LA FICCIÓN TERRORISTA DE LULUNCOTO. Por Roberto Aguilar

El Hoy <www.hoy.com.ec>
27 enero 2013

Se cumplió la primera semana de juicio a los 10 de Luluncoto. Los dos testigos clave de la fiscalía no pudieron aportar evidencias. El operativo policial es descomunal, pero el caso se desvanece

A este paso la defensa está empezando a considerar muy seriamente la posibilidad de no llamar a sus testigos.

Quienes estuvieron ese miércoles en la sala de audiencias del octavo piso de la Corte Nacional, recuerdan la gracia que les hizo este comentario cáustico de Ramiro García, el más explosivo de los abogados de los 10 de Luluncoto. Sólo minutos después empezaron a considerar que quizá lo dijo en serio. Corría el tercer día de

juicio a puerta cerrada en este caso por «delitos de terrorismo», y los dos testigos clave de la Fiscalía acababan de hacer un flaco favor a la causa del Estado.

Después se oírlos declarar, resultaba difícil para la defensa imaginar que sus propios testigos pudieran añadir algo sustancial a lo ya dicho en favor de los acusados.

—¿Tiene usted evidencia concreta de que alguno de estos muchachos -mírelos bien- ha cometido algún delito?, —había preguntado García al coronel Mauro Vargas Villacís, el martes por la tarde, y al cabo Édgar Santiago Viera Cadena, al día siguiente. El director de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) y su analista de información se resistieron cuanto pudieron por medio de evasivas y circunloquios. Pero García (cualquiera que frecuente los tribunales lo sabe de sobra) no acostumbra a ceder un centímetro de terreno en los interrogatorios y esta no sería la excepción: insistió con teatralidad creciente.

Los que narran este episodio abren instintivamente los brazos para representar al abogado que se cierne con aspavientos sobre el testigo de turno y le exige una respuesta. Tardaron el coronel y el cabo en rendir, con voz bajita, el monosílabo que se esperaba de ellos.

— Noo —se le quebró la voz al cabo Viera.

Nadie pudo oírle a más de dos metros de distancia pero lo dijo, consta en actas: «no».

¿Se le derrumbó el planeta al fiscal de la causa, el joven e impetuoso José Luis Jaramillo, o conservó intacta su confianza en el argumento persecutorio armado por la Policía y sobre el cual había fundado todo el edificio conceptual y teórico del caso?
Nadie recuerda que se llevara las manos a la frente, hundiera la cabeza entre los hombros o se desparramara en el asiento. Después de todo, este es un caso por «delitos de terrorismo», nada menos, y semejante amenaza no admite dubitaciones.

Consecuente, el fiscal no se permitió un gesto de debilidad.

El Estado tampoco: el tinglado escénico que ha mandado a desplegar cada día, desde primeras horas de la mañana, en las escaleras de ingreso a la Corte Nacional, parece destinado más a la persuasión de los paseantes que al cumplimiento de alguna tarea

de seguridad específica. El despliegue de elementos policiales de diversas ramas luciendo con gallardía la variedad de uniformes que los distinguen y colocados en niveles diferentes desde lo alto de las escaleras hasta la altura de la calle, recuerda a aquellas composiciones barrocas en que ángeles, arcángeles, querubines y serafines se disponen en hileras a los costados de la Santa entre los toques de los clarines y los destellos dorados de sus armaduras. El despliegue policial frente a la Corte Nacional en los días del juicio a los de Luluncoto es una suerte de horror vacui de la fuerza bruta.

Primero llegan los perros, pastores alemanes en su mayoría, conducidos por uniformados de camuflaje gris y gorra de beisbolista. El furgón de la unidad anti explosivos de los Grupos de Intervención y Rescate espera junto a la vereda, con sus cristales ahumados tras los cuales se adivinan las imprecisas siluetas que espían hacia afuera. Sigue una fuerza variable de uniformados en camuflaje de tonos ocres, portando armas cortas y largas en bandolera, los cañones dirigidos al piso, los dedos en los gatillos, las miradas atentas y nerviosas. Conducen, esposadas, a las dos únicas integrantes del grupo de acusados que permanecen en prisión, Cristina Campaña y Abigaíl Heras. Son las siete y media de la mañana de cualquier día.

El número de manifestantes ha disminuido mucho desde que empezó el juicio, pero la parafernalia policial se mantiene rutinaria e idéntica.

Una vez que las detenidas han entrado, es el turno de los policías de negro. Forman en doble fila frente a la fachada del edificio, luciendo sus escudos antimotines de plástico transparente, casco, porra, pistola y peto, dispositivos eléctricos de inmovilización, tarros de gas pimienta o lo que fuese y una variedad de objetos, a cual más intimidante, colgados del cinturón. Ellos se encargan de colocar las barreras de malla en los dos costados del edificio, bloqueando el tránsito vehicular y peatonal por la calle completa, para que no quepa la menor duda de que aquí se está juzgando a terroristas.

A partir de las ocho, los acusados comienzan a llegar por sus propios medios, alguno en taxi, alguno en bus, peligrosos tupamaros emergiendo de los recovecos de la urbe.

Adentro, junto al despliegue de uniformados, los abogados y sus asistentes, algunos de los cuales han dado cursos en la Policía, reconoce a una profusión de agentes de paisano.

—Mira, personal de inteligencia.

Entre los que pululan adentro y los apostados afuera, calculan un medio centenar largo de policías siguiendo el juicio día a día.

Esta cifra parece excesiva a la luz de la información concreta que se va ventilando en los testimonios. Van cuatro días de interrogatorios y los abogados de la defensa salen (cada tarde a las cinco, cuando concluye la audiencia) con la sonrisa invariablemente más amplia que la víspera:

—No tienen nada.

Es una forma de decirlo. El Estado tiene, en realidad, una magnífica teoría que el coronel Mauro Vargas expone con decreciente convicción, según todas las versiones. Vargas, jefe de la ULCO y, como tal, planificador y responsable de la operación Sol Rojo, que culminó con la detención de los diez acusados, Es descrito como una mezcla en partes iguales de Lucky Luciano y Tony Manero: seguro y pausado, impecables el terno y la corbata, exagerados los movimientos de las manos, profusos los gestos.

Cuando entró en la sala, lo vieron buscando con la mirada, con la mano en alto y el índice extendido como en forma de pistola. Dicen que su mirada se cruzó con la del fiscal, que lo esperaba, que lo apuntó con un movimiento de muñeca super cool y se dirigió a la silla que le tenían reservada frente al juez.

Sobre los hombros de Vargas y los de su analista, el cabo Viera, reposaba toda la fuerza del caso (de haber alguna). El coronel comenzó por recordar aquellos tenebrosos días de fines de 2011, cuando la seguridad del Estado se hallaba seriamente amenazada y el pueblo ecuatoriano era presa de un grave temor que, seguramente, no habrá olvidado.

—Eran días de conmoción social —dijo sin medir sus palabras. Quienes lo vieron recuerdan el movimiento circular de sus dedos extendidos, como si jugara con un abanico siniestro.

¿Cuál era la razón de tantas angustias? La serie de artefactos explosivos panfletarios, cinco en total (de muy bajo poder destructivo), que estallaron entre noviembre y diciembre de ese año en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, más un sexto que fue encontrado antes de cumplir su cometido.

Pues bien: la teoría del caso de la fiscalía consiste en responsabilizar de esas explosiones al denominado Grupo de Combatientes Populares, el ala radical y clandestina de la izquierda maoísta criolla, y, en un segundo momento, demostrar la pertenencia de los diez detenidos a esa organización que no puede ser sino terrorista. Para ello, el coronel Vargas y el cabo Viera exhibieron los videos subversivos encontrados en la computadora de los acusados, así como una serie de pruebas documentales recogidas durante el allanamiento del departamento 206 de la torre 7 de los condominios Casales San Pedro de Luluncoto, sur de Quito.

Especialmente las agendas y cuadernos de notas donde hallaron la planificación de actividades del grupo, incluidas algunas tan amenazadoras al orden interno de la República como «pintada de grafitis» y «distribución de panfletos». Pero sobre todo, prueba maestra de la fiscalía, una ilustración del presidente colombiano Juan Manuel Santos, con la consigna «No creo en santos», que apareció en la página de Facebook de uno de los detenidos y que es la misma ilustración que figuraba, horror, en el panfleto que puso a circular una de las bombas del 2011.

—¿Sabía usted que hay 3’450 000 videos como este en el Youtube?, —empezó su contraataque Ciro Guzmán, uno de los abogados defensores. Todavía hoy le causa gracia su pregunta.

Que las pruebas maestras de la fiscalía resultaran bajadas del Youtube, fue una de las primeras revelaciones que causó la hilaridad de los acusados y sus defensores, para desesperación del juez Vladimiro Jaya, presidente del tribunal, que exige de los presentes una circunspección casi calvinista. Pero el hecho de que uno de los asesores fuera expulsado por reír (finalmente lo sería en forma definitiva por moverse), no alteró la sensación inicial causada por la naturaleza de las pruebas.

Tampoco cambió la realidad de las cosas el hecho de que Susana Nájera, una de las juezas que integra el tribunal, se la pasara toda la audiencia negando con la cabeza a cada palabra, a cada movimiento, a cada gesto de la defensa. Nájera -y García se ocupó de que eso constara en actas- no ha ocultado su antipatía por los acusados: ella los mira con la cara de desaprobación de una inspectora de secundaria, se lleva la mano a la frente, ríe, se burla, niega, mueve la mano en gesto de rechazo, cabecea su desprecio. Es la imagen de la imparcialidad de la justicia correísta.

—Estimado colega, ¿puede usted buscar «no creo en santos» en el Google?, —había pedido con exceso de cortesía Guzmán a Ramiro García.

—Como usted diga, colega —cuentan que le respondió el otro, poniendo manos a la obra. En la pantalla se desplegó una colección de centenares de páginas web en las que constaba la misma ilustración que figuraba en los panfletos y que, para la fiscalía, era la prueba inequívoca de la culpabilidad de los Diez de Luluncoto. Centenares. Terroristas todos.

—¡¿Qué clase de documento es ese?!, —trató de intervenir el fiscal para descalificar la prueba, como si el Google fuera una documento y no un dato de la realidad. Su desesperación LO ha llevado a extremos como el de abogar por el no razonamiento, una actitud que continúa maravillando a García cada vez que la recuerda:

—¡Estamos en un juicio, no en un aula! ¡Este no es el lugar para analizar conceptos!

Finalmente García demostró, con método socrático, que ni el coronel ni el cabo sabían, en realidad, nada convincente sobre el GCP más allá de lo que encontraron en Internet. Los que asistieron al juicio dicen que ahí se viró la tortilla: ¿sabe usted dónde se reúnen? No. ¿Dónde entrenan, ya que ha dicho que lo hacen? No. ¿Cómo reclutan adeptos? ¿Quiénes son sus líderes, sus comunicadores, sus responsables políticos, sus administradores, en fin todo aquello que usted asegura que tienen?

No. Era el momento de preguntarse si la defensa, realmente, necesitaba llamar a sus testigos. Pero lo que más hace reír a los abogados de la Defensa es cómo se enteraron en la ULCO de los atentados del 2011, esos que causaron grave conmoción social entre los ecuatorianos: por el periódico, trece días después.

Sólo una pregunta incómoda es capaz de arruinar el momento feliz de los defensores: ¿surtirá efecto la presión que ejercen sobre el Tribunal los funcionarios del Consejo de la Judicatura, esos que tratan de disimular pero no consiguen evitar que se los reconozca, y que se presentan día tras día, de la manera más indelicada, en la sala de audiencias? Después de todo, el martes, cuando el juez prohibió la transmisión de mensajes de Twitter desde el interior de la sala, Ciro Guzmán le echó en cara la presencia de esos indeseados visitantes y él se limitó a bajar la mirada. ¿Están vigilando a los jueces? ¿Podrán ellos hacer su trabajo sin interferencias? La verdad es que a nadie le gustaría calzar sus zapatos.