LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PERSISTE EN EL SECTOR BANANERO ECUATORIANO. Por Orlan Cazorla

25 de Agosto 2015

“La perpetua violación de los Derechos Humanos en el trabajo que realizan miles de ciudadanos ecuatorianos en las plantaciones de banano en por lo menos seis provincias del Ecuador, no es nuevo”, se denunciaba en una queja presentada ante la Defensoría del Pueblo en el año 2010. Además, advertía que la violación de los Derechos Humanos y constitucionales se daba por un lado, en el abuso de los empleadores o empresarios bananeros; y por otro lado, en la ausencia del Estado ecuatoriano en su capacidad de control. Concluía solicitando la realización de una profunda investigación de los hechos denunciados.

Dos años se demoró la Defensoría del Pueblo en emitir una resolución en la que aceptaba la petición presentada, y determinaba que los Derechos Humanos vulnerados por acción de algunas empresas bananeras eran el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social. Por último, aseguraba que las fumigaciones aéreas ponían en riesgo los Derechos de la Naturaleza.

También un informe de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, realizado por Gulnara Shahinian durante su visita a Ecuador en el año 2010, concluía que “las formas contemporáneas de la esclavitud subsisten en el Ecuador” y que de manera específica “también están presentes de modo importante en los sectores primario y terciario de la economía, en ramas de producción como las plantaciones de bananas,…”

La vulneración de derechos continúa

En la actualidad los trabajadores bananeros, que en su gran mayoría no quieren dar su nombre ni ser fotografiados por miedo a represalias, siguen denunciando muchas de las problemáticas que la queja de 2010 contemplaba. Salvo algunas leves mejorías, como el hecho de que ya no se observan menores de edad en las haciendas, muchos testimonios continúan hablando de excesivas horas de trabajo, listas negras, trabajadores sin seguro social y con un salario menor al básico, persecución a dirigentes sindicales o problemas ambientales y de salud por fumigaciones aéreas. Además, prosiguen las acusaciones contra el Estado ecuatoriano por su incapacidad de control, y contra la Inspectoría de Trabajo por estar controlada por los empresarios dejando a los trabajadores desprotegidos.

Para Leonardo Jiménez, abogado de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC), “no existe una preocupación del Estado para averiguar esta realidad. Tú puedes ir al IEES y ver los trabajadores que están afiliados. Es fácil. Si en una hacienda hay 100 trabajadores y ves que solo hay 50 afiliados, ya sabes. Y la cuestión de los contratistas es ilegal por el tema de la intermediación laboral que prohíbe el Estado ecuatoriano, y sin embargo sigue pasando”. Afirma que para las autoridades todo está correcto, pero que existe otra realidad que es fácil de conocer si de verdad hubiera voluntad de hablar con los trabajadores que son quienes sufren los problemas. “No hay una verdadera protección del Estado hacia el trabajador para que pueda reclamar y que se le respeten sus derechos laborales”, asevera.

“Hay unas reglas pero no se cumplen”

Carlos –nombre ficticio-, lleva desde los 13 años trabajando en el sector bananero. Son ya 20 desde que tuvo que comenzar para ayudar económicamente a sus padres. “Estaba en el colegio en aquel entonces, pero en vista de que tenía que ayudar a mi familia, decidí trabajar y dejé los estudios”. Afirma que trabajó durante diez años sin estar afiliado al seguro social porque desconocía su existencia, hasta que un amigo se lo explicó.

Refiriéndose a las condiciones laborales actuales, asegura que al menos en la provincia de Los Ríos la situación de los trabajadores ha empeorado, ya que la mayoría no están afiliados al seguro social. “Se supone que se habían acabado las famosas tercerizadoras, pero ahora hay otra figura, los famosos contratistas. Lo contrata alguien para que lleve un personal y supuestamente ya no trabajamos para la empresa, trabajamos para el contratista. Y la empresa nos dice que le reclamemos al contratista, y la ley no dice así”, sentencia.

Otra de las preocupaciones de Carlos tiene que ver con el transporte del personal laboral. Aunque hay varias empresas que ya emplean buses para su traslado, todavía la mayoría continúa utilizando camiones, muchos de ellos de ganado. También considera que se debería mejorar la comida. “No es idónea, y no es que queremos comer cosas finas pero algo que sea agradable. Le reclamamos a las cocineras, pero ellas nos dicen que cómo le podemos dar algo mejor si a ellas les pagan entre café y almuerzo entre 1 dólar y 1,25”.

Carlos también denuncia que cuando las autoridades de trabajo acuden a las haciendas a realizar inspecciones, muchas veces estas visitas están arregladas de antemano con los empresarios. “Hablan con varios trabajadores y le dan todos los implementos y cuando llegan las autoridades, ven que todos tienen los materiales: guantes, mascarillas, botas, etc,… materiales que yo nunca he tenido”, sentencia.

Pero lo que más le preocupa son las fumigaciones aéreas. “A los empresarios les da lo mismo, estamos en plena cosecha y pasa la avioneta. Es un líquido y el viento lo esparce y nos llega a nosotros, incluso a veces cuando estamos almorzando. Conozco que alguna empresa retira al personal durante una hora pero no sé si eso es suficiente”, lamenta.

También conoce y describe numerosos casos de compañeros a los que las empresas le cobran una “provisión de vacaciones”, o el 1% de su salario por una asociación de trabajadores de la que nadie ha escuchado hablar. O de otras empresas que realizan exámenes de sangre una vez al año cobrándoles 36 dólares y que nunca han comunicado los resultados de las pruebas. “Y hay unas reglas pero no se cumplen”, concluye.

Explotación laboral

“Sí, yo estoy en la lista negra”, asegura con rotundidad Abel Sedeño, que en estos momentos sí puede trabajar porque lo hace por medio de un contratista que se lleva el 10% de su salario. “La Inspectoría de Trabajo sí está enterada de todo, y lo que nos gustaría es que se haga un seguimiento honesto dentro de las empresas, una investigación donde vengan de verdad personas honestas a preguntar a los trabajadores cómo les tratan, cuántas horas trabajan. Porque son ocho horas laborales pero se está laborando más, de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y por supuesto nadie cobra horas extras”, continúa. Además, denuncia que cuando las empresas saben que hay trabajadores que realizan reclamos, buscan la forma para despedirlos. “También obligan a los trabajadores a firmar muchos papeles como que les dan muchas cosas, lo que no es verdad, para después presentarlos en Quito y así parecer que está todo bien”, concluye.

“Yo llevo trabajando en este sector solo dos años. El trato es regular, pero el salario es bajísimo”. Fernanda –nombre ficticio-, trabaja desde la siete de la mañana hasta las cinco de la tarde dos días a la semana, y gana cinco dólares por camión. Cada día son dos camiones por lo que su salario es de diez dólares al día, es decir, un dólar la hora. “Ahora mismo trabajo para un productor pequeño que no cumple con la ley porque no asegura a los trabajadores”. Fernanda relata que en la anterior empresa trasladaban al personal en un carro ganadero que los fines de semana iba a la costa a vender plátano. “Y así sucio nos hacían subir para viajar más de una hora al trabajo”. Desde su experiencia, cuenta que a los trabajadores no les entregan uniforme ni materiales de trabajo, y que las avionetas continúan fumigando mientras trabajan. “Algunas personas se han intoxicado pero las botan, les dicen que ya no hay trabajo por algún motivo inventado. Aunque ahora sí nos dan una mascarilla”.

Amenazado por organizar a los trabajadores

Luis Ochoa llevaba trabajando en el sector bananero toda su vida. Comenzó a los cinco años cuando sus padres le llevaban a la hacienda, y así fue como poco a poco aprendió el oficio. Pero todo cambió a partir de junio del año pasado cuando, junto a otros compañeros, comenzaron a organizar una asociación con la intención de reclamar sus derechos. “Alquilamos un local donde nos reuníamos y un abogado nos asesoraba. Recogimos las firmas para formarla y le pusimos el nombre de “7 de junio”. El 14 de agosto de 2014 se presentó al Ministerio Laboral y el 24 de octubre me despidió la empresa porque yo era el secretario general. También echaron a toda la directiva. La empresa es Compañía Frutsesa Frutas Selectas”, relata Ochoa algo apenado.

En abril de este año Ochoa participó en el Tribunal Ético Andino que se celebró en Lima, Perú. Este Tribunal condenó a las empresas bananeras Compañía Frutsesa Frutas Selectas S.A. y REYBANPAC Rey del Banano del Pacífico S.A. por ser responsables directas de hechos sistemáticos de violación a los Derechos Humanos. “Allí denuncié que habían violado nuestros derechos y cuando regresé comenzaron las amenazas”. Llamadas intimidatorias en las que le decían, “Luis Isidro, te tengo cerca” o mensajes de texto como “Te tenemos cerca. Ya verás recontrachucha de tu madre por estar jodiendo a la gente que está trabajando bien. Espera y verás”. Hechos que denunció el pasado mes de mayo ante la Fiscalía Provincial del Guayas. Todavía no ha recibido respuesta. “El Presidente dijo que cualquier trabajador se podía asociar, formar una asociación libremente, que ningún empresario lo podía botar y yo estoy hasta perseguido ahorita por eso, por seguir los pasos que decía el Presidente”, asegura.

Después de todas estas amenazas, Ochoa también ha recibido alguna llamada de sus excompañeros de trabajo advirtiéndole que tenga cuidado porque podrían contratar a un sicario. Lo que ha significado que tenga que salir de su residencia habitual y esconderse en otro lugar para resguardar su vida. Ochoa nunca imaginó que después de 45 años en el sector bananero le sucedería algo así. Pero lejos de bajar los brazos, está seguro de que al final otros compañeros formarán la Asociación. “No nos vamos a dejar vencer. Nos han ganado la batalla, pero no la guerra”, sentencia con rotundidad.

Acoso laboral y sexual

Jennifer –nombre ficticio-, comenzó a trabajar en el sector bananero a los 18 años y tras de una década y media asegura que uno de los problemas que existe en la actualidad en la empresa es que “hay mujeres que trabajan menos y ganan más, y mujeres que trabajamos más y ganamos menos”. La razón: la existencia de una estructura de opresión que empuja a muchas mujeres a mantener relaciones sexuales con sus superiores. “Ya que las que tienen esas relaciones con el jefe hacen casi lo que quieren y una está ahí trabajando todo el tiempo. Y ponen más cerca de ellos a las mujeres que pueden conseguir. Todo esto no es justo”, sentencia.

Otro caso es el de Ana, que no quiere dar sus apellidos. “Sí, hay acoso hacia las mujeres. Aunque yo no he tenido ningún problema, todas conocemos algún caso. Tengo una amiga que como no quiere vacilar con el jefe, este le hace la vida imposible. Y a las jovencitas que entran a trabajar, siempre se quieren aprovechar de ellas. Lo que el administrador le pide es acostarse con él para mantenerla en el trabajo. Y ellas acceden y consiguen privilegios como salir de vacaciones cuando ellas quieran. Y si no acepta, la presionan por medio del trabajo, o las despiden o le mandan a realizar otros trabajos más desagradables”. Además, asegura que al mismo trabajo las mujeres cobran menos que los hombres. “Pero nadie pregunta, porque si lo haces puedes tener problemas. A ellos no les gusta que preguntemos”, relata en un susurro.

“El Gobierno no deja que nos organicemos”

La Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC), que agrupa aproximadamente a 500 integrantes entre hombres y mujeres de las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro, tiene su origen en la Coordinadora Provincial que se formó en el 2010 y a la que se le negó su acreditación. Posteriormente, en el 2012 nace ASTAC con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores bananeros, agricultores y campesinos. “Tenemos problemas a nivel de Gobierno. El Ministerio de Relaciones Laborales no deja que nos organicemos. Creo que hay presiones de los grandes empresarios al Gobierno para que no nos den la personería jurídica”, asegura su presidente, Roberto Amanta. Hasta ahora las autoridades gubernamentales le han negado su constitución, alegando que es una asociación autónoma sin relación de dependencia, lo que vulnera el Código de Trabajo.

“Hemos hecho todas las diligencias y recurrido a las instancias legales del país, y aún así no hemos sido atendidos. Somos negados los trabajadores bananeros a no poder reclamar nuestros derechos dejando a miles de trabajadores a nivel nacional totalmente desamparados. Nosotros seguimos insistiendo e incluso hicimos un llamado a instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo el pasado mayo para que haga incidencia ante el Gobierno nacional”, asegura.

Amanta también denuncia que están recibiendo presiones por medio de llamadas que tratan de indagar quiénes están detrás de la asociación. “Es el Gobierno pero de manera indirecta por medio de terceras personas. Son allegados al Gobierno y a los grandes empresarios que están preocupados. Pero estamos dispuestos a enfrentar la situación”.

Última queja y diálogo nacional

“En enero de este año presentamos otra queja ante la Defensoría del Pueblo y a partir de ahí se han celebrado dos reuniones, donde asisten algunos ministerios y entidades públicas, pero no el de Relaciones Laborales ni los de riesgos de trabajo que son dos puntos importantes que necesitábamos”, explica Amanta.

Lamenta que al diálogo nacional nunca han sido invitados y que previamente, en el mes de abril, solicitaron acudir a la Asamblea Nacional para hablar en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, pero nunca tuvieron respuesta. Lo mismo les ocurrió con la solicitud, en el mismo mes, de una audiencia con el ministro de Relaciones Laborales, Marx Carrasco. “Entonces ¿cómo se le puede llamar ahora diálogo cuando ellos nunca nos dieron el diálogo? Es absurdo, este no ha sido un Gobierno de diálogo”.