IMPROVISACIONES, DEUDA Y CONCESIONES. Por Alberto Acosta, John Cajas Guijarro*

¿El “plan” económico de un país “borracho”?

Cual fiestero “borracho”, sin dinero y con caminar tambaleante, el país regresa al “hogar” neoliberal -así sea a rastras-, de la mano del gobierno de Lenín Moreno (impulsado por la inercia de las medidas de política económica adoptadas por el gobierno anterior). Si bien desde diversas corrientes (derechas, “izquierda” progresista, las otras izquierdas… y demás) se ha acusado al morenismo de no tener un verdadero plan económico, a estas alturas (y con casi medio período de gobierno sobrevivido) parece que el “plan” es la improvisación.

Un “plan” , por cierto, se despliega por capítulos aparentemente disconexos de una telenovela que apunta a un climax de fin de temporada: el retorno al redil del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y de ahí empezará una nueva temporada de la tan conocida serie neoliberal, que no será más de lo mismo, sino más de lo peor…

Cualquiera que vea al “borracho” país de la mano de un gobierno delirante (que canta a los cuatro vientos su sueño de producir con la mano derecha y repartir con la izquierda), creerá que la borrachera fue causada por la enorme irresponsabilidad de diez años de desperdicio que nos han llevado a una grave crisis económica. Si bien la crisis existe (como ejemplo basta mencionar cuatro años de un PIB per cápita estancado), ese desperdicio de la década es solo una parte de toda esta historia… pues el “borracho” país no está así por voluntad propia, ¡lo han emborrachado permanentemente y lo siguen haciendo!

De hecho, mientras el morenismo distrae al pueblo con llamadas xenófobas y continuos culebrones en contra del correísmo -su eterno fantasma-, por otro lado, aprovecha la distracción para consolidar su supervivencia con entreguismos vergonzosos[2] y medidas desesperadas. Así, luego del “ajuste” a los subsidios de las gasolinas y la adquisición apurada de endeudamiento con China por 900 millones de dólares a fines del año pasado, se colocaron bonos soberanos por 1.000 millones a diez años plazo y a una tasa de interés del 10,75%. La tasa de dicha colocación es una de la más altas desde el contra ataque de la deuda externa durante el correísmo, lo cual muestra que la situación económica ecuatoriana es crítica[3] más cuando se compara con los créditos obtenidos por países vecinos como Colombia.

Es en ese marco de improvisación e imparable endeudamiento donde se perfila la arremetida morenista para acelerar las concesiones, en lo que -de a poco- parece constituirse como la gran orgía privatizadora del siglo XXI. Usando como pretexto una lectura fiscalista de la crisis (para la cual el problema es conseguir recursos económicos y balancear las cuentas fiscales como sea), se apuntala una gran oleada de privatizaciones, que vendrá acompañada de más flexibilizaciones y liberalizaciones. Una oleada que busca convencer al pueblo ecuatoriano que, por definición, toda empresa pública es ineficiente y generadora de pérdidas. Razonamiento simplón[4] que se complementa con el pérfido engaño a la opinión pública de que las concesiones no son privatizaciones.

Las pretensiones son grandes. En la mira está, en primer puesto, la concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). El asesor presidencial Santiago Cuesta dijo que se entregaría por 20 años la administración de la empresa a cambio de 4 mil millones de dólares en ingresos para el Estado. Lo raro es que Contraloría publicó un informe de 2018 hecho por una auditora privada revelando la compleja situación de la empresa. La CNT no tiene contabilidad y no hay datos certeros de cuánto dinero gana o pierde. Un informe de 2017 señala que, hasta 2016, el patrimonio de CNT crecía a razón de 132 millones por año y que en 2017 se produjo curiosamente una pérdida patrimonial de 1.343 millones. En esas condiciones de incertidumbre sorprende la certeza con la que opina el asesor del presidente Moreno, más aún cuando se recuerda que, en 2016, la CNT declaró una rentabilidad de 221 millones.

Luego de CNT, el propio discurso oficial permite entrever que el festín privatizador -disfrazado de concesiones- parece estar dando sus primeros pasos tras las hidroeléctricas e incluso tras el servicio de salud del IESS. Hasta las presiones para terminar con la protección a la “industria audiovisual” podrían mencionarse en este punto como ejemplo de los méritos que el país debe hacer para acceder a tratados de libre comercio (sobre todo con los EEUU y para ingresar a la Alianza del Pacífico). Tratados que presionan al desmantelamiento de las protecciones a un potencial desenvolvimiento endógeno sustentado sobre todo en las empresas nacionales pequeñas y medianas, a la vez que benefician a los grandes capos del comercio, consolidando -como objetivo último- nuestra condición de economía primario exportadora.

Por cierto, cabe aclarar que el empeño privatizador de Moreno en el fondo va cristalizando el plan de su antecesor. En 2016 Correa propuso un gran paquete de concesiones en donde la CNT abriría -con una alianza público-privada- hasta el 49% de su capital a inversionistas privados (en ese entonces el pretexto era la obtención de recursos para la reconstrucción de la infraestructura devastada luego del sismo del 16 de abril de 2016).

Igualmente, Correa destacó que entre los potenciales activos a la venta también estaban las hidroeléctricas, como Sopladora, una hidroeléctrica de poco menos de 500 megavatios en la que se invirtió cerca de 800 millones de dólares. La idea de Correa era transformar en liquidez la riqueza del Estado. Y él se declaró dispuesto a vender también el Banco del Pacífico, los canales incautados TC Televisión y GamaTV (75 millones entre los dos), TAME. En definitiva, ya desde el “progresismo” corresísta se veían los inicios del festín privatizador.  

Si bien esos planes no prosperaron, Correa logró concesionar puertos, por 50 años: Puerto Bolívar, Manta, Posorja (sin licitación)... entregándolos a consorcios transnacionales asociados con grandes consorcios oligárquicos criollos, como el grupo de Isabel Noboa Pontón. Igualmente Correa dio paso a la venta de empresas como el ingenio AZTRA o cementeras en condiciones más que ventajosas para los capitales privados. Asimismo, el correísmo se encargó de llevar a cabo una “privatización encubierta” del sistema de salud.

Lo que cuenta es que el correísmo fracasó en fortalecer y dinamizar las empresas públicas, como pasó con Petroecuador: la petrolera estatal pudo asumir directamente la extracción de crudo de los conocidos “campos maduros” de petróleo; pero en vez de eso el correísmo entregó el campo Auca a la transnacional Schlumberger e intentó -sin éxito- entregar Sacha a Halliburton, campo que ya había sido entregado al inicio de su gestión a la estatal petrolera venezolana PDVSA (actos que el propio Rafael Correa, en 2005 y 2006, consideraba textual y públicamente como “una traición a la patria”). Y si de extractivismos hablamos, prohibido olvidar el festín minero del siglo XXI impulsado frenéticamente por Correa , que continúa su marcha en tiempos morenistas.

Llegados a este punto, cabe hacerse algunas preguntas muy serias: ¿cómo llegó el “borracho” país a esta situación?, ¿lo emborrachó el “excesivo” gasto público?, ¿fue el agresivo endeudamiento adquirido entre el fin del correísmo y todo el morenismo?, ¿fue el déficit fiscal?, ¿fue el tamaño del Estado?, ¿fue la implosión de la burbuja petrolera vivida desde 2015 (junto con la apreciación del dólar y el encarecimiento del crédito externo)?

Más allá de lo que digan los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes (OCP) (teólogos acérrimos del neoliberalismo), a nuestro criterio la borrachera no es coyuntural, es estructural: todos los gobiernos, con diversa intensidad dependiendo de la disponibilidad de la bebida, han emborrachado al país de recursos provenientes de una -larga e histórica- dependencia del mercado mundial; dependencia que en tiempos recientes ha adquirido la forma de rentas petroleras e ingresos por deuda externa. Recursos que siguen ocultando los problemas estructurales que no se resuelven solo con ajustes fiscales.

Incluso en el caso hipotético de una contracción abrupta del déficit, el país no va a salir del mareo si no se retoma una agenda de transformación estructural seria, profunda y que tenga entre sus protagonistas a los sectores productivos de la pequeña y mediana empresa, de las cooperativas y asociaciones, del campesinado (actualmente abandonados en medio de un creciente deterioro del empleo). Sin duda hay problemas urgentes que enfrentar (como la presión fiscal causada por los gastos corrientes cada vez más difíciles de cubrir, como sueldos o pago de intereses de la deuda pública), pero esos problemas nacen de desequilibrios estructurales que deben enfrentarse tarde o temprano.

Penosamente, el camino con el morenismo no es el de la transformación estructural. Más bien es, como dijimos al inicio, el retorno al FMI. Cuál pareja furiosa, el Fondo nos espera con garrote en mano para “castigar” la “borrachera”; lo que, puesto en palabras de Pablo Lucio Paredes, uno de los más recalcitrantes economistas OCP, significa “… sobre todo poner orden en las finanzas públicas ¡con más energía y credibilidad!”. Ese enérgico garrote del FMI que nos espera si no cambiamos de rumbo no va a caer en los verdaderos responsables de la crisis. Y tampoco nos va a liberar de la adicción a los extractivismos (petrolero, bananero, minero…), más bien los va a profundizar. Pues, repitamos, el país no se emborrachó porque quiso. ¡Lo han emborrachado y lo siguen haciendo… para continuar saqueándolo!

¿Qué hacer al respecto? Pues, como primer paso, caminemos a puerto seguro, donde en vez del garrote fondomonetarista, el país tenga al menos la esperanza de decidir por voluntad propia como superar esta borrachera. Está en manos de la lucha popular[5] el que esa esperanza se haga realidad.-

*Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex- candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

*Jhon Cajas: Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador. Doctorante en economía del desarrollo en FLACSO-Ecuador.

[2] Un ejemplo realmente vergonzante es el haberse sumado al grupo de los satélites del presidente norteamericano Donald Trump sobre la crisis de Venezuela, en lugar de mantener una posición digna como Uruguay y México, que proponen una salida al autoritario desgobierno de Maduro desde la propia sociedad venezolana (salida a la cual adherimos junto con muchas otras personas).

[3] Cabe agregar que la tasa de colocación de los bonos soberanos también responde a las condiciones del mercado financiero internacional afectado por el incremento de las tasas de interés en los EEUU. Los efectos económicos de dicho incremento de las tasas de interés -cada vez más fuerte- incluso han generado pugnas entre Donald Trump y la Reserva Federal, a la vez que el resto del mundo enfrenta un mayor encarecimiento del financiamiento externo (tema delicado si se recuerda que a escala mundial parece existir una fuerte tendencia al sobreendeudamiento).

[4] De hecho, la evidencia económica no parece mostrar que existan verdaderas diferencias entre las empresas públicas y privadas alrededor del mundo. Para muestra, se recomienda ver el artículo de David Hall y Tue Anh Nguyen (2018): “Economic benefits of public services”, Real-World Economics Review, No.84, pp.100-153.

[5] Reconocemos que 2019 inició con un fortalecimiento del “músculo” de la lucha popular antineoliberal; ejemplo de ello fueron las protestas en Cotopaxi así como las nutridas movilizaciones del 30 de enero en varias ciudades del país en contra de las medidas económicas morenistas. Esperemos que esa lucha siga ganando “músculo” -y sobre todo “cerebro”- para evitar ser cooptada y pueda confrontar a un gobierno cuyas pretensiones de diálogo son cada vez menos creíbles. Para ello es crucial que empiece a converger la lucha popular antineoliberal con otras luchas sociales igualmente urgentes como, por ejemplo, la lucha feminista.