HACIA DÓNDE MARCHA LA ECONOMÍA ECUATORIANA EN EL 2011

HACIA DÓNDE MARCHA LA ECONOMÍA ECUATORIANA EN EL 2011

Gustavo Reyes. Revista Rupturas r.rupturas@gmail.com

Esta es una de las grandes interrogantes que se hace el pueblo ecuatoriano al escuchar que hoy en día estamos viviendo, según  criterio del presente gobierno, una época de cambios, opinión que es pregonada a diario en los grandes medios de comunicación.

Una de las pautas que marcará el rumbo de la economía durante éste y los próximos años es sin duda la aprobación de dos grandes leyes o códigos económicos como son el de Planificación y Finanzas Públicas, y el renombrado Código de la Producción, mismos que fueron sancionados sin mayor debate, debido a la herramienta constitucional que tiene el Presidente de la República de enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley con el carácter de “económico urgente” para que se aprueben en apenas un mes.

Estos cuerpos legales que superan los 200 artículos, más el Presupuesto General del Estado 2011, no contaron para su aprobación en el último trimestre del año que acaba de fenecer, con el aporte efectivo de todos los sectores sociales involucrados, en especial con los sectores financieros y productivos de la “economía popular y solidaria” que según la nueva Constitución deben ser considerados como prioridad para el Estado ecuatoriano.

?  Haciendo un análisis del primer gran Código, el de Planificación y Finanzas Públicas, que fuera aprobado por la función Legislativa el 14 de octubre del año anterior en horas de la noche, podemos destacar los siguientes aspectos:

Aunque este Código fuera promocionado desde el gobierno como una herramienta que le permitiría al Estado planificar participativamente sus presupuestos y reducir toda esa maraña de procedimientos para ejecutarlos, lo que precisamente procura es que la planificación financiera del país sea pensada desde la lógica del gobierno de turno, con un Consejo de Planificación en el que figura una gran mayoría de representantes del Ejecutivo, inobservando el Art. 95 de la Constitución que garantiza el derecho ciudadano a participar en todos los asuntos de interés público.  Este Código, además, en su Art. 112, obligará a los gobiernos autónomos descentralizados y al IESS a ajustar sus inversiones a la planificación del gobierno central, lo cual les restará autonomía e independencia.

Otra de las características de esta nueva normativa en materia de finanzas públicas es que se legaliza el endeudamiento agresivo de las entidades y organismos estatales y con ello el retorno a una de las viejas recetas de los “chicago boys”, legión de economistas que plantearon las tesis del neoliberalismo a mediados de los años setentas. Así, este Código le posibilitará al gobierno central, bajo su entera discrecionalidad, endeudar al país hasta un monto equivalente al 40% del producto interno bruto, contraviniendo la disposición constitucional prevista en el Art. 290, numeral 1, la cual establece que se recurrirá a endeudamiento público sólo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes.

El manejo de las finanzas públicas en estas condiciones no permitirá generar una defensa de nuestra soberanía económica, por el contrario, gracias a este tipo de normativa se viabiliza el retorno de una política que genera dependencia hacia el imperialismo que maneja los organismos multilaterales de crédito como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En materia de economía productiva, el panorama tampoco es alentador, ya que con la aprobación del Código de la Producción no se posibilita que la gente común y corriente, que es presa del hambre y la desesperanza, y de la impotencia por conseguir los recursos para satisfacer las necesidades más fundamentales de su familia, acceda de manera organizada a la producción planificada nacional, puesto que este instrumento legal solamente incentiva a los empresarios que ya tienen en marcha sus negocios, mientras a la economía popular y solidaria, que no dispone de los recursos suficientes para su integración, tecnificación y crecimiento, no se le brinda las herramientas económicas necesarias para facilitar su desarrollo.

Solo con incentivos y reducción de cargas tributarias no se puede dar mayor producción al país ni, por ende, generar mayores plazas de trabajo para las ecuatorianas y ecuatorianos.  Es necesario que el Estado, sus instituciones y los gobiernos autónomos descentralizados, inviertan recursos económicos para apoyar las pequeñas iniciativas empresariales en busca de generar producción de bienes y servicios a través de mecanismos que promuevan su asociatividad.

En este sentido, sería interesante la creación de un Fondo de Producción para el Bienestar de la Patria, para lo cual su fuente de financiamiento debe provenir  de los recursos generados por el cobro de impuestos a los bienes que ingresan al país, como parte del esquema de sustitución de importaciones; entonces, utilizando solo el 30% del monto de las recaudaciones ad valórem aduaneras, este fondo contaría con 165 millones 900 mil dólares anuales, tomando como base los ingresos aduaneros del 2009 que correspondieron a 553 millones de dólares, según datos del Banco Central del Ecuador, pero esta propuesta, que fuera presentada por la bancada MPD-Pachacutik, no fue recogida en los debates acerca de este Código.

El “salario de la dignidad” que está planteado en los Artículos 8 y 9 de esta nueva normativa es otra farsa de la revolución ciudadana, al pretender establecer esta remuneración como el valor equivalente al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de perceptores de ingresos del hogar, los cuales serán determinados por el Instituto de Estadística y Censos, INEC, pero para el cálculo de este salario se agrupan todos los componentes que forman parte de los ingresos del trabajador, los cuales son derechos adquiridos, es decir que se deberá sumar: el sueldo o salario mensual, la décimotercera y décimocuarta remuneraciones divididas para doce, las comisiones variables que pague el empleador, el porcentaje de participación del trabajador en utilidades dividido para 12, los beneficios adicionales por contratos colectivos y contribuciones voluntarias periódicas hechas en dinero por el empleador, más los fondos de reserva. Así, el salario nominal aparentemente sería de $336, pero en la realidad cada mes se seguiría cobrando $240, y con ello se pretende quitar a los trabajadores la posibilidad de seguir luchando por nuevos incrementos salariales, ya que esta alza supuestamente estaría calculada técnicamente por una instancia gubernamental como es el INEC.

Actualmente el INEC señala que el número de perceptores por hogar es de 1,60 en una familia de cuatro integrantes, pero todos sabemos que en los hogares pobres si llega a existir un perceptor (es decir una persona que gane el salario básico) ya es bastante, además que el número de integrantes de una familia por lo general es superior a cuatro, entonces es sumamente injusto tomar este referente para determinar el salario de la dignidad.

Los mencionados componentes salariales de un trabajador son derechos adquiridos, pero gracias a este Código pasarán a formar parte de la remuneración mensual, al menos para el cálculo; entonces, siendo el concepto del salario de la dignidad cubrir las necesidades básicas del trabajador, no quedará nada para el ahorro, el trabajador no tendrá la oportunidad de utilizar sus décimos para el ingreso a clases de sus hijos o para la celebración de la navidad, mucho menos podrá aspirar a adquirir una casa, trabajará sólo para cubrir sus gastos básicos y en la práctica no habrá incremento alguno.

EJEMPLO DE SALARIO DE LA DIGNIDAD:

? A criterio del ingeniero comercial y economista José Guzmán, ex Director de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad Central y actual catedrático de esa casa de estudios, la economía ecuatoriana hace rato ya habría colapsado de no ser por los extraordinarios ingresos petroleros, una muestra de aquello es el déficit de la Balanza Comercial que solo en el 2010 supera los 1.200 millones de dólares; el problema aquí es que por la pérdida de la soberanía monetaria, el país tuvo que comprar dólares a los Estados Unidos, los cuales se están quedando afuera, ya que aquí se importa desde productos agrícolas, lo cual es realmente inaceptable.

Según el ingeniero Guzmán, el país debe volver a la teoría Cepalina de los años 70´s para sustituir las importaciones incentivando la producción a nivel interno, pero lastimosamente el gobierno no tiene claro este objetivo, pues hasta el momento no ha desarrollado una política de Estado con miras a cambiar esta realidad, y es que con sus prácticas populistas no sabe ni lo que quiere. Los incentivos económicos se deben entregar a las pequeñas economías solamente cuando éstas hayan logrado su asociatividad a través de mecanismos como el cooperativismo, porque si se entrega el dinero sin hacer una evaluación de lo que se quiere lograr, resulta un verdadero fracaso, como lo ocurrido con los microcréditos de 5.000 dólares otorgados por el Banco de Fomento, a través del famoso 5-5-5, los cuales se utilizaron para pagar deudas acumuladas y cubrir pequeños gastos de quienes aplicaron a este crédito.

En este sentido, una de las mayores dificultades es que el ecuatoriano es sumamente desconfiado y por ello se dificulta aplicar un sistema cooperativista; entonces, es allí donde debe entrar el aspecto legal para regular, coadyuvando a conseguir esa integración, pero lo que determina el Código de la Producción es que a más de haber derogado como 17 leyes de fomento industrial, solo pretende incentivar a la producción vía rebaja de cargas tributarias, lo cual resulta insuficiente para un país que pretende cambiar su estructura económica que depende básicamente de la explotación de recursos naturales a otra de producción de bienes para exportarlos.

Para Guzmán lo único de bueno que tiene este Código es el incentivo que se da a las inversiones para que éstas se asienten en sectores rurales y económicamente deprimidos y con ello generar empleo en estas zonas, pero esto no es nada nuevo, pues ya se aplicó antes con un programa llamado “lista de inversiones dirigidas”.

Una de las recomendaciones del profesor universitario para reactivar el sistema económico del país es la de recobrar la soberanía monetaria, con ello existiría la posibilidad de fomentar el desarrollo de ciertos sectores industriales al crear dinero para reactivar la producción y exportar; de esta forma la emisión, que en un principio tendría la característica de ser inorgánica, luego estaría respaldada en la producción que ella genere, es decir, el tener soberanía monetaria también coadyuvaría a desarrollar una política de multiplicación del dinero.

Lo que sucede ahora es que no hay dinero para generar créditos en condiciones convenientes a los empresarios y el mismo sector financiero ha sufrido contracciones en sus captaciones de depósitos, porque simplemente no hay los suficientes dólares.  La forma de lograr el cambio de moneda no es fácil y demandará tiempo, pues los grandes especuladores y beneficiarios de la dolarización han logrado convencer a la población de las supuestas bondades de esta moneda; ahora bien, se debería empezar por abrir este debate, y el cambio se generaría a través de una paridad entre la nueva moneda y el dólar, se podría pagar a los empleados públicos con la nueva moneda y recaudar los impuestos con dólares, pero indudablemente todo pasa por una decisión política difícil de tomar.

EL PRESUPUESTO DEL 2011

Finalmente, para precisar el rumbo económico durante el 2011, es necesario realizar un análisis del Presupuesto General del Estado (PGE) programado para este año, con una proforma que alcanza los 23.950´249.957,03 dólares, o sea cerca de los 24.000 millones, la cual se realizó con base en una previsión del costo del barril de petróleo de 73,3 dólares. El supuesto del crecimiento real del producto interno bruto, PIB, para 2011 es de 5,06%, cifrado en 62.043 millones de dólares, y la inflación promedio con la que han trabajado llega al 3,7%. Se prevén ingresos totales de 19.850 millones de dólares y gastos totales de unos 23.950 millones, y el déficit se financiará con créditos externos, es decir más deuda.

Pero más allá de establecer las prioridades de egresos en una proforma presupuestaria, es decir analizar como gastará o invertirá la plata el gobierno nacional, es necesario de entrada realizar un análisis de las fuentes de ingresos con las que se va a financiar estas proyecciones de desembolsos, en función de determinar sobre dónde recaerá el peso de extraer los recursos; una política financiera justa tenderá a priorizar las fuentes de financiamiento que afecten a los mayores concentradores de riqueza a nivel nacional, porque ello coadyuvará justamente a cumplir con una de las grandes metas de gobiernos que podrían considerarse progresistas, la cual es reducir la brecha de ingresos entre los que más tienen y los que menos tienen.

En la estructura de ingresos del PGE 2011, precisamente se evidencia lo contrario, es decir, que a pesar de haberse ampliado la cantidad de ingresos tributarios a través de una “eficiente” labor del Servicio de Rentas Internas, se profundiza la tarea recaudadora en el pueblo llano y no en el gran empresario, a través del cobro de impuestos indirectos, que los paga la ciudadanía, como es el caso del IVA, que con los 4.278 millones de dólares presupuestados aportará en un 17,86% a la estructura global de Ingresos del PGE, sin contar con el resto de impuestos a los consumos especiales, tasas y demás contribuciones que en total se prevé llegaría a los 6.336 millones de dólares, aportando en un 26,35% a los ingresos del PGE; en cambio, vía impuesto a la renta solo se recaudará 2.764 millones de dólares, con lo que el aporte de los empresarios al PGE sería de  apenas  un 11,54% por este concepto.

Dentro de una proforma presupuestaria, también se establecen evidentemente otras fuentes de financiamiento, como es la proveniente de la venta de bienes de cualquier tipo de productos o servicios generados por la industria del sector estatal, pero en el caso nuestro se sitúan únicamente los ingresos provenientes de la explotación del petróleo, no así de bienes producidos en el país, ya que al tener un modelo de reducción de la intervención del Estado en la economía, aquí no existen empresas públicas dedicadas a la producción de bienes o generación de servicios a escala exportable.  Una característica de estos ingresos es que no son fijos, por lo tanto se los clasifica con el concepto de ingresos no permanentes que financiarán egresos no permanentes.

El gobierno pone como un gran logro el hecho de que en la proforma presupuestaria del 2011 se haya reducido la influencia de los ingresos no permanentes, con el cuento de que una economía sana debe tender a la no dependencia de un bien o recurso natural determinado, ya que éste en el futuro se podría acabar; así, de los 4.075,8 millones de dólares que por venta de petróleo se programó en la proforma del año 2010, este rubro desciende a 3.245,4 millones en la proforma del año 2011, una reducción de 830,40 millones.  Lo cierto es que, en efecto, una economía que goza de buena salud debe depender básicamente de lo que en sí misma pueda generar, pero si existe la posibilidad de tener ingresos de este tipo no se puede desperdiciarlos.

Pero gracias al nuevo modelo de prestación de servicios de los contratos petroleros, el Ecuador deja de percibir entre $5,44 y $32,75 dólares por cada barril de petróleo que se extrae, solo en costos de producción, pues para Petroecuador el costo de extracción de un barril de petróleo es de tan solo $4,25 y con esta figura contractual el gobierno nacional no solo que tiene que reconocer los costos de producción a las compañías extranjeras que operan en el Ecuador, sino también una utilidad “razonable” en el orden del 15% al 22% por cada barril de crudo que estas empresas extraigan del territorio nacional.

Un tercer elemento de financiación del presupuesto lo constituye el financiamiento público, conocido también como deuda pública; cuando una economía no ha podido financiar suficientemente sus egresos con los ingresos que genera se recurre a cubrir estas brechas con créditos, ya sea a nivel interno o con préstamos solicitados a organismos multilaterales de crédito (deuda externa); son brechas cuyo monto se lo conoce también como déficit presupuestario.  Esta forma de financiar los presupuestos ha sido una de las mayores recetas neoliberales, ya que aumentan la dependencia de nuestra economía.

Así, el gobierno estima que de los 4.951,6 millones de dólares de endeudamiento público, 3.858 millones provendrán de créditos externos con organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la banca privada local; y 1.093 millones de dólares de crédito interno, distribuidos básicamente en bonos del Estado, es decir que una vez más se recurrirá a meterle mano a los fondos de la seguridad social, a sabiendas de que el IESS es el principal comprador de estos devaluados bonos, que solo en este año tuvieron una pérdida en su valor de mercado de más de 14 millones de dólares.

Asimismo, aunque esto no se evidencia en la Proforma Presupuestaria, expertos en el tema como el economista Pablo Dávalos, que dan seguimiento de cerca al endeudamiento del país, señalan que a pesar de los logros obtenidos en la recompra de deuda externa realizada el año anterior, este es el gobierno que más le ha endeudado al país en los últimos cuatro años.  Es así que del año 2009 cuando teníamos una deuda pública de 10.394 millones de dólares, ésta para el 2011 se prevé en 13.320 millones, lo que representaría un 21.47% del PIB y 55.62% del PGE.

Los recursos que se destinan del PGE para el pago o servicio de la Deuda Pública, incluido el pago del capital o amortización, ascienden a 2.312 millones de dólares, 676 millones más que en año 2010, y representan el 16% de los ingresos totales.

En el tramo 2007 – 2010 existe un fuerte endeudamiento por parte de este gobierno. Además, los préstamos con China se pagan con petróleo y el Ecuador no cuenta con la capacidad de disponer los lotes de petróleo para manejarse de acuerdo a los precios internacionales, además se ha entregado la soberanía del país, y existe una clara violación de los mecanismos jurídicos institucionales existentes para contratar una deuda. “No se puede entregar recursos naturales como colateral de una deuda, ésta debe manejarse en términos de financiamiento, jamás entregando petróleo o agua”, señala el Ec. Pablo Dávalos.

Ahora bien, en el análisis de la estructura de gastos del PGE, podemos encontrar que existen claras violaciones a la Constitución en lo que respecta a la entrega de recursos para la educación, puesto que no se cumple con la Disposición Transitoria Decimoctava que se refiere a la entrega progresiva del 0.5% de recursos en relación al PIB al sector de educación básica, hasta alcanzar el 6% del PIB.

En primer lugar, se señala que para el 2011 se destinarán 3.640 millones de dólares y que esto representa el 5.9% del PIB, lo que sobrepasa el mandato constitucional del incremento anual de 0.5% del PIB, pero el gobierno toma el monto total del Sectorial Educación que asciende a 3.640 millones para afirmar aquello, sin desglosar lo que le corresponde para Educación Superior, que según la proforma serían 998 millones; entonces, para Educación General solamente le corresponden 2.641 millones, que representan el 4.3% del PIB y no 5.9%. Hay 998 millones de diferencia.

En segundo lugar, si bien es cierto que el monto para educación general en relación al año 2010 se incrementa en 316 millones y cumplen en este año con el incremento anual del 0.5% del PIB que manda la Constitución, sin embargo, y aquí viene otro engaño, hay un retraso en  el cumplimiento del plan decenal aprobado en la consulta popular el 2006 y ratificado en la Constitución de Montecristi, plan que debe cumplir con sus primeros objetivos en el 2012.

Esto significa que, el gobierno del presidente Correa, desde el 2008 hasta el 2011, apenas ha destinado a la educación el 2.2% del PIB de esos años que representaba un monto global de 9.593 millones, o sea que hay un robo de 1.549 millones de dólares que se destinaron a otras cosas, menos a la educación de la niñez y juventud.

En Educación Superior  también existe un recorte presupuestario, en lo referente a los fondos provenientes del FOPEDEUPO, pues de lo que le corresponde por Impuesto a la Renta  realizando los cálculos debieron pre-asignarse 374 millones de dólares, y el Gobierno asigna solamente 304 millones, resultando un faltante de 70,45 millones; en lo respecta al Impuesto al Valor Agregado, debió preasignarse 356.5 millones de dólares, y el Gobierno asigna  374 millones, pero al sacar el saldo encontramos que existe un recorte de 52,65 millones de dólares solo en lo que respecta al FOPEDEUPO.

Por otro lado, en el año 2010 el presupuesto codificado para educación superior ascendió a 1.039 millones de dólares, que representaban el 1.8% del PIB. Para el 2011 se plantean en la proforma 998.3 millones, hay un decremento de 4.1% que representa 41 millones 311 mil dólares menos que se asignará en relación al año anterior.  Con estos recortes, cómo se pretende exigir mayor calidad a las Universidades, es la pregunta que nos hacemos todos.

La asignación para salud también es inconstitucional,  pues si bien es cierto el monto presupuestado para el 2011 en relación al año 2010 se incrementa en 156 millones, el aumento es de 0.25% del PIB, incumpliendo con el incremento anual del 0.5% que manda la Constitución en su Transitoria Vigésimosegunda, el cual representa 310 millones de dólares, hay una diferencia de 154 millones en  que se está perjudicando al pueblo ecuatoriano.

El gobierno del Presidente Correa, desde el 2009 hasta el 2011 apenas ha destinado  a la salud el 1.21% del PIB de esos años que representaba un monto global de 2.232 millones, hay una diferencia de 937 millones de dólares que se destinaron a otras cosas, menos a proteger la salud del pueblo ecuatoriano.

EN CONCLUSIÓN

Con estos datos nos podemos dar cuenta a las claras de que las intenciones de la “revolución ciudadana” no nos conducen a un cambio de época como lo pregonan, por el contrario: existe un viraje hacia las mismas tesis del neoliberalismo y se repiten las prácticas de los gobiernos de la partidocracia. Por ello es necesario que el pueblo se organice para cambiar radicalmente el injusto sistema económico de nuestro país.

Fuentes:

TODOS LOS DATOS HAN SIDO TOMADOS DE:

CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS.

CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN.

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2010 Y 2011, y

LA PÁGINA WEB DE LAS ESTADÍSTICAS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

AUTOR: LIC. GUSTAVO REYES ENCALADA

ASESOR BLOQUE LEGISLATIVO DEL MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO.