06 Julio 2014
La única ocasión en la que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, intentó dar muestras de supuesta independencia frente a la función ejecutiva quedó desautorizado. Pidió a Rafael Correa que no realice la sabatina previa a las elecciones de febrero pasado, pero aquel no le hizo caso; el mensaje fue claro: en los asuntos electorales, también manda presidente de la república. Paredes y el resto de vocales del CNE optaron por el silencio, al fin y al cabo -habrán dicho- ¡jefe es jefe!
Por lo demás, el CNE no se ha preocupado en guardar las apariencias y, más bien, cada decisión y comportamiento asumidos en circunstancias o asuntos políticos trascendentes han sido adoptados de tal manera que encajan perfectamente en el rompecabezas armado desde Carondelet o, si se quiere graficar de otra manera, en el ajedrez político en el que Paredes y sus vocales cumplen la función de peones.
A los tres meses de posesionados en sus funciones adoptaron una primera gran resolución que advertía que su presencia en el organismo electoral está orientada a servir a los intereses políticos del correísmo. El 24 de febrero de 2012 reformaron el calendario establecido por el anterior CNE para las elecciones presidenciales y de asambleístas de 2013, aplazándolas del 20 de enero al 17 de febrero de ese año.
Ese cambio “ingenuo” permitió que entren en vigencia algunas reformas al Código de la Democracia que no hubiesen cursado si se respetaba el calendario establecido, debido a la prohibición de hacerlo durante el año anterior a los comicios. De esa forma se introdujo un nuevo sistema de distribución de escaños con la la fórmula D’Hondt que favorece al partido que alcanza la primera votación, es decir, en este caso a PAIS. La consecuencia fue que el partido de gobierno, con menos votación que en las elecciones para la asamblea constituyente obtuvo una representación mayor en la actual Asamblea Nacional.
El método D’Hondt, años atrás, fue declarado como antidemocrático e inconstitucional por ser inequitativo y concentrador; el mismo presidente Correa en su momento lo denunció como un instrumento utilizado por la partidocracia para burlar la opinión de los electores y asegurar el control de los organismos de elección popular. Mas, como vivimos “tiempos revolucionarios”, lo que antes era antidemocrático ahora asegura la ¡participación ciudadana!
Pero hay un dato importante. Un mes antes de que el CNE adopte dicho cambio, Rafael Correa pidió (léase ordenó) que varíen el calendario electoral puesto que “sería tremendamente absurdo hacer todo ese tipo de reformas y aplicarlas en las elecciones de 2017”[1]. Una vez más, ¡jefe es jefe!
Otro hito en el esforzado trabajo del CNE para servir al proyecto político del correísmo fue el escándalo provocado por el mismo organismo electoral en el proceso de reinscripción de los partidos y movimientos políticos, a mediados del 2012. El CNE y Correa denunciaron la existencia de firmas falsas en los formularios presentados por las organizaciones políticas, sin advertir que miles de ellas correspondían a las entregadas por el partido de gobierno.
El CNE mostró incapacidad, negligencia y hasta mala intención. Su burda actuación llegó al punto de inculpar al movimiento Red Ética y Democracia, dirigido por Martha Roldós, de haber entregado firmas adulteradas, cuando ese movimiento no participó en el proceso de reinscripción.[2]
Sobre todo, el hecho buscaba desacreditar a algunos partidos y movimientos para justificar su eliminación del registro electoral, particularmente aquellos que disputan el mismo electorado con el partido de gobierno. Así se actuó, por ejemplo, en contra del Movimiento Popular Democrático y Pachakutik que, en muy pocos días, debieron recoger miles de firmas adicionales para sortear la maniobra impuesta por el gobierno a través del CNE. La reinscripción de estos dos movimientos políticos de izquierda constituyó una victoria política importante no solo para esas tiendas políticas, sino para el movimiento popular en general, por la influencia política que estas tienen.
El propósito antidemocrático del correísmo, en este caso, no se cumplió, pero quedó como un objetivo pendiente que lo consuman ahora con la eliminación del MPD del registro de partidos.
El papel jugado por Paredes y su grupo para impedir la consulta popular respecto de si se mantiene o no bajo tierra el petróleo existente en el Parque Nacional Yasuní ha sido tan trascendental como nefasto. Sin siquiera ruborizarse echó al cesto de basura alrededor de la mitad de las cerca de 700 mil firmas que pedían la consulta popular; los argumentos para hacerlo van desde lo ridículo a lo estúpido, desenterrando el ardid de las firmas falsas.
No hace falta recordar que el CNE negó la consulta popular al mismo tiempo que el presidente de la república sistemáticamente hablaba de no dar paso a un proceso de esa naturaleza: imposible pensar que Paredes y sus adláteres contraríen las órdenes de su jefe.
En esa línea de comportamiento antidemocrático el CNE aprueba la ilegalización del MPD y de otros 3 partidos políticos, por no haber cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 327 del Código de la Democracia, que establece que se cancelarán las inscripciones de los partidos que no logren el 4% de los votos en dos elecciones pluripersonales consecutivas, o al menos tres representantes a la Asamblea, o el 8% de las alcaldías o al menos un concejal en cada cantón del país.
“Esa resolución ilegal busca impedir el derecho a la participación política a quienes profesan ideas de izquierda revolucionaria. En las elecciones del 2013 sacamos el 6% en las elecciones pluripersonales, obteniendo 4 representaciones en la Asamblea Nacional: Zamora, Morona, Orellana y la representación nacional; adicionalmente, en el 2014 superamos el 10% de los escaños, al obtener 36 concejales de los 221 cantones, en 28 ciudades” sostiene el director nacional del MPD, Luis Villacís, y afirma que la resolución del CNE desconoce la representación obtenida en alianzas electorales y se basa en un reglamento aprobado a última hora, por lo tanto inaplicable porque no se puede legislar con carácter retroactivo.
La descalificación del MPD no tiene la misma connotación que la de las otras fuerzas políticas, porque se trata de una organización que reivindica posiciones de izquierda revolucionaria, y desde ese andarivel ha criticado el ejercicio gubernamental como una gestión de derecha. Resulta por demás evidente la sistemática campaña gubernamental desatada en su contra con la intención de impedir su participación política hasta llegar a su ilegalización. Durante los últimos años, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que no hay semana en la que el MPD no sea objeto de ataques de parte del mismo presidente Correa. Pero las cosas van más allá, varios de sus militantes -particularmente mujeres- enfrentan procesos judiciales por “sabotaje y terrorismo”, como las profesoras Mery Zamora y Rosaura Bastidas, y hay otros que se encuentran en prisión por similares acusaciones, como Xavier Cajilema, Edwin Lasluiza y Paúl Jácome de la provincia de Cotopaxi.
La ilegalización del MPD forma parte de la política antidemocrática que reprime a toda organización política y social que disiente del gobierno. Se la debe entender en el marco de la adopción de otras medidas como: la aplicación del decreto 16, que busca cooptar o controlar las organizaciones sociales; la propuesta de nuevo Código Laboral que suprime derechos de los trabajadores; el Código Integral Penal que criminaliza la protesta social; de las propuestas de reformas a la Constitución que, igualmente, eliminan derechos; y, de otras normas y acciones aplicadas en el camino de instituir un Estado autoritario, policial, cuasi autoritario.
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[1] Ver: http://www.elcomercio.com/actualidad/politica/correa-plantea-al-cne-cambiar.html
[2] Ver declaraciones de Martha Roldós: http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&;func=news_user_view&id=180048&umt=martha_roldos_cuales_firmas_falsas_red_si_no_presentamos_firmas
