19 de marzo 2018
La burguesía ecuatoriana apostaba que con los resultados de la Consulta Popular se superaría la crisis política-institucional que convive en el Ecuador desde los tiempos de la larga noche neoliberal.
Desde entonces, se suceden cíclicamente una serie de acontecimientos que tensan las contradicciones fundamentales de la época. Pero que hasta el momento han sido sorteados por los grupos económicos de poder y sus instrumentalizados partidos políticos de Derecha, manteniendo la vigencia del sistema capitalista.
Caída la hegemonía de Rafael Correa, la crisis política continúa y enfrenta entre así a algunos de los más importantes alfiles de la década pasada que luchan por sobrevivir. Es un ejercicio conspirativo en el que las traiciones y los pactos abundan en el juego de reacomodo del poder.
Esta suerte de darwinismo político es una mezcla de la herencia del correísmo y el hambre atrasada de las otras facciones de la burguesía. Antes relegadas de la dirección de los órganos institucionales, ahora ajustan cuentas y se proclaman bochornosamente representantes legítimos del pueblo.
Por ello fue un espejismo temporal la gobernabilidad y reinstitucionalización de la sociedad que propagandizó como trofeo Rafael. Se quiso proscribir como anticuada la lucha de clases, y para ese propósito se implementó una estructura orgánica y jurídica encargada de vigilar, controlar, criminalizar y sancionar a cualquier opinión disonante del coro que aclamaba al autoritarismo y corrupción del caudillo.
Esas convocatorias a lograr la gobernabilidad, institucionalidad, orden y paz social, etc., tienen su origen en el último cuarto del siglo anterior, en el escenario de la implosión del social imperialismo ruso – socialismo de nombre, imperialismo en los hechos-, en la debilidad de las llamadas democracias occidentales y en el reflujo del movimiento obrero y popular. Desde entonces se constituyeron en las consignas favoritas de los burgueses, en todas las latitudes del mundo, que sustentan la base teórica de estas consignas fingiendo el carácter neutral del Estado.
Nada más falso. El Estado no es neutral, tiene estricto carácter clasista y su origen “es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que no puede conjurar… ese poder —nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más— es el Estado[i]” De tal manera que sí están vigentes las contradicciones entre los burgueses y trabajadores, entre el capital y el trabajo. La neutralidad o ciudadanización (sin diferenciación clasista) del Estado niega cualquier antagonismo social con el propósito de precautelar los intereses de la clase burguesa que hoy gobierna.
Una vez falseada la neutralidad o ciudadanización del Estado, no puede sucederse la validez universal de la gobernabilidad, institucionalidad, orden y paz social; todas ellas, en una sociedad clasista como el capitalismo, son reivindicaciones de la clase social burguesa que dirige el actual Estado. Detrás de su imploración está la exigencia de la clase dominante por mantenerse en el poder, incluso independientemente de las contradicciones existentes en su propio seno.
Quizá ahora se dimensione las invocaciones institucionalizantes de Correa, Lasso, Serrano, Baca Mancheno y tantos otros. Detrás de esas plegarias al bendito Estado de derecho está los intereses de la burguesía, de cada uno de los grupos económicos, que tratan de asegurarse mejores condiciones para la acumulación capitalista.
¿Deberían las clases trabajadoras y populares asistir al llamado de correístas, morenistas o de la oposición de Derecha para defender la gobernabilidad o la institucionalidad? Hacerlo significa una conciliación clasista, una cesión de intereses en beneficio de los grandes grupos económicos, la venia para mantener el gobierno de los que monopolizan la riqueza sobre los que producen realmente la riqueza social.
La conducta de las masas trabajadoras y populares en esta crisis política e institucional debe ser la unidad, movilización y lucha independiente, autónoma, para reclamar que el mandato resultante de la Consulta Popular se cumpla para descorreizar el Estado, cesar las funciones de sus secuaces aun operando en los órganos de justicia y control, y sancionar a los corruptos.
[i] (Engels, 2004, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. págs. 177-178. Quito: ERE.).
