LA SENTENCIA A TEXACO Y EL ITT
Edgar Isch L.
Hace dos días se dio a conocer la sentencia emitida por el doctor Nicolás Zambrano, juez de la Corte de Nueva Loja, mediante la cual se establece la culpabilidad de la compañía norteamericana Chevron-Texaco en la destrucción ambiental y social provocada a lo largo de 26 años de operación de esa empresa en la Amazonía ecuatoriana. Varios estudios de expertos han marcado la magnitud del daño, comparable tan solo con la explosión de la planta nuclear de Chernobil y muy superior a otras grandes destrucciones ligadas con la explotación petrolera, como el derrame del Exxon- Valdez o el más reciente de British Petroleum en el Golfo de México.
El dictamen del Juez obliga a pagar a Chevron- Texaco un valor total que está cercano a los 9.500 millones de dólares, que se duplicaría si en 15 días no piden disculpas públicas a las víctimas utilizando medios de Ecuador y de Estados Unidos. El monto entra en discusión, pues en última instancia, se quiera o no, se está valorando la vida de la naturaleza y de las personas de la zona y existen estimativos, técnicamente realizados, muy superiores a los planteados por el juez, pero es un resultado ejemplar que deja huellas en el mundo.
La primera lección, está en que este triunfo de una lucha por justicia ambiental ha sido empujada por los sectores populares, colonos y cinco nacionalidades indígenas, que se unieron, se organizaron alrededor del Frente de Defensa de la Amazonía, formaron cuadros políticos y técnicos, usaron los caminos de lucha a su alcance, supieron generar alianzas y tuvieron la constancia de llevar adelante este juicio desde 1993, a pesar de las artimañas de la empresa acusada. Bravo por ellos y su ejemplo que no solo pesa en el Ecuador, sino que se convierte en un antecedente a escala mundial. Ojalá su ejemplo rápidamente se desparrame por todos los países afectados por las transnacionales.
Triunfo de pueblo organizado, entonces, y no de un Estado que no ha tenido acción en defensa de sus ciudadanos, como no la ha tenido en los posteriores procesos contaminantes de las otras empresas petroleras y, entre ellas, de la estatal Petroecuador. Estado que aceptó como valedera una “remediación” que no fue más que “poner la basura debajo de la alfombra” o, en este caso, tapar los huecos donde depositaban petróleo (llamarlos “piscinas” es excesivo) para ocultarlos a la vista, cumpliendo el objetivo de Texaco que firmó un contrato llamado de “Ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas.”
En el discurso oficial se dirá que “ahora es otro Estado”, pero la involución gubernamental hacia la derecha y la última renegociación de contratos petroleros, a la que hay que sumar “el bobo aperturismo” a las trasnacionales mineras, demuestran que no es más que la derecha en el poder. Todavía más: muchas acciones de los luchadores contra Texaco y sus aliados solidarios, en el gobierno actual podrían haberse judicializado como actos de “terrorismo y sabotaje”, acusación basada en una Ley de la última dictadura, revivida en estos años contra los luchadores populares.
Pero el caso Texaco tiene relación también con la propuesta de no extracción de crudo en el campo ITT, una de las pocas áreas no afectadas del Parque Yasuní. Esto, porque el discurso que insiste en que el Ecuador “se sacrifica” si se deja el petróleo bajo suelo, queda en condición, por lo menos, dudosa.
Contando desde el inicio de la exploración en la Península Santa Elena, el Ecuador cumplió en este enero 100 años de actividad petrolera. Si el discurso extractivista fuera cierto, ya deberíamos tener un alto desarrollo y estar en el llamado “primer mundo”, pero los hechos demuestran que no es así.
En consecuencia, el anunciado “desarrollo” tampoco ha llegado como resultado de la explotación petrolera desde el Boom Petrolero de los años 70. Por el contrario, es muy fácil ver lo que el Ecuador y la región Amazónica verdaderamente han sacrificado en estos largos años:
– Dos pueblos indígenas, los Tetetes y los Sansahuaris, junto a sus culturas, desaparecieron de la faz del planeta. ¿Qué precio le ponen a ese acto que puede ser calificado como genocidio? Si se explota el ITT, una factibilidad muy cercana es la desaparición de dos pueblos libres o no contactados, los Tagaeri y Taremenani.
– La enorme destrucción ambiental y social, cuya reparación integral, según una parte de los peritos ubica en 27.500 millones de dólares solo para el caso Texaco. Si se suma de todas las empresas petroleras: ¿A cuánto llegará la pérdida económica? Haciendo una suma y resta frente a todo lo que ha ingresado a la caja fisca debido al petróleo en estos años, es muy probable que la cuenta a favor del petróleo sea mínima o incluso nula. ¿Vale sacrificar tanto por tan poco?
– Las petroleras utilizaron gigantescas cantidades de agua sin pagar por su uso y aprovechamiento porque la Ley les permitía contar con el líquido vital.
– En el área de explotación petrolera, los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3%. ¿Cuál es el precio de cada familia afectada? ¿Queremos más de lo mismo?
– Otras afecciones a la salud, especialmente de piel, respiratorias y gástricas se multiplican en la zona petrolera.
– La vida social se vio afectada con la imposición de un modo de vida distinto al propio de las culturas indígenas, además del impulso de lacras como la violencia, prostitución y alcoholismo, siempre ligadas a las actividades extractivistas.
– Desarrollo de actividades de lucro individual a partir de los daños ambientales, como son los derrames intencionados y provocados ampliamente mientras estaba vigente el sistema tercerizado de remediación ambiental, con beneficios a empresas privadas.
– La explotación petrolera en el marco del mercado capitalista y con gobiernos de derecha, condujo al país a una estrategia de “desarrollo” que implicó dependencia de un solo producto y del mercado internacional, freno al desarrollo de otras áreas productivas, entrega de los recursos petroleros a los grandes oligarcas (sucretización de la deuda externa privada, subsidios a las grandes empresas, salvataje bancario, entre otros), corrupción, ineficiencia.
– El Estado dejó de actuar en la zona entregando la soberanía a las empresas transnacionales que, mediante mecanismos de “relacionamiento social”, entregaban espejos para extraer oro negro sin oposición comunitaria, a las cuales dividieron y llevaron a procesos de confrontación interna. Para colmo, los cantones de producción petrolera se cuentan entre los de mayor pobreza en el Ecuador de hoy.
Con estos datos, cabe preguntarse considerando el juicio a Texaco: ¿no habría sido mejor dejar el crudo en el subsuelo? ¿No habría sido mejor haber defendido la naturaleza y la vida de los ecuatorianos? O, en miras al futuro: ¿No será mejor no sacrificar al país por la lógica extractivista ya sea petrolera, minera o agrícola de gran escala?
Por más tecnología de punta que se anuncie, ninguna es ambientalmente segura, tal y como se demuestra en los últimos derrames de BP en el Golfo de México o de OCP en Ecuador. Las actividades extractivistas tienen un efecto perjudicial que no puede ser llamado simplemente como “externalidades” a la producción económica.
Para que la historia no se repita, para aprender del proceso de enjuiciamiento a Texaco y del ejemplo de los afectados que lo iniciaron y continúan, para defender nuestra soberanía, hay que impulsar la propuesta de no extracción de crudo en el ITT. Esa será una más de las formas de demostrar nuestra solidaridad con los luchadores de la Amazonía, cuyo justo combate no ha terminado.
