DECOIN – DEFENSA Y CONSERVACION DE INTAG
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Mayo 2014
La infamia se repite, y el gobierno y la minería estatal pierden más credibilidad
Según varios moradores de Intag, el jueves 8 de mayo cerca de 400 personas, incluyendo entre 200 y 300 policías ingresaron a Intag. Una parte de este grupo violentó un control comunitario por el sector de Chalguyacu Alto donde estaban congregadas unas 75 mujeres y hombres de Junín, Chalguyacu Alto y otras comunidades aledañas. Los policías que participaron en el operativo pertenecen al GOE Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), y policía nacional. Éstos acompañaban al gobernador de la Provincia de Imbabura, Wilmer Taboada, la presidenta del gobierno Parroquial de García Moreno, así como empleados de la Empresa Nacional Minera- ENAMI. Se supone que entre el gentío se encontraban varios empleados de la empresa encargada de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y de la CODELCO. Tristemente, varios inteños reportan que la invasión fue avivada por algunos inteños e inteñas que apoyan a la minería y, particularmente, por ex empleados de la canadiense Ascendant Copper y algunos interesados en empleos ofrecidos por la Enami.
La infamia se repite
El enfrentamiento comenzó, según testigos, cuando el gobernador y otras autoridades intentaron pasar a la fuerza por el control comunitario e ir a Junín sin la autorización del presidente de la comunidad o su cabildo, y sin haber llegado a consensos razonables con los comuneros, quienes se oponen al proyecto minero a cielo abierto de cobre a gran escala JUNÍN (hoy Llurimagua) desde 1995. La razón de semejante movilización, según el propio gobernador, era para pasar unos 3-4 días tomando muestras de agua y suelo para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la exploración del yacimiento de Junín. Y, como si fuera poca cosa contar con la seguridad de cerca de cientos de policías, los invasores también hicieron uso de maquinaria pesada del Consejo Provincial de Imbabura y del gobierno Parroquial de García Moreno.
Las preguntas surgen por sí mismas: ¿Por qué tanto temor a unos campesinos que viven de la tierra? ¿Por qué el gobierno corre el riesgo de provocar un baño de sangre entre ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Para qué tanta presencia policial si- según la Enami y el gobierno- la minería y cuentan con tanto apoyo en Intag? ¿En qué parte del mundo se ha visto que 10 o 12 técnicos tienen que ser resguardados por cientos de policías para tomar unas simples muestras para elaborar un simple Estudio de Impacto Ambiental?
“No somos terroristas, somos campesinos” (voz de uno de los moradores de Intag)
El sitio del enfrentamiento fue precisamente donde hace siete años y medio, paramilitares contratados por la empresa canadiense Ascendant Copper cobardemente dispararon en contra de comuneros indefensos. Aunque esta vez no hubo disparos, la cobardía se repitió, e incluyó agresiones contra mujeres, hombres y dos menores de edad por la policía. Israel Pérez fue uno de los primeros en ser agredido cuando varios policías, sin la más mínima provocación por parte de Israel, intentaron detenerlo. También hubo un intento de detener al dirigente Polivio Pérez. Las acciones irresponsables y desesperadas de la policía desencadenaron enfrentamientos cuando familiares y amigos de Israel Pérez intentaron evitar que Israel sea golpeado. El hijo menor de Israel, Elver Pérez, al igual que la joven de 15 años, Mery Ramírez fueron maltratados por los policías en esa primera gresca. Iliana Torres, esposa de Javier Ramírez, y Doña Chela Piedra fueron las que más agresiones sufrieron, según testigos. La Señora Piedra, fue arrastrada por el suelo y golpeada en la barriga con toletes por la policía, no siendo la única. Ernesto Ramírez, hermano del presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, igualmente fue brevemente detenido y agredido. Todos fueron brevemente detenidos por la policía, pero por la acción y presión de las y los campesinos, tuvieron que ser puestos en libertad.
Después del enfrentamiento y como un clarísimo acto de provocación y desprecio hacia los comuneros, la caravana prosiguió con la invasión para establecer su campamento en la comunidad de Junín, sin la autorización del cabildo de la comunidad o su presidente. Parte del contingente se dirigió al bosque, rumbo desconocido en pleno aguacero.
Cabe señalar que la presencia policial no solo se encuentra en Junín y la Parroquia de García Moreno. Tenemos informes que también hay grupos de policías en varios sitios entre el lugar del enfrentamiento y la carretera principal, y no menos de 30 efectivos de la policía en la pequeña comunidad de Barcelona, al igual que en varios otros sitios en la Parroquia de Peñaherrera. En fin, Intag se encuentra sitiado.
Mal comienzo para Codelco en el Ecuador, y un buen ejemplo de lo que le espera al Ecuador con la Minería Para el Buen Vivir- o la Minería Responsable- que tanto proclama la ENAMI.
Una de las conclusiones a la cual se debía llegar después de los enfrentamientos del 8 de mayo es que los derrotados no son las comunidades campesinas de Intag, sino el gobierno, y específicamente, la ENAMI y la empresa minera chilena CODELCO. 300 policías para tomar muestras por tres o cuatro días lo dice todo.
ACTUALIZACIÓN El sábado 10 de mayo, varios autobuses regulares programados en la ruta Otavalo-Intag fueron detenidos entre en Intag, con el pretexto, de acuerdo con pasajeros, que demasiados “ecologistas” se dirigían a Junín para apoyar a la comunidad. En algunos casos, los autobuses se detuvo a una hora de Otavalo y tuvo que contratar a los vehículos privados o subir en la parte trasera de camiones de ganado para llegar a su casa (el día antes del día de la Madre).
Antecedentes:
La zona de Intag, noroccidente Ecuador, libra una resistencia que ya lleva más de 19 años, en la cual las comunidades de Intag, han exitosamente expulsado a dos empresas mineras transnacionales – la Bishimetals en 1997 y la canadiense, Ascendant Copper en el 2007. Hoy el gobierno de turno ecuatoriano y la empresa nacional mineral del Ecuador- ENAMI, juntamente con Codeclo, la empresa nacional minera del Chile, quieren, obviamente a la fuerza y pisoteando todo tipo de derechos humanos y Constitucionales, pretenden continuar la exploración minera en la biodiversa Cordillera de Toisán, donde los japoneses hallaron un yacimiento de cobre contaminado con arsénico, plomo, cadmio y cromo.
El Estudio de Impacto Ambiental, cabe recordar, para una pequeña mina de cobre a cielo abierto, elaborado por expertos japoneses y publicado en 1996, pronosticó:
Una “deforestación masiva” (cita directa del documento), la cual secaría el clima local. Además se contaminarán varios ríos con metales pesados (arsénico, plomo, cadmio y cromo) impactará bosques primarios nublados que albergan a jaguares, osos de anteojos, el mono araña cabeci-cafe y nueve otras especies en peligro de extinción.
La pequeña mina también reubicaría a 4 comunidades, y aumentaría la delincuencia. Todo estos y otros impactos constan en el Estudio de Impacto Ambiental que ahora el gobierno pretende desconocer. Un año después de la publicación del Estudio, los japoneses descubrieron 5 veces más cobre, lo cual implica que los impactos sociales y ambientales serán mucho más devastadores.
Las autoridades del país tildan a los que defienden su tierra, su comunidad, y estos bosques nublados y ríos cristalinos de tirapiedras y terroristas. Por eso no es de extrañar que el presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez, este preso, acusado de terrorismo, rebelión y sabotaje por la empresa nacional minera del Ecuador por un supuesto delito en el cual el no tuvo absolutamente nada que ver. Su hermano, Víctor Hugo, tiene una orden de arresto, pero hasta el día de hoy sigue libre. Como Intag.
