04 de febrero 2016
Es siempre perentorio libertar a la política, a la escuela, al colegio, a la Universidad, de todo coloniaje mental, porque de tal sumisión resulta en nuestros países la entrega de su economía, de su política, de su cultura. (Documento liminar. Reforma Universitaria. 1918.)
Desde la llamada “Revolución Ciudadana” en el Ecuador con el presidente Rafael Correa se ha llevado a cabo una reforma universitaria controversial y problemática. Por un lado, se crearon nuevos estándares e indicadores para la evaluación universitaria y, por otro lado, se cerraron y suspendieron varias universidades que no cumplieron con los indicadores señalados por los organismos evaluadores. Entre las entidades que se suspendieron se encuentra la única universidad indígena del país: Amawtay Wasi en el 2014. El caso fue llevado ante el sistema interamericano de derechos humanos por considerar que se vulneraron los derechos culturales, lingüísticos y educativos de los pueblos indígenas del Ecuador.
En los últimos meses la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), una de las instituciones con más prestigio académico del país, ha sido el epicentro de un nuevo “terremoto” jurídico-político con la designación del rector César Montaño, quien ha sido desconocido por diversos organismos; primero por el Parlamento Andino, después por el mismo presidente Rafael Correa y, finalmente, por el Consejo de Educación Superior (CES). El argumento principal es que en la norma transitoria de la Ley de Educación Superior el rector no puede ser un Doctor (PHD) titulado en la misma universidad. Vale recalcar que el escandalo ocurrió justamente después de que César Montaño fueran elegido democráticamente en el Consejo Superior y la comunidad académica de la UASB y derrotara al candidato oficialista Raúl Vallejo. La diferencia entre ambos candidatos fue tajante; por ejemplo: en la consulta previa Montaño logró un total de 1.218 votos frente al mínimo de 176 votos para Vallejo. Sin embargo, este proceso no ha sido reconocido y el pasado 29 de enero el Consejo de Educación Superior, con seis votos a favor y cuatro en contra, desconoció la designación del rector. Todo este entramado que pretende desconocer un proceso democrático tiene como base un muy pobre argumento formal (como es tener título de doctor de la misma universidad), lo cual nos obliga a hacernos varias preguntas que están pendientes en la historia democrática del país. ¿Por qué el Estado está tan interesado en promover reformas educativas universitarias antidemocráticas? ¿Es la Autonomía universitaria un derecho humano? ¿Cuáles son los límites de las normas, incluso del derecho, frente a la democracia?
Para trazar algunas líneas que nos sirvan para reflexionar sobre las preguntas planteadas vale recordar que las reformas de la educación superior no son nuevas en las políticas estatales. Desde el conservador García Moreno con las leyes educativas en 1869 y 1871, pasando por la revolución liberal con la educación laica, hasta el desmantelamiento de la educación pública con el neoliberalismo. Cada fase ha estado atravesada por un cambio en la estructura económica y política del Estado. La centralización educativa, el ingreso de investigadores europeos y el regreso de los jesuitas, permitió a García Moreno impulsar la educación técnica y mantener un control ideológico a través de la evangelización ciudadana. El desarrollismo de los años setenta ciertamente no tuvo una política de transformación educativa estatista; sin embargo, el movimiento estudiantil de los años sesenta impulsó una reforma democratizadora de la educación superior que logró la Autonomía Universitaria. Desde 1918 en Córdoba y 1925 con la Revolución Juliana en el Ecuador el movimiento estudiantil se fue organizando en la región Latinoamericana en torno a la democratización y a la autonomía, que no es otra cosa que la libertad de enseñar a través del autogobierno. Entonces, podemos decir que es un derecho que se deriva también de otro derecho humano: la resistencia. Es también un derecho histórico que apela a la memoria, porque a partir de la década del cincuenta y sesenta el debate sobre la autonomía se hace más expreso; el movimiento estudiantil cobró una fuerza internacional que terminó con varias matanzas en diversos países: Colombia (1954), México (1968), El Salvador (1975), entre otras. Una de ellas ocurrió en la ciudad de Guayaquil-Ecuador de la mano del presidente populista Velasco Ibarra en 1969. Casi diez años después, en la Asamblea Nacional Constituyente e 1977-1978, se estableció finalmente el derecho a la autonomía universitaria.
En este sentido, podemos afirmar que el gobierno de la “revolución ciudadana” ha planteado un proceso de transformación educativa anti-democrática que atenta contra el derecho humano de los estudiantes y de los docentes universitarios a la libertad. Esta reforma está relacionada también con los nuevos procesos internacionales de evaluación y acreditación desarrollados en la región para asegurar la “calidad” educativa y promover estudios que se encuentren dentro de los planes de desarrollo económico. Es decir, poco o nada tiene que ver esto con el desarrollo del pensamiento crítico que promueve nuevos conocimientos emancipatorios y decolonizadores, peor aún con los principios libertarios del movimiento estudiantil. Y es que el nuevo auge de la evaluación educativa internacional surge dentro de lo que se conoce como Movimiento Global de Reforma Educativa (GERM por su nombre en inglés: Global Education Reform Movement) que se encuentra al servicio de los intereses del capital internacional. Bajo esta óptica, este tipo de política se ha convertido en una continuadora de la colonialidad del saber, tal como lo ha establecido una de las principales docentes de la UASB, Catherine Walsh (2003). No obstante esta penosa realidad de la intervención del Estado en las evaluaciones, lo más grave que se ha presentado hasta ahora es el desconocimiento autoritario de un rector universitario. No se viola ninguna ley, no existe ningún argumento válido ni legítimo que pueda explicar el atentado contra los derechos humanos, como lo es la Autonomía universitaria.
El argumento que está siendo usado para destituir a Montaño, como el incumplimiento de requisitos formales por ser doctor de la misma universidad, se cae por su propia superficialidad y sin sentido jurídico. Cualquier estudiante de Derecho sabe que las normas deben gozar de legitimidad y validez para que sean socialmente aceptadas; lo contrario significaría que las leyes son estáticas y de facto; es decir, serían contrarias precisamente a los derechos, principalmente a los que se generaron en los procesos históricos de los colectivos. En este sentido, es falsa la dicotomía entre derecho y democracia. Montaño fue elegido por mayoría absoluta como rector de la UASB, por lo tanto debe permanecer en la rectoría. Debe hacerlo porque la libertad de enseñanza está en juego y con ella toda la historia de la lucha estudiantil latinoamericana. Es necesario que los intelectuales, académicos y estudiantes de toda la región levantemos de nuevo la voz de solidaridad y de defensa de la universidad pública, gratuita y democrática. No hacerlo es retroceder un siglo.
Foto: Universidad Andina
Pero y que pasa con la Ley; acaso respetar la autonomía universitaria significa irse en contra de la norma, de la ley?
Solamente tienen que nombrar otro rector que cumpla con los requisitos establecidos por la Ley.