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domingo, diciembre 22, 2024

LA GUERRA DE LAS IDEAS Y LA CONSULTA POPULAR

LA GUERRA DE LAS IDEAS Y LA CONSULTA POPULAR

Edgar Isch L.

Los sucesos resultantes de los levantamientos populares en el mundo árabe y las grandes acciones de masas de los últimos meses en Europa y Estados Unidos, nos recuerda aquello de la “primera víctima de la guerra, es la verdad”. Tras cada afirmación de los grandes conglomerados informativos, hay quienes hacen esfuerzos enormes para rescatar con argumento, evidencias y pruebas, la verdad que queda enterrada en los escombros.

La “batalla de las ideas”, como la calificó Fidel Castro a la lucha ideológica, es un hecho cotidiano.  Se presenta en cada momento y cada tema de vida de los países, porque la guerra permanente es la que se da en torno a la acumulación de la riqueza y, por ende, a la acumulación de los bienes comunes en pocas manos.

Aunque intangible, uno de esos bienes comunes está en la cultura. No nos referimos a la industria cultural, sino a los sentidos que le damos a nuestros actos individuales y colectivos, a los “modos de hacer” y de interpretar la realidad. Alcanzar hegemonía cultural, es lograr un poder social y político que se expresará de manera directa en los organismos que estructuran la sociedad y su gobierno.

Cuando ahora nos encontramos a puertas de la consulta popular, esa “batalla de las ideas” está nuevamente en primer plano. Para el gobierno, se trata de convencer que la seguridad depende de una represión fuerte; que la fe en el líder es más confiable que el razonamiento; que ser un “pragmático de izquierda” (si es que se puede ser las dos cosas al mismo tiempo), es mejor que guiarse por principios; que la moralina debe ser impuesta desde arriba para limitar el libre accionar del individuo; y, cuando no, que la democracia no necesita de una práctica de organización y participación, aunque se lo use en el discurso. En fin, una cultura autoritaria, que nada tiene que ver con la democracia.

Para los sectores populares, no se trata solo de expresar lo contrario a las tesis gubernamentales. Muchas veces se escucha decir que el gobierno, que en sus primeros tiempos coincidió con la izquierda y las organizaciones sociales, se ha apropiado de nuestras banderas, de nuestros discursos y que ello confunde. Con su fuerza publicitaria, las cadenas nacionales de información y los medios en manos del gobierno, se dice que es difícil aclarar a la mayoría cada expresión que se usa.

Las dificultades son ciertas pero, ¿no son las mismas que cuando se ha enfrentado a los gobiernos de la derecha? Al menos en la disparidad de medios para difundir las ideas, así resulta. Las palabras han cambiado, pero un discurso emancipador no está constituido de conceptos aislados. Y aquí está la realidad: la concepción del mundo y del país que queremos construir es la esencia de un mensaje que requiere ser transmitido y que encuentra fácil aceptación. Visión de país que cada vez más entra en confrontación con lo que el gobierno dice y hace.

Las palabras “robadas”, caen destrozadas al chocar con la realidad. Cuando se protege a ministros acusados de corrupción, no se puede hablara de manos limpias; cuando se quiere imponer la educación religiosa en las escuelas públicas, no pueden hablar de laicismo; cuando se veta totalmente una Ley a favor de los comerciantes minoristas, no pueden decir que apoyan a la economía popular; al renegociar contratos petroleros en lugar de nacionalizar el crudo, no pueden hablar de soberanía; cuando se enjuicia a periodistas por sus escritos y se usa cadenas nacionales para justificar el juicio, no se puede decir que hay libertad de expresión; cuando se criminaliza a los luchadores populares y se usan instrumentos de “linchamiento mediático” contra ellos, queda claro que no hay vida democrática.

Defender el discurso de las organizaciones populares, no es entonces un asunto teórico. Se requiere ligar la teoría y la práctica, elevar la utopía de la Patria Nueva, diferenciarse del gobierno y de la oposición oligárquica de derecha. Y si bien no contamos con los grandes medios de comunicación, tenemos la posibilidad de generar el debate, de despertar el pensamiento libertario, de llamar a la organización independiente. Tesis y forma de difundirla, se confunden creativamente y dejan huella superior a la de la publicidad que será atosigante dentro de poco.

Esto nos recuerda a la victoria popular en el plebiscito convocado por Sixto Durán. Aunque parecía que el discurso neoliberal había echado raíces en el pensamiento de la mayoría y se llevaba años de ataque a la seguridad social, logramos una victoria contundente y se evitó aquella privatización. El gobierno también contaba con el apoyo de los grandes medios, que resultaron igualmente perdedores. El debate en barrios, comunas y organizaciones populares, resultaron imbatibles junto a la movilización. Nadie puede decir que ahora no puede suceder igual.

En la consulta no son solo las preguntas específicas las que están en juego. Son dos esquemas de entender la realidad los que están en disputa, una batalla de las ideas está planteada junto a la lucha política y organizativa. Mientras el gobierno cada vez se muestra más a la derecha, incluso sosteniendo o remozando algunas tesis o prácticas neoliberales, los sectores populares deben moverse con más decisión hacia la izquierda. Construir un programa común y abarcador de todas las luchas, será, sin duda, parte de esa clara identidad de pensamiento y acción y para arrancar esta tarea sirve también la consulta convocada por la Presidencia.

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PENSAMIENTO CRÍTICO
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1 COMENTARIO

  1. Es refrescante leer un artículo que, ubicándose en la crítica a las acciones del gobierno, sea sereno y argumentado, sin caer en la demonización “porque si” del gobierno. Básicamente, estoy de acuerdo con todo lo dicho, pero quizás convenga ver que al igual que se critica al gobierno por defender a ultranza a sus colaboradores acusados de corrupción, el autor cae en lo mismo al asumir tácitamente la inocencia de los citados “luchadores sociales”, me viene a la mente, el señor Marcelo Rivera que bajo ese título pretende esconder actos de vulgar delincuencia que la ley tiene el deber de sancionar.

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