JAIME PAZ ZAMORA Y EVO MORALES: ¿VIDAS PARALELAS?
Yuri Aguilar Dávalos, Bolpress <ww.bolpress.com>
Son cada vez más las coincidencias (que no son fruto del azar) entre lo que hace el actual gobierno del MAS y lo que hicieron anteriores, coincidencias que nos llena de asombro porque hasta el discurso de varios de los funcionarios y militantes del partido gobernante actual, parecen copiados de aquel pasado que, ingenuamente, pensamos que nunca más se repetiría.
Durante el gobierno del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) de Jaime Paz Zamora (1989-1993) sucedieron varios hechos que conmovieron considerablemente a toda la población. En esta nota nos referiremos sólo a los que parecen representativos: La Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad (1990), la represión a grupos calificados de “terroristas”, las glorias futbolísticas de la selección boliviana y la lucha contra el narcotráfico vs. defensa de la coca.
Derechos de los indígenas
En el primer caso se trató de una gigantesca movilización de los pueblos indígenas del Beni (y de otros lugares) que demandaron al Estado su derecho a que se les reconozca su territorio y de seguir viviendo en él con dignidad. Esta marcha organizada por la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) que recibió el apoyo y la solidaridad de muchos sectores de la población —incluyendo la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Colonizadores, la Central Obrera Boliviana— fue minimizada por los gobernantes, primero mofándose de los indígenas —el vicepresidente de entonces, Luis Ossio Sanjinés, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), dijo que si los indígenas querían venir a hacer turismo a La Paz, estaban en todo su derecho—, y luego sus operadores dirigidos por el Chaka Wigberto Rivera, desde el Instituto Indigenista Boliviano, trataron de dividirla, paradójicamente utilizando a un sector de indígenas de las tierras bajas agrupados en la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) cuando aún no aglutinaban a todos los pueblos de esas regiones, organización que en entonces estaba dirigida por José Bailaba (luego diputado por el MAS), José Urañavi (en septiembre del 2008 alineado al sector más reaccionario y conservador de los cívicos cruceños), entre otros.
Los ataques al Centro de Investigación y Documentación para el Desarrollo del Beni (CIDDEBENI), de parte del gobierno de Paz Zamora, por el que dijo que era una Organización no Gubernamental (ONG) que manipulaba a los indígenas del Beni y al que culpó de tener intereses económicos en los territorios indígenas de la región. Esos cargos eran cotidianamente repetidos desde los medios de información del Estado (Canal 7 y Radio Illimani) por funcionarios del gobierno y por militantes de los partidos gobernantes (MIR, ADN y otros).
Aquella marcha triunfó y el Estado, dirigido por el MIR-ADN, tuvo que reconocer los territorios y derechos de los indígenas, además de garantizar el respeto a las reservas naturales en los parques; uno de esos parques y territorios indígenas fue el comprendido entre los ríos Isiboro y Sécure (TIPNIS). Esa marcha fue una interpelación más al viejo Estado.
Hoy la movilización de los pueblos indígenas de las tierras bajas que se oponen a una carretera que cruce el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), hace revivir los momentos previos a la marcha del 90: El presidente Evo Morales ha dicho que esa carretera se construirá quieran o no quieran los habitantes de ese territorio; los voceros del gobierno y los primeros mandatarios responsabilizan a ONG y a los partidos de derecha de agitar para que los indígenas se opongan a la construcción; el primer mandatario humilla a los indígenas al dar instrucciones a los jóvenes cocaleros “de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”, instrucción que también recuerda a otra del dictador Banzer en enero de 1974 cuando ordenó a los campesinos oficialistas a matar a los comunistas, luego de haber ordenado la Masacre del Valle en Tolata, Epizana y Quillacollo; los operadores del gobierno dicen por los indígenas del TIPNIS que su oposición se debe a que no quieren compartir la tala ilegal de árboles y de que están esperando que el gobierno les ofrezca una alta compensación económica para suspender la medida de protesta; las organizaciones indígenas campesinas afines al MAS —CSUTCB, colonizadores cocaleros— están contra los pueblos indígenas de tierras bajas y esperan que la carretera les dé vía libre para acelerar la depredación del bosque. Ahora el gobierno del “cambio” se dedica a dividir a los pueblos. Mientras los pueblos del Chapare (colonizadores que plantan coca, principalmente) están en favor de la construcción de esa carretera, los pueblos del Beni (indígenas) están en contra, se teme enfrentamientos. En un encuentro que hubo en el TIPNIS, 43 comunidades rechazaron la apertura del camino y 18 aprobaron. (Erbol, 11.07.2011)
Como se puede ver, a 20 años de aquella movilización, ni el discurso ni la actitud de los que detentaban el poder del Estado y los que hoy detentan, ha cambiado sustancialmente. El famoso principio de autoridad (o mejor el autoritarismo) prevalece por encima de leyes aprobadas o convenios internacionales de los que Bolivia es signataria.
Represión a presuntos “terroristas”
Los grupos radicales que consideraban que la democracia burguesa no resolvían las contradicciones de la sociedad y que por el contrario acentuaba las diferencias sociales, desencadenaron acciones que alteraron el statu quo. Y es en ese período cuando surgen grupos que buscan cambiar la sociedad por la vía armada, los que entonces son calificados como “terroristas”: las Fuerzas Armadas de Liberación-Zárate Willca, la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), el Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), y Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Los organismos represivos del gobierno de Jaime Paz Zamora, coadyuvados por fiscales, violaron los derechos humanos de los integrantes de esos grupos y de sus familias, de forma similar a las practicadas por los servicios de seguridad de las dictaduras, con detenciones ilegales, torturas, ejecuciones sumarias, amedrentamiento a familiares y otras formas ilegales de represión.
Ahora, en el proceso que vivimos, desde que se inició la segunda gestión del presidente Morales, se ha desencadenado una especie de paranoia gubernamental contra activistas extranjeros de derechos humanos, a los que se los acusa de asociación delictuosa, con la amenaza de suspenderles su calidad de refugiados. El caso del refugiado colombiano Francisco “Pacho” Cortez es uno de ellos, en abril del 2010 fue detenido, acusado de tráfico de influencias, pero, finalmente, luego de cuatro meses de penurias, en agosto del mismo año se ratificó su calidad de refugiado.
http://www.eldeber.com.bo/2010/2010-08-31/vernotanacional.php?id=100830235855
Hace pocos días, cuatro peruanos (uno de ellos refugiado político), sufren detención ilegal, acusados de asociación delictuosa, “terrorismo” e incluso de narcotráfico. Al respecto la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz ha denunciado el maltrato y la ilegal detención que sufren esos ciudadanos extranjeros.
Glorias futbolísticas
En julio del 93 casi toda la población se alegró ante los logros del equipo boliviano de fútbol capitaneado por el entrenador Askargorta. Tras los primeros triunfos de Bolivia (Bolivia 7-Venezuela 1; Bolivia 2-Brasil 0) se formaron entusiastas manifestaciones populares que llenaron las calles de algarabía, las que también fueron aprovechadas por el gobierno de Paz Zamora que, haciendo uso del eslogan “País de ganadores”, se adjudicó los triunfos de los futbolistas. Los siguientes triunfos (Bolivia 3-Uruguay 1; Bolivia 1-Ecuador 0; Bolivia 7-Venezuela 0) fueron durante el gobierno de Sánchez de Lozada. En canchas del exterior casi todas fueron derrotas (Brasil 6-Bolivia 0; Uruguay 2-Bolivia 1), con excepción del primer triunfo en Venezuela y el empate en Ecuador, 1 a 1.
Lamentablemente el desempeño del equipo boliviano no fue de lo mejor en el Mundial de 1994, y para colmo empezó su presentación con la expulsión del jugador estrella —el Diablo Etcheverry— a los pocos minutos de empezar el primer partido, quien no pudo controlar sus emociones.
Hace poco menos de un mes se armó un show con la participación de la selección nacional de fútbol en el campeonato sudamericano jugado en Argentina. Tras el empate de la selección boliviana con la argentina, el fanatismo colectivo fue alimentado desde el poder y se organizaron caravanas al país vecino, para aprovechar de los posibles triunfos futbolísticos y así lograr un repunte en la baja preferencia ciudadana que sufre el gobierno. Lo cierto es que el eslogan “País de ganadores” no pudo reeditarse.
Lucha contra el narcotráfico vs. defensa de la coca
El eslogan “país de ganadores” de Paz Zamora, como el otro de “coca no es cocaína”, fueron una farsa. Y sobre este último sólo anotamos las relaciones de su gobierno con narcotraficantes: caso Oso Chavarría (hermano suyo); caso Oscar Eid Franco; caso Jorge Roca Techo de Paja; caso Meco Domínguez; los narco-arrepentidos que gozaron de penas mínimas; el intento de nombrar a Tinino Rico Toro, jefe anti-narcótico, pero que casi inmediatamente fue extraditado por los EE.UU. por sus actividades ligadas al narcotráfico.
En este momento las hectáreas de coca sembradas sobrepasan las 30 mil, y la invasión de cocaleros a áreas protegidas y agrícolas no tradicionales es imparable. La antes llamada maldita Ley 1008 sigue en vigencia, en la se dice que el máximo de hectáreas de coca no debe pasar de 12 mil. La interdicción parece no tener efecto porque si bien son muchas las “fábricas” de cocaína desmanteladas, son muy pocos los detenidos: a mediados del pasado mes, en San Germán, Nuevo Horizonte y Kilómetro 40, poblaciones del municipio de Yapacaní, se destruyeron casi 281 factorías de cocaína y apenas se detuvieron a cinco personas. http://www.eldeber.com.bo/vernotaseguridad.php?id=110718232917
Por otra parte la detención por narcotráfico (en el exterior y por la DEA) del ex comandante de la Fuerza Antidroga y ex jefe de un grupo especial de inteligencia también antidroga, dependiente del Ministerio de Gobierno, nos debe preocupar porque si las factorías de droga se multiplican y algunos altos personeros antidroga están involucrados en ese delito, ¿qué podemos esperar en el futuro cercano?
Algo más
Un apunte más para no olvidar: el MIR alcanzó la presidencia con una alianza vergonzante con la Acción Democrática Nacionalista (ADN), del ex dictador fascista Hugo Banzer Suárez, para cerrarle el paso al candidato ganador Sánchez de Lozada (MNR). “Cruzamos los ríos de sangre”, dijeron y tomaron el poder junto al Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).
La farsa del gobierno de Jaime Paz Zamora y de sus aliados (ADN, FRI, PDC), al igual que su eslogan “País de ganadores”, cayó aplastado por la realidad porque, sin posibilidad a equivocarnos, fue uno más de los corruptos del siglo pasado; pero, no hay duda de que sus principales militantes hicieron buenos negocios apoyados en el poder que tenían, momento en el que ganaron mucho; si alegan los contrario, que demuestren el origen de sus fortunas.
Y como parece que muchos actores y actitudes de antes se van reproduciendo, vale la pena recordar a un funcionario (funcional) que tuvo y hoy tiene notoriedad en estos tiempos de cambio; nos referimos Eusebio Gironda Cabrera quien fue ministro de Paz Zamora, en la cartera de Trabajo y Desarrollo Laboral, entre el 12.11.1992 y el 06.08.1993. Gironda era en ese tiempo militante del FRI, de Motete Zamora, ambos ex militantes del Partido Comunista Chino (PCML); hasta hace poco Gironda fue uno de los principales asesores del actual presidente Evo Morales y candidato frustrado a la alta magistratura, precisamente porque se le descubrió que en esa gestión neoliberal autorizó privatizar empresa públicas, acción que creyó iba a quedar en el olvido. Esta vez tampoco “funcionó” la viveza criolla.
* Historiador y periodista. Tomado del Semanario Aquí.
