqué echar del país a un extranjero que viene, legalmente, a hacer un trabajo técnico, positivo para la sociedad, sin quitarle el trabajo a ningún ecuatoriano? No lo sabemos. La funcionaria que emite la carta de cancelación de la visa se limita a recomendar a Oliver “abandonar el país, para evitar que debido a su situación irregular sea víctima de posibles violaciones a sus derechos humanos”. Esa frase, en ese contexto, suena a amenaza. Tanto es así que el Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo que emitir un comunicado oficial aclarando que se el riesgo de una posible violación de derechos, “no proviene del Estado, sino de las redes de trata y tráfico de personas, que justamente aprovechan de la situación de irregularidad para someter a sus víctimas”.
Pese a la aclaración, es evidente que la situación ha generado un efecto intimidatorio no solo en las personas vinculadas con la Fundación Pachamama, sino probablemente, en quienes comparten la vocación de defensa de la Naturaleza y de los derechos humanos. La intimidación a los defensores de derechos es una práctica que deteriora a una sociedad democrática y por tanto debe ser repudiada.
Gracias amigo por todo lo que hiciste y lo que quisiste hacer por mi país. Hasta pronto Oliver.
El día de hoy llegan del Ministerio de Trabajo a pedirme una declaración juramentada de si tengo trabajadores o no a mi cargo. Acaso tenemos prohibido trabajar?