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La ministra de justicia estuvo presente en la entrega del informe
Los veedores pidieron cambiar la ley que utiliza la figura de sabotaje para juzgar a los dirigentes indígenas y a los 10 jóvenes de Luluncoto enjuiciados por terrorismo
El informe preliminar entregado por los veedores internacionales de la reforma de justicia fue acogido solo a medias por las autoridades judiciales de Ecuador.
El ex-juez español Baltasar Garzón, la chilena Marigen Hornkohl y el argentino Víctor Foresi entregaron sus conlcuiones preliminares en una rueda de prensa a la que asistió la ministra de Justicia Johana Pesántez.
Los veedores hicieron una fuerte crítica respecto al delito de sabotaje, y pidieron a las autoridades ecuatorianas adecuar esa figura a la realidad del país, respetando el principio de proporcionalidad de las penas y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
En mayo pasado, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció el uso del sistema judicial ecuatoriano aparentemente para acallar críticas al Gobierno mediante el empleo de lo que llamó cargos falsos de terrorismo y sabotaje contra indígenas.
El pasado jueves, Garzón mencionó que esa ley también se ha aplicado en el caso de diez chicos presos por sabotaje y terrorismo, en referencia a jóvenes militantes o simpatizantes del Movimiento Popular Democrático (MPD) que están en prisión preventiva desde marzo.
De ahí que el jurista español recomendó cambiar la ley que tipifica el delito de sabotaje.
La respuesta de la ministra de Justicia fue que esa norma data de 1938 y que el proyecto de ley del nuevo código penal, que se discute en la Asamblea, modifica la legislación al respecto.
Ese proyecto entregado por el Gobierno a la Asamblea en cotubre de 2011 ha sido ampliamente criticado por la ambiguedad de algunos artículos y porque mantiene la penalización para la opinión, el llamado sabotaje y el terrorismo, con otras palabras.
“En el discurso oficial del Ejecutivo, el Código Penal parecería ser un asunto de adolescentes, periodistas y luchadores sociales. Por eso es fundamental revisar de forma cuidadosa los tipos penales de terrorismo y sabotaje, pues su redacción puede convertirlos en mecanismos de persecución”, decía un informe presentado por la asambleísta María Paula Romo.
Romo se refería a que en el proyecto del Ejecutivo se incorporaba como delito la asonada para castigar con prisión a “quienes de forma tumultuaria exigieran violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones”.
El informe de Garzón también aconsejó separar a los jóvenes de entre 18 y 22 años del resto de los internos de las cárceles, como se hace en países como España, porque, a su juicio, no son personas adultas totalmente formadas y es más probable su rehabilitación si no tienen contacto con delincuentes reincidentes.
Pesántez, ante ese consejo, afirmó que esa recomendación era fácilmente viable con la separación en distintos pabellones.
Esas fueron algunas de las 38 recomendaciones incluidas en el informe preliminar. Entre ellas estaba la de crear una unidad de asuntos internos en la Policía para investigar irregularidades.
Garzón también criticó la imposición de penas arbitrarias y excesivas en casos de tenencia de cantidades escasas de estupefacientes, que es una consecuencia de las leyes en vigencia.
Para elaborar el documento, los expertos internacionales se entrevistaron con representantes de ministerios, la Policía, la academia. Además visitaron instalaciones judiciales, prisionesy se reunieron con miembros de las Fuerzas Armadas, con quienes trataron el tema de su participación en patrullas por las calles.
Los veedores recomendaron la no utilización de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, y de investigación, salvo caso de fuerza mayor o situación extraordinaria, que deberían estar marcadas por ley.
El Gobierno ha empleado a soldados para reforzar la seguridad interna desde 2010, ante un aumento de la delincuencia.
El presidente Rafael Correa ha dicho que las FFAA no solo pueden sino que deben apoyar además la lucha contra el crimen.
Garzón, quien como juez investigó delitos supuestamente cometidos por militares en las dictaduras de Chile y Argentina, dijo que la Constitución ecuatoriana asigna misiones diferentes a las FFAA y a la Policía.
Los veedores concluyeron que el uso de soldados en seguridad interna no es lo más idóneo, explicó Garzón. (EFE)
La criminalización del sagrado recurso de la resistencia frente a sistematicas politicas de abuso y coacción no solo dice relación a los prisioneros político de Lulncoto con quienes me he solidarizado siempre así como contra los dirigentes de los movimientos sociales sino contra los trece ciudadanos que reclamamos Libertad de expresión el treinte de septiemmbre en que arbitrariamente se dispuso una cadena del gobierno expulsando a los medios independientes del aire , los trece que protestamos contra tal mediida no somos terroristas y se nos juzga como tal sobre la base del artículo 158 del Código Penal, el hecho que seamos liberales no es obice para que se nos excluya del Informe Garzon. Dr. Pablo Guerrero Martínez, desde el exilio Praga.