LA DEMOCRACIA EN DISPUTA: ¿Para donde va el péndulo? Por Santiago Ortiz Crespo

El Presidente de la República ha manifestado una y otra vez su concepción de la democracia. Para él la democracia  se reduce al voto; las personas y movimientos  que ganen la mayoría en las urnas tienen derecho a tomar las decisiones en el Estado. Incluso las personas que deben opinar sobre algún asunto deben ganar las elecciones.

En las últimas votaciones Alianza País sube desde el  63 a 68 alcaldías, desde el 2009 al 2014 y de 8 a 10 prefecturas en ese mismo lapso. En términos de votación  gana sobre todo en  los cantones pequeños, alcanzando el 26% en la última votación de alcaldes, y un 45% en la votación de prefectos. Se mantiene como principal fuerza política con primera o segunda posición en la mayoría de distritos electorales[1].   Tomando el universo global el gobierno y sus aliados tendrían 107 alcaldías y 11 prefecturas.

Sin embargo el problema para Alianza país fueron las ciudades grandes, pues el 23F fue derrotada por sus socios de  Avanza y por sectores de la oposición. Si seguimos con el argumento del Presidente esos candidatos ganadores pondrían  intervenir en la política, opinar y tomar decisiones, al menos en sus provincias y cantones.

Sin embargo el problema es más complejo, pues se supone que en democracia el pueblo tiene la soberanía. Es decir la democracia implica la posibilidad de elegir representantes, pero también  participar en la política e incidir en el rumbo que tome el país de manera permanente. La democracia implica que los ciudadanos tengan una vida digna, un mínimo de igualdad efectiva para que todos puedan participar como ciudadanos en la arena publica. Además la democracia implica espacios en donde los ciudadanos puedan tomar la palabra, hacer escuchar su voz, plantear iniciativas y propuestas para orientar la política pública. La democracia implica rendición de cuentas de las autoridades  y  control social de las mismas. Y estas expresiones de la ciudadanía deben  funcionar de manera permanente, no cada cuatro años.

Tomemos el reverso de esta definición: el de la “larga noche neoliberal”las autoridades eran electos en las urnas, pero gobernaban de espaldas a la población. En nombre de soluciones técnicamente “eficaces”, los gobiernos neoliberales electos “democráticamente” convertían el voto en un cheque en blanco para hacer lo que bien tuvieren. Así saquearon el país, desmantelaron  las políticas sociales, llevaron  a la quiebra al Estado y permitieron  que los bancos  y las grandes empresas se lleven las empresas publicas.

El coro neoliberal -académicos   y comunicadores de los grandes medios- justificaron ese estado de cosas. ¿Cuál era su argumento? Que había democracia porque había voto. Además señalaban que era necesario tener “libertades”, básicamente entendida como libertad de mercado y de opinión y un equilibrio de poderes. Es decir un concepto formal de la democracia, funcional a los intereses de las élites.

Pero con ese enfoque las autoridades y los partidos electos cada cuatro años, se alejaron progresivamente de los ciudadanos. El sistema representativo se mantenía en medio de la desconfianza de  la población;  políticos, partidos, ideologías y los grandes medios, perdían progresivamente la credibilidad. Supuestamente había independencia de poderes, pero todo el mundo sabía que la justicia estaba secuestrada por el partido socialcristiano y luego por la famosa “Pichicorte”. En realidad esa democracia fue deteriorándose y socavó sus propios cimientos. Como decía Lincoln. “Se puede engañar a algunos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”.

Los sectores indígenas y populares organizados, primero, y luego amplios sectores de las capas medias, después, expresaron su inconformidad. Inicialmente se buscó ampliar la democracia vía dispositivos de participación ciudadana. En algunos territorios los indígenas tomaron el poder de los municipios y desplazaron a los grupos locales de la partidocracia. Los trabajadores, maestros  y campesinos utilizaban  su organización para resistir a las medidas que tomaban los gobiernos de turno. Las mujeres cuestionaron las jerarquías patriarcales y propusieron la democracia en la calle y en la casa. Igualmente se planteo democratizar el aula y surgieron varios movimientos que demostraron que no habría democracia sin derechos humanos. Incluso se  abrieron espacios de cogestión de la política pública.

Sin embargo el dominio neoliberal continuó y los impacientes movimientos sociales desplegaron  protestas masivas en las calles y hasta derrocar a presidentes.  Pero los gobernantes que subían terminaban haciendo lo mismo que los recién destituidos. Envueltos en el discurso del libre mercado y de la democracia representativa, demostraron una gran arrogancia  y no rectificaron. En realidad el régimen llamado “democracia”  se mantenía a  espaldas al pueblo,  a la nación y a la soberanía.

Hasta que llegó la Revolución Ciudadana que dio un giro a este estado de cosas. Se formó una amplia coalición de actores que llevó al poder a Alianza País y al Presidente Correa. El nuevo gobierno puso en su lugar a las empresas trasnacionales, a los bancos, a los organismos financieros, recuperando soberanía estatal y nacional.  Realizó un giro en la inversión pública a fin de garantizar los derechos sociales dándole un contenido igualitario a la democracia. Se diseñó una nueva carta política ampliando la garantía de derechos, abriendo el Estado a la participación, delineando un nuevo sistema político y estatal a través de la Asamblea Constituyente.

Sin embargo, el éxito en las sucesivas elecciones nubló la vista de a las nuevas autoridades. El gobierno confundió voto con democracia y consideró que tenían el mandato ciudadano para hacer muchas cosas a su antojo. Alianza País y su gobierno comenzó a olvidar de la letra y el espíritu plasmado en la carta de Montecristi.  Pese a que realizaron importantes reformas ganándose durante los siete últimos años la confianza de la población, Alianza País presumió de cierta arrogancia, abusando de  la confianza de  la población.

Aunque ganó una y otra vez en las urnas, Alianza País y su gobierno plantearon un proyecto de retorno del Estado en donde uno de sus “daños colaterales” fue la democracia. Creyeron  que podían desde el Estado controlar a la sociedad civil, anular la autonomía de las organizaciones, reducir la participación ciudadana, dividir a los movimientos sociales e incluso vulnerar en ciertos casos los derechos humanos. Confiando en la aceitosa maquinaria electoral y en la estrategia comunicativa, se olvidaron  de construir un movimiento político que le de coherencia a su accionar. Saltaron del proceso electoral del 2006 a manejar los recursos y posicionarse de los cargos.

Esto tuvo efectos perversos: el  movimiento que construyeron no tenia autonomía de los aparatos estatales, sino que se confundieron con el. Se configuró una fuerza política que es una suma de facciones en pugna, de grupos de interés que negocian con la cupula gubernamental,  sin capacidad de construir una fuerza que tenga organismos para  confluir,  dialogar y construir  propuestas, tomando decisiones democráticamente, seleccionando  candidatos, controlando  a sus propios militantes en puestos de poder. Y todo ello en medio del olvido de los principios de la Constituyente de Montecristi  y de la Revolución Ciudadana, que fueron quedando en el papel.

En ciertos momentos, como en el 30 de Septiembre,  los directivos del proceso vieron la necesidad de rectificar y se plantearon “radicalizar el proceso”. Esto suponía aceptar la organización popular, pagar la deuda agraria y afirmar las conquistas nacionalistas y democráticas, de manera que se pueda defender la Revolución Ciudadana ante el golpismo.

Pero también este giro se quedó en el papel. En realidad el éxito de las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2013 les subió a la cabeza y  paradójicamente un gobierno que surgió como fruto de la movilización popular, ignoró la importancia de  democratizar la democracia,  mas allá de la del voto.

¿Quienes tienen responsabilidad de este olvido? Es difícil decirlo porque tanto la derecha pragmática que dirige Alianza País como la militancia de izquierda inscrita en el gobierno, comparten una vieja cultura política anclada en la desvalorización del pueblo. Provenientes de una militancia vanguardista en donde el pueblo es una pieza mas de la cadena de trasmisión del “partido”, dichos militantes se olvidaron de la agenda de lucha contra el neoliberalismo como el respeto a los derechos, el poder social para controlar a las autoridades, la descentralización del poder en los territorios. Parecen no haber aprendido que la democracia implica deliberación, respeto a la disidencia, espacios públicos,  garantías para la participación de los grupos excluidos por cuestiones de género, etnia o estratificación social y por supuesto respeto a la organización popular autónoma.

En un país con un largo dominio de relaciones autoritarias,  altos niveles de desigualdad y bajos niveles educativos, es evidente que si la gente de abajo no se organiza y se forma como una ciudadanía consciente de sus derechos,  se mantendrá un caldo de cultivo proclive para el regreso de las élites neoliberales. El voto es necesario, pero es evidente que si no se impulsa el protagonismo popular será difícil equilibrar el poder que tienen los grupos de poder de este país.

Y es precisamente por ese déficit que  esa preciada bandera de la democracia está siendo disputada nuevamente por la derecha. Son las capas altas de la sociedad los que  han hecho sonar en las ciudades sus “cacerolazos” el 23 F. Y junto con ellos los intelectuales y periodistas liberales levantan las “novedosas” banderas de la libertad, la democracia representativa y del equilibrio de poderes.  Es paradójico que esta derecha regrese con las mismas banderas que  durante 25 años les sirvieron para mantener al país sometido al consenso de Washington, a los intereses de los bancos y las trasnacionales  para  gobernar de espaldas al pueblo y la nación.

Alianza País tiene responsabilidad en lo que está sucediendo. Deben tomar conciencia que un modelo piramidal y centralista no calza en un país como Ecuador y no favorece la causa del pueblo y la ciudadanía de este país. Es hora que sus militantes y directivos recuerden el espíritu que inspiró y movilizó a los millones de ecuatorianos y ecuatorianas que abrieron el camino a Montecristi, que soñaron en una patria distinta, democrática, igualitaria, libre de tutorías extranjeras, autónoma y soberana.

La única salida para PAIS, si quiere construir una hegemonía popular y nacional es que se refunde como movimiento y como gobierno.  No es el cambio de gabinete lo que se necesita, sino la democratización de la Revolución Ciudadana.

Alianza País y Rafael Correa deben saber que se están jugando con la confianza que el pueblo les dio luego de  25 años de resistencia contra el neoliberalismo. No sería extraño que el péndulo histórico pueda regresar con una nueva ola neoliberal que camuflada en un discurso de “libertades” y de “democracia” formal y barra con muchos de los avances logrados en este periodo.

Esto depende si el gobierno logra reinventar el proyecto original, adecuarlo a las expectativas de  los sectores medios y populares y profundizar los contenidos de la Revolución Ciudadana en una perspectiva de democratizar la democracia. Esto implicaría  asumir que el dialogo y la deliberación es fundamental para reconstituir el pacto original de los actores que asumieron. Además implicaría  asumir que la disputa ya no se da solo en el terreno de la obra pública, de la modernización  o de la ampliación del bono de la pobreza, sino también en el terreno político y de la democracia.

Ojala los militantes de Alianza Pais logren salir de la nube rosada y abandonar la arrogancia que les ha caracterizado en estos años. Esa será la única manera de detener la comparsa liberal, que se apresta regresar,  sonrientes de la mano de la familia feliz, con una nueva mascara  fabricada por la inteligencia liberal y los expertos en ganar elecciones, financiados con los  billetes de Televisa.

[1]2009: Mathew, 2014, Dandoy, datos del CNE,  17 de marzo. En estos datos no se suman los votos en alianzas, que incrementara el número de gobiernos locales ganados por el gobierno y sus aliados.