Un coro de amenazas y de falsas acusaciones descienden desde el poder. El gobierno de Lenín Moreno, los precandidatos presidenciales de la oligarquía, el empresariado y los grandes oligopolios de la comunicación coinciden en incriminar a las jornadas de octubre como vandálicas, violentas y terroristas.
Al parecer esas élites tienen Alzheimer prematuro no recuerdan que el discurso convocante a las protestas fue contra el paquetazo neoliberal. Olvidan además que la lucha de los pueblos indígenas, de las clases y capas trabajadoras de la sociedad, así como de la juventud expresó su independencia del correísmo.
Por eso son condenables los planes de Moreno que tratan de asociar el intento de golpe de Estado, impulsado por el prófugo, con la legítima resistencia del levantamiento indígena y popular. No son iguales, uno y otro difieren en sus objetivos, formas de lucha, intereses y liderazgos.
Los recursos utilizados por el gobierno para amedrentar y judicializar a la oposición popular son maquiavélicos, pues constituyen la continuación de la prepotencia de su antecesor. A la par que desempolvaron el libreto del golpe de Estado usado en el 30-S, iniciaron una campaña de desprestigio y persecución a los dirigentes del levantamiento, mientras se lavan las manos con la sangre de las violaciones a los derechos humanos.
Este nuevo capítulo reaccionario exime de responsabilidades a las élites; nada dice sobre los discursos racistas, regionalistas y xenófobos pronunciados por los oligarcas, esconde las aberraciones de la policía adiestrada por la brutalidad de los carabineros chilenos, tolera la irracional militarización del territorio nacional y omite la convocatoria de guerra que hicieron los caudillos.
Todas esas prácticas fascistas, invocadas a nombre de la falsa paz y la democracia burguesa, están protegidas por un manto de impunidad que se acopla perfectamente a la desigualdad social.
Allí radica el origen de la violencia estructural del sistema: en la decisión de los distintos gobiernos para promover la concentración de la riqueza en manos de los monopolios, en el perdón de las deudas tributarias no canceladas por los ricos y en la facturación continua de las crisis económicas para que la paguen los pobres.
Los dueños del poder intentan responsabilizar de la violencia al pueblo para criminalizar su lucha, para inmovilizarlo y avanzar en la aplicación del neoliberalismo-capitalista. Por cierto, ya preparan un nuevo paquetazo acorde con las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Mas no les será fácil, por delante está la conciencia de las masas que entendieron que son las verdaderas hacedoras de la historia.
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Típico argumento marxistoide para justificar la violencia: “Allí radica el origen de la violencia estructural del sistema: en la decisión de los distintos gobiernos para promover la concentración de la riqueza en manos de los monopolios”. Es decir una supuesta “violencia estructural” genera una violencia verdadera. Pero ello lleva a una contradicción medios-fines que conduciría fatalmente a la instauración de una dictadura violenta como ya ha ocurrido en la Rusia soviética, la china de Mao, etc.