30-08-2017.
No hace mucho leía un artículo de Roberto Aguilar en el que daba cuenta de la crítica situación de venezolanos y venezolanas y del (mal) trato que recibían en Ecuador. Roberto titulaba su artículo “Admitámoslo: somos un país de mierda”. Evoco este artículo porque no puedo evitar sentir lo mismo después de que un juez ha permitido la impunidad en los casos de tortura ocurridos en la cárcel de Turi.
El 31 de mayo de 2016 habría debido marcarse como un día negro para nuestro tan celebrado y premiado sistema de rehabilitación social así como para la institución policial.
Su impacto habría debido ser amplio, masivo, conmovernos de manera colosal. Mucho más que descifrar quien es J.G en el chat de Odebrecht, mucho más que la polémica por la exposición de un mural con contenido religioso en el Cultural Metropolitano de Quito (MET), y sin duda, mucho más viral que las imágenes de Ecuador en el nuevo video de reggaeton de “Nicky Jam”. Pero no. A duras penas se conoce. Y mucho menos importa.
El 31 de mayo de 2016 se realizó el “Operativo de Control de Requisa en las diferentes celdas del Pabellón de Mediana Seguridad “JC” del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur -Turi-, según la orden de servicio No. 2016-062-UCP-CRSRSCSZA-1.
Dicho operativo tenía la finalidad de decomisar objetos prohibidos para las personas privadas de libertad y fue ejecutado a cargo del Grupo de Intervenciones y Rescate -GIR- y la Unidad del Mantenimiento del Orden -UMO- a cargo del Mayor René Cañar Romero.
El operativo inició a partir de las 10:00 y se extendió hasta aproximadamente las 14:00, tiempo en el cual cerca de 200 de personas privadas de libertad sufrieron tortura.
Sí, TORTURA. Y si no fue tortura, vamos a tener que inventarnos un nuevo nombre para describir lo que pasó: personas que fueron sometidas contra el piso, obligadas a no levantar la cabeza, a no quejarse mientras los ‘nobles’ policías caminan sobre ellos, les golpeaban con ‘inofensivos’ toletes en la cabeza, espalda, glúteos y coyunturas de las extremidades, un agente incluso bailó -sí, bailó- sobre la espalda de una persona, y finalmente fueron obligados contestar preguntas a manera de humillación, tal como relata uno de los testimonios:
“QUIEREN AL GRUPO UMO?”, nuestra respuesta debía ser “SI”, de no responder afirmativamente éramos golpeados.
Luego fueron forzados a desnudarse en frente de los mismos policías y hacer sentadillas; mientras lo hacían, recibieron golpes, patadas y descargas eléctricas para luego ser obligados nuevamente a ponerse boca abajo contra el suelo, sin mirar, sin levantar la cabeza y sin quejarse cuando les lanzaban gas pimienta a la cara aduciendo que “es bueno para la gripe”. Y cuando alguna de las víctimas pronunciaba una queja, era golpeada cada vez fuerte.
El quejido de uno de ellos causó gracia a una ‘noble’ mujer policía, quien le instó a su ‘noble’ compañero “¡A ese, a ese, síguele pegándole a ese!”. Mientras los gritos de auxilio y dolor se escuchaban desde el tercer el piso, gritos de solidaridad y miedo se escuchan desde los pisos inferiores. “No se preocupen. Ya bajamos por ustedes. Les va a ir peor” respondían los ‘nobles’ agentes, los cuáles bajaron al segundo piso, en donde todo este espectáculo de horror volvió a ocurrir.
La desesperación se acumuló hasta el punto que una persona embarró de heces fecales todo su cuerpo para desafiar a los agentes policiales:
“El compañero en mención mezcló los excrementos con agua y se embarró en estos y les decía a los miembros de la policía que a él no lo van a golpear sin ningún motivo. Que aquel que se atrevía a acercarse lo iba a hacer comer excremento. Ante estas amenazas, y al observar que tenía un balde lleno de excremento en la mano decidieron retirarse. Hasta esta circunstancia extrema tuvo que llegar el compañero para no ser golpeado como un animal.”
Un par de detalles menores: los ‘nobles’ agentes policiales traían su rostro cubierto con pasamontañas mientras las personas torturadas yacían boca abajo o postrados de frente a la pared. ¡Ah!, y no hay que perder de vista otro detalle: las personas, las víctimas, son privados de libertad. ¿En estas circunstancias podría ser posible que alguno de ellos reconozca a algún policía? Yo creería que no. ¿Debería importar ello para sancionar a los responsables? Mi lógica me dice que no. ¿Debería importar que las víctimas sean privados de libertad? Por supuesto que sí, pues están bajo custodia del Estado.
No obstante, parece que la mayoría piensa que no porque, según los abogados del Estado y los policías, esas personas “no son unos angelitos”.
¿Las reacciones?
“Bien hecho, ahí si saltan los derechos humanos a defender delincuentes”; “Como siempre, muestran vídeos que solo perjudican al personal policial y que no salen cuando agreden a los uniformados cuando les tiran heces, orina, palos, piedras; nada de eso sale. Personas privadas de la libertad que solo quieren derechos pero no practican sus obligaciones” “Que esperaban, es la cárcel no un internado de medicina.”
Repito: admitámoslo, somos un país de mierda.
Pero entonces, ¿fue o no tortura? Las cámaras de los pabellones de mediana seguridad, si bien no tienen audio, graban los hechos desde que los policías ingresan a los pabellones (https://vid.me/MiPB). Antes de su ingreso, se ve cómo los privados de libertad tienen miedo de lo que va a ocurrir y bloquean la puerta con algunas prendas de vestir. Los policías arriban a la puerta y ordenan que se abra. Un valiente interno se dirige a la puerta y la desbloquea. No se ve más resistencia, o al menos las cámaras de seguridad no la demuestran, pese a que se presentó todos los vídeos grabados, desde diversos ángulos y sin editar.
Aun así, la tesis sostenida por los policías indica que hubo un amotinamiento previo al operativo y que, durante el desarrollo del mismo, los internos los gritaban e insultaban y que, por tal razón, fueron forzados a ‘neutralizar’ de esa manera a los privados de libertad; y que además los vídeos de las cámaras de seguridad son manipulados porque muestran solo una verdad incompleta.
Como prueba de ello, se tiene todas las versiones de todos los operativos policiales que intervinieron aquel día, en contraposición de las versiones de las víctimas, los privados de libertad, que narran lo aquí descrito más todos los vídeos de las cámaras de seguridad. Sin embargo, en la balanza de fiscalía y de nuestra justicia, esto no fue suficiente.
Adrián Arpi, Fiscal de Garantías y Personas de Azuay formuló cargos en contra de 46 policiales el 26 de enero de 2017. Tres meses después, y luego de cinco intentos fallidos para realizar la reconstrucción de los hechos, Fiscalía vinculó, el 3 de mayo de 2017 y dentro de su misma tesis de tortura, a tres personas más. Sin embargo, tras un año de investigación (los 6 meses de investigación previa más los de instrucción) para Arpi ya no fue tan evidente ni grave lo ocurrido en Turi. Fue así cómo el 8 de junio, reformuló cargos en contra de los 49 procesados, contradiciendo su propia teoría del caso y cambio el tipo penal de “Tortura” a “Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio”, argumentando que de las lesiones que se evidencian de los exámenes médico legales, se desprende que van desde los 0 hasta los 5 días de incapacidad y, por lo tanto, no son suficientes para configurar un delito de Tortura.
Esto no solo fue el primer paso hacia la impunidad del caso, sino que encerró a la tortura de Turi dentro del marco de la legalidad con excesos, a un “se me fue un poco la mano”. Así, todos quienes pudieron haber evitado la tortura y cometer el ilícito por omisión, quedarían libres. Arpi remitió 34 dictámenes abstentivos, quedando solo 15 ‘nobles’ policías dentro del proceso.
Uno de los pocos medios de información digital que le ha otorgado importancia al caso, publicó un artículo ante la absurda nueva teoría fiscal titulado: “¿No los golpearon lo suficiente?” Pues, aparentemente, no. O al menos no para el fiscal Arpi que no comprendió -o quizá, no tuvo la capacidad para hacerlo- que las lesiones, marcas, heridas, poco o nada importan en un caso de tortura, sino la intencionalidad.
Y por si eso no fuera ya bastante grave, el jueves 10 de agosto, en audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la nefasta investigación conducida por la Fiscalía de Azuay, agravada aún más con la clara falta de cooperación de las demás carteras de Estado -tuvieron que ser necesarios 6 llamados a la reconstrucción de los hechos para que esta pueda realizarse- llevó a que el Juez de la Unidad Penal de Azuay, emita sobreseimientos no solo para los 34 de los cuales Fiscalía se abstuvo de acusar, sino para todos los procesados. Su motivo: “si bien existe materialidad, Fiscalía no ha conseguido probar responsabilidades individuales”.
Esto quiere decir que se comprobó la existencia del delito, pero no la responsabilidad sobre el mismo, a pesar de que se contaba con la orden de servicio de quienes intervinieron en el operativo de requisa, todos los ‘nobles’ policías alegaron no haber visto nada, no haber hecho nada más que eso, requisar las celdas, ¿quién les habrá golpeado? Ni siquiera el Mayor Cañar Romero, jefe a cargo del Operativo, como superior y quién debía supervisar el operativo y evitar cualquier tipo de exceso. Nadie fue sancionado, ni siquiera administrativamente, por lo ocurrido el 31 de mayo en Turi.
Y cuidado. La responsabilidad del juez no recae en emitir el sobreseimiento a todos. ¿Qué otra cosa podía hacer si Fiscalía condujo una investigación deplorable? Su responsabilidad recae al admitir que existe materialidad, que existieron las agresiones, y no ordenar que se vuelva a investigar, esta vez de manera efectiva. “Ah sí, sí les golpearon, pero Fiscalía hizo un pésimo trabajo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya está”. Es en este momento, donde se plasma la clarísima intención del Estado desde un inicio: no hacer nada.
Un día después, la Defensoría del Pueblo (DPE), a cargo del Mecanismo contra la Tortura en cuyos informes se ha lanzado loas a la nueva pintura de las cárceles, hizo público un comunicado exhortando a la no impunidad del caso. Los hechos ocurrieron en mayo del anterior año, sin embargo, fue necesario más de un año para que la DPE siquiera se pronunciará al respecto. ¿Y de parte de las demás carteras de Estado? ¿Del Ministerio de Justicia, a cargo de los Centros de Rehabilitación Social? Silencio. ¿Y Fiscalía General del Estado? Silencio. ¿Y Presidencia? Silencio. Para nadie tuvo importancia suficiente que una tortura hubiera ocurrido en sus narices. Todos están más ocupados cazando, o solapando, a los “corruptos” de la administración anterior, pero la efectiva vigencia de los derechos humanos en el país ni siquiera es un punto de discusión.
¿Y la sociedad civil? Instigando a la violencia, “a que les den más duro” demostrando así nuestro escasísimo o nulo nivel de educación y cultura. Nos guste o no, el sistema de “rehabilitación social” -que deberíamos considerar cambiarlo de nombre después de esto- es un servicio público del cual nadie está exento de utilizarlo. Nadie lo quiere, nadie lo piensa, todos de hecho lo temen, porque a un nivel subconsciente se sabe que sucesos similares o peores a lo de Turi ocurren todos los días. Pero lo hemos normalizado. Hemos normalizado a que las personas que estén ahí adentro, culpables o inocentes, arrepentidas y conscientes o con ganas de salir adelante, o incluso por accidente, merezcan un trato muy lejano a lo humano.
“¡Pero si son ladrones, violadores y asesinos!”. Sorprende la falta de coherencia de una sociedad mayoritariamente católica que profesa lo sagrado de cada vida y después sugiere que “les den más duro”. Por supuesto, no son todos, pero el resto ha sabido guardar un respetuoso silencio. Y ese desinterés ha contribuido a que la tortura, condenada desde 1945, siga existiendo hoy en día en Ecuador, y no sea nada: ni pública, ni mediática, ni sancionada, ni reparada.
“Un país lleno de acomplejados, de abusadores, de arribistas, de sanguijuelas. Una manga de analfabetos gobernada por una camarilla de sinvergüenzas”, como decía acertadamente Roberto en aquel artículo. Y yo añadiría que poco o nada le importan, no diré “derechos humanos” para no sonar tan romántico, pero sí que poco o nada le importa la impunidad ni la justicia, que prefiere encarcelar a la población indígena cuando ella sí protesta y hacer la vista gorda cuando las personas y el dinero ‘mágicamente’ desaparecen; y cuando se debe pedir disculpas y admitir que se equivocó, lo hace de mala gana. Un país lleno de cobardes y mojigatos…y por supuesto de muchos “nobles” que nada hacen, ni ven, ni dicen.
Así que ya, en serio, solo aceptemoslo: somos un país de mierda.
*Asesor Jurídico de INREDH
