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08 Noviembre 2013
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado a favor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia destituidos por una mayoría del Congreso Nacional en diciembre de 2004. En el mismo acto, el Congreso nombró una nueva, que se llamó la ‘Pichi’ Corte, por quien llegó a ser su Presidente. Fue un escándalo que no debemos olvidar.
En las últimas décadas del siglo XX se agudizó lo que dio en llamarse “politización” de la Función Judicial, especialmente de la Corte Suprema de Justicia, elegida por “cuotas” de fuerzas políticas en el Congreso. El Partido Social Cristiano y su líder León Febres Cordero lograron así significativa influencia en el organismo y sus decisiones. Esto no cambió sustancialmente con una reforma constitucional que estableció la elección de los magistrados por “cooptación”. La injerencia política se mantuvo. La directa intervención de Febres Cordero, empeñado en controlar las decisiones penales, impidió la aplicación del procedimiento.
Había que cambiar las cosas. Pero la decisión de una mayoría orquestada por el PRE y el gobierno de Lucio Gutiérrez ese mes de diciembre de 2004, en vez de solucionar el problema lo agravó y llevó la situación a la crisis total. La decisión del Congreso no podía fundamentarse ni en la Constitución ni en la necesidad de eliminar la manipulación política, porque se adoptó con esa misma intención. La resolución se aprobó con el fin de “tomarse” la Corte mediante un nuevo reparto de “cuotas”, y entregarla al control de gobierno de entonces y de Abdalá Bucaram.
El Congreso Nacional no era el organismo nominador de la Corte Suprema ni tenía atribución alguna para destituirla o reorganizarla, menos en una sesión ilegal, en que se tomó una resolución claramente inconstitucional, mediante procedimientos arbitrarios. Tener mayoría no da el derecho de violar las normas, menos la fundamental del Estado. El hecho fue tanto más grave, cuanto que los magistrados destituidos con un procedimiento sumario y legalmente inexistente, no tuvieron opción de defenderse.
La decisión del Congreso que destituyó a la Corte Suprema y nombró una nueva en 2004, fue una de las agresiones más graves que han sufrido el sistema jurídico y la democracia en el país. No porque estuviera antecedido de una suerte de “secuestro” de ese alto organismo por oscuros intereses políticos caudillistas, el acto fue menos grave. En realidad, solo profundizó la situación anterior y llevó al país a la inédita realidad de vivir sin Corte Suprema por alrededor de un año, con la consiguiente paralización de la administración de justicia y el perjuicio de mucha gente.
El de la ‘Pichi’ Corte fue un tenebroso episodio que no debemos olvidar, precisamente para que no se repita. Meter la mano en la Función Judicial es una tentación permanente del poder.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/enrique_ayala_mora/Pichi-Corte_0_1025897482.html.
Que desfachatez¡!, es increíble el grado de cinismo de la política ecuatoriana. El señor que escribe este artículo fue diputado por la provincia de Pichincha durante el periodo 2003 – 2006, representando al Partido Socialista Frente Amplio. Su alterno fue el también socialista Victor Granda. La sesión del “escandalo” que describe este señor, fue precisamente posibilitada por su actuación al permitir la instalación de la sesión. Entiéndase bien, este señor votó en contra de la moción de Villacís del MPD, pero su participación dio el quorum necesario de instalación, y él estaba perfectamente consiente de ello. El resultado: Un primo de Segundo Serrano (diputado socialista por el Cañar), el señor Darwin Muñoz Serrano, nombrado como magistrado de la Pichi corte, y un hermano de Victor Granda (Felipe Granda Aguilar) nombrado como vocal del “Pichi” consejo nacional de la judicatura.