LA TECNOLOGÍA DE PUNTA NO GARANTIZA NADA EN EL YASUNÍ. por Edgar Isch L.

Periódico Opción septiembre 2013

Existen algunas falacias, es decir argumentos que aparentemente podrían ser válidos pero que no lo son, de las cuales se llena la publicidad del gobierno y de las petroleras en torno al tema de la explotación del crudo en el ITT. Una de ellas ha sido plantear que se utilizará una tecnología de punta que no causará daño. Pero un análisis un poco más profundo puede demostrar que aunque la tecnología sea la más moderna existente, no garantiza ni la protección ambiental ni evitar los riesgos de genocidio de los pueblos libres en aislamiento voluntario que se verán directamente afectados por la explotación petrolera.

Primero, hay que señalar que la tecnología depende de intencionalidades humanas. Por ejemplo, podemos tener tecnología de punta para la atención médica así como la podemos tenerla para armas de destrucción masiva. En el caso de la industria petrolera, históricamente relacionada con gigantescos daños ambientales, destrucción de la vida de comunidades, guerras, y golpes de Estado entre otros hechos, la tecnología de punta tiene un propósito: extraer más, con menos gastos y con mayor rapidez para facilitar la acumulación de capitales en pocas manos. Y esto, entre otras cosas, pone a los países a depender de las determinaciones de esas transnacionales y de los países imperialistas con los cuales están relacionadas.

Un buen ejemplo de la tecnología petrolera de punta está en la modalidad de sacar petróleo de las arenas bituminosas, realizada por medio de minería a cielo abierto, que es una de las tecnologías más contaminantes para el presente y para el futuro de los territorios donde se aplicada.

Siendo tecnología para extraer más petróleo, no es tecnología de punta para la protección ambiental. Por ello, cuando se producen los derrames o desastres mayores como Fukuyima o el derrame de British Petroleum en el Golfo de México, no tienen capacidad eficaz de actuar, se rehúye la responsabilidad social y ante los gastos que las empresas trasladan a los estados y a los pueblos y el daño permanece por años. Tampoco existe tecnología de punta que logre la reparación de la naturaleza y cuando se provoca la extinción de especies de animales o vegetales, no hay forma de restituirlas. Igual podemos decir para los casos en los cuales se ha producido el etnocidio, como sucedió con los pueblos Tetete y Anzahuari, víctimas de la explotación petrolera en nuestra Amazonia, de los cuales queda como memoria sólo el nombre de dos pozos petroleros.

Es cierto que para ahorrar costos, alguna de esa tecnología puede resultar en menor daño ambiental, lo que no significa que el daño que se realiza no se agrave y en gran parte de los casos irreversibles.. Son casos excepcionales, pero cuando se habla de una zona como la del ITT, que en buena parte del año es una especie de piscina que cubre el suelo, que no se hagan cinco plataformas porque ahora con explotación horizontal se puede hacer una sola, no implica que los daños puedan ser menores. Las trochas, igual atraerán a los madereros ilegales; los helicópteros igual alejarán a las aves y mamíferos y serán una amenaza para los pueblos no contactados; los cuerpos de seguridad y gran armados y usaran esas armas si es que hay una reacción de los indígenas de la zona; los oleoductos plantearán riesgos de desastres; los mecanismos para permitir que el crudo pesado pueda transitar por esos oleoductos generarán contaminación; todas esas actividades incrementarán el ruido con los efectos en la vida natural; entre otros daños que demuestran además que la destrucción no puede contabilizarse únicamente en el espacio que ocupen las plataformas.

Los riesgos siguen siendo altos y, por tratarse de un área de alta fragilidad, como ha sido reconocida por el propio Ministerio del Ambiente, los riesgos son mucho mayores. Esto por sí mismo, debería obligar a la aplicación del principio precautorio, incluido en nuestra Constitución, el cual señala que aunque no se tenga certeza científica de la magnitud de los daños, hay que tomar medidas de prevención e incluso dejar de realizar una actividad productiva de alto riesgo.

Es por ello que, en el Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní 2011, presentado por el Ministerio del Ambiente, en su página 39 se señala que “la integridad del parque nacional Yasuní está afectada” por siete causas externas, siendo las más importantes tareas vinculadas con el extractivismo: “1. Continúa la imposición de concesiones petroleras dentro del PNY; 2. Operación petrolera en la zona noroccidental del PNY no cumple reglamento ambiental; 3. Uso inadecuado de los recursos naturales dentro y en la zona de amortiguamiento del PNY.” Los otros se refieren a conflictos territoriales, desorden en la actividad turística, una investigación no bien orientada y a limitada capacidad de gestión. El documento oficial señala además que a junio de 2011 la situación es bastante similar a la de 1998, es decir que luego de más de cuatro años de este gobierno, contando con enormes recursos estatales y teniendo presentada la iniciativa Yasuní-ITT, muy poco se había hecho en realidad para defender ese patrimonio nacional.

Si la mayor amenaza a la integridad del Parque es la actividad petrolera, porque desde el punto de vista del ecosistema, aunque se afecte “un mínimo porcentaje” según se dice en la propaganda oficial, se está afectando y alterando la red de vida con lo que los daños serán incalculables y mucho mayores que los previsibles. Este argumento es como decir que el derrame en el golfo de México no tiene importancia porque seguramente daño menos del 1 por 1000 del volumen de todos los mares. 

Un segundo aspecto tiene que ver con que la tecnología de punta no es sinónimo de tecnología segura. Podríamos prácticamente decir que toda tecnología falla. Esto podemos observar lo en las computadoras de punta, que de todas maneras se “cuelgan”, en el Internet que puede verse afectado por radiaciones solares, o en cualquier otro aspecto. Normalmente las empresas pretenden que la tecnología no falla y que cuando hay problemas siempre es culpa de los operadores o técnicos que no cumplieron adecuadamente los procedimientos. Pero esto insistentemente se demuestra como falso y podemos poner el caso del primer derrame del OCP, cuando a pesar de su tecnología de punta se señalaba que las válvulas de presión no cerraron de inmediato cuando empezó el derrame y que por ello se derramó mucho más crudo con los daños consecuentes.

Pero, efectivamente otros derrames pueden ser por falla humana. Y este es un riesgo que no pueden evitar, pues siempre van a requerir de operadores humanos que controlen las máquinas y que pueden cometer errores provocando grandes daños ambientales. Tampoco pueden evitar daños como consecuencia de desastres naturales. De hecho, así como se impide construir viviendas en zonas de alto riesgo de desastres, lo lógico sería que ante algo que puede provocar mucho más daño en caso de un desastre, se impida la explotación petrolera. A esto habría que añadir que algunos desastres naturales no son estrictamente tales como sucedió en el último derrame por el cual el gobierno pidió disculpas al Perú debido a la contaminación que se extendió por vía fluvial hacia territorio del país hermano, en el cual si bien hubo un derrumbe, cabría preguntarse qué se hizo como medidas preventivas para evitar, al igual que se lo hace en cualquier carretera. Pero el derrumbe en sí mismo, se refiere al hecho de que se abrió la vía para un oleoducto y se debilitó la sustentabilidad del suelo.

Cuando ahora desde las petroleras se pretenden presentar como la actividad de mayor protección ambiental, hay que tener claro que si bien toda actividad produce un impacto, estos son diferenciados en su magnitud y en sus resultados. Por tanto las responsabilidades ambientales también son diferenciadas. No puede compararse tramposamente las actividades de un ciudadano, con los daños y peligros de una gran empresa y ello puede verificarse fácilmente cuando se analiza la huella ecológica de unos y otros.

Pero además, para las empresas extractivas, principalmente en petróleo y minería, el discurso ambiental ante todo se trata contar con un instrumento de publicidad y mejores negocios. Por ejemplo, un especial de la revista de EKOS de octubre 2011, se tituló “Ser verde es rentable”; y, el 11 septiembre de este año, en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se publica un artículo titulado “Cómo ser una petrolera con buena imagen”. En este segundo se recoge la opinión de un alto funcionario de una transnacional que plantea que: “la opinión de la gente en las comunidades donde operamos tiene cada vez más peso en nuestra sostenibilidad” (de la empresa y no de la naturaleza), y concluye que “nosotros vemos [la responsabilidad social corporativa] como una especie de seguro que pagamos para asegurar que podemos seguir operando”. Declaración que demuestra que para ellos sigue siendo un asunto de negocios, de hacer más rentable sus inversiones y nunca de una sincera preocupación por la naturaleza o las sociedades. ¿O si no, cómo se explicaría que alguien justifique amenazar la integridad que tiene el área más biodiversa del planeta y la amenaza de etnocidio?